nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

C.A. de Concepción rtp Concepción, veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte N° Protección 19.066-2024, comparecen los abogados Germán Ignacio Correa Robles y Katerin Nicol Strange González, en representación de don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, chileno, soltero, pensionado, domiciliado en domicilio reservado, e interponen recurso de protección en contra de la Superintendencia De Seguridad Social (SUSESO), por el actuar que estima arbitrario e ilegal en que ha incurrido la recurrida en Resolución Exenta N° R-01-IBS-134926-2024.

Señalan que el 26 de agosto del presente año la Superintendencia de Seguridad Social emitió resolución exenta N°R-01-IBS-134926-2024 en las que confirma el rechazo de dos licencias médicas del recurrente.

Explican que su representado tiene 53 años, es pensionado portuario y se le ha diagnosticado depresión grave, iniciando tratamiento psiquiátrico y farmacológico con Escitalopam y Eszopiclona. Indican que como consecuencia del rechazo de las licencias médicas la situación del recurrente se ha tornado crítica y le ha generado severas consecuencias económicas y en su salud mental.

Relata que las licencias relatadas son la N°97567752-4, otorgada el 10 de enero pasado y que prescribe reposo terapéutico con fecha de inicio el 12 de enero hasta el 1 de febrero de 2024 y la licencia N°98326178-7, otorgada el 29 de enero pasado, el reposo que indica tiene como inicio el 2 de febrero al 22 de febrero, ambas de 2024. Agregan que una vez le informaron del rechazo de ambas licencias, el recurrente reclamó e interpuso las apelaciones correspondientes, primero ante la COMPIN y posteriormente ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que por resolución exenta N°R-01-IBS-134926-2024 de 26 de agosto de 2024 confirmó el rechazo de las licencias médicas N°97567752-4 y N°98326178-7, señalando que estudió los antecedentes y con su mérito concluyo que el reposo prescrito por las licencias no se encontraba justificado, conclusión que se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 84 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Agregan que los antecedentes no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión del reposo, no certifica ingreso a programa de salud mental o psicoterapia con informe de proceso.

Hacen presente que en este recurso se adjuntan tres informes médicos emitidos por el especialista médico psiquiatra nombre reservado de enero, marzo y julio del presente año, en los que se expresa la necesidad de la licencia médica y el tratamiento farmacológico y psicológico al que fue sometido el recurrente, informes que fueron aportados en su momento y se tuvieron a la vista al momento de resolver los reclamos ante la SUSESO. En el reclamo de 24 de febrero pasado se acompañó el informe de 24 de enero de 2024 del médico tratante antes individualizado, ante ese reclamo la SUSESO rechazó las licencias médicos por resolución exenta N°R-01-UNAAD-47692-2024. En un nuevo reclamo, de 3 de abril de 2024, acompañó un segundo informe de 25 de marzo de 2024, del mismo médico, nuevamente la SUSESO rechaza el pago de ambas licencias por resolución exenta N°R-01-IBS-109469-2024. Finalmente el recurrente vuelve a ingresar reclamo, acompañando un tercer informe de 15 de julio, emitido por el mismo médico, reclamo que resuelve la SUSESO por resolución exenta N°R-01-IBS-134926-2024 de 26 de agosto pasado, resolución que origina este recurso.

Hacen presente que al momento del rechazo de las licencias, el recurrente se encontraba desempeñando labores de trabajador portuario, actualmente ya no se encuentra trabajando, sino que es pensionado y su evolución durante el periodo de reposo ha sido favorable ya que logró la reinserción en sus actividades, por lo que la licencia médica de 29 de enero pasado sería la última.

Sostienen que las licencias médicas rechazadas y cuestionadas en este recurso fueron rechazadas por la COMPIN y la SUSESO sin que el recurrente fuera sometido ni siquiera a un peritaje para determinar la pertinencia de autorizar o no aquellas licencias. Agrega que la decisión de rechazar las licencias médicas no se apoya en ningún elemento de convicción objetivo que lleve a estimar racionalmente que el reposo ordenado por el médico no se encuentra justificado, carencia que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquella se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y atender la razón por la cual se le niega el derecho a dicho reposo. En atención a lo anterior, estiman que el rechazo es una decisión arbitraria ya que existen antecedentes suficientes, avalados por informes suscritos por un especialista en el área que indican la necesidad y los motivos del reposo prescrito.

Explican que el supuesto de ilegalidad y arbitrariedad en el acto se presenta en este caso conforme a la Constitución Política de la República, en su artículo 6, que consagra el principio de legalidad y juridicidad de los órganos del Estado, principio que se reitera en la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, este es, la sumisión estricta a la ley que debe observar la administración del Estado. Agregan que la ley N° 19.880, en su artículo 41 obliga a que las resoluciones sean fundadas, consagrando de esa forma el principio de fundamentación de los actos administrativos.

Sostienen que la resolución recurrida dictada por la Superintendencia y también las resoluciones que sirven de antecedente dictadas por la COMPIN, carecen de elementos en orden a fundar la decisión de rechazar las licencias médicas N°s 97567752-4 y 98326178-7. Dicen que las argumentaciones vertidas en ellas deben ser rechazadas toda vez se trata de una argumentación meramente formal; la resolución no menciona, ni de manera general, ni especificando, que haya consultado ningún informe médico adicional al presentado por parte del recurrente; los argumentos que plantea son solo de carácter formal, no entrando a un análisis profundo de los antecedentes que me permita una comprensión real de los fundamentos de la decisión.

Sobre el punto, señalan que si bien es cierto la recurrida puede ratificar o denegar el rechazo de la licencia médica, por estar legalmente autorizada para ello conforme lo estatuyen los artículos 2, 3 y 27 de la Ley N° 16.395, la referida potestad debe ejercerse con arreglo a la legislación que regula los actos de la Administración.

Acusan que el hecho fundante de esta acción de protección que constituye un acto ilegal y arbitrario, atenta contra las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1º, 9º, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sostienen que su integridad física y psíquica han sido afectadas por el actuar de la recurrida, de igual manera la protección a la salud que tiene la Administración Pública ha sido conculcada. Por otra parte, también se ve afectado el derecho de propiedad del recurrente al no recibir ingresos mensuales para sus gastos. En cuanto al numeral 26 que establece la garantía de garantías, en el sentido de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución, regulan o complementan las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no pueden afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

Continúan señalando que el acto administrativo conllevó decisiones escritas adoptadas por la Administración, vale decir, una decisión formal emitida por un órgano de la Administración del Estado que contiene una declaración de voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad pública, en definitiva es una resolución, por lo que debe cumplir con los requisitos de un acto administrativo, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880. A su turno, el artículo 41 de la misma Ley prescribe que es un requisito de todo acto administrativo su fundamentación, y que si bien puede ser somera, debe explicitarse y contenerse en el respectivo acto administrativo.

Estiman que por lo anterior es dable colegir que la recurrida ha actuado en forma ilegal al dictar la resolución cuestionada, ya que carece de fundamentos médicos y también es arbitraria al dictarla sin fundamentos que la sustenten.

Previa cita de jurisprudencia piden que se acoja este arbitrio constitucional, dejando sin efecto la Resolución Administrativa indicada y decretar que se aprueben las licencias médicas rechazadas, teniendo por justificado el reposo médico decretado, ordenar su pago y todos los derechos que emanan de dicha aprobación, con costas.

Informó el abogado Juan Pablo Monsalve Leyton, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, alegando en primer término la extemporaneidad del recurso, por cuanto el 3 de abril de 2024 el interesado recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UNAAD-47692-2024 de 22 de marzo de 2024 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica N° 98326178-7. Además, la parte interesada reclamó por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de la licencia médica N° 97567752-4. Al respecto, indica, por Resolución Exenta N° R-01-IBS-109469-2024, de 11 de julio de 2024 su representada concluyó confirmar el rechazo de las licencias médicas N°s 97567752-4, 98326178-7, de acuerdo a lo expuesto en aquella resolución y que trascribe en su informe. Luego el 19 de julio de 2024 el recurrente reclamó solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-IBS-109469-2024, de 11 de julio de 2024, al respecto la recurrida por Resolución Exenta N° R-01-IBS-134926-2024, de 26 de agosto de 2024, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 97567752-4, 98326178-7. Indica que el recurrente solo ejerció esta acción constitucional el 25 de septiembre de 2024, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento el Sr. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la citada Compin de los formularios en comento. En efecto, en virtud de la presentación de 03 de abril de 2024 que realizó el recurrente, en la cual acompañó los antecedentes sobre los rechazos de las licencias reclamadas, consta que los mencionados formularios fueron rechazados previamente por la Compin, con conocimiento del recurrente, lo que evidencia que ya desde hace más de 5 meses antes de la fecha de interposición de esta acción tenía conocimiento del rechazo de sus licencias. Por lo que atendido lo dispuesto en el Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, pide que se rechace la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

A continuación y, en subsidio alega la improcedencia de la acción de protección por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos antecedentes.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo y señala que nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad y tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud transitoria, existe el beneficio denominado licencia médica regulado en el D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984.

Agrega que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras y es aquel ente al que le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Sostiene que la interposición del presente recurso desborda los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados y en el caso del Sr. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas, lo que estima se ve corroborado con los informes de médicos especialistas que reproduce.

A mayor abundamiento, explica que constan informes médicos de especialistas externos de la Suseso, que con ocasión del caso se les solicitó, el primero de don nombre reservado, de 06 de julio de 2024 que en el apartado “Fundamentos de la resolución” señala “Conclusiones: Comentarios: Médico especialista psiquiatría adulto, reposición Folio Origen: R-41567-2024Hombre de 53 años. Con permiso autorizado por 84 días con diagnóstico de F32.2 - Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. En IMT no describe síntomas de gravedad o incapacitantes que le impidan trabajar, no acredita psicoterapia. Se rechaza.”

El segundo informe del especialista don nombre reservado, de 25 de agosto de 2024, que en el apartado “Fundamentos de la resolución:” indica: “Se sugiere mantener rechazo. SE trata de paciente con reposo ya autorizado de 84 días, ahora reclama por 42 dado por psiquiatra Nuevo IMT es copia textual de los ya revisados, donde a pesar de extensión de reposo se mantiene con antidepresivo de primera línea en dosis iniciales. No certifica psicoterapia, ingreso a PSM”

Afirma que no ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se pregunta cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. Añade que de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante.

En cuanto al derecho de propiedad, hace presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, así de acuerdo al D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho a la licencia médica se deben reunir una serie de requisitos: licencia médica autorizada por la entidad correspondiente; cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral. En consecuencia, afirma, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios.

Insta a que se rechace el recuro de protección en todas sus partes, con costas.

Informó nombre reservado, Presidenta COMPIN Región del Bio Bio, quien señala que el recurrente registra reposo médico por patologías psiquiátricas, con diagnósticos episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos a contar del 20 de octubre de 2023 al 22 de febrero de 2024, acumulando un total de 126 días de reposo laboral, de los cuales 84 días se encuentran autorizados.

En cuanto a la licencia médica N°97567752-4, indica que fue dictaminada en COMPIN Metropolitana, por lo que le corresponde a aquella pronunciarse al respecto.

En relación con licencia médica folio N°98326178-7, se rechazó en primera instancia por la no justificación del reposo medico prolongado; no se respalda la extensión del reposo médico psiquiátrico más allá del periodo previamente autorizado por esta COMPIN, considerando, conjuntamente, guía referencial de reposo médico y reintegración laboral en personas con problemas y/o enfermedad mental MINSAL 2010 y D.S 7/2013 guías clínicas, relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas. Agrega que el recurrente presenta recurso de reposición el 09 de febrero de 2024 por rechazo de licencia médica N°98326178-7, en el cual con el antecedente clínico aportado correspondiente a informe médico no protocolizado emitido por Dr. nombre reservado de 06 de febrero de 2024 el que no se pronuncia en detalle de la evolución de funcionalidad, sin escala de gravedad, no menciona esquema farmacológico, sin constancia de ingreso a GES, no adjunta carnet de psicoterapia que dé cuenta acerca del número de sesiones efectuadas y/o detalle de las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes de ejecutar, por lo que esa COMPIN, el 13 de febrero de 2024 resuelve mantener el rechazo de licencia médica N°98326178-7.

Explica que el D.S. N°3/84 ha conceptualizado la licencia médica y de aquella norma se desprende que se trata de un reposo de carácter temporal, que supone necesariamente la posibilidad cierta y real de recuperar la capacidad de trabajo y en condiciones de reincorporación al trabajo.

Sostiene que las resoluciones objetadas han sido tramitadas por el procedimiento establecido en normativa; así como las motivaciones de estas, han sido adoptadas por la autoridad llamada por ley para hacerlo.

Agrega que la SUSESO ratificó el rechazo de licencias médicas recurridas, mediante las resoluciones exentas N°R-01-S-27924-2024 del 20.02.2024; N°R-01-UNAAD-47692-2024 del 22.03.2024; N°R-01 -IBS-109469-2024 del 11.07.2024; N°R-01 -IBS-134926-2024 del 26.08.2024.

Finalmente, afirma que esa COMPIN ha actuado según las facultades otorgadas a través de los artículos 14, 16, 21 y 48 del D.S N 3/84 sobre Reglamento de Autorización de Licencias Médicas y D.S. N ° 7/2013 sobre Guías Clínicas Referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas y dentro de los plazos establecidos para la tramitación de licencias médicas y Ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas.

Concluye que en la especie no se cumplen los propuestos legales para acceder a la acción constitucional, toda vez que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos; no concurre ninguno de los requisitos para la procedencia del recurso de protección; esta acción constitucional en ningún caso es posible que sea usada como sustituto jurisdiccional reemplazando acciones y procedimientos en que puedan discutirse, con latitud e igualdad de oportunidades la controversia; el asunto sometido a la decisión de esta Corte se encuentra bajo el imperio del derecho.

Sostiene que no existe acto arbitrario ni menos ilegal de esa COMPIN por cuanto este organismo administrativo obró dentro de sus facultades legales, previa investidura regular y cumpliendo las formalidades legales.

Informó nombre reservado, mandatario judicial del Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y a su vez en representación de la Comisión De Medicina Preventiva E Invalidez Región Metropolitana e indica que el recurrente dedujo este recurso en contra de la SUSESO y de esa COMPIN R.M., quienes confirmaron el rechazo de las licencias médicas N° 97567752-4 y 98326178-7 por reposo no justificado. Agrega que la justificación del rechazo, fue por no contar con antecedentes que justifiquen la prolongación del reposo.

Agrega que el usuario presentó recurso de reposición por el rechazo de la licencia y de dicha presentación se mantuvo el rechazo porque adjunta un informe médico no protocolizado, no menciona escala de evaluación de la actividad global, sin carnet de psicoterapias sin derivación a psiquiatra ni a atención primaria de salud, sin fecha probable de alta.

Respecto de la licencia médica N° 98326178-7 fue tramitada y resuelta por la COMPIN REGIÓN BIOBIO.

Continúa señalando que la Superintendencia De Seguridad Social, a través de su Resolución Exenta N° R-01-UME-109469-2024, de 11 de julio de 2024, rechazó el recurso de reconsideración y reclamo por parte del usuario, confirmando nuevamente el rechazo de las licencias médicas que cuestiona. Añade que la Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 84 días de reposo ya autorizados por la misma patología y los antecedentes adjuntos no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión del reposo, no certifican ingreso a programa de salud mental o psicoterapia con informe de proceso.

Explica que esa COMPIN es un organismo eminentemente técnico, y que se rige según lo establecido en el D. 7/2013 y en la especie el usuario no adjuntó antecedentes suficientes para revocar lo determinado.

Arguye que las actuaciones realizadas por su representada al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la Ley, y las normativas vigentes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD ALEGADA.

PRIMERO: Que, sobre la alegación de extemporaneidad, no obstante los argumentos de hecho planteados previamente, lo cierto es que se recurre precisamente en contra de la Resolución Exenta N°R-01-IBS-134926-2024 de 26 de agosto de 2024, por la cual se notifica el rechazo de la SUSESO a la solicitud de reconsideración presentada por el afectado el 19 de julio de 2024. Siendo así, y considerando además que se trata de una situación jurídica cuyo acto terminal solo ha sido resuelto en la data antes indicada, no cabe sino concluir que se trata de un recurso de protección que, al deducirse el 25 de septiembre de 2024, lo ha sido dentro del plazo de 30 días establecido al efecto por el auto acordado de la Excma. Corte Suprema.

II.- EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:

SEGUNDO: Que, la SUSESO alegó que la materia objeto del presente recurso pertenece al campo de la Seguridad Social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no se encuentra amparado por la acción de protección.

TERCERO: Que, sin embargo, en la especie no se está aseverando la vulneración del innegable derecho que el actor tiene a los beneficios de seguridad social, sino que la concurrencia o no de los requisitos de procedencia de uno de tales beneficios, como lo es el subsidio por enfermedad o incapacidad laboral, y este aspecto puede incidir en la afectación del derecho a la vida o bien al derecho de propiedad que le correspondería sobre el monto en dinero del subsidio, garantías que sí se encuentran protegidas por la Constitución Política de la República, por lo que esta alegación también será rechazada.

III.- EN CUANTO AL FONDO:

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

QUINTO: Que, en la especie se ha deducido recurso de protección en contra de la SUSESO por haber confirmado el rechazo del pago de las licencias médica que se singulariza en lo expositivo del fallo, situación que habría afectado los derechos y garantías constitucionales que el actor indica en su presentación.

El órgano administrativo recurrido, ha referido, en resumen (y en cuanto al fondo), que estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 97567752-4, 98326178-7, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 84 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, los antecedentes adjuntos no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo. No certifican ingreso a programa de salud mental o psicoterapia con informe de proceso.

SEXTO: Que, son hechos sobre los cuales no existe discusión y que interesan para la resolución del recurso, los siguientes:

a) que al actor se le rechazó licencia médica N°97567752-4, otorgada el 10 de enero pasado y que prescribe reposo terapéutico con fecha de inicio el 12 de enero hasta el 1 de febrero de 2024, por 21 días, por cuanto el reposo prescrito no se encontraba justificado;

b) que también se le rechazó licencia médica N°98326178-7, otorgada el 29 de enero pasado, que prescribe reposo terapéutico con fecha de inicio el 2 de febrero al 22 de febrero de 2024, por 21 días por reposo injustificado;

c) el actor con fecha 15 de julio de 2024, recurrió ante la SUSESO solicitando reconsideración del dictamen de fecha 11 de julio de 2024, mediante el cual confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden a mantener el rechazo de las licencias médicas ya referidas, extendidas por un total de 42 días, por reposo no justificado;

d) la SUSESO el 26 de agosto de 2022 confirmó el rechazo de las licencias médicas N° N°97567752-4 y N°98326178-7, por no estar justificado el reposo;

e) los antecedentes más relevantes aportados por la recurrente son tres informes del médico psiquiatra nombre reservado de enero, marzo y julio del presente año, en los que se expresa la necesidad de la licencia médica y el tratamiento farmacológico y psicológico al que fue sometido el recurrente.

SÉPTIMO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como asimismo lo ordenado en su artículo 21: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

OCTAVO: Que, de los antecedentes aparejados al recurso, resulta evidente que existe ausencia de fundamentación de la resolución de la SUSESO, como también una falta de peritaje por parte de la institución recurrida, así como de la Compin. Así resulta prístino que no existen peritajes médicos anteriores que se le hubiesen realizado al recurrente.

Debe destacarse que, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, D.S. Nº 3 del Ministerio de Salud del año 1984, señala que: “… En caso de rechazo de una licencia, o de reducción o ampliación del plazo de reposo, la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.”

NOVENO: Que, tanto la Compin como la Suseso, son órganos de la Administración del Estado y, por ende, les son aplicables las disposiciones de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de la Administración del Estado, cuyas resoluciones tienen la naturaleza jurídica de acto administrativo, conforme lo disponen los artículos 1, 2 y 3 del citado cuerpo legal.

El inciso 1° del artículo 3° señala que las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos.

El artículo 11 inciso 2° de la misma ley, expresa, a su turno, que “… los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”

A su vez el artículo 41 inciso 3°, señala que, “…en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá ajustarse a las peticiones formuladas por éste, y el inciso 4° agrega que las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.

Lo anterior para dar cumplimiento al principio de la transparencia, contenido en el artículo 8 inciso 2°de nuestra Carta Fundamental, que exige expresar los fundamentos considerados por la autoridad en sus resoluciones, en este caso, para rechazar el reclamo interpuesto por la actora.

Y ello, por cuanto la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado la razón del acto, su sustento material y juridicidad, requisito fundamental que no se constata en la actuación recurrida.

DECIMO: Que, si bien el reclamo ante la Suseso, aparece que fue realizado ante la entidad que señala la ley, no es menos cierto que no aporta verdaderas razones que justifiquen su decisión, ya que se limitó a agregar que los antecedentes aportados por el reclamante no eran suficientes para justificar el reposo, por cuanto los antecedentes adjuntos no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo, ni certifican ingreso a programa de salud mental o psicoterapia con informe de proceso; sin embargo los informes del médico psiquiatra tratante emitidos con fecha 24 de enero, 25 de marzo y 15 de julio de 2024, dan cuenta que el paciente es atendido por el profesional que suscribe desde el 19 de octubre de 2023, con diagnóstico de depresión grave, con sintomatología que impide desempeñarse de manera adecuada en sus actividades, incapacitándolo en sus funciones. Indica, además, que el principal rol terapéutico de su reposo laboral fue el de estabilizar al paciente mediante psicoterapia y fármacos con el objetivo de lograr una reinserción exitosa en sus actividades, lo que finalmente se consiguió.

En el informe de 24 de enero de 2024, -contrariamente a lo señalado por la recurrida-, el médico tratante señala que durante el tratamiento indicó psicoterapia y debió ajustar farmacología prescrita, la que debió ser optimizada y modificada debido a que la respuesta clínica del paciente no había sido del todo favorable, prescribiendo Escitalopam 15 mg. y Eszopiclona 3 mg., con buena respuesta, pero aun con inconvenientes para llevar a cabo sus actividades, por lo que sugiere mantener reposo laboral, correspondiendo un nuevo control el 29 de enero de 2024.

Luego, los informes de fecha 25 de marzo y 15 de julio de 2024, dan cuenta que el paciente tuvo una buena respuesta al tratamiento, por lo que en el control llevado a cabo el 29 de enero pasado se indicó un último periodo de reposo laboral, debiendo reintegrase a sus funciones una vez terminado el mismo, lo que da cuenta que el tratamiento en los términos descritos en los informes dio un buen resultado.

Por lo demás, se advierte que la recurrida no ordenó un peritaje -pese a que previamente se había autorizado un periodo prolongado de 84 días-, con miras a cumplir el mandato legal consistente en resolver fundadamente las solicitudes presentadas por los afiliados al sistema de salud, tal como lo dispone el artículo 16 letra a) del D.S. Nº3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, cometido que omitió injustificadamente, no obstante haber expresado que el reposo no se justificaba, basándose los profesionales del organismo en el estudio de los antecedentes, pero sin haber evaluado personalmente al actor, pese a existir a lo menos dos opiniones profesionales distintas.

DECIMO PRIMERO: Que, en tal escenario fáctico y jurídico, el acto administrativo recurrido deviene en una decisión arbitraria, no justificada, en tanto que no permite un control racional por parte del administrado, tanto por no explicitar reales razones que motivaron su decisión, como al no ejecutar aquellas medidas expresamente contempladas por la ley a efectos de determinar la condición de salud del recurrente.

DECIMO SEGUNDO: Que, las facultades legales con que cuentan la recurrida, tendientes a fiscalizar eficientemente el otorgamiento de las licencias médicas, hace exigible con mayor razón, una adecuada y suficiente fundamentación de sus decisiones en el momento de expedirlas.

De lo que se viene indicando fluye que el acto que se ha reputado como arbitrario, ha amenazado derechos fundamentales del recurrente, como son su integridad física y psíquica, y de propiedad consagrados en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dado que el rechazo implica la imposibilidad del reposo necesario para recuperar la salud, no obstante existir un diagnóstico médico que lo recomendaba, por una parte, y por otra, deja de recibir el subsidio que podría corresponderle por el tiempo no trabajado, afectando su patrimonio.

Por las razones antes anotadas, el presente recurso debe ser acogido.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, se desestiman las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia del recurso.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por los abogados Germán Ignacio Correa Robles y Katerin Nicol Strange González, en representación de don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social de la Región del Biobío, y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-IBS-134926-2024 de 26 de agosto de 2024, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirma el rechazo de las licencias médicas N°97567752-4 y N°98326178-7, debiendo en su lugar tenerlas por autorizadas, disponiendo el inmediato pago al recurrente, por quien corresponda, de todo el subsidio por incapacidad laboral que de ellas deriva.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó la ministra interina Antonella Farfarello Galletti.

N°Protección-19066-2024.