nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Concepción, ocho de enero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, y recurre de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en adelante SUSESO, por haberse rechazado dos licencias médicas, las Nº RUT reservado y la Nº RUT reservado.

Indica que se comenzó a sentir con molestias y pagó a un médico siquiatra quien lo atendió en la Consulta, le señaló que no podría dormir ni comer. No podía tragar cuando comía en la casa ni en el trabajo. Señala que le dio licencias con Medicamentos, Quetiapina 25 mg. 0-0-2, Clotiazepam 5 mg. 1/ 2-0-1/2, Escitalopram 20 mg. 1-0-0.

Solicita el pago de las dos licencias médicas señaladas, porque le afectaron por 2 meses de dividendo del hogar, furgón escolar, luz, agua, comida y necesita pagar sus cuentas.

A folio 12 informa doña nombre reservado, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Alega primeramente la improcedencia de la acción de protección por tratarse de materias de seguridad social, que no están amparadas por la presente acción cautelar.

Respecto del fondo señala que, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-52630- 2023, el interesado recurrió donde su representada el día 3 de abril de 2023, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 58 días a contar del 3 de febrero de 2023, por reposo no justificado.

Por lo anterior, continúa el recurrido, mediante la Resolución Exenta No R-01-UME-82843-2023, de 22 de junio de 2023, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “...el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe emitido con fecha 13/02/2023 por la tratante, no expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieran la extensión del reposo y se observa además que el tratamiento farmacológico indicado no es el óptimo para lograr la recuperación oportuna del paciente. Sumado a lo anterior el reclamante no acredita el haber iniciado un proceso terapéutico con un profesional psicólogo en todo el periodo de reposo. Por las razones anteriores, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá́ del periodo ya autorizado.

“Que, respecto a la licencia médica N° RUT reservado, esta Superintendencia no emite pronunciamiento ya que, examinado el sistema de licencias médicas de FONASA, la COMPIN respectiva no ha emitido un dictamen respecto del Recurso de Reposición interpuesto por la parte reclamante, en relación a dicha licencia médica”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, y no emite pronunciamiento respecto a la licencia médica N° RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Explica que, posteriormente, conforme existe constancia en el expediente administrativo PAE código R-111247-2023, el interesado recurrió́ nuevamente donde su representada el día 30 de junio de 2023, solicitando la reconsideración del dictamen N°R-01- UME-82843-2023, de 22 de junio de 2023, mediante el cual se confirmó́ lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 3 de febrero de 2023, por reposo no justificado.

Además, la parte interesada reclamó por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 28 días, bajo la misma causal de rechazo.

Ahora bien, por medio de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-139302-2023, de 20 de octubre de 2023, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “...el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el nuevo informe médico aportado con fecha 28/06/2023 no evidencia manifestaciones psicopatológicas de intensidad tal que determinen un compromiso invalidante de la capacidad funcional del reclamante durante el periodo de reposo. Por esta razón, los elementos aportados tampoco permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá́ del período de reposo ya autorizado”.

Dado lo anterior, la citada Resolución concluye que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

El recurrido, luego de explicar en qué consiste una licencia médica y la autorización de las mismas, hace un resumen de la historia del paciente y las conclusiones de los médicos de su servicio, señalando en lo pertinente los Fundamentos de la resolución: R-111247-2023 / RUT reservado / R-52630-2023 , 22 / 06 / 2023 36 años, trabajador en empresa privada, afiliado a FONASA Los Andes. Con 88 días (+120 discontinuos) autorizados y 58 rechazados por patología psiquiátrica. IMC sin GAF concordante con elementos descritos, sin psicoterapia, sin elementos clínicos de gravedad, sin derivación a sistema público para atención integral, sin derivación a especialista en psiquiatría, sin cambio de medicamentos pese a mantención de supuestos elementos invalidantes por más de 140 días. Aparenta reposo extenso sin rol curativo, se sugiere no acoger”.

Hace presente el recurrido además que, el médico tratante del recurrente, Dra. nombre reservado, no se encuentra registrada con la especialidad de médico psiquiatra, conforme a la consulta realizada en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, con el No 433205, figura con la siguiente inscripción:

Fecha de registro: 28/12/2016 RUT: RUT reservado

Nombre Completo: nombre reservado

Sexo: Femenino Nacionalidad: Extranjera Fecha nacimiento: 28/09/1989 Orden Profesional:

- Médica Cirujana:

Posee título de Médico Cirujano (Médica Cirujana) otorgado por Universidad Técnica De Manabi, Ecuador, Año 2014, reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 08/11/2014.

- Médico Cirujano:

Posee título profesional de Médico Cirujano, otorgado por Universidad Técnica De Manabí, Ecuador, Año 2014. Con fecha 19/06/2018, aprobó el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina.

De esta forma, indica el recurrido, de los antecedentes médicos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra medicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Indica, luego se señalar las facultades que tiene la SUSESO en la materia, que habría actuado con apego a sus facultades, que el acto habría sido fundado y que no existe ni ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar.

Termina, luego de hacer referencia a jurisprudencia en la materia, solicitando el rechazo de la presente acción cautelar.

A folio 15 informa nombre reservado, en su calidad de PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN METROPOLITANA y señala en lo pertinente que, respecto a la Licencia Médica N° RUT reservado, se rechaza, toda vez que Licencia Médica se presenta sin antecedentes médicos que justifiquen seguir manteniendo el reposo.

Indica que, en cuanto al Recurso de Reposición de la Licencia antes mencionada, se rechaza, dado que, no cuenta con antecedentes que la justifiquen, sin carnet de psicoterapia, sin fecha probable de alta, sin ingreso AUGE y sin evaluación de psiquiatría protocolizado.

Señala que el D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el periodo solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Indica finalmente que, las actuaciones realizadas por COMPIN al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto. Todo esto en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a la improcedencia alegada por ser materias no comprendidas en la acción de protección.

Que, la recurrida ha formulado la improcedencia del recurso, por tratarse éste de materias relativas a la seguridad social, garantizada en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, pero no amparada por este medio recursivo.

Esta alegación será desestimada, desde que consta que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringidas las garantías constitucionales contenidas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, comprendidas dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal, de forma que se resolverá en consecuencia en lo resolutivo de esta sentencia.

SEGUNDO: En cuanto al fondo.

Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Es entonces, requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más garantías protegidas.

TERCERO: Que, como ya se indicara en lo expositivo, el acto arbitrario e ilegal que se imputa a la recurrida consiste en el rechazo de las licencias médicas Nº RUT reservado y la Nº RUT reservado por un total de 58 días.

CUARTO: Que, la recurrida, y respecto de las licencias antes individualizadas, en su informe niega haber incurrido en algún acto ilegal o arbitrario en contra del recurrente con motivo de los rechazos de las citadas licencias médicas, por las consideraciones anotadas en lo expositivo del fallo.

QUINTO: Que de los antecedentes acompañados por la recurrida SUSESO, indican que en el presente caso las licencias médicas ya indicadas fueron rechazadas basándose “…en que el nuevo informe médico aportado con fecha 28/06/2023 no evidencia manifestaciones psicopatológicas de intensidad tal que determinen un compromiso invalidante de la capacidad funcional del reclamante durante el período de reposo. Por esta razón, los elementos aportados tampoco permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá́ del período de reposo ya autorizado.”

Conforme a lo anterior, desde luego el actuar de la SUSESO no resulta ilegal pues se ajusta a la normativa existente para el asunto en cuestión, siendo el organismo llamado a resolver este tipo de controversias. Tampoco resulta arbitrario, ya que, como se ha señalado anteriormente, para la resolución del asunto contaba con informes médicos, unido a la historia clínica del recurrente, por lo que se llega a la conclusión de rechazo de las licencias ya indicadas en base a antecedentes técnicos y no al mero arbitrio, por lo que mal podría estimarse que carece de motivación o razón la conclusión de la recurrida, por cuanto su decisión aparece debidamente fundada. A lo anterior se suma a que las referidas licencias médicas no fueron otorgadas por un médico siquiatra, sino por uno general y que no se encontraría justificado el reposo otorgado, ni se han acompañado más antecedentes que puedan justificar otra cosa.

SEXTO: Que conforme al escenario descrito, el actuar de la recurrida fue conforme a antecedentes fácticos justificados y acorde a las normas jurídicas aplicables, de modo que lo decidido no obedece a la mera subjetividad del órgano decisor, sino que se ajustó a razones controlables por otro, con lo cual se cumple la exigencia normativa de motivación y de legalidad, por lo que los reproches de arbitrariedad e ilegalidad que se pudieran desprender de la acción interpuesta, no son tales.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la SUEPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Acordada con el voto en contra de la ministra suplente Sra. Vilches, quien fue de parecer de acoger la acción intentada, para el solo efecto de la realización de exámenes médicos presenciales que sean necesarios para establecer el real estado de salud del recurrente, luego de lo cual, procederá a resolver en su mérito, la referida reclamación, fundado en que en lo concerniente a la discusión de fondo, ha de tenerse en cuenta que la SUSESO es un órgano de la Administración del Estado, y, por lo mismo, le son aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de Administración del Estado. Luego, toda decisión que adopte poniendo fin a un procedimiento, debe cumplir con las exigencias del artículo 41 de la referida ley, en orden a que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada...”. A su vez, el inciso segundo del artículo 11 de la citada ley establece que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, privando de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”.

Por su parte, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, de 28 de mayo de 1984, del Ministerio de Salud –Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional- si bien faculta, a la SUSESO para acoger o rechazar las reclamaciones contra resoluciones de la COMPIN –cuyo es el caso-, el ejercicio de esa facultad le exige que al resolver o pronunciase sobre el asunto respectivo, la respectiva decisión debe contener “…los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida...”.

Que en la situación de autos, cabe precisar que la COMPIN, rechazó las licencias médicas correspondientes, por dar cuenta de un reposo médico no justificado, y, en lo que aquí interesa, la SUSESO procedió a confirmar dicha resolución, corroborando la falta de justificación, según lo que previamente también se indicó. Lo anterior basado en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. En el escenario predicho, de esta manera, no resulta posible –ni directa ni indirectamente- sostener con criterios de seriedad y suficiencia lo afirmado por la recurrida y COMPIN, y especialmente por la SUSESO. Los basamentos indicados por los órganos reclamados pasan lisa y llanamente a quedar desprovistos de sustento, y, por ende, la fundamentación consecuente, por mucho que se argumente al punto, no viene sino a trasuntarse en una de carácter “aparente”.

Que en lo concerniente a la necesaria exigencia de fundamentación, la Excma. Corte Suprema ha razonado (causa rol N° 25.347-2021): “Que, en ese orden de ideas, cabe destacar que, esta Corte ha sostenido de manera reiterada, que la motivación de los actos administrativos no busca cubrir una mera formalidad, sino que constituye un elemento esencial que permite el control judicial de los actos de la Administración activa, al punto que éstos podrían anularse en el evento de carecer de motivación o si esta es insuficiente.”; y se añadió que: “En un Estado Constitucional de Derecho, el deber de fundamentación de los actos de la Administración no solo funciona como garantía de certeza jurídica para los interesados, sino que extiende sus efectos de cara a la ciudadanía, en plena armonía con los principios de publicidad y transparencia consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, precepto que –no resulta ocioso recordarlo- está inserto en el Capítulo I “De las Bases de la Institucionalidad”. Especialmente interesa, en la motivación, la exposición de las razones de la adecuación del acto a la finalidad pública que lo justifica y, en los casos del ejercicio de una potestad discrecional, las circunstancias que aconsejaron la opción por una solución concreta entre todas las legalmente posibles (CS Roles N° 12.430-2019, 29.796-2019 y 153-2020).”

Que, en relación con lo que se viene expresando, debe tenerse en cuenta que el mismo Reglamento aludido, en su artículo 21, establece que para el mejor acierto de las decisiones que se adopten, los organismos allí reseñados se hallan facultados para practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas (letra a). Conforme a esto, y considerando lo más arriba explicitado, lo lógico y razonable era que, a lo menos, la SUSESO recurrida, cumpliendo en este caso su labor revisora de lo decidido respecto de la actora por la COMPIN, hubiere obrado acorde al recién mencionado precepto.

Que, así las cosas, y en las particulares condiciones descritas, el actuar específico de la SUSESO deviene en ilegal, por la ausencia de una real fundabilidad de su resolución, y, además, en arbitrario, en la medida que, pudiendo hacerlo, tal como el caso de la actora lo ameritaba, no dispuso la utilización de la aludida herramienta regulada en el artículo 21 del citado Reglamento para los efectos de resolver la reclamación que fuera incoada en contra de lo decidido por la COMPIN. Y este actuar ilegal y arbitrario, vulnera, sin duda, el derecho de propiedad de la recurrente, garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto el rechazo de las licencias médicas señaladas importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por motivos de enfermedad.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante José Andrés Valenzuela Farías y del voto en contra su autora.

No firma la ministra suplente Claudia Cárdenas Navarro, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber concluido su suplencia y retornado a su tribunal de origen.

Rol N° 19.542-2023 – Protección.-