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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 19389-202418 dic 2024

nombre reservado con nombre reservado (VISTA CONJUNTA ROL 19530-2024)

Fecha
18 de diciembre de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de Concepción
Sala
Sexta
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 19389-2024, sentencia de 18 de diciembre de 2024

Resumen

Se rechaza el recurso de protección: el recurrido solo difundió en redes sociales un documento público sobre un asunto radicado ante tribunales, sin ánimo difamatorio que vulnere la honra o la propiedad de los recurrentes.

Texto íntegro

Concepción, dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Que comparecen, nombre reservado, cédula nacional de identidad n° RUT reservado, y nombre reservado, cédula nacional de identidad n° RUT reservado, quienes interponen a su favor recurso de protección en contra de nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N° RUT reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en una serie de “funas” cometidas a través de redes sociales.

Indican, que mediante la plataforma Facebook, con fecha 09 de octubre de 2024 en la aludida red social, bajo el perfil del recurrido, comenzó a circular, en un grupo público denominado “NO ERES DE YUMBEL ESTACIÓN SINO…”!, una publicación de nombre reservado, relativa a la renuncia, que por malos tratos, presentó el Sr. nombre reservado, médico del Centro de Salud Familiar Francisco Vidal Muñoz (CESFAM FVM), de la comuna de Yumbel.

Señalan, que en la referida publicación, se denunciaron hechos y actos supuestamente atribuibles a ellos, profiriendo imputaciones injuriosas en su contra, por lo que estiman infringidas y vulneradas, por parte de la recurrida, las garantías consagradas en los numerales 4º y 24º, del artículo 19, de la Constitución Política de la República (CPR).

Exponen, que según da cuenta el Decreto Alcaldicio N° 826, de fecha 29 de octubre del año 2021, dictado por el Honorable y actual alcalde de Yumbel, don José Sáez Vinet y por el secretario Municipal don nombre reservado, la recurrente nombre reservado fue contratada (como personal a contrata), para ejercer el cargo de Directora del Cesfam FVM, dependiente del Departamento de Salud Municipal de Yumbel, a contar del 02 de noviembre del año 2021 hasta el 01 de noviembre del año 2024; mientras que, por Decreto Alcaldicio Salud N° 54, de fecha 01 de abril de 1998 dictado por el que hasta ese entonces ejercía el cargo edilicio de la comuna de Yumbel el Sr. nombre reservado, y por el secretario Municipal de ese entonces don nombre reservado, el recurrente nombre reservado, fue contratado en carácter indefinido para ejercer el cargo de administrativo SOME, dependiente del Departamento de Salud Municipal de Yumbel, a contar del 06 de abril de 1998.

Agregan, que actualmente, ambos ejercen los cargos para los cuales fueron contratados en el CESFAM de la localidad de Estación Yumbel, de la comuna de Yumbel, Región del Bio Bio.

Indican, que un ex trabajador del CESFAM FVM, el médico nombre reservado, presentó en contra de la recurrente nombre reservado (y otros funcionarios), una denuncia por supuesto acoso laboral, ejercido en su contra, y que por Decreto Alcaldicio N° 271 de 13 de febrero del año 2024, se ordenó iniciar una investigación sumaria en relación a lo denunciado.

Refieren, que mediante Oficio N° E464818/2024, la Contraloría Regional del Bio Bio instruyó a sumario administrativo la denuncia efectuada por el Sr. nombre reservado, en concordancia con el Decreto Alcaldicio N°271, y que así las cosas, por Decreto Alcaldicio N°865 de fecha 22 de abril del año 2024, se ordenó elevar a sumario administrativo la investigación sumaria ordenada por el Decreto N°271.

Señalan, que finalmente y luego de una exhaustiva investigación por parte del fiscal designado (con todos los testimonios y pruebas aportadas), por Decreto Alcaldicio N°1298, de fecha 27 de junio del año 2024, se decretó sobreseer el sumario administrativo ordenado ante los hechos denunciados por el Sr. nombre reservado, en contra de los funcionarios del CESFAM FVM, y que en las conclusiones arribadas por el Sr. Fiscal a cargo, se determinó expresamente, “que sin medios que permitan acreditar la existencia de los hechos denunciado y eventuales responsabilidades administrativas derivadas de ello, proponiendo el sobreseimiento del Sumario”. Agregan que actualmente se encuentra en tramitación, un juicio laboral promovido por el Sr. nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Yumbel, bajo el RIT T-3-2024 del Juzgado de Letras y del Trabajo de Yumbel.

Relatan, que el 9 de octubre de 2024, de la cuenta de usuario de Facebook del recurrido, se expuso que publicaría la carta de renuncia del Sr. nombre reservado (donde se denunciaban los malos tratos), lo que se materializó al día siguiente, no sólo desde su cuenta personal, sino que también en el referido grupo público “NO ERES DE YUMBEL ESTACIÓN SINO…”; que así entonces, el recurrido publicó en el grupo de Facebook de la localidad de Yumbel, de forma íntegra la carta de renuncia del Dr. nombre reservado (la que es de carácter confidencial), aun cuando los hechos que allí se esgrimen, fueron desestimados en las investigaciones que se efectuaron para tales efectos; que no obstante lo anterior, con un ánimo difamatorio y de dañar su reputación, se ventiló ante toda la comunidad la carta que contiene epítetos e imputaciones de alto calibre en contra de los recurrentes; que el recurrido, sin explicación alguna y solo con el afán de denostar e injuriar públicamente, y en ejercicio de plena autotutela, esgrime una serie de imputaciones conclusivas tales como, “la Sra. nombre reservado utilizó un tono amenazante, descalificando a los médicos y culpándolos por problemas administrativos que escapaban a su control. En diversas ocasiones, el Dr. nombre reservado se sintió menospreciado y humillado, enfrentándose a gritos y descalificaciones en público, lo que generó un ambiente de temor y angustia”; “El Dr. nombre reservado menciona situaciones específicas donde la directora le prohibió realizar prestaciones médicas a funcionarios y limitó su participación en capacitaciones, argumentando que su único objetivo era atender pacientes, desestimando su derecho a la formación continua. Además, relata que la directora descalificó no solo su trabajo, sino también la apariencia y desempeño de sus colegas, creando un clima de tensión y desconfianza entre el personal médico.”; “El Dr. nombre reservado agradece a sus colegas y al personal del CESFAM por su dedicación y compromiso, instándolos a seguir luchando por un ambiente de trabajo más saludable y solidario”.

Refieren, que agrava aún más los actos vulneratorios, no solo lo que escribe directamente el recurrido en la publicación, sino el hecho que se acompañe íntegramente y a toda la comunidad, la carta de renuncia del Sr. nombre reservado dirigida a la Ilustre Municipalidad de Yumbel, donde se contienen falsas imputaciones.

Argumentan, que por el solo hecho de realizar una publicación injuriosa, se afecta su honor, dando conocer a toda la comunidad una carta renuncia con hechos confidenciales (que fueron investigados y desestimados de informa interna, como también por un sumario administrativo realizado por la Contraloría General de La República), de forma completamente mal intencionada y con el propósito de causar daño y descrédito social ante toda una comunidad, exponiendo además sus identidades e imagen; que los dichos del recurrido dicen relación con declaraciones injuriosas que ha expresado en su red social personal (y en el grupo de Facebook público con más de 20.700 personas suscritas), asentando la concurrencia de los hechos denunciados, y generando descrédito social, y comentarios mal intencionados y ofensivos en su contra.

Denuncian que el recurrido, no sólo ha dañado su honra y buen nombre, sino que, a raíz de la publicación injuriosa, han recibido comentarios en las mismas redes, que han amplificado el alcance de la misma, causando un mayor perjuicio hacia su persona.

Por lo anterior, solicitan que se ordene de inmediato, que el recurrido elimine todo el contenido publicado en redes sociales en descrédito hacia los recurrentes; que se ordene al recurrido, que en lo sucesivo se abstenga de seguir realizando publicaciones o comentarios de este tipo por cualquier vía, lo anterior, con expresa condenación en costas Informó el recurrido, nombre reservado. Expone, que con fecha 10 de octubre replicó en sus redes sociales la renuncia del Dr. nombre reservado, dirigida al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Yumbel, mediante denuncia una serie de malos tratos acaecidos al interior del CESFAM FVM.

Refiere, que los hechos denunciados en la carta, son objeto de una denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales en el Juzgado de Letras de Yumbel bajo el Rit T-3-2024, lo que puede ser consultado libremente desde la Oficina Judicial Virtual (OJV); que de un simple examen de los documentos ofrecidos por las partes, en la audiencia preparatoria de fecha 9 de julio pasado, no se advierte que la carta de renuncia catalogada por la recurrente en tal calidad, por lo que atribuirle ese carácter no se aviene con la realidad, razón suficiente para denegar la acción constitucional; que sub judice no puede concluirse que la conducta a él atribuida, sea ilegal o arbitraria como lo sostienen los recurrentes, desde que las publicaciones efectuadas, que motiva la presente acción de protección en los términos que fue realizada, no contienen expresiones vejatorias u ofensivas o imputaciones directas a los recurrentes, ni tampoco se los individualiza ni mencionan; que lo anterior devendría en descartar la afectación de la persona u honra de éstos, de acuerdo a las garantías constitucionales invocadas como vulneradas.

Solicita tener por evacuado el informe ordenado y proceder a rechazar, con costas, la acción de protección impetrada en autos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2°) Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto;

3°) Que, en la especie, quienes recurren de protección, han señalado como acto arbitrario e ilegal, que infringe y vulnera a su respecto las garantías consagradas en los numerales 4º y 24º, del artículo 19 CPR, la publicación en la red social Facebook , donde bajo el perfil del recurrido, comenzó a circular en un grupo de carácter público, la carta renuncia que efectuó el médico, Sr. nombre reservado al CESFAM FVM de la comuna de Yumbel; que por la publicación se habrían denunciado hechos y actos supuestamente atribuibles a los recurrentes, profiriendo imputaciones injuriosas en su contra, de forma completamente mal intencionada y con el propósito de causar daño y descrédito social ante toda una comunidad, exponiendo además sus identidades e imagen, y dando conocer a toda la comunidad, una carta renuncia -con hechos confidenciales- que fueron investigados y desestimados de informa interna, como también por un sumario administrativo realizado por la Contraloría General de La República;

4°) Que, como se colige de lo expositivo, la recurrida a su turno, reconoce haber realizado dicha publicación, empero añade que, la carta objeto de la publicación denunciada por los recurrentes, consta como documento ofrecido en la causa Rit T-3-2024 del Juzgado de Letras de Yumbel, lo que puede ser consultado libremente desde la OJV, sin que pueda advertirse que la carta de renuncia sea confidencial, como lo han calificado los recurrentes; que por lo anterior, no puede concluirse que la conducta atribuida sea ilegal o arbitraria como lo sostienen los recurrentes, desde que las publicaciones efectuadas, no contienen expresiones vejatorias u ofensivas o imputaciones directas a los recurrentes, ni tampoco se los individualiza ni mencionan;

5°) Que, de acuerdo con lo anterior, y de los documentos acompañados en estos autos, hay hechos que no resultan controvertidos, en concreto, la existencia de una publicación en la red social Facebook, desde el perfil de usuario del recurrido, donde publicando una carta de un tercero, se alude a los recurrentes;

6°) Que, ahora bien, y teniendo presente el ámbito de los hechos, concretamente la existencia de la predicha publicación en la citada red social y sus comentarios, ha de tenerse en consideración que en los tiempos que corren cada vez se ha vuelto más frecuente encontrar en las denominadas “redes sociales” publicaciones de textos, imágenes o vídeos que tienen por finalidad “funar” o denunciar públicamente a una persona, natural o jurídica, a la cual se le imputa la comisión de un determinado hecho reprochable, incluso de carácter delictivo, lo que ha llevado a que esta situación sea calificada como una manifestación de autotutela -proscrita por nuestro ordenamiento jurídico– que ha ido en aumento como “forma de solución unilateral” de determinados conflictos sociales.

En estos casos, existen dos partes, cuyos derechos fundamentales se encuentran en colisión. Por un lado, la libertad de emitir opinión, la cual se manifiesta en el derecho de informar del “denunciante”, de un hecho que le ha ocurrido, para evitar su repetición en otras personas o por otros motivos (siempre justificados desde la perspectiva de quien hace la “funa”), que se encuentra amparado por el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, y, por otro, el respeto y protección de la honra del “denunciado”, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la citada Carta Fundamental, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse afectado cuando –como en el caso de autos– se publican en una red social afirmaciones afrentosas a su respecto, que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa (en este sentido, sentencia -en sede de protección- de la Excma. Corte Suprema de 7 de agosto de 2020, Rol 58.531-2020).

7°) Que también debe considerarse que, aunque la libertad de expresión ha sido fundamental en el mundo de las redes sociales, la experiencia ha demostrado que en los entornos de la comunicación virtual, ella puede entrar en conflicto con otras libertades individuales, como acontece con el derecho al buen nombre, cuando es vulnerado con una afirmación desdorosa publicada en plataformas de acceso abierto, frente a la cual la persona tiene limitadas posibilidades de exigir y lograr una pronta corrección. La libertad de expresión, entonces, no tiene un carácter absoluto y, por cierto, queda limitada por el derecho al buen nombre que le asiste al afectado frente a las expresiones deshonrosas que se han vertido en su contra en las redes sociales.

Por ello, la denominada coloquialmente “funa” no es ni puede constituir el ejercicio legítimo de un derecho cuando afecta en forma abusiva el derecho a la honra del “denunciado”. Tal situación se hace efectiva al momento en que a este último se le efectúa la imputación de un hecho –a veces hasta constitutivo de delito-, sin que haya sido comprobado y del que no tiene posibilidad de defenderse, y así se ha fallado (Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 18.406-2024, Protección);

8°) Que, en concordancia con lo que se viene exponiendo, la Excma. Corte Suprema ha señalado en sentencia de 28 de julio de 2020, dictada en causa (protección) Rol N° 58.535-2020: “Duodécimo: Que, aunque la libertad de expresión ha sido fundamental en el imaginario de la comunicación en el ciber espacio, la experiencia ha demostrado que en los entornos de comunicación virtual ella puede entrar en conflicto con otras libertades individuales, por ejemplo el derecho al buen nombre, cuando este es vulnerado con una afirmación deshonrosa publicada en un grupo, frente a la cual la persona tiene limitadas posibilidades de exigir y lograr una pronta corrección. Décimo tercero: Que, conforme a lo anteriormente razonado, la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y, por cierto, se encuentra limitada por el derecho al buen nombre que le asiste al afectado por las expresiones deshonrosas que se han vertido en una red social pública, a pesar que había sido la misma actora la que señala que realizó la denuncia que le franquea el ordenamiento jurídico, por lo que es a través de las vías ordinarias que se debe dilucidar si efectivamente aquél había incurrido en conductas contrarias a la ley. Décimo cuarto: Que, en consecuencia, sólo cabe concluir que las expresiones vertidas por la recurrida, por medio de una red social, sin otorgar una posibilidad de respuesta o contra argumentación de la contraria, no pueden tener por objeto sino afectar la honra de quien es sindicado como un agresor sexual, cuestión que en el caso concreto se verifica, toda vez que las expresiones vertidas importan un menoscabo a la persona del actor. Décimo quinto: Que, la actuación de la recurrida constituye una perturbación del derecho a la propia imagen de la recurrente y su derecho a la honra, consagradas ambas en el número 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la que cabe acoger la presente acción cautelar disponiéndose las medidas idóneas para restablecer el imperio del derecho y brindar la protección debida al afectado”.

9°) Que, no obstante lo descrito, de los antecedentes tenidos a la vista en estos autos, no se vislumbra que la actuación del recurrido sea de tal entidad, que resulte arbitraria o vulneratoria del derecho a la honra o a la propiedad de los recurrentes, de la manera que lo han denunciado.

Lo anterior, desde que sólo se ha limitado a hacer público a través de redes sociales, un documento que, obtenido de una fuente accesible al público, la OJV, trata de un asunto que se halla radicado en la sede jurisdiccional competente, esto es, sometido al conocimiento y decisión de los tribunales de justicia en un proceso legalmente tramitado, sin que conste un ánimo difamatorio y lesivo que haga pertinente acoger la acción intentada en autos, por lo que el recurso incoado habrá de ser desestimado del modo que se dirá.

Por esas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en estos autos por nombre reservado y nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Cúmplase oportunamente con lo establecido en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción del abogado integrante Maximiliano Escobar Saavedra Rol N° 19.389-2024 – Protección.- Vista Conjunta Rol 19.530-2024.