nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Concepción rtp Concepción, catorce de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte N° 19069-2024, comparece deduciendo recurso de protección la abogada Cynthia Viviana Yañez Vasquez, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, Rut RUT reservado, maestro segundo, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, Chiguayante, e interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, Rut N°RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, con sucursal en domicilio reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por doña nombre reservado, ingeniera comercial, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Santiago de Chile.

Funda su recurso señalando en primer término que éste ha sido interpuesto dentro del plazo establecido en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, toda vez que el último acto ilegal y arbitrario en contra del que reclama fue notificado a la recurrente el 03 de Septiembre del año 2024.

Relata que el 1 de febrero pasado el recurrente firmó contrato de trabajo con la empresa Vial y Vives- dsd S.A., y luego de una prorroga en la fecha de término, las partes acordaron modificar EL contrato de trabajo a plazo fijo por contrato de trabajo por obra o faena determinada por una vigencia hasta el término de avance del 90,88%, sin acordar una fecha cierta que le dé término al contrato.

Expone que el 29 de abril de 2024 el recurrente asiste a consulta médica, Y conforme señala el médico tratante nombre reservado, presenta “cuadro clínico caracterizado por insomnio, cansancio, falta de concentración, contractura muscular, llanto, tristeza, disminución del apetito, fatiga, palpitaciones, reflejos impulsivos por salir corriendo, intranquilidad, pensamientos negativos a repetición, ansiedad por fumar, opresión torácica, con 2 a 3 semanas de evolución al momento de la atención”, por lo que se le extiende LA licencia médica folio 3-101960840, además de prescribirle tratamiento farmacológico y derivación a psicólogo. Señala que aquella licencia fue aprobada por la COMPIN y posteriormente pagada por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Posteriormente el recurrente, y por el mismo diagnóstico, se le extienda nueva licencia folio 3-102732647, emitida por el mismo médico tratante por 15 días, desde el 21-05-2024 hasta el 24-06-2024, licencia médica que fue nuevamente autorizada por la COMPIN, y existiendo orden de pago la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes no genera subsidio y por tanto no realiza el respectivo pago al recurrente. Por aquella decisión apeló ante la Superintendencia de Seguridad Social, quien por resolución exenta R-01-UJU-136051-2024 de 27 de agosto de 2024 ordenó a la COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO - SUBCOMISIÓN CONCEPCIÓN, modificar su resolución en el sentido de rechazar las licencias médicas continuas Nos. 3-101960840 y 3-102732647, por cuanto la primera de ellas se emite el mismo día de la desvinculación, y por los mismos fundamentos, confirmó lo obrado por la C.C.A.F. Los Andes, en orden a que no procede pagar los subsidios. Estima que aquella resolución fue emitida en forma arbitraria e ilegal ya que solo se estableció como hecho cierto lo mencionado por la entidad pagadora sin solicitar información que acredite los hechos.

Luego, la misma Superintendencia por resolución exenta N° R-01-UNAAD-140802-2024 de 3 de septiembre pasado resolvió, en síntesis, instruir a la COMPIN para que ésta modifique su resolución en el sentido de rechazar las licencias continúas Nos. 3-101960840 y 3-102732647 por cuanto la primera de ellas, se emite el mismo día de la desvinculación, dejando de tener el interesado la calidad de trabajador, confirmando además lo obrado por la C.C.A.F. Los Andes.

Expone que el recurrente al presentar su primera licencia el 29 de abril pasado contaba con un contrato que no tenía una fecha de término cierta, toda vez que se trataba de un contrato de trabajo por obra o faena determinada por una vigencia hasta el término de avance del 90,88%, y siendo así, estima que el recurrente tenía la calidad de trabajador de la empresa Vial y Vives- dsd S.A. Dice que si bien existe un finiquito de trabajo de 30 de abril de 2024, de aquel finiquito el recurrente no tuvo conocimiento sino hasta que se lo informaron telefónicamente el 2 de mayo del año en curso, además se trata de un finiquito que ni siquiera ha firmado ante un ministro de fe, informándole que había sido firmado por el sindicato sin su autorización.

Continúa señalando que la COMPIN autoriza ambas licencias médicas y ordena a la entidad pagadora genere el subsidio, conforme al artículo 15 del D.F.L. N°44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que dispone que se puede autorizar la licencia médica presentada por un trabajador cesante, cuando esta sea la continuación de otra licencia médica de que hacía uso desde antes del término de la relación laboral, entendiéndose que es continuada cuando se ha otorgado sin solución de continuidad y por el mismo diagnóstico.

Acusa que la discrepancia entre las entidades públicas intervinientes ha perjudicado la salud mental del recurrente, lo que se suma a su diagnóstico y a la falta de recursos económicos para sus necesidades básicas, vulnerando de esa forma los derechos establecidos en la ley 21.331 como los derechos establecidos en el artículo 19 N°1, 9 y 24 de la Constitución Política de la República. Tilda, además, el acto recurrido como ilegal, ya que infringe los artículos 3, 16, y 41 de la Ley N°19.880 sobre Procedimientos Administrativos, en lo relativo a la motivación de los actos administrativos, y el artículo 16 del D.S N°3 del año 1984 del Ministerio de Salud, al ser un acto administrativo infundado desde el punto de vista técnico y fáctico.

Recalca que se trata de resoluciones que carecen de la debida fundamentación y motivación, requisito de todo acto administrativo y no tiene base técnica para su rechazo, puesto que el recurrente tenía al momento de presentar su primera licencia la calidad de trabajador. Añade que teniendo los mismos antecedentes a la vista con los que previamente la COMPIN autoriza la primera licencia médica y esta es pagada por la entidad correspondiente, se adopta posteriormente una decisión arbitraria por parte de SUESO al rechazar las licencias que cuestiona.

En relación a la vulneración del derecho de propiedad del recurrente, afirma que el no pagar el subsidio por incapacidad laboral siendo procedente hacerlo violenta el patrimonio del recurrente, privándolo de su remuneración a la que tiene derecho como trabajador.

En relación al derecho del artículo 19, N°9 de la Constitución Política de la República, el recurrente sólo se limita a citar la norma.

Respecto al derecho garantizado en el N°1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, señala no se le está permitiendo una adecuada recuperación de su enfermedad, y alterando su salud mental al tener que buscar por medio de las herramientas jurídicas una solución para el no pago de sus licencias médicas en forma adecuada.

Pide que se acoja el recurso de protección en todas sus partes a fin de que esta Corte restablezca el imperio del derecho y asegure la debida protección de los derechos y garantías constitucionales transgredidas, y en definitiva ordenar que se declare como arbitrario e ilegal los actos descritos; se determine que la parte recurrida deba efectuar el pago de las licencias médicas; que se ordene a la recurrida el pago de las licencias médicas adeudadas y que se condene en costas a la parte recurrida.

Informó el abogado Francisco Ortega Bello, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, alegando en primer término la improcedencia de la acción de protección por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos antecedentes.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo y señala que nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad y tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud transitoria, existe el beneficio denominado licencia médica regulado en el D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984.

Agrega que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras y es aquel ente al que le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Arguye que a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por ese cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario. Hace presente que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, así, para tener derecho al subsidio, según lo dispone el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se requiere una Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN) y el cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral.

Relata que el recurrente reclamó el 04 de marzo, apelando en contra de la Caja de Asignación de Compensación Familiar Los Andes, la que había pagado el subsidio derivado de la licencia médica N° 3 102732647-8. En razón de aquello la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes informó que dispuso de los procedimientos administrativos habituales para la tramitación en la COMPIN Región Metropolitana, para las licencias médicas N°s. 3-101960840 y 3-102732647. Luego se recepcionó por parte de la referida COMPIN, la resolución de autorización, para la licencia N° 3-102732647 no obstante, esa institución no generó el respectivo subsidio, debido a que el señor nombre reservado se encontraba sin vínculo laboral desde el 30 de abril de 2024. Asimismo señaló que la licencia médica inmediatamente anterior N° 3-101960840, debido a que esa entidad no contó oportunamente con la información de la situación contractual del requirente, generó el respectivo subsidio, el cual fue pagado con fecha 15 de mayo de 2024, a través de transferencia electrónica, a la cuenta vista del Banco Estado del recurrente.

Explica que de la definición de licencia médica se desprende que ésta tiene dos objetivos, permitir la ausencia justificada al trabajo y el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral, finalidades que resultan improcedentes en el caso de un trabajador que no tenga un vínculo laboral vigente. Excepcionalmente y conforme el artículo 15 del DFL N°44 de 1978, se puede autorizar una licencia médica de un trabajador cesante cuando ésta sea la continuación (solución de continuidad) de otra licencia médica de que hacía uso desde antes del término de la relación laboral.

Afirma que no corresponde otorgar una licencia médica a un trabajador cesante y, en la especie, en virtud de lo antecedentes expuestos y considerando que el emitirse la indicación de reposo, el 30 de abril de 2024, el interesado no contaba con vínculo laboral vigente, no tenía que justificar ausencia laboral ni remuneración que reemplazar. Añade que la Caja de Compensación deberá solicitar al interesado la restitución del subsidio que pagó indebidamente.

Sostiene que por lo antes expuesto ese Servicio instruyó a la COMPIN Región Metropolitana, el rechazo de las licencias médicas antes singularizadas, por falta de vínculo laboral. Asimismo, se instruyó a la C.C.A.F. de Los Andes solicitar al reclamante la restitución del subsidio que pagó, e informar que conforme a lo dispuesto por el artículo 3° del D.L. N° 3536, de 1981, lo que consta en la Resolución Exenta N° R-01-UJU-104868-2024, de 02 de julio de 2024.

Continúa señalando que el recurrente el 26 de julio de 2024 se presenta por segunda reclamando nuevamente por el pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de la licencia N° 3-102732647. Señala que C.C.A.F. Los Andes, mediante Carta N°3709/2024, informa que recepcionó y dispuso los procedimientos administrativos habituales para la tramitación en la COMPIN Metropolitana Central, posteriormente, esa institución recibió la resolución de autorizase por parte de dicha COMPIN, para la licencia, no obstante, esa entidad no generó el respectivo subsidio, debido a que el recurrente se encontraba sin vínculo laboral desde el 30 de abril de 2024. Detalla que debido a que esa entidad no contó oportunamente con la información de la situación contractual del requirente, pagó el subsidio correspondiente.

Refiere que revisado el revisado el Maestro de licencias Médicas, de FONASA, se advierte que, la licencia reclamada, se emite sin solución de continuidad y por el mismo diagnóstico de la licencia N° 3-101960840, pero esta última, si bien prescribe iniciar reposo antes de la fecha de desvinculación, esto es, el 29-04-2024, consta del formulario de licencia que fue emitida con fecha 30-04-2024. Añade que conforme a los antecedentes proporcionados por la C.C.A.F., es posible concluir que la relación laboral del interesado con la empresa Vial y Vives S.A., se extendió hasta el 30 de abril de 2024 y que las licencias médicas continuas Nos. 3-101960840 y 3-102732647, si bien prescriben iniciar reposo el 29 de abril de 2024, esto es, antes del término de la relación, la primera de ellas, se emite el mismo día de la desvinculación. Hace presente que, aun cuando se acompañó copia de certificado médico emitido por el médico nombre reservado quien explica que por la sintomatología del paciente al momento de la atención médica hay un error del día del ausentismo laboral, y afirma que es un hecho indiscutible, que se emitió el 30 de abril del presente año.

Indica que por lo expuesto ese Servicio resolvió confirmar lo obrado por la Citada C.C.A.F., lo que consta en la Resolución Exenta N° R-01-UJU-136051-2024, de 27 de agosto de 2024, resolución que fue rectificada por la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-140802-2024, debido a que se individualizó erróneamente a una COMPIN distinta a la respectiva.

Finalmente señala que de la revisión de los antecedentes, en especial, el finiquito de trabajo, el formulario de licencia médica y el Listado Maestro de Licencias Médicas Fonasa, es posible concluir que el recurrente mantuvo vínculo laboral con su empleador VIAL Y VIVES-DSD S.A., hasta el 30 de abril de 2024; el médico tratante del Sr. nombre reservado emite la licencia médica N° 3 101960840-5, por 21 días, a contar del 30 de abril de 2024; a la fecha de su desvinculación, el recurrente no se encontraba con reposo laboral previo. En consecuencia, señala no existiendo licencias médicas emitidas en favor del trabajador con anterioridad a la fecha de su desvinculación, que sean continuas en tiempo y diagnóstico a las presentadas a contar del 30 de abril de 2024, no es posible acceder a lo reclamado, debido a que, a esa fecha, el trabajador no mantenía vínculo laboral vigente y, por tanto, no existía ninguna remuneración que reemplazar.

Afirma que por lo informado se debe descartar cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de su defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen detalladamente las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado.

Insta a que el recurso sea desestimado en todas sus partes, con costas.

Informó nombre reservado, presidente regional COMPIN Región del Biobío quien indica que en relación a la licencia médica N°1-101960840 emitida el 30 de abril de 2024 se encuentra gestionada en COMPIN Metropolitano y actualmente dicha licencia se encuentra autorizada medicamente y derivada a la Caja de Compensación Los Andes para la validación de los requisitos de pagos de subsidios.

En cuanto a la licencia médica N°3-102732647, correspondiente al periodo del 21 de mayo de 2024 al 04 de junio de 2024, se encuentra gestionada por la COMPIN de esta ciudad, la que inicialmente fue autorizada el 24 de mayo pasado. Explica que luego, por resolución exenta N°R-01-UJU-104868-2024 la Superintendencia de Seguridad Social instruye a la COMPIN Metropolitana el rechazo de la licencia médica N°1-101960840 por falta de vínculo laboral. Además por resolución exenta N°R-01-UJU-136051-2024, la misma Superintendencia instruye el rechazo de las licencias médicas N°1-101960840 y 3-102732647, por cuanto la primera de ellas fue emitida el mismo día de la desvinculación del trabajador, por lo que éste no detenta la calidad de trabajador dependiente, confirmando lo obrado por la Caja Los Andes. Por lo anterior, afirma, que en cumplimiento de lo ordenado por la SUSESO, el 3 de septiembre de 2024 se cumple lo ordenado y se rechaza la licencia médica N°3-102732647, sin existir a la fecha nuevos antecedentes aportados por el trabajador o la SUSESO que hagan variar lo resuelto.

Finalmente sostiene que su representada ha actuado según las facultades otorgadas en el reglamento de autorización de licencias médicas.

Informó nombre reservado, en su calidad de mandatario judicial del Secretario Regional Ministerial De Salud De La Región Metropolitana y a su vez en representación de la Comisión De Medicina Preventiva E Invalidez Región Metropolitana quien señala que la licencia médica Nº 3-101960840 que corresponde a esa COMPIN, se encuentra autorizada, por lo que estima el recurso de protección contra la citada licencia ha perdido oportunidad procesal. Respecto a la Licencia Médica Nº 3-102732647, esta le corresponde informar a la COMPIN REGIÓN BIO-BIO.

Informo la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien luego de explicar el contexto normativo sobre la tramitación y pago de licencias médicas por parte de las Cajas de Compensación, indica que esa Caja de Compensación recepcionó y dispuso los procedimientos administrativos habituales para la tramitación en la COMPIN Regional Metropolitana, para las licencias médicas N°3-101960840 y 3-102732647. Agrega que luego se recepcionó de parte de dicha COMPIN la resolución que autoriza la licencia N°3-101960840. Añade que debido a que esa entidad no contó oportunamente con la información del término de la relación laboral al 30 de abril de 2024, para la empresa VIAL Y VIVES DSD S.A. generó el respectivo subsidio, el cual fue pagado de forma indebida el 15 de mayo de 2024, a través de transferencia electrónica, a la cuenta vista de Banco Estado que mantiene el recurrente.

Con respecto a la Licencia N°3-102732647, se recepcionó por parte de la referida COMPIN, la resolución de rechazase, por el motivo: “Licencia Mal Extendida”.

Destaca que la licencia N°3-101960840, fue extendida por el médico tratante con el 30 de abril de 2024, es decir el mismo día del finiquito.

Insta al rechazo de la acción de protección incoada en contra de Caja de Compensación Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta en relación con los hechos expuestos.

Informó el abogado Felipe Ignacio Cavallo Pérez-Iñigo, en representación de Vial y Vives – DSD S.A., e indica que el contrato de trabajo con el recurrente nombre reservado y su representada se encuentra terminado desde el 30 de abril del presente año.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN ALEGADO 1°) Que, en la especie se ha deducido recurso de protección en contra de la SUSESO y C.C.A.F. Los Andes, por no haber autorizado el pago de las licencias médicas singularizadas en la presentación, por lo que cabe desde luego hacer notar que no lleva la razón la Superintendencia recurrida al sostener la improcedencia de la acción conservativa enderezada (por las razones sintetizadas en lo expositivo de este fallo), desde que lo que se reclama como conculcado no resulta ser la protección del derecho que se garantiza en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sino de aquellos que más arriba fueron indicados y que sí son amparados por la presente acción constitucional.

II. EN CUANTO AL FONDO:

2°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto 3°) Que el acto que se alega como arbitrario o ilegal, en la especie consiste en la RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-UJU-136051-2024, de fecha 27 de agosto de 2024, rectificada por la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNAAD-140802-2024, de 03 de septiembre de 2024, de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, que resolvió instruir a la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA y a la COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO - SUBCOMISIÓN CONCEPCIÓN, modificar su resolución en el sentido de rechazar las licencias médicas continuas Nos. 3-101960840 y 3-102732647, respectivamente, por cuanto la primera de ellas, se emitió el mismo día de la desvinculación, dejando de tener el interesado la calidad de trabajador. Y, asimismo, por los mismos fundamentos, resuelve confirmar lo obrado por la C.C.A.F. Los Andes, en orden a que no procede pagar los subsidios correspondientes a las antedichas licencias médicas.

Por lo anterior, se pide declarar que los actos de la recurrida importan la violación de las garantías constitucionales contenidas en los N° 1, 9 y N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ordenando a la recurrida el pago de las licencias médicas, con costas.

4°) Que, por su parte, la Superintendencia recurrida, alega, que se limitó a resolver la situación de la parte recurrente, dentro del ámbito de su competencias, y que en el dictamen reprochado, se exponen detalladamente las razones por las cuales se llegó a la decisión en ella contenida y a la que se arribó luego del estudio y ponderación de los elementos que se ha señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en ese Organismo de Control.

En tanto la segunda de las recurridas - C.C.A.F. Los Andes- arguye que de acuerdo con el cuerpo normativa por la que se rige, para los beneficiarios tengan derecho al pago del Subsidio por Incapacidad Laboral, deben concurrir copulativamente tres requisitos: 06 meses de afiliación a un régimen previsional, reunir en ese mismo lapso a lo menos 03 meses de cotizaciones y contar con una licencia médica autorizada por la COMPIN, cuestión esta última, que acorde a lo resuelto por la SUSESO, no se cumple en el especifico caso.

5°) Que, en la especie, de acuerdo a lo expresado por las partes en sus presentaciones y del mérito de los documentos acompañados, consta que, a través de la Resolución Exenta N°R-01-UJU-136051-2024, de 27 de agosto de 2024, rectificada por la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-140802-2024, de 03 de septiembre último, emitida por la SUSESO, en efecto, se rechazan las licencias médicas números 3-101960840 y 3-102732647, por cuanto el usuario a la fecha de la emisión de la primera de ellas, esto es el 30 de abril de 2024, había sido desvinculado laboralmente ese mismo día, por lo que no contaba con un vínculo laboral vigente al momento de emitir la licencia médica, lo mismo que acontece con la segunda licencia de 11 de mayo de 2024.

6°) Que de la manera referida, constando de los antecedentes que la decisión de la recurrida se funda en la ausencia de una relación laboral entre la recurrente y su anterior empleadora, lo cual se comprueba con los antecedentes acompañados, en especial de las fechas de emisión de las licencias cuestionadas, la fecha de firma del finiquito que rola entre los medios de acreditación, que apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica permiten colegir lo afirmado en la resolución que motiva el presente recurso. Lo que no se ve desvirtuado por la circunstancia que la primera de las licencias médicas sea de la misma fecha que el finiquito, como lo reafirma la Circular N° 3778, de 12 de octubre de 2023, de la Superintendencia de Seguridad Social, que en su apartado X, punto 2, inciso tercero, dispone: "Se debe rechazar la respectiva licencia médica cuando está ha sido emitida el mismo día de término de la relación laboral o bien posteriormente, aun cuando la fecha de inicio de reposo sea anterior a la fecha de término de la relación laboral. En estos casos el interesado deja de tener la calidad de trabajador, por lo que no tiene que justificar ausencia ni remuneración que reemplazar, desde la fecha que el empleador le comunica del término de los servicios".

7°) Que, en consecuencia, lo anterior motiva a decidir que, teniendo presente la naturaleza de la acción de protección, que no es en sí declarativa de derechos, sino que supone para su plausibilidad de la concurrencia de un derecho indubitado que no se da en la especie, procede concluir que la autoridad recurrida y la Caja de Compensación también recurrida, han actuado dentro de sus facultades y obligaciones legales y reglamentarias, especialmente aquellas establecidas en el DFL N° 1, de 2005 del Ministerio de Salud, el Decreto N°3 también del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento de Autorización de licencias Médicas, y el D.F.L. N° 44 Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en un caso previsto al efecto por la ley, lo que descarta una actuación arbitraria o ilegal, sino el ejercicio de las facultades y obligaciones que, en este ámbito, le competen, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos.

8°) Que, en atención a lo previamente razonado, no existiendo un acto u omisión arbitrario o ilegal que enmendar, la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada Cynthia Viviana Yáñez Vásquez, en representación de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Caja de Compensación de Asignación familiar de los Andes.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra suplente Jimena Cecilia Troncoso Sáez N°Protección-19069-2024.