nombre reservado con CORPORACIÓN INSTITUTO PROFESIONAL INACAP

Concepción, nueve de enero de dos mil veinticinco.

VISTO:

nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Instituto Profesional INACAP, representada por el nombre reservado Talcahuano, don nombre reservado, ignora profesión u oficio, o por quien le subrogue o reemplace, ambos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que esta Corte adopte las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 en sus numerales 2º y 24 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio ha sido privada y perturbada, a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de la recurrida.

Señala que en el año 2010, ingresó a cursar la carrera de Ingeniería en Administración de Empresas, en la Corporación Instituto Profesional INACAP, sede Talcahuano. A comienzos del año 2014, producto de su embarazo, tuvo que suspender sus estudios para dedicarse a la crianza de mi hijo. Posteriormente, indica que en el año 2016, atendido a que no tenía el tiempo, ni el dinero para continuar con la carrera, además, de que contaba con algunos ramos aprobados en la malla curricular, es que optó a lo que llama “salida intermedia”, obteniendo así el título de Técnico en Administración de Empresas.

Relata que en el año 2019, ya con su hijo más grande, decidió terminar la Ingeniería en Administración de Empresas, realizando la solicitud de reincorporación, la que fue aprobada sin más trámite, culminando todas las asignaturas de la malla curricular en octubre de ese mismo año, lo cual le habilita para realizar su práctica profesional, y una vez aprobada ésta, a que la casa de estudios le otorgue el título de Ingeniería en Administración de Empresas. Sin embargo, la recurrida le ha negado el acceso a realizar la práctica profesional según el plan de estudios, y con ello, el derecho a obtener su título profesional, por cuanto le ha señalado, con fecha 10 de septiembre de 2024, por correo electrónico, que para poder acceder a la realización de su práctica profesional y con ello obtener su título, debe pagar una deuda que mantiene con esa institución, por concepto de arancel.

Denuncia vulnerada por el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, el derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 Nº 2º de la Constitución Política de la República, toda vez que los hechos descritos implican la negativa de acceder a la práctica profesional, último requisito académico para que la recurrida haga entrega de su título profesional, constituyendo un acto arbitrario y discriminatorio, considerando que ha cumplido satisfactoriamente con la totalidad de la malla curricular requerida por el Instituto Profesional INACAP en su carrera como cualquier otro egresado.

Agrega que se puede evidenciar que la casa de estudios establece distinciones y categoriza entre egresados con deudas pendientes y egresados sin deudas, donde sólo estos últimos obtendrán el título profesional.

Sostiene que en el caso de autos existe un derecho de propiedad implicado, atendido los antecedentes académicos de cada alumno, siendo por tanto el recurrente dueño de dichos antecedentes que están materializados en documentos emitidos por la misma casa de estudios. Y que, por hechos arbitrarios, se ha visto privado ilegalmente de su propiedad, infringiendo el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, en relación con los artículos 565, 576 y 583 del Código Civil. Tales documentos serían, por ejemplo, el certificado de concentración de notas, el certificado de ranking o la posición en que se encuentra en comparación a sus compañeros de generación, el certificado de egreso o de título, entre otros certificados.

Argumenta que la Ley General de Educación Nº 20.370, señala en su artículo 11 inciso cuanto lo siguiente: “El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de la institución educacional, en particular, los referidos al cobro de arancel o matrícula, o ambos, que el padre o apoderado hubiere comprometido”.

Explica que si bien esta norma es aplicable a la Educación Básica y Media, la Ley N° 21.091 que regula la Educación Superior, inspira sus principios regidores en la Ley N° 20.370, por ende, debe entenderse en un sentido de complemento de ambas leyes, que rigen toda la educación en sus diferentes etapas, indivisibles para el desarrollo de la persona humana, según lo prescribe la misma Constitución Política de la República en el artículo 19 Nº 10 inciso primero.

Refiere que un principio muy importante y que tiene lugar en el presente recurso de protección es lo que señala el artículo 2° letra i) de la Ley N° 21.091, que dice: “Respeto y promoción de los derechos humanos. El respeto y promoción por los derechos humanos deberá regir siempre la actuación del Sistema y de las instituciones de educación superior en relación a todos los miembros de su como también en las relaciones de trabajo y aprendizaje. El acoso sexual y laboral, así como la discriminación arbitraria, atentan contra los derechos humanos y la dignidad de las personas”.

A su vez, el artículo 19 Nº 3º inciso tercero de la Constitución Política prescribe que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. Y, en el caso en comento, es de total arbitrariedad e ilegalidad aplicar sanciones, como lo es la negativa al acceso a la práctica profesional y con ello al título profesional en base de una deuda civil, como lo ha hecho la recurrida, actuando como una comisión especial e imponiendo castigos arbitrarios;

Alega que la Corporación Instituto Profesional INACAP, incurre en un acto arbitrario e ilegal, administrando justicia según sus propios criterios (autotutela), al negarle su práctica profesional y con ello su título profesional, debido a la deuda que mantiene, cuando lo que corresponde es que se interponga una acción civil para perseguir el cumplimiento de la misma. Así, por una vía distinta a la legal, se toma una decisión jurisdiccional por un órgano no investido de poder aplicar justicia, ejerciendo una presión indebida e ilegal que perturba los legítimos derechos a ser juzgado por los tribunales establecidos en la ley, corrompiendo el ordenamiento jurídico en su totalidad.

Solicita tener por interpuesta acción de protección en contra de la Corporación Instituto Profesional INACAP, representada por el nombre reservado Talcahuano, don nombre reservado, o por quien le subrogue o reemplace, para que en definitiva se restablezca el imperio del derecho, ordenándole al recurrido dar acceso a su realización de la práctica profesional, último requisito para obtener el título de Ingeniera en Administración de Empresas, con costas.

Informó Alberto González Vidal, abogado, en representación de Instituto Profesional Inacap, solicitando que la presente acción de protección sea rechazada en todas sus partes, con costas, puesto que Inacap no ha actuado de forma ilegal ni arbitraria y tampoco ha infringido las garantías constitucionales invocadas. Por el contrario, su representada ha actuado con sujeción y en autorización de la ley.

Precisa que el artículo 55, letra e) de la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior, establece que: “Son infracciones graves:

e) Condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones a exigencias pecuniarias, distintas al pago de aranceles previamente establecidos por la institución de educación superior en su reglamentación e informados a los estudiantes al momento de suscribir el contrato respectivo”.

Explica que la disposición transcrita autoriza expresamente a su representada y a UTC Inacap, en este caso, a condicionar la convalidación de la práctica profesional de la recurrente, al hecho que la alumna se encuentre al día en el pago de sus aranceles. De este modo, el acto que se reprocha a UTC Inacap en ningún caso puede ser calificado de ilegal y mucho menos de arbitrario, ya que, la Ley de Educación Superior es plenamente aplicable a la relación contractual existente entre la recurrente y UTC Inacap.

Aclara que no estamos en presencia del típico caso de negación de convalidación de prácticas profesionales por deuda de aranceles, y con ello, de la no otorgación del título profesional, como así pretende hacerlo parecer la actora. En efecto, Inacap en ningún momento ha negado la entrega del título profesional a la recurrente por mantener una deuda de aranceles. Es más, Inacap ha orientado a la estudiante, por una parte, en cuanto a los pasos que debe seguir a fin de concretar el trámite de convalidación de su práctica profesional, conforme lo requiere la reglamentación interna.

Afirma que Inacap sí autorizó a la recurrente a convalidar su práctica profesional, autorización que fue solicitada por la alumna fuera del plazo establecido para dichos efectos. Lo anterior se puede acreditar en copia de resolución del nombre reservado de Inacap que acompaña, documento que efectúa las remisiones a la normativa interna que aplica en el caso concreto, en relación a los plazos de la titulación. En efecto, la recurrente egresó el año 2019 y el Reglamento académico aplicable a esa fecha, en su artículo 70, establece lo siguiente: “En todo caso, los egresados tendrán un plazo de tres (3) años, a contar de la fecha de egreso, para cumplir con las exigencias del proceso. Transcurrido el plazo de tres años y siempre que no superen los ocho años desde la fecha de egreso, los egresados que no hayan dado cumplimiento a los requisitos de titulación, tendrán que cursar un programa, bajo la modalidad del Sistema Especial de Titulación, en las condiciones que la Vicerrectoría Académica establezca”.

Sostiene que Inacap no ha formalizado un rechazo a la solicitud a la convalidación de práctica por concepto de deuda, sino que solamente se le ha solicitado que se acerque a formalizar su situación, vale decir, Inacap solo se ha limitado a informar, respondiendo a las consultas efectuadas por la recurrente, que el hecho de estar al día tanto con sus compromisos financieros como académicos son requisitos para efectuar la convalidación de su práctica profesional, encontrándose la recurrente en una situación en que no cumple con los antedichos requisitos, de conformidad a la normativa interna de Inacap.

Reitera que UTC Inacap, de conformidad a la Ley, el contrato y los respectivos Reglamentos, ha instado a la regularización de los pagos adeudados para efectos de poder gestionar la titulación de la alumna.

Precisa respecto de la reglamentación de las prácticas profesionales y la titulación de los estudiantes de Inacap, que UTC Inacap (corporación educacional de la que egresó la recurrente) cuenta con un Reglamento Académico General, documento que establece los requisitos que deben cumplir los estudiantes para optar, ya sea a un título técnico de nivel superior, o bien, a un título profesional.

Hace presente que el último periodo de estudios de la alumna corresponde a su última matrícula, efectuada durante el segundo semestre del año 2019, resultándole plenamente aplicable el Reglamento de Inacap correspondiente al mismo año. En ese documento se establecen las normas especiales que regulan las actividades académicas de prácticas de los estudiantes de Inacap. De este modo, la práctica profesional es una actividad curricular que forma parte del plan de estudio al que está adscrito el estudiante, cuyo objetivo es proporcionar experiencia de ejercicio de su profesión en un contexto real, y que es requisito para su titulación. En el Reglamento se establece que los estudiantes deberán realizar las gestiones necesarias en las empresas o instituciones que corresponda, para realizar su práctica, y someterlas a la aprobación previa del Director de Carrera.

Añade que el Reglamento establece en su artículo 69, de manera explícita lo siguiente: “Sólo los estudiantes que no tengan deuda, de ninguna naturaleza, con la UTC INACAP o con las demás instituciones que forman parte del Sistema INACAP, podrán iniciar su proceso de titulación y siempre que cumplan con los requisitos académicos para ello”, siendo precisamente por lo anterior que no se ha podido gestionar la convalidación de la práctica profesional de la actora, pues no ha dado cumplimiento a los requisitos previamente establecidos y aceptados por ella misma al momento de suscribir el contrato de prestación de servicios educacionales.

Explica que la alumna tiene una deuda pendiente con Inacap, por lo que no ha podido gestionar la convalidación de su práctica profesional, pues no ha dado cumplimiento a los requisitos previamente establecidos y aceptados por ella al momento de suscribir el contrato de prestación de servicios educacionales con UTC Inacap. Sin perjuicio de lo anterior, reitera que no sólo se ha autorizado la convalidación de su práctica profesional, sino que se ha concedido dicha autorización a pesar que la recurrente se encontraba fuera de plazo para solicitarlo.

Hace presente que, atendida la antigüedad del egreso de la recurrente, Inacap se encuentra en proceso de búsqueda de la copia del último contrato de servicios educacionales de la recurrente, el cual se acompañará para el conocimiento de este Tribunal apenas se logre encontrar el documento. En conclusión, la acción de protección deberá ser rechazada, pues no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional; y, no existe ninguna actuación u omisión ilegal ni arbitraria por parte de Inacap.

Alega la falta de legitimación pasiva de Inacap, de momento que la recurrente ha accionado en contra del Instituto Profesional Inacap, en vez de UTC Inacap, que es en realidad la corporación respecto de la cual egresó, por lo que si se deduce la acción en contra de un sujeto sin legitimación (pasiva), esa petición de tutela jurisdiccional no puede prosperar, al faltar un presupuesto de la acción.

De igual forma, alega que el recurso de protección no es la vía idónea para las pretensiones de la recurrente, ya que, el presente recurso versa sobre hechos relativos a un supuesto actuar arbitrario e ilegal por parte de su representada -o mejor dicho, de una de las corporaciones de educación pertenecientes a Inacap-; comportamiento que niega de manera categórica. Sin embargo, la recurrente ha deducido la presente acción en circunstancias que la misma no es la vía idónea para las pretensiones de la alumna, por cuanto Inacap es una corporación de educación superior sin fines de lucro, y, en dicha calidad, le resulta aplicable la regulación contemplada en la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, toda vez que la actora cursó su último periodo educacional durante el segundo semestre del año 2019, mientras que la Ley N° 21.091 entró en vigencia con su publicación, durante el año 2018.

Explica que la Ley N° 21.091 en su artículo 18 crea la Superintendencia de Educación Superior, servicio público que tiene como objetivo fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las instituciones de educación superior en el ámbito de su competencia. Esta Superintendencia se encuentra especialmente facultada para “fiscalizar que las instituciones de educación superior respeten los términos, condiciones y modalidades conforme a los servicios convenidos y demás compromisos académicos asumidos con los estudiantes”. Lo anterior, según dispone expresamente el artículo 20 letra f) de la precitada ley, por lo que resultando aplicable la regulación contemplada en la Ley N° 21.091, corresponde a la Superintendencia de Educación Superior y no a esta Iltma. Corte la fiscalización de las condiciones y modalidades de los servicios educacionales convenidos entre la recurrente y UTC Inacap, lo cual es justamente el trasfondo de la controversia sobre la que versan estos autos. En ese sentido, la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema es clara en que cuando existen acciones especiales para resolver un determinado asunto, no resulta posible recurrir a este procedimiento de naturaleza cautelar, debiendo el interesado deducir la acción especial que regula la ley. (Sentencia Rol 97848-2019).

Considera que esta acción de protección debe ser rechazada, pues no existe infracción alguna al artículo 19 de la Constitución Política de la República, ni a ninguna de las garantías reconocidas por dicha norma constitucional y que la recurrente acusa como vulneradas, como son las del artículo 19 en sus numerales 2°, 3° y 24, ya que, es la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, en su artículo 55, letra e), que expresamente autoriza a UTC Inacap a condicionar la convalidación de prácticas profesionales al hecho de que los alumnos se encuentren al día en el pago de los aranceles, además, en el contrato de servicios educacionales, doña nombre reservado (al igual que todos los alumnos de UTC Inacap) se obligó a observar y cumplir estrictamente el Reglamento Académico, aceptando libremente las condiciones, que ahora reprocha como “ilegales” o “arbitrarias”. Tampoco acreditó que su situación es, en lo pertinente, igual a la de otras personas que se encuentren en similar situación.

Asimismo, la acción de protección deberá ser rechazada, pues no existe infracción alguna al artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Carta Fundamental. De hecho, la recurrente sostiene que la supuesta negativa de Inacap a la convalidación de su práctica profesional es un acto arbitrario e ilegal que vulnera su legítimo derecho a no ser juzgada por comisiones especiales, toda vez que se trataría de una sanción impuesta por una institución sin jurisdicción, lo que es falso, ya que no existió ni ha existido ninguna transgresión al derecho al juez natural en la especie, toda vez que Inacap no se ha arrogado la calidad de tribunal.

Finalmente, la recurrente sostiene que el hecho en cuestión produce a su vez la afectación al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, en circunstancias que la actora no ha adquirido un derecho de propiedad sobre ningún documento académico por no otorgarse la convalidación de su práctica profesional, estando ante una mera expectativa, que no se encuentra amparada por la normativa invocada y que, además, está sujeta al cumplimiento de requisitos previamente aceptados por la propia recurrente: en este caso, de acuerdo a la ley aplicable y al Reglamento, se requiere estar al día con el pago de los aranceles, por lo que la recurrente carece de un derecho indubitado.

Manifiesta que el hecho de no gestionar la convalidación de la práctica profesional de la recurrente por mantener deuda vigente con Inacap no corresponde a una sanción ni ha significado una contravención a la Ley N° 21.091, sino que se debe únicamente al incumplimiento de requisitos previamente establecidos y libremente aceptados por la recurrente, el cual resguarda a su representada de seguir incurriendo en gastos asociados a la prestación del servicio respecto de un estudiante que no se encuentra al día con sus pagos, atendido lo previsto expresamente por el artículo 55, letra e) de la Ley N° 21.091.

Concluye solicitando tener por evacuado el informe, rechazando el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de su representada, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

En cuanto a la falta de legitimación pasiva pedida por la recurrida.

Primero: Que, en relación a la petición de falta de legitimación pasiva del recurrido, cabe destacar que, en la especie, informando al tenor del recurso compareció, don Alberto González Vidal, abogado, en representación de Instituto Profesional Inacap, argumentado que el recurso se ha dirigido en contra del Instituto Profesional Inacap, en lugar del UTC Inacap, siendo esta última corporación aquella de la que egresó la recurrente.

Segundo: Que, sin embargo, de la pretensión de la recurrente lo cierto es que la falta de legitimación pasiva, la hace presente la informante del caso, quien luego de aportar acabadamente sobre el fondo del recurso, y ello permite a esta corte conocer resolver con antecedentes de fondo la cuestión de fondo planteada en el recurso. Al efecto se debe considerar que la acción de protección consagrada en la Constitución Política vigente tiene una naturaleza cautelar de emergencia y es por esencia desformalizada, y en virtud de este último carácter, la pretendida falta de legitimación pasiva, no tiene cabida en un procedimiento como el de la especie.

En consecuencia, no cabe más que rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva del recurrido en el marco de lo alegado en la acción constitucional que se resuelve en el presente fallo.

En cuanto al fondo:

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Cuarto: Que, en el caso se dedujo recurso de protección, el pasado 9 de octubre 2024, expresando la recurrente que en el año 2019 retomó estudios de ingeniería, y aprobó todos sus ramos, y sin embargo por correo le indican que para la práctica profesional debe regular la deuda de arancel que mantiene.

La recurrida sostiene que hay normas legales que le permiten condicionar la práctica profesional al pago de la deuda de arancel. Explica que no se trata de impedir la titulación del grado académico de que se trata pues se trata específicamente en el caso de la práctica profesional.

Quinto: Que, el resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar si la conducta que se le reprocha a Inacap es ilegal y/o arbitraria y, por tanto, si ese proceder afectó o amenazó las garantías constitucionales protegidas y alegadas en el recurso en análisis.

Dicho lo anterior debe considerarse que el artículo 55, letra e) de la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior, establece como infracciones graves: “ … e) Condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones a exigencias pecuniarias, distintas al pago de aranceles previamente establecidos por la institución de educación superior en su reglamentación e informados a los estudiantes al momento de suscribir el contrato respectivo”.

De esta forma es evidente, que la recurrida no está impidiendo con su actuar la titulación de la recurrida, sino que está condicionando la realización de la práctica profesional que es previa al proceso de titulación al pago de aranceles adeudados por la recurrente, conforme a los servicios educacionales prestados a ella; lo anterior pues no se trata de deudas distintas al arancel conforme a lo establecido en la norma trascrita precedentemente. Conforme a lo anterior lo obrado por la recurrida, no resulta ilegal, sino apegado a la normativa legal vigente; tampoco el quehacer de la recurrida, resulta arbitrario o producto del mero capricho.

Sexto: Que, de lo que relacionado y considerando aparece que, no habiéndose constatado la existencia de actos u omisiones ilegales o arbitrarias, consecuencialmente no puede atribuirse amenaza o vulneración alguna a derechos fundamentales del recurrente, así, lo obrado por las entidades informantes de la especie, ha sido apegado a la normativa legal y reglamentaria vigente. Tampoco se divisa arbitrariedad alguna en su proceder, no divisándose algún actuar por mero capricho.

Séptimo: Que, al no existir acción u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe el legítimo ejercicio de los derechos de la recurrente, la presente acción no puede prosperar y debe ser rechazada en todas sus partes.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de falta de legitimación pasiva deducida por la recurrida.

II.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección intentado por doña nombre reservado, en contra de la Corporación Instituto Profesional INACAP.

Sin perjuicio de lo recién resuelto, y atendiendo a la situación socioeconómica de la recurrente, la entidad recurrida podría otorgarle, si lo tiene a bien, facilidades para el pago del arancel.

Cúmplase oportunamente con lo establecido en el numeral 14 del mencionado Auto Acordado.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro Rafael L. Andrade Díaz.

No firma la ministra suplente Olaya Gahona Flores, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber concluido su suplencia y retornado a su tribunal de origen.

Rol N° 19324-2024 – Protección.