nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Concepción Concepción, once de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En estos autos Rol Corte 19139-2024 comparecen doña nombre reservado, chilena, dueña de casa, con domicilio en domicilio reservado, casa interior, Valle Nonguén, Concepción, y su cónyuge, nombre reservado, chileno, agricultor, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, de la comuna de Florida, deduciendo recurso de protección en contra de nombre reservado, chileno, agricultor, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de Florida.

Refieren que junto al recurrido conforman una comunidad hereditaria respecto del inmueble rural denominado Parcela El Mingocho, ubicado en el nombre reservado, de la comuna de Florida, tal como se desprende del fallo de 28 de febrero de 2024 dictado en la causa civil Rol 1625-2022 de esta Corte, cuyo origen son los autos sobre oposición a la regularización de posesión de acuerdo al D.L. 2.695, causa Rol C-36-2021 del Juzgado de Letras y Garantía de Florida, caratulada “nombre reservado/nombre reservado”, y que deriva del inmueble cuya cabida original era de 36 hectáreas aproximadamente.

Luego de explicar en su recurso la historia sucesoria del predio en cuestión, concluyen que al recurrido le corresponden 17,92 hectáreas más o menos, lo que él mismo reconoció ante la Seremi de Bienes Nacionales de la Región del Biobío al solicitar regularizar 18 hectáreas aproximadamente, no obstante, en los hechos, se está apropiando de forma arbitraria, ilegal, unilateral y violenta, de aproximadamente 2 hectáreas, las que indican pertenecerles a ellos y que corresponden específicamente, por una parte, al inmueble que se adjudicó doña nombre reservado, en la partición de la herencia de su abuela, y por otra parte de lo que su cónyuge, don nombre reservado adquirió con posterioridad para acrecentar ese predio y ser propietarios en común de un inmueble más grande.

Hacen presente que el inmueble de marras no cuenta con una inscripción formal producto del incendio que sufrió el Conservador de Bienes Raíces de Florida y que, asimismo, en el mes de junio de 2000 se procedió a medir los predios con el fin de determinar los deslindes entre las partes, medición que éste no quiere respetar ni quiere realizar una nueva.

Añaden que el recurrido ha ejercido violencia física, verbal y psicológica para apropiarse de una parte del terreno que no le corresponde. Así, el 14 de agosto de 2020, comenzó a levantar un tramo de cerco de alambre de púas dentro del predio de su propiedad, apropiándose de aproximadamente 2 hectáreas y al ser consultado por sus actos éste golpeó la mano izquierda del hijo de los recurrentes, causándole una lesión menor. Además, señalan que el recurrido realizó una tala indiscriminada de bosque nativo de propiedad de los recurrentes en el año 2020, hecho que fue denunciado el 30 de enero de 2021 a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), institución que, a su vez, con fecha 01 de julio de 2021, efectuó la correspondiente denuncia ante el Juzgado de Policía Local de Florida, dando origen a la causa Rol N°681-2021 en actual tramitación.

Explican que el recurrido continuamente manipula, modifica y mueve el tramo de cerco que levantó de forma ilegal, unilateral, violenta y arbitraria, siendo un verdadero acto de autotutela proscrito por nuestro ordenamiento jurídico, afectando de esta forma las garantías constitucionales consagrada en el artículo 19 N° 1, 3 inciso 5° y 24 de la Constitución Política de la República, ocasionándoles daños de distinta índole y naturaleza, tanto psíquicos, emocionales, físicos y económicos, impidiéndoles desarrollar sus vidas de forma tranquila.

Por tales motivos, solicitan se acoja el presente recurso de protección ordenando al recurrido retirar y/o derribar el tramo de cerco que lleva construido, así como la línea de alambre de púas que tiene instalada en el predio de su propiedad, ordenando realizar todo otro trabajo que sea necesario para construir un nuevo y completo cerco de alambre de púas en los deslindes reales, tales como medir nuevamente los predios adjudicados a ambas partes, levantar un plano y construir un nuevo cerco de conformidad con lo que le corresponde a cada comunero, en el plazo que se fije al efecto; ordenando además, que el recurrido se abstenga en lo futuro de volver a efectuar actos que importen y/o impidan afección directa a los derechos conculcados, y/o lo que esta Corte estime pertinente conforme a derecho, todo ello con expresa condenación en costas.

A folio 13, informó el recurrido nombre reservado, señalando que es efectivo que junto a los actores y el resto de los herederos forman parte de la comunidad hereditaria, conforme a los deslindes que se demarcaron hace más de 30 años, respecto a los cuales se ha realizado saneamiento de los títulos por Bienes Nacionales a través del Decreto 2695, sin existir oposición en su momento de los otros comuneros.

Sin embargo, en la actualidad el único bien de la sucesión, esto es, inmueble rural denominado Parcela El Mingocho -en comunidad con los recurrentes- existen inconvenientes en las porciones que preliminarmente habían fijado para un saneamiento de títulos.

Dice que es efectivo que intentó sanear su porción de terreno conforme al Decreto Ley 2695, a cuyo procedimiento se opuso la parte recurrente, dando origen a causa rol C-36- 2021 del Juzgado de Letras y Garantía de Florida, causa en la que posteriormente esta Corte resolvió acoger la oposición, y rechazar ambas regularizaciones, señalando, en síntesis “…que el oponente tiene igual derecho que el solicitante, esto es, que reúne los requisitos señalados en el artículo 2 del DL 2695, respecto de todo el inmueble poseído en comunidad…” y “… que ambos comparten igual calidad jurídica sobre el retazo en general, y no existen antecedentes suficientes para identificar la posesión material del oponente, así como tampoco la del solicitante, cuestión que resultaba necesario dilucidar para la debida resolución del asunto controvertido”.

Respecto a las actos denunciados en este recurso como arbitrarios e ilegales, señala que estos son actos de conservación, permitidos por la ley conforme al denominado “mandato tácito y recíproco” según se desprende de los artículos 2078, 2081 y 2305 del Código Civil, en este caso, para salvaguardar el haber común, pues según las fotografías acompañadas por la contraria se aprecian los viejos alambres de púas, dando cuenta que no existe modificación alguna de los límites, sino simplemente la de los mismos.

Desconoce las agresiones u hostigamientos denunciados por los recurrentes, haciendo presente que ha sido él quien fuera atacado con anterioridad por la recurrente y su familia, conforme a resolución de fecha 25 de febrero de 2014, en causa RIT 163-2013 del Juzgado de Letras y Garantía de Florida, aduciendo padecer diversos problemas médicos que le impiden su movimiento de la forma que los recurrentes plantean.

En cuanto a la tala de árboles, tal como lo menciona la recurrente es asunto que se encuentra en tramitación en el Juzgado de Policía Local de Florida, por lo que su alegación es impertinente y extemporánea al presente recurso, no siendo un acto continuo en el tiempo y cuyo conocimiento se encuentra radicado en el respectivo tribunal.

En síntesis, afirma que no existe vulneración de derechos fundamentales de la recurrente, tampoco un derecho indubitado o exclusivo de ésta y que la materia sobre la cual versa está acción excede los términos del recurso de protección, siendo necesario un juicio de lato conocimiento, o en subsidio, que los recurrentes utilicen las vías que el derecho ha determinado al efecto como es un juicio de partición.

Pide se rechace el recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina, la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas.

SEGUNDO: Que el acto estimado ilegal y arbitrario, consiste en el hecho que el recurrido se habría apropiado de 2 hectáreas aproximadamente, ejerciendo violencia física, verbal y psicológica, al levantar un tramo de cerco de alambres de púa y talarlo indiscriminadamente, todo respecto de un inmueble del cual son comuneros.

TERCERO: Que, el recurrido señala que es efectivo que junto a los actores y al resto de los herederos, forman parte de comunidad hereditaria, que recae sobre el predio rural denominado Parcela El Mingocho, ubicado en el nombre reservado, de la comuna de Florida, respecto del cual existen inconvenientes en las porciones que preliminarmente habían fijado para saneamiento de título.

CUARTO: Que, tratándose en la especie de una acción cautelar de protección, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, corresponde primeramente establecer si se ha incurrido en una acción u omisión ilegal o arbitraria, para posteriormente discernir si dicho acto u omisión vulnera o amenaza de algún modo un derecho constitucional de quien se estima afectado. Se trata de establecer si ha existido un acto por parte del recurrido, que sea idóneo para amagar o vulnerar los derechos señalados por quien recurre, en términos tales que hagan procedente la adopción de las medidas propias del recurso de protección a su respecto.

QUINTO: Que, de las alegaciones plasmadas en sus escritos fundamentales, y de los antecedentes acompañados, no cabe sino concluir que, las partes conforman una comunidad hereditaria que recae sobre el inmueble respecto del cual se denuncian actos arbitrarios e ilegales. De esta forma tanto recurrentes como recurridos, detentan la calidad de coherederos, situación jurídica que se mantiene hasta la fecha.

Sin embargo, el procedimiento a que da lugar la acción de protección, de naturaleza breve y concentrada, en modo alguno constituye una sede jurisdiccional declarativa de derechos, y por el contrario, ha sido instituida por el constituyente para adoptar en forma precisa e inmediata, las medidas de resguardo necesarias para restablecer el imperio del derecho, respecto de quien arbitraria o ilegalmente se ha visto privado del ejercicio de un derecho constitucional previamente vigente, indiscutido o indubitado, y que ha sido vulnerado o amagado por aquel en contra de quien se recurre.

SEXTO: Que en consecuencia, en la especie se trata de una contienda que excede los términos posibles de discutir y resolver en el marco de la presente acción cautelar, desde que las proposiciones fácticas que constituyen el litigio, exceden con mucho el ámbito de acción que al recurso de protección le corresponde, existiendo otro tipo de acciones jurisdiccionales, declarativas y de lato conocimiento, que en el marco de un proceso contradictorio y legalmente tramitado, permiten resolver, con conocimiento de causa y con posibilidad de apreciar y valorar las pruebas presentadas por las partes, la cuestión que en el recurso se plantea, que en lo esencial dice relación con la división de la comunidad hereditaria o eventuales saneamiento de títulos, materias que en general, por incidir en temas patrimoniales, dicen relación más bien con una jurisdicción especializada de carácter civil.

De esta manera, siendo concebido el recurso de protección sin perjuicio de otros derechos, y teniendo presente las exposiciones y fundamentos de las partes, corresponde el rechazo de la acción cautelar intentada, al no ser ésta una vía idónea para resolver una cuestión como la actualmente controvertida entre las partes.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y por el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección intentado por nombre reservado y nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra suplente María Alejandra Ceroni Valenzuela.

N°Protección-19139-2024.