nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

Concepción, catorce de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, ingeniero electricista, de nacionalidad venezolana, domiciliados en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PLANVITAL S.A, representado por doña nombre reservado, gerente general, con domicilio domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario que rechaza Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero, notificado el 26 de septiembre de 2024.

Señala que doña nombre reservado, realizó ante la Administradora de Fondos de Pensiones PLANVITAL solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros, de acuerdo con la Ley 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. En razón de lo anterior, precisa que la recurrente acompañó los siguientes documentos:

1. Título de Licenciada en Comunicación Social debidamente apostillado.

2. Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debidamente legalizado, el cual acredita que cuenta con prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debidamente legalizado ante el Consulado de Venezuela en Chile y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

3. Contrato laboral suscrito con Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A., de 9 de agosto de 2018.

4. Anexo de contrato suscrito con Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A., de 29 de julio de 2022, donde la recurrente manifiesta estar afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile que le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, siendo su voluntad mantener su afiliación al referido sistema de seguridad social o previsión social en el extranjero.

5. Contrato laboral suscrito con Ingeniería y Construcciones MAS Errazuriz Ltda., de 23 de febrero de 2024.

6. Anexo de contrato suscrito con Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A., de 13 de agosto de 2024, donde la recurrente manifiesta estar afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile que le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, siendo su voluntad mantener su afiliación al referido sistema de seguridad social o previsión social en el extranjero.

Denuncia que no obstante lo anterior, el 26 de septiembre del 2024, la recurrente recibió comprobante de rechazo que acompaña, indicándole lo siguiente:

“No es posible ingresar su solicitud porque no ha sido posible verificar a través del código QR, la constancia de afiliación al Instituto Venezolana de los Seguros Sociales (IVSS). Lo anterior, en virtud de no encontrarse operativa la página web establecida para estos efectos.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación genera, cuando se regularice la embajada y ente validadores podremos recibir los documentos”.

Destaca lo establecido por la Ley 18.156, en sus artículos N°1 en relación con el artículo N°7:

“Artículo N°1: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y;

- Que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Artículo N°7: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”.

Indica que se evidencia el íntegro cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 18.156 por la recurrente, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, la recurrida pretende desconocer su afiliación al Sistema de Previsión Social en Venezuela, en la que se encuentra afiliada desde el 13 de diciembre de 2012, documento que fue legalizado ante el consulado de Venezuela en Chile y el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció dicha firma el 3 de junio de 2024, lo que conlleva a concluir que se desatiende la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, produciendo una retención injustificada de éstos.

Enfatiza que no se trata de la primera solicitud de retiro de fondos que realiza la recurrente, ya que previamente a la solicitud recurrida la actora efectuó una solicitud cumpliendo con todos los requisitos exigidos por Ley para el retiro de fondos, pero en dicha oportunidad se rechazó la solicitud con fecha 30 de julio de 2024, esgrimiéndose lo siguiente:

“A partir del análisis de los antecedentes acompañados, se informa el rechazo de la solicitud debido a lo siguiente:

- Anexo de contrato acompañado señala que doña nombre reservado mantendrá afiliación a sistema previsional extranjero y que, además, durante la vigencia del contrato, mensualmente cotizará en el sistema previsional chileno, produciéndose con ello, una doble manifestación de voluntad.”.

Agrega que en dicha ocasión se adjuntó el anexo solicitado, evidenciándose el actuar ilegal y arbitrario alegado en la presente acción, por lo tanto no se trata de un asunto nuevo, sino que por el contrario, se observa una conducta contraria al ordenamiento jurídico tendiente a negar solicitudes que cumplen con los requisitos exigidos por la Ley.

Estima que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, dejando establecido que la recurrente cumple con los requisitos exigidos por la normativa aplicable, mostrando la Administradora de Fondos un actuar caprichoso al rechazar la solicitud por la imposibilidad de validar un documento mediante un código QR, cuando éste es reconocido mediante firma física por la autoridad competente, Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PLANVITAL, por el acto ilegal y arbitrario que rechaza Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero, obrando en contra de lo establecido en la Constitución Política de la República y en la Ley 18.156, que faculta la devolución de los fondos a los extranjeros, acompañando documentos probatorios a esta presentación, a fin que se reconozca la documentación suministrada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que informando el abogado Víctor Tabilo Marentis, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PLANVITAL S.A., solicita que el recurso sea rechazado en todas sus partes y con expresa condena en costas.

En primer lugar, plantea que lo que resulta materia de conflicto entre las partes es el ejercicio legítimo del derecho del recurrente a obtener una devolución de fondos, en conformidad a la Ley 18.156. En virtud de ello, de los antecedentes de la causa y las peticiones del actor, esta acción constitucional no resulta ser la vía idónea para la decisión del asunto al no contar con un derecho indubitado, debiendo desestimarse, puesto que para resolver el conflicto planteado, es necesario que se ejerza una acción para cuya resolución se deba desarrollar un procedimiento declarativo del derecho que alega el recurrente ante un tribunal competente que admita término de prueba. Asimismo, conforme a la normativa administrativa que regula a las Administradoras de Fondos de Pensiones, es la Superintendencia de Pensiones el organismo llamado a resolver los conflictos entre un afiliado y su administradora.

Seguidamente, alega que el presente recurso es extemporáneo, ya que según consta de los documentos que acompaña, la recurrente tiene conocimiento inequívoco de la respuesta de PLANVITAL a sus solicitudes desde el día 24 de julio de 2024 (fecha de la última carta de respuesta a una solicitud), no variando los hechos, las circunstancias, ni los documentos acompañados por la recurrente desde esa fecha y el recurso de autos fue recién presentado el día 4 de octubre de 2024, es decir, más de 60 días después de la respuesta de la Administradora a su última solicitud.

Explica que con posterioridad al 24 de julio de 2024, la recurrente intentó ingresar una cuarta solicitud, sin ningún antecedente nuevo, lo que no es aceptado por la Administradora, según consta del correo electrónico que recibió la señora nombre reservado con fecha 26 de septiembre de 2024, donde se le indica que no es posible presentar una nueva solicitud sin nada nuevo que aportar, por lo que, estima que esa jugada d no es más que un intento de hacerse de un nuevo plazo para recurrir de protección.

En cuanto al fondo del recurso, expresa que, contrario a lo que afirma la recurrente, ella ha presentado tres solicitudes de devolución de fondos previsionales relativos a la Ley 18.156: La primera fue presentada con fecha 25 de enero de 2024, siendo rechazada el 31 de enero de 2024, debido a que la afiliada “No acompaña certificado de Institución de Seguridad social / No se acompaña contrato de trabajo o, en caso de corresponder, anexo de contrato con empleador “nombre reservado” donde el trabajador manifieste de forma clara e inequívoca, la voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional extranjero, en conformidad a la Ley 18.156”.

Indica que la segunda solicitud de devolución de fondos previsionales fue presentada con fecha 10 de junio de 2024, siendo rechazada el 17 de junio de 2024, por cuanto “No existe consistencia entre la documentación laboral acompañada. Lo anterior, en virtud de que el contrato de trabajo suscrito con fecha 09 de agosto de 2018 señala que doña nombre reservado se encuentra afiliada al sistema previsional chileno y, el anexo de contrato de trabajo suscrito en la misma fecha señala que mantendrá afiliación a sistema previsional extranjero, produciéndose con ello, una doble manifestación de voluntad.”.

La tercera solicitud fue presentada con fecha 24 de julio de 2024, la que fue rechazada con fecha 30 de julio de 2024, ya que “Anexo de contrato acompañado señala que doña nombre reservado mantendrá afiliación a sistema previsional extranjero y que, además, durante la vigencia del contrato, mensualmente cotizará en el sistema previsional chileno, produciéndose con ello, una doble manifestación de voluntad.”.

Explica que los reparos formulados a las tres solicitudes de devolución de fondos previsionales antes indicados se mantienen vigentes, y a la fecha, no han sido solucionadas por la recurrente. Adicional a lo anterior, señala que a la fecha, la recurrente no ha acreditado el requisito básico del artículo 1° de la Ley 18.156, que es estar afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile.

Reitera que contrario a lo que intenta hacer creer la recurrente, en el mes de septiembre de 2024 no existió una nueva solicitud de devolución de fondos previsionales rechazada, sino que sólo un mail de la Administradora donde se le informa que no es posible ingresar una nueva solicitud con los mismos documentos ya presentados y sin nada nuevo que aportar.

Afirma que los rechazos a las tres solicitudes de devolución de fondos previsionales informadas a la afiliada con fecha 31 de enero de 2024, 17 de junio de 2024 y 30 de julio de 2024, amparados en la Ley 18.156, no fueron ilegales ni arbitrarios por parte de su representada, ya que se fundaron en las normas legales que regulan la materia y especialmente en las normas administrativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones para estos casos.

Refiere que su regulador, esto es, la Superintendencia de Pensiones, a través de su Compendio de Normas establece un procedimiento claro sobre esta materia cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones que componen el actual Sistema de Pensiones. Dicho procedimiento dispone que los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la Ley 18.156 deberán suscribir en la correspondiente Administradora de Fondos de Pensiones, un formulario denominado “Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156”.

Manifiesta que para la suscripción de dicho formulario, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación que acredite que cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio, siendo la documentación analizada por la Fiscalía de la Administradora.

Argumenta que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituyen un régimen de excepción que le es solo aplicable a trabajadores extranjeros dependientes de empresas que, además, detenten la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan con los requisitos impuestos por la Ley 18.156, como también de las disposiciones del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones que regulan esta materia. Lo anterior, señalado expresamente en la referida Ley, en particular, en sus artículos 1° y 7°; más aquello dispuesto por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establecen que para que proceda la devolución de fondos previsionales a los técnicos extranjeros, es necesario que se reúnan una serie de requisitos copulativos, que detalla.

Sostiene que en el caso particular, el afiliado acompañó un documento cuya verificación de autenticidad no puede ser llevada a cabo por su representada, dado que el sitio web que la Embajada de Venezuela en Chile disponía al efecto para la validación de la afiliación al IVSS no se encuentra operativa.

Explica que la recurrente firmó un anexo de contrato de trabajo con fecha 29 de julio de 2021, con su empleador Ingeniería y Construcción Eléctrica Sinec S.A., en que adolece de un problema de doble manifestación de voluntad y que ambas voluntades son contradictorias entre sí. Por un lado, en su cláusula primera se dice que “el trabajador se encuentra inscrito como aportante en el Sistema de Seguridad Social de su país de origen Venezuela, el cual le otorga prestaciones en caso de sobrevivencia, invalidez, vejez y muerte y que es su voluntad e intención mantener la afiliación a dicho sistema de seguridad social.” Y en la cláusula segunda se señala que “Convienen las partes, que no obstante, lo indicado en la cláusula precedente, el empleador continuará aportando mensualmente las cantidades correspondientes a las leyes sociales que se deducen al trabajador esto es, AFP e Institución de Salud a la cual el trabajador se encuentra afiliado”.

Señala que, al respecto el Oficio 18656-2024, de la Superintendencia de Pensiones, de 8 de octubre de 2024, que rechaza doble manifestación de voluntad en documentos laborales señala: “Al respecto, cabe precisar que conforme lo resuelto por el mencionado Oficio N°27.587, de fecha 23 de noviembre de 2015, en el caso que un trabajador en su contrato de trabajo, o anexo al mismo, haya estipulado que mantendrá su afiliación en su país de origen y al mismo tiempo consigne su voluntad de autorizar al empleador de descontar sus cotizaciones previsionales para ser enteradas en Chile, no procederá la devolución de sus fondos previsionales, puesto que no da cumplimiento al requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.”

Y agrega en el último párrafo: “Atendido lo precedentemente expuesto, se concluye que lo obrado por A.F.P. PLANVITAL S.A. se encuentra ajustado a derecho, toda vez que no corresponde autorizar su devolución de los fondos previsionales, por cuanto en ninguna de sus solicitudes ha logrado acreditado debidamente el cumplimiento del requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, conforme a la normativa aplicable en la especie; conclusión que no puede verse modificada ni aun cuando usted logrará acreditar debidamente el cumplimiento de la cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) de ese mismo precepto legal.”.

Arguye que la razón del rechazo se sustenta en que no fue posible constatar por parte de esa Administradora, al momento de la revisión de los antecedentes, que la afiliada cumple con la totalidad de requisitos exigidos tanto en la Ley 18.156 como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la Jurisprudencia Administrativa de la Superintendencia de Pensiones, para acceder a la devolución de fondos respecto de los cuales su representada tiene el deber de verificar antes de emitir un pronunciamiento sobre una solicitud de devolución de fondos previsionales, tal y como lo señala expresamente el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones en el Libro II, N° 2, letra b). Adicionalmente, hace presente que este rechazo es subsanable por la afiliada, para lo cual debe ingresar una nueva solicitud dando cumplimiento a las observaciones que constan en el rechazo.

Estima que no ha existido ningún acto u omisión arbitrario que pueda estimarse haya irrogado responsabilidad por parte de su representada, ni menos aún una vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 número 2 y número 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que se ha seguido estrictamente lo indicado por la Ley y los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones en la revisión de la solicitud y de los antecedentes, tal como se efectúa en todos los casos que presentan la misma documentación.

Solicita rechazar en todas sus partes la acción de protección deducida en contra de su representada, por ser extemporánea, y además por no existir la privación, perturbación o amenaza alguna de los derechos invocados, ni en forma de un acto, u omisión arbitrario o ilegal imputable a PlanVital S.A., con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, también informó Mario Valderrama Venegas, Fiscal de la Superintendencia de Pensiones, dando cuenta que la señora nombre reservado registra ante esa Superintendencia una atención resolutiva de 24 de junio de 2024 y una Presentación Virtual de 25 de junio de 2024, en virtud de esta última reclama en contra de A.F.P. PLANVITAL S.A. por haber rechazado la Solicitud de Devolución de Fondos acogida a la Ley 18.156, de modo tal que solicita se le informe por la AFP el motivo del rechazo y sus argumentos. Atendido el tenor de la presentación, ese Organismo la remitió a la A.F.P. para que informara al respecto, la que mediante carta GEC:831/2024, de 2 de julio de 2024, comunicó que el rechazo de la solicitud de retiro de técnico extranjero se debió a que existe una doble manifestación de voluntad declarada en el contrato de trabajo de 09/08/20218, lo cual no es compatible con la Ley 18.156. A raíz de lo informado, esa Superintendencia, mediante correo electrónico de 4 de julio de 2024, comunicó a la reclamante que su requerimiento había sido resuelto.

Hace presente que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley 18.156. Conforme a lo anterior, transcribe los artículos 1° y 7° de la citada ley, de los cuales estima que se faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar, o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

Explica que la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, señala que para que proceda la devolución de fondos previsionales aplicable a los técnicos extranjeros se debe acreditar que estas personas se encuentran afiliadas a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Asimismo, según la letra b) del artículo 1° de la Ley 18.156, para invocar los beneficios de la misma, se ha de acreditar la voluntad del trabajador en orden a mantener su afiliación a su país de origen, mediante la inclusión de una cláusula en tal sentido en el respectivo contrato de trabajo, siempre y cuando se halle vigente la relación laboral de que se trata.

A su vez, señala que según la sostenida jurisprudencia de ese organismo, contenida entre otros, en el oficio N°27.587, de 23 de noviembre de 2015, en el caso que un trabajador en su contrato de trabajo, o anexo al mismo, haya estipulado que mantendrá su afiliación en su país de origen y al mismo tiempo consigne su voluntad de autorizar al empleador de descontar sus cotizaciones previsionales para ser enteradas en Chile, no procederá la devolución de sus fondos previsionales, puesto que no da cumplimiento al requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley 18.156.

Sostiene que en el caso de autos, según se ha podido verificar de los antecedentes acompañados a este recurso de protección, esa Superintendencia ha verificado que la Sra. nombre reservado suscribió con la Empresa Ingeniería y Construcción Eléctrica S.A. un contrato con fecha 9 de agosto de 2018 y tres anexos, el último de los cuales con fecha 29 de julio de 2021, que en lo pertinente reproduce y de los que se evidenciaría una doble manifestación de voluntad por parte de la recurrente, la cual resulta contradictoria, ya que, por un lado, expresa su intención de mantener la afiliación en el extranjero y, por otro, de continuar cotizando en Chile.

Considera que en virtud de la normativa citada, los antecedentes examinados y la jurisprudencia referida, se debe concluir que lo anterior impide considerar acreditado por parte de la Sra. nombre reservado el requisito de expresar inequívocamente en sus anexos de contratos de trabajo con su empleador su voluntad de permanecer afiliada a un régimen previsional en el extranjero que le otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, con el fin de eximirse del pago de cotizaciones en Chile, vale decir, no existe una manifestación de voluntad clara e inequívoca de mantener la cobertura previsional en el extranjero exigida en la letra b) del artículo 1° de la Ley 18.156.

Refiere en cuanto a la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS para Retiro de Fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones, que ha sido mencionada por la recurrente, que conforme el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Aduce que hasta el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile la delegación consular de ese país extendía a los afiliados venezolanos las certificaciones respectivas para los efectos de acreditar la cobertura previsional en el extranjero por todos los riesgos señalados en conformidad a la citada letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156. Dicha certificación debía ser legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores Chileno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, se ha tenido a la vista la copia de la Constancia de Afiliación N° 184238, de 23 de mayo de 2024, que fue suscrita por la Sra. nombre reservado ante la funcionaria consular de la Embajada de Venezuela en Chile, quien certificó que dicha persona se encontraba cubierta por el sistema del seguro social venezolano, de acuerdo con la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS, emitida por la página web oficial www.vss.gob.ve, antes de comenzar a trabajar en Chile, como asimismo, que dicha delegación extranjera detentaba la representación oficial de la autoridad previsional competente venezolana.

Añade que, a propósito del cierre de la embajada de Venezuela en Chile, la AFP PLANVITAL S.A., a través de su carta GG01354/2024, de 6 de agosto de 2024, informó acerca de su imposibilidad para poder validar las constancias de afiliación al Instituto Venezolano en Chile (IVSS), debido a que la página web establecida para estos efectos se encontraba inoperativa, por lo que no era posible corroborar la validez de estos documentos y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 18.156. En efecto, menciona que todas las Administradoras de Fondos de Pensiones informaron sobre la imposibilidad para llevar a cabo la revisión de las solicitudes de los trabajadores venezolanos, asociada particularmente con la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), certificado que contiene un código QR mediante el cual, en circunstancias normales, al ser verificado se dirigía al sitio web sesión.sodoc.cl y arrojaba la individualización del afiliado y la fecha de afiliación al sistema previsional venezolano, el cual era debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A mayor abundamiento, menciona que las Administradoras informaron que a partir del 5 de agosto de 2024, no pudieron verificar ningún código QR puesto que el sitio web arrojaba el mensaje: “No responde servidor” y que existía indisponibilidad en la página web (http://www.ivss.gov.ve). Consecuente con lo anterior, mediante el oficio N° 15.202, de 20 de agosto de 2024, esa Superintendencia informó al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la problemática en cuestión, el que mediante el oficio reservado N°4062, de 3 de septiembre de 2024, respondió que con ocasión del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, dicha representación diplomática gestionó documentos para sus connacionales hasta el 26 de julio del 2024, los cuales fueron presentados para ser legalizados ante ese Ministerio durante la semana del 29 de julio por la empresa Solvenex. A su vez, señaló que si el documento original que presenta el usuario tiene la legalización de ese Ministerio, debe entenderse que este fue verificado y por ello completó el proceso de legalización que establece el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil e indicó que, de presentarse dudas sobre la validez de dicho documento, el original de los antecedentes debe ser exhibidos en ese Ministerio.

Asimismo, indicó que el certificado de afiliación previsional podía ser solicitado y apostillado en el país de origen y que, para estos efectos, las Administradoras de Fondos de Pensiones debían recibir y verificar el documento directamente en las plataformas que señale su apostilla, sin intervención de ese Ministerio de Relaciones Exteriores. Ello, debido a que los instrumentos públicos otorgados por un Estado Parte de la Convención de la Haya, no deben ser sometidos al procedimiento de legalización, si respecto de éstos se ha otorgado apostilla por la autoridad designada por el Estado de que dimana dicho instrumento. En estos casos, la firma, sello o timbre que figuren sobre la Apostilla quedarán exentos de toda certificación.

Señala que posteriormente, y en respuesta a una solicitud de aclaración de la información proporcionada en el Oficio Reservado N°4062 de 2024, esa Superintendencia, mediante el Oficio N°18.038, de 26 de septiembre de 2024, consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la validez de las certificaciones previsionales emitidas por la delegación consular venezolana que habían sido legalizadas tanto antes como después del período comprendido entre el 29 de julio y el 3 de agosto de 2024, como es el caso actual, a lo que dicho ministerio informó lo siguiente:

“1.En relación con su oficio de la referencia, relacionado al cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, se informa que los documentos de origen venezolano que no fueron legalizados en el procedimiento descrito en el reservado DISER N 04062, si estos presentan solo firma manual de los funcionarios consulares, están siendo legalizados.

2. En cuanto a los documentos que además de firma manual incluyen QR, al no estar disponible la página web http://www.ivss.gov.ve para su verificación, no están siendo legalizados, ya que la Embajada de Venezuela en Chile informó las especificaciones y los elementos de seguridad a considerar en el proceso de legalización de documentos venezolanos, siendo de particular relevancia la inclusión del código QR en el documento que acredita el régimen previsional… 3. Es importante señalar que, aunque la legalización consiste en la certificación de firmas, este Ministerio tiene la responsabilidad de realizar un análisis exhaustivo de la documentación, en línea con las directrices proporcionadas por la Embajada. Si se determina que los documentos cumplen con los requisitos necesarios, se procede a concluir el proceso de legalización correspondiente. De lo contrario, y considerando las actuales dificultades con ese país, no podremos gestionar dichos documentos”.

Concluye que teniendo en cuenta la normativa citada y que el procedimiento de legalización realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) implica que dicha entidad ha verificado la certificación de la autoridad apostilladora venezolana mediante la verificación del código QR, y considerando que ese Ministerio ha informado que no puede validar las copias de esos documentos que figuran como legalizados, esa Superintendencia debe informar que, tal como ha indicado AFP PLANVITAL S.A., la copia de la Constancia de Afiliación N°184238, de 23 de mayo de 2024, suscrita por la Sra. nombre reservado ante la funcionaria consular de la Embajada de Venezuela en Chile y que habría sido legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, no sería válida para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero dispuesto en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156.

I.- EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO:

CUARTO: Que la recurrida AFP PLANVITAL S.A. ha alegado la extemporaneidad de esta acción constitucional fundada en que ha sido interpuesta fuera del plazo que establece el numeral 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales. Se basa, en síntesis, en que la recurrente tiene conocimiento de la respuesta de PLANVITAL a sus solicitudes desde el día 24 de julio de 2024 y el recurso fue recién presentado el día 4 de octubre de 2024, es decir, más de 60 días después de la respuesta de la Administradora a su última solicitud.

QUINTO: Que la alegación de extemporaneidad habrá de ser desestimada, teniendo presente que la conjunción de antecedentes aparejados conduce a esta Corte a estimar que la acción de que se trata fue presentada dentro de plazo, ya que la actora recibió respuesta por correo electrónico el 26 de septiembre de 2024, a la solicitud planteada a la recurrida AFP PLANVITAL S.A. y la presente acción cautelar fue ingresada el día 4 de octubre de 2024, y, si se tiene en cuenta que nos hallamos enfrentados a una acción constitucional tuteladora de derechos fundamentales, la verdad es que en caso de duda, razonablemente ha de preferirse arribar a decisiones de fondo y en base al mérito de los antecedentes, por sobre respuestas jurisdiccionales de carácter puramente formal, como implicaría cohonestar sin más la salida preclusiva postulada por la recurrida, por lo que se rechazará tal alegación.

II.- EN CUANTO AL FONDO:

SEXTO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor.

SÉPTIMO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

OCTAVO: Que, acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas; acciones u omisiones que “pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

A su vez, acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídico. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil. Privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o limites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho será privado o perturbado.

NOVENO: Que, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la recurrida y, establecido aquello, si tal actuación u omisión ha producido en la recurrente una perturbación, privación o amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección, en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que la propia recurrente indica como vulneradas en su libelo pretensor.

DÉCIMO: Que conforme al cúmulo de elementos aparejados por las partes, consta que la recurrente es de nacionalidad venezolana; de profesión Licenciada en Comunicación Social; que trabajó en Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A., desde el 9 de agosto de 2018 y que conforme a Anexo de contrato suscrito con Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A., de 29 de julio de 2022, declaró estar afiliada a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile que le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, siendo su voluntad mantener su afiliación al referido sistema de seguridad social o previsión social en el extranjero, lo que avala el Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debidamente legalizado, el cual acredita que cuenta con prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debidamente legalizado ante el Consulado de Venezuela en Chile y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; Asimismo, que el 23 de febrero de 2024, comenzó a prestar servicios en Ingeniería y Construcciones MAS Errázuriz Ltda., y que del Anexo de contrato suscrito con esta última empresa, de 13 de agosto de 2024, consta que la actora manifiesta estar afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, siendo su voluntad mantener su afiliación al referido sistema de seguridad social o previsión social en el extranjero y que tiene voluntad de mantener sus aportes previsionales en su país de origen y contar con un régimen de previsión o seguridad social en Venezuela; que está afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; que mientras ha trabajado en Chile ha cotizado en la Administradora de Fondos de Pensiones PLAN VITAL S.A.; que solicitó de la recurrida, a través del portal web www.planvital.cl, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley 18.156; y que con fecha 26 de septiembre último la recurrida le contestó negativamente por correo electrónico, basando su rechazo en que a su solicitud.

DÉCIMOPRIMERO: Que, al respecto, es preciso tener presente que el artículo 7º de la ya individualizada Ley N° 18.156 establece que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

En conexión con dicha norma, su artículo 1º prescribe que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

DÉCIMOSEGUNDO: Que, cabe consignar que, tal como lo ha señalado al Excma. Corte Suprema (Roles 30.015-2019;79.396-2019 y 28.881-2022), no debe constreñirse lo dispuesto en la Ley N° 18.156 únicamente a los convenios entre empleadores y trabajadores regidos por el Código Laboral, pues si aquella hubiese sido la intención del legislador, lo habría señalado expresamente, en circunstancias que dispone como única limitación la estipulada en el inciso final del artículo 1 de la Ley N° 18.156, sobre riesgos de accidentes de trabajo y enfermedad profesionales previstos en la Ley N° 16.744.

Adicionalmente, se ha sostenido que una interpretación como la planteada por la recurrida, supondría una interpretación excesivamente literal y formalista de la norma, desatendiendo a su finalidad y a la intención del legislador. El aceptarla importaría, al menos para este caso particular, una retención injustificada de los fondos previsionales de la actora, quien debería esperar hasta cumplir los requisitos establecidos en el Decreto Ley N° 3.500 para obtener alguna de las pensiones establecidas en dicho cuerpo normativo, lo que no parece razonable si existe una regulación especial que le permite disponer de sus ahorros previsionales, como es el caso de la Ley N° 18.156….”.

DÉCIMOTERCERO: Que en consecuencia, con los documentos acompañados se puede acreditar que la recurrente cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, acreditando su voluntad de mantener sus aportes previsionales en su país de origen y contar con un régimen de previsión o seguridad social en Venezuela, de manera que para los efectos legales, son prueba suficiente y apta para acreditar los requisitos señalados en el artículo 1° de la Ley 18.156, por lo cual tiene fuerza vinculatoria para la Administradora de Fondos recurrida, en orden a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la misma ley y a la petición del recurrente.

DECIMOCUARTO: Que, en conclusión, la negativa de la recurrida de entregar a la actora los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta el derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales, reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, toda vez que aquél cumple todas las exigencias que hacen procedente el derecho a obtener su restitución de tales dineros, previstas en los artículos 1 y 7° de la Ley N°18.156; por lo que el recurso debe ser acogido en la forma en que se dirá en la parte resolutiva de la sentencia.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad formulada por la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección intentado por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PLAN VITAL S.A., debiendo la recurrida pronunciarse derechamente, en el plazo de 15 días, sobre la petición de devolución de los fondos previsionales cotizados por la actora durante el tiempo que trabajó en Chile, considerando lo consignado en los fundamentos Decimotercero y Decimocuarto de este fallo.

Dese oportuno cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 14 del mencionado Auto Acordado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Jordán.

Rol N° 19.250-2024. Protección.