Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 19321-202311 ene 2024

nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION

Fecha
11 de enero de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de Concepción
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 19321-2023, sentencia de 11 de enero de 2024

Resumen

Se rechaza la protección contra el SII y la Tesorería por no ser vía idónea para discutir giros y embargo, materias de procedimiento administrativo o declarativo especial.

Texto íntegro

C.A. de Concepción.

Concepción, once de enero de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En folio 1, don Fernando Rebolledo Palma, abogado, en representación de don nombre reservado, “en calidad por una parte de empresario individual y por la otra de persona natural sin giro”, domiciliados en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República, ignora representantes legales, ambos con domicilio en domicilio reservado, y solicita que se acoja el recurso, ordenando a los recurridos que procedan respetar el debido proceso, dejando sin efecto el giro y resolución de embargo, reestableciendo el imperio del Estado de Derecho, retrotrayendo al estado anterior al del acto vulnerador y permitiendo al actor ejercer sus derechos tendientes a la impugnación del giro, con costas.

Funda su acción, previa referencia a la tramitación de las carpetas electrónicas en procedimiento general de reclamación, RIT GR-10-00066-2021, caratulado nombre reservado con Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional Concepción y del procedimiento de reclamación por vulneración de derechos, RIT VD-10-00039-2021, caratulado nombre reservado con Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional Concepción; en que quedando instancias administrativas pendientes, este recurso es el único medio para evitar la vulneración de las garantías constitucionales, porque el 17 de octubre de 2023 un funcionario de Tesorería General de la República ha notificado, requerido de pago y embargado bienes a nombre reservado. Añade que en lo administrativo, se encuentran pendientes instancias a fin de discutir el giro que pretende ejecutarse al actor y a pesar de ello, los recurridos han optado por saltarse dicha instancia vulnerando su derecho a tener un debido proceso, estimando vulneradas las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2°, 3° y 24 de la Carta Política, según detalla.

En el folio 4, don nombre reservado, tesorero provincial de Los Ángeles, domiciliado en domicilio reservado; pide el rechazo de la acción.

Expone que del artículo 37 del Código Tributario se colige que sólo el Servicio de Impuesto Internos, puede: efectuar y procesar los giros, complementarlos, rectificarlos, recalcularlos, actualizarlos, anularlos, emitir duplicados o copias de los giros, hasta el momento en que el Servicio de Tesorerías inicie la cobranza administrativa o judicial. Así, la Tesorería General de la República, no tiene injerencia en la emisión de los giros que le remiten los servicios giradores, para ejecutar acciones de cobranza. En este caso, al contribuyente el Servicio de Impuestos Internos le giró los folios de formulario 21 N° 9243665, 9243613, 9243703, 9243689, 9243647 y 9243579, todos de 17 de agosto de 2023, y remitido un giro por un servicio girador, sólo debe cumplir con su mandato de efectuar la cobranza de los impuestos adeudados, según el artículo 2° del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, DFL N°5. En consecuencia, el 10 de octubre de 2023, la Tesorería General de la Republica, generó el expediente de cobranza N° 10.068-2023 de la comuna de Nacimiento, en que se demandaba el pago de los impuestos adeudados al contribuyente, impuestos girados por el Servicio de Impuestos Internos. El 17 de octubre de 2023, se notificó al contribuyente, requiriéndolo de pago, trabándose embargo sobre bienes de su propiedad, ejerciendo las acciones de cobro que resultaban procedentes.

Añade que durante la tramitación del proceso, la Tesorería General de la República no ha recibido comunicación o notificación alguna del Servicio de Impuestos Internos o del Tribunal Tributario y Aduanero ordenando la suspensión del procedimiento de cobro de los impuestos adeudados; por consiguiente, sólo ha cumplido con su mandato legal, pues mal puede paralizar un procedimiento de cobranza, si no ha recibido la orden del servicio girador o mandante, según explica.

En el folio 9, don nombre reservado, director regional de la VIII Dirección Regional de Concepción; solicita el rechazo de la acción.

Expone que en el programa de fiscalización “Justificación de Inversiones, Gastos y/o Desembolsos AT 2020”, la Unidad de Los Ángeles, el 17.11.2020, notificó personalmente al recurrente, solicitándole que aclarara el origen de los fondos con los que financió cinco inversiones realizadas en el año comercial 2019. El 27.11.2020, se respondió parcialmente y el Servicio, conforme al inciso segundo del artículo 63, del Código Tributario, notificó el 03.02.2021, la citación N° 7. El contribuyente dio respuesta a la citación, ésta no logró subsanar las observaciones, por lo que conforme a los artículos 21 y 24 del Código Tributario, se emitieron las liquidaciones Nº 45 a la 50, de 30.03.2021, notificadas el 31.03.2021. En contra de ellas, el recurrente el 22.07.2021, interpuso reclamo ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Biobío y Ñuble, RIT GR-10-00066-2021. El 07.08.2023, se dictó sentencia definitiva que rechaza la totalidad la reclamación deducida en contra de las liquidaciones N°45 a 50, confirmándolas. Notificado el fallo y habiendo transcurrido el plazo para interponer recursos, el Servicio conforme al artículo 24 del Código Tributario, emitió los giros formulario 21, folios N° 9243665, 9243689, 9243613, 9243703 y 9243647 de 18.08.2023, notificados por correo electrónico, el 18.08.2023.

El 13 de noviembre de 2023, se certificó que la sentencia definitiva “se encuentra firme o ejecutoriada”. Añade que en la Oficina Jurídica Virtual Tributaria (OJVT), no consta la interposición de recurso alguno, en contra de la sentencia de primera instancia. Asimismo, su parte no ha sido notificada del recurso de casación en el fondo, mencionado en el líbelo del recurrente.

Otros antecedentes:

A. Queja Disciplinaria interpuesta por la recurrente en contra del Juez del Tributario y Aduanero de la Región de Ñuble y Región del Biobío, el 11.10.2023, antecedente administrativo pleno rol 1.059-2023, que se funda en el rechazo de un recurso de casación en el fondo interpuesto por el recurrente el 15 de septiembre de 2023, en contra de la sentencia definitiva dictada la causa “nombre reservado Con Servicio De Impuestos Internos Dirección Regional Concepción”, Ruc 20-9-RUT reservado, RIT Gr-10-00066-2021. El 31.10.2023, se declaró inadmisible el recurso interpuesto por el recurrente.

B. Vulneración de derechos caratulada “nombre reservado con Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional Concepción, RIT VD-10-00039-2021. EL 22.04.2021, el reclamo fue admitido a tramitación, sin embargo, el tribunal rechazó decretar la orden de no innovar solicitada. A la fecha, el reclamo por vulneración de derechos no ha sido resuelto.

Sostiene también la improcedencia de la acción:

El recurso ha sido interpuesto extemporáneamente, pues según el recurrente, el supuesto acto arbitrario e ilegal consistiría en la emisión de los giros folios N°9243665, 9243689, 9243613, 9243703 y 9243647, notificados el 18.08.2023, no dándole la posibilidad legal de impugnar las respectivas órdenes de ingreso. Sin embargo, lo que pretende es que se dejen sin efecto los giros, actos de los tomó conocimiento con las notificaciones efectuadas con fecha 18.08.2023. Así, el plazo para interponer la acción se encuentra vencido.

Argumenta también que la acción no es la vía idónea para conocer del asunto, que no existe una actuación arbitraria y/o ilegal y que no se han afectado en forma alguna las garantías fundamentales enunciadas por el actor, según expone latamente.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Acerca de la alegación de extemporaneidad:

1°.- Que el recurso o acción de protección conforme a lo dispuesto en el N° 1 del auto acordado sobre tramitación del mismo, se interpondrá “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

2°.- Que la recurrente en síntesis argumenta que “el 17 de octubre de 2023 se apersonó funcionario de Tesorería General de la República a fin de notificar, requerir de pago y proceder con acta de embargo a don nombre reservado” y conforme a estos hechos deduce su acción el día 30 de dicho octubre (folio 1), de manera que ella ha sido interpuesta dentro del plazo de treinta días corridos establecido al efecto, por lo que la alegación de extemporaneidad será rechazada.

En lo relativo al fondo:

3°.- Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, en lo pertinente, dispone: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19, podrá ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta adopte “de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

4°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en dicha norma, constituye una acción constitucional de urgencia, autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Así, resulta requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas de las situaciones o efectos indicados, afectando a una o más de las garantías protegidas por el constituyente.

5°.- Que el actor estima que los servicios públicos recurridos vulneran sus garantías constitucionales que invoca, mediante la emisión de los giros por el Servicio de Impuestos Internos y por la Tesorería General de la República, mediante la notificación, requerimiento de pago y de embargo practicados en el expediente de cobranza rol 10.068-2023 de la comuna de Nacimiento, en que se demanda el pago de aquellos.

Los recurridos, en tanto, solicitaron el rechazo de la acción.

6°.- Que es un hecho inconcuso que el 7 de agosto de 2023, en los autos RIT GR-10-00066-2021, se dictó sentencia definitiva por el Tribunal Tributario y Aduanero que rechazó la reclamación deducida por el protegido en contra de las liquidaciones N° 45 a 50, confirmándolas. En su oportunidad, el Servicio de Impuestos Internos emitió los giros formulario 21, folios N° 9243665, 9243689, 9243613, 9243703 y 9243647 de 18.08.2023, aunque el recurrente afirma que interpuso un recurso en contra de la sentencia, el que se encontraría pendiente. Además, es un hecho de igual carácter que el procedimiento de reclamación por vulneración de derechos, RIT VD-10-00039-2021, caratulado “nombre reservado con nombre reservado” se halla en tramitación.

7°.- Que el procedimiento de reclamación por vulneración de derechos antes indicados, se halla pendiente ante el tribunal competente; lo que permite sostener que esos aspectos aludidos en la acción en análisis, se encuentran sometidos actualmente al imperio del derecho, por lo que ninguna medida podría disponer esta Corte, ya que aquello está entregado a la decisión del tribunal competente. Igual cosa sucede con las actuaciones relativas al requerimiento de pago y embargo practicados en el expediente de cobranza rol 10.068-2023 de la comuna de Nacimiento.

8°.- Que sin perjuicio de lo anterior, la naturaleza propia de la acción constitucional y cautelar establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente este arbitrio para discutir y resolver materias como son las que sustentan la acción, pues ellas resultan propias de un procedimiento administrativo o declarativo especial, toda vez que lo que se ha controvertido, conforme a las peticiones contenidas sometidas a la decisión de esta Corte, es la existencia misma y el mérito de los giros y de la resolución que ordenó el embargo y demás actuaciones en el expediente de cobranza de impuestos rol 10.068-2023; de manera que es en ese tipo de procedimientos -mediante las probanzas debidas- que debe resolverse el conflicto jurídico de intereses en que se sustenta la acción; pues, en efecto, es allí donde la recurrente puede hacer uso de las acciones que contempla el ordenamiento jurídico y que estimen pertinentes para revertir la situación que pretende impugnar a través de esta vía de urgencia.

9°.- Que, en consecuencia, es improcedente conocer y resolver esta materia por medio de la presente acción cautelar, la que se encuentra destinada a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales afectados estén indubitados, lo que no acontece en el caso propuesto, conforme se ha establecido precedentemente.

10.- Que atendido lo concluido es innecesario el análisis de las garantías constitucionales que se indican como conculcadas y ponderar los demás documentos acompañados.

11.- Que el recurrente ha tenido motivos plausibles para litigar por lo que no será condenado en costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza la alegación de extemporaneidad y también la acción constitucional de protección interpuesta por don Fernando Rebolledo Palma, en representación de don nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, todo lo anterior sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó Camilo Álvarez Órdenes, ministro titular.

No firma el abogado integrante señor Gonzalo Montory Barriga, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol protección 19.321-2023.