nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Concepción, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, jubilada, recurriendo de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social de la Región del Biobío, representada legalmente por nombre reservado, ignora profesión, por las vulneraciones a las garantías constitucionales que le asisten, contenidas en los números 2° y 24° del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.

Señala que luego de jubilarse del Servicio de Salud de Los Ángeles, en donde prestó servicios por más de 40 años, debido a la exigua pensión que recibe de jubilación, se vio en la necesidad de continuar realizando actividades laborales, razón por la que prestó servicios en la Clínica Adventista de la misma ciudad, momento en el que desarrollaba labores propias del área de esterilización, con fecha 25 de enero del año 2021, sufrió una caída que le provocó un TEC cerrado en la cabeza, golpeándose además distintas partes del cuerpo y siendo derivada hasta su domicilio con reposo médico.

Indica que habiendo retomado sus funciones, comenzó a tener complicaciones en su trabajo, lo que provocó que comenzará a padecer de trastorno de ansiedad generalizada y trastornos del sueño, siendo diagnosticada por la Neuróloga-Electrofisiologa nombre reservado, debiendo ausentarse de su trabajo por orden médica y presentando para ello las respectivas licencias que justifican tales ausencias, a propósito del necesario reposo que le asiste, siéndole además prescritos antidepresivos y tratamiento psicológico. Sin embargo y contra toda lógica, señala que ha sufrido el despojo del derecho que le asiste a percibir el pago de las respectivas licencias médicas por parte de la recurrida SUSESO, sin mediar ningún tipo de explicación formal que le permita ejercer los derechos que le asisten, limitándose a indicar el rechazo sin derecho a subsidio, de las Licencias Médicas Folio 4-8869625; 4-9431372; 4-9832479; 4-10149088 y 4-10526814.

Expone que ante la negativa del pago de las licencias médicas por parte de la COMPIN, el 24 de abril, 23 de junio y 27 de septiembre 2022, 1 de febrero y 27 de mayo de 2023, interpuso diversos reclamos en la Superintendencia de Seguridad Social, para que se pronunciaran respecto del no pago de sus licencias médicas, encontrando lamentablemente una decisión negativa por parte de referida entidad, la que mediante la última Resolución Exenta N° R-021-IBS-127357-2023, de 27 de septiembre del año 2023, en lo resolutivo confirmó el rechazo de las Licencias Médicas N°s. 8869625; 9431372; 9832479; 10149088 y 10526814, por no encontrarse justificadas, argumentando además que los informes médicos que se acompañaron, algunos manuscritos y de difícil legibilidad, resultan insuficientes y no permiten a los especialistas de ese Organismo formarse convicción respecto de la pertinencia de prolongar el reposo.

Aclara que todos los informes originales los entregó de manera presencial en ChileAtiende, quedándose sólo con las fotocopias, razón por la cual su calidad no es la óptima. Es así, que señala haber concurrido donde la doctora nombre reservado, para solicitarle que le extendiera un nuevo certificado, conforme a lo expuesto en lo resolutivo de la SUSESO, certificado que le proporcionó con fecha 8 de octubre del 2023 y que adjunta a esta presentación.

Relata que es una persona adulta mayor, de 72 años de edad, que ha debido trasladarse en reiteradas oportunidades a la ciudad de Concepción, para que le proporcionen una solución, pero que lo único que ha conseguido es amargura, sensación de injusticia, perjuicio económico con las dilaciones sin sentido, siendo derivada de un lugar a otro, siendo aconsejada de interponer los reclamos correspondientes, lo que ha venido realizando hace más de un año, donde todos han sido rechazados, lo que le ha motivado para ejercer la presente acción de protección.

Alega que los actos arbitrarios e ilegales denunciados conculcan el derecho consagrado en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto la normativa legal vigente establece que los trabajadores dependientes con contrato indefinido que tienen derecho al pago de subsidio por licencia médica son aquellos que cuentan con licencia médica autorizada, los que tienen un mínimo de 6 meses de afiliación al Sistema Previsional y los que tengan 3 meses de cotizaciones previsionales, dentro de los 6 meses anteriores al mes en que se inicia la licencia; cumpliendo a todas luces con los requisitos exigidos por la legislación a todos los trabajadores, sin distinción alguna, para percibir, al menos, el pago de las respectivas licencias médicas por cumplir los requisitos señalados.

Asimismo, estima que se ha vulnerado su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto adquirido un derecho, la persona no puede ser privada del mismo o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley especial o general que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. En consecuencia, el derecho de dominio no sólo puede ejercerse sobre bienes corporales, sino también sobre derechos, entre otros, el derecho de propiedad que se tiene sobre los derechos y beneficios que emanan del contrato de trabajo y de las normas de orden público que lo rigen, en lo relativo a las respectivas asistencias previsionales que le asisten, en virtud de la normativa vigente.

Agrega que no cabe duda que el hecho denunciado vulnera el derecho de propiedad, toda vez que le priva de gozar, durante el periodo o la vigencia de la licencia médica rechazada, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de un trabajo, como fuere el caso.

Sostiene que el acto de la recurrida es arbitrario e ilegal, por cuanto no tiene una decisión clara y precisa que la justifique, no cumpliendo con uno de los requisitos del acto administrativo, como es el principio de la imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880, que transcribe.

Pide se sirva tener por interpuesta acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social de la Región del Biobío, acogerla en todas sus partes, declarando ilegal y arbitrario el acto de la recurrida, en el sentido de no autorizar el pago de las licencias médicas de autos; ordenarle la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas en su ejercicio por el acto ilegal y arbitrario reclamado en autos, conducentes a restablecer el imperio del derecho en la situación fáctica alegada, disponiendo que la recurrida deje sin efecto la parte de la resolución administrativa que se reclama, y en consecuencia ordene el pago de las licencias médicas de autos, con costas.

SEGUNDO: Que, informó nombre reservado, Profesional, Presidente (S) de la COMPIN Subcomisión Biobío, quien señala que, se realizó revisión administrativa de las Resoluciones en las Licencias Médicas indicadas en el requerimiento: FOLIOS N° 4-8869625, 4-9431372, 4-9832479, 4-10149088 y 4-10526814, acompañando sus respectivas resoluciones, sumado a los Re-dictámenes de los Recursos de Reposición ingresados por la usuaria.

Refiere que se mantuvo el Rechazo en la totalidad de las Licencias Médicas referidas en el presente documento, lo cual fue ratificado por la Superintendencia de Seguridad Social, en Resoluciones Exentas del 27/07/2022 y del 23/09/2022. Adjunta Cartola Médica, registro interno de esa Subcomisión, en donde se explícita "excesivo reposo ya autorizado para patología referida, dado por diferentes médicos (...)".Indica también que Informe entregado no sería atingente, y no contiene fecha de emisión (27/01/2022). Usuaria sin otras valoraciones de Salud Mental, Psiquiatra o Psicólogo (18/04/2022).

Finalmente reporta que la recurrente presentaba un total de 709 días de reposo médico autorizado por esa Subcomisión al 26/01/2022.

TERCERO: Que, también informó Sebastián De La Puente Hervé, abogado, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, solicitando en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente acción por haber sido interpuesta en forma extemporánea, por cuanto consta de la copia del expediente administrativo que acompaña, que por presentación de 23 de junio de 2022, la Sra. nombre reservado reclamó ante ese Servicio, ya que la Subcomisión COMPIN de la Región del Biobío, confirmó el rechazo de las Licencias Médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 51 días a contar del 27 de abril de 2022, por reposo no justificado. Al respecto, mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-130005-2022, de 23/09/2022, esa Superintendencia dictaminó que el reposo prescrito por dichas licencias no se encontraba justificado, ya que los informes emitidos por los tratantes no exponen elementos psicopatológicos de gravedad que requieran la extensión del reposo. Sumado a que el informe psicológico no se refiere a la afectación de la funcionalidad de la actora ni tampoco al plan terapéutico que se pretende seguir para lograr su recuperación y reinserción laboral, no permitiendo los elementos aportados establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado.

Indica que luego, por presentación de 27 de septiembre de 2022, la Sra. nombre reservado solicitó se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-130005-2022, de 23 de septiembre de 2022, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la Subcomisión Biobío - COMPIN Región del Biobío, en orden a mantener el rechazo de las Licencias Médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 141 días, a contar del 27 de enero de 2022, por reposo no justificado. Al respecto, mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-175892-2022, de 23/12/2022, esa Superintendencia concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas aludidas no se encontraba justificado, ya que los antecedentes aportados, siendo algunos de ellos los informes del médico tratante de junio y septiembre del 2022, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de 293 días de reposo ya autorizado.

Posteriormente, por presentación de 1 de febrero de 2023, la recurrente solicitó se reconsidere el Dictamen N° R-01-IBS-175892-2022, de 23 de diciembre de 2022, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la Subcomisión Biobío - COMPIN Región del Biobío, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, por reposo no justificado. En tal sentido, por Resolución Exenta N° R-01-IBS-64428-2023, de 15/05/2023, esa Superintendencia dictaminó que el reposo prescrito por las licencias médicas en cuestión, no se encontraba justificado, atendido que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, puesto que no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo.

Menciona que por presentación de 29 de mayo de 2023, la Sra. nombre reservado solicitó se reconsidere el Dictamen N° R-01-IBS-64428-2023, de 15 de mayo de 2023, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la Subcomisión Biobío - COMPIN Región del Biobío, en cuanto a mantener el rechazo de las Licencias Médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 141 días, a contar del 27 de enero de 2022, por reposo no justificado, lo que fue confirmado por Resolución Exenta N° R-01-IBS-127357-2023, de 27/09/2023, ya que el reposo prescrito por dichas licencias no se encontraba justificado, basándose en que los antecedentes médicos evaluados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado que asciende a 363 días continuos, a contar del 29 de enero de 2021 al 26 de enero de 2022. Sin embargo, la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 23 de octubre de 2023, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos señalado en el Auto Acordado sobre la materia estaba con creces vencido, en circunstancias que la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la citada COMPIN e ISAPRE de los formularios en comento.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, por cuanto la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos, detallando primeramente el marco jurídico-normativo que regula el derecho a licencia médica y las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, para luego señalar que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Añade que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…” y en el caso de la Sra. nombre reservado, a su entender, su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Afirma que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de su defendida, toda vez que para que un acto sea arbitrario, éste debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite y respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esa Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

A mayor abundamiento, indica que esa Superintendencia, estudió mediante sus médicos los antecedentes del caso de la Sra. nombre reservado, quienes informaron con fecha 23/09/2022, por el Dr. nombre reservado, quien dio cuenta que las licencias médicas analizadas son las N°s. RUT reservado

(Diagnóstico: Fibromialgia) y RUT reservado (Diagnóstico: G47.0 - Trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño); con sus respectivos tratamientos médicos, siendo los fundamentos de la resolución R-104190-2022 / RUT reservado, que el IMC emitido por la tratante, no logra esclarecer severidad del cuadro, sin descripción psicopatológica ni de criterios de gravedad que impacten en la funcionalidad del reclamante, sin GAF, sin descripción de evolución sintomática, sin descripción de ajustes o modificaciones en el tto farmacológico indicado, no se adjunta informe de evaluación o seguimiento por psiquiatría, no se adjunta informe de asistencia a psicoterapias, no se indica FPA o de reintegro laboral, no se adjunta constancia de ingreso a PSM de su CESFAM por previsión FONASA y se sugiere no acoger, aparenta reposo sin rol curativo.

Expone que el Informe de 22/12/2022, elaborado por la Dra. nombre reservado, que señala que las licencias reclamadas son las Folio RUT reservado (Diagnóstico: G47.0 - Trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño); RUT reservado (Diagnóstico: G47.0 - Trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño); RUT reservado (Diagnóstico: F41.1 - Trastorno de ansiedad generalizada); RUT reservado (Diagnóstico: G47.0 - Trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño) y RUT reservado (Diagnóstico: G47.0 - Trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño) y cuyos fundamentos de la resolución, señalan que es una Paciente de 70 años, con 293 días autorizados por causa psiquiátrica. Reconsidera 5 LMs otorgadas por neurólogo Dg IMT de junio y septiembre del 2022 de la Dra. Toledo, Dra. Concha: T, ansiedad generalizada. T. por estrés postraumático. Fibromialgia. Insuficiente para justificar reposo, describen escuetamente clínica y terapias. Trabajadora no aporta informe amplio y fundado de psiquiatría. Sin derivación a especialista, acredita psicoterapia, sin recuperabilidad, sin escala de gravedad. Sin FPA Reposo prolongado, no justificado, no cumple rol terapéutico, recuperable Rechazo Reconsideración.

Agrega la existencia de un Informe de 09/05/2023, elaborado por el Dr. nombre reservado, que señala que las licencias reclamadas son las Folios RUT reservado (Diagnóstico: T ansiedad); RUT reservado (Diagnóstico: G47.0 - Trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño); RUT reservado (Diagnóstico: G47.0 - Trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño); RUT reservado (Diagnóstico: F41.1 - Trastorno de ansiedad generalizada) y RUT reservado (Diagnóstico: G47.0 - Trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño) y que en los fundamentos de la resolución se sugiere mantener rechazo, ya que se trata de paciente con reposo ya autorizado de 293 días, que ahora reclama por 141 dado por MG y neuróloga particular y que a pesar de extensión de reposo se mantiene con antidepresivo de primera línea en dosis iniciales.

Otro informe sobre la recurrente es uno de fecha 17/09/2023, elaborado por el Dr. nombre reservado, que señala como licencias reclamadas las Folios N°s. RUT reservado (Diagnóstico: Fibromialgia); RUT reservado (Diagnóstico: G47.0 - Trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño); RUT reservado (Diagnóstico: G47.0 - Trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño); RUT reservado (Trastorno de ansiedad generalizada) y RUT reservado (Diagnóstico: G47.0 - Trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño). En dicho informe se detalla: - Certificado psicóloga 25.1.22: En controles en programa de salud mental por Fibromialgia y TEPT. Ha mostrado buena adherencia a psicoterapia y ha avanzado en regulación emocional. - Certificado Psicóloga 21.4.23: En atenciones desde año 2015 por TEPT acudiendo solo a control con psicólogo- Presentación fundada paciente: Menciona que no sabe qué argumentos usar. Refiere que está en controles en programa de salud mental en CESFAM, y en control por fibromialgia en Hospital de L.A. Refiere que tiempo invertido en LMs no fue injustificado y que aún tiene consecuencias de su trastorno de ansiedad Los fundamentos de dicha resolución sostienen que la recurrente tiene 70 años, es TENS, 3ra reposición. Reclama por 5 LMs por 141 días. Todas las LMs con RR Presenta 363 días aprobados previos continuos desde 29.1.21. Presenta múltiples certificados emitidos por médicos de salud del personal y neuróloga. La mayoría de estos informes escuetos y poco amplios. No logran justificar prolongación de 363 días de reposo continuo desde enero de 2021 a la fecha, por cuanto no ponen en contexto gatillantes del cuadro, no hay ni se describen otros tipos de intervención que busquen el reintegro laboral. Tampoco hay descripción del grado de compromiso funcional que le impida trabajar. Tampoco hay ajustes farmacológicos significativos para el tiempo de reposo transcurrido. Se decide no acoger.

Desprende de la Resolución impugnada por la recurrente referida a las licencias reclamadas, que existe un correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra la resolución impugnada, sino una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión de dicho Oficio, en orden a rechazar las licencias indicadas.

Esgrime que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de sus competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental, pues para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que no media en la especie. En tal sentido, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas, sin generar, por lo tanto, el derecho que alega la actora.

Alega que si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador, lo que es a todas luces inaceptable.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que algunas de ellas no sean acogidas, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

I.- EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD:

QUINTO: Que la alegación de extemporaneidad más arriba aludida y sintetizada, habrá de ser desestimada sin mayores dilaciones, teniendo presente para ello que lo que reclama la recurrente es el no pago de las licencias médicas que singulariza, situación que se ha mantenido en el tiempo y, por ende, considerando que la fecha de presentación del recurso corresponde al 16 de agosto pasado y que la decisión de la SUSESO que se reprocha es de 26 de octubre de 2023, lo cierto es que la conjunción de estos antecedentes conduce a esta Corte a estimar que la acción de que se trata fue presentada dentro de plazo, máxime si se tiene en cuenta que hallándonos enfrentados a una acción constitucional tuteladora de derechos fundamentales, la verdad es que en caso de duda, razonablemente ha de preferirse arribar a decisiones de fondo y en base al mérito de los antecedentes, por sobre respuestas jurisdiccionales de carácter puramente formal, como implicaría cohonestar sin más la salida preclusiva postulada por la recurrida.

II.- IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN:

SEXTO: Que, ahora bien, en la especie se ha deducido recurso de protección en contra de la SUSESO, por no haber autorizado el pago de las licencias médicas más arriba singularizadas, rechazo que, en primer lugar, adoptó la referida COMPIN, en razón de reposo médico prolongado, sin antecedentes clínicos que justifiquen la extensión del reposo médico.

A su turno, la SUSESO, por resolución de 27 de septiembre pasado, y de frente al reclamo de la actora, confirmó lo resuelto por la COMPIN, por cuanto los antecedentes acompañados son insuficientes, no desprendiéndose de ellos el rol terapéutico del reposo ni plan de tratamiento, siendo así el reposo injustificado.

Teniendo presente lo anterior, cabe desde luego hacer notar que no lleva la razón la Superintendencia recurrida al sostener la improcedencia de la acción conservativa enderezada (por las razones sintetizadas en lo expositivo de este fallo), dado que no se trata aquí específicamente de la protección del derecho que se garantiza en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sino de la de los demás que más arriba fueron también indicados.

III.- EN CUANTO AL FONDO:

SÉPTIMO: Que, en lo concerniente a la discusión de fondo, ha de tenerse en cuenta que la SUSESO es un órgano de la Administración del Estado, y, por lo mismo, le son aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de Administración del Estado. Luego, toda decisión que adopte poniendo fin a un procedimiento, debe cumplir con las exigencias del artículo 41 de la referida ley, en orden a que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada...”. A su vez, el inciso segundo del artículo 11 de la citada ley establece que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, privando de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”.

Por su parte, el artículo 16 del Decreto. Supremo N° 3, de 28 de mayo de 1984, del Ministerio de Salud –Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional- si bien faculta, a la SUSESO para acoger o rechazar las reclamaciones contra resoluciones de la COMPIN –cuyo es el caso-, el ejercicio de esa facultad le exige que al resolver o pronunciase sobre el asunto respectivo, la respectiva decisión debe contener “…los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida...”.

OCTAVO: Que, en la situación de autos, cabe precisar que la COMPIN- Subcomisión Concepción rechazó las licencias médicas correspondientes, por dar cuenta de un reposo prolongado no justificado, y, en lo que aquí interesa, la SUSESO recurrida procedió a confirmar dicha resolución, corroborando la falta de justificación, tal como fue previamente anotado.

Sobre lo anterior, ha de considerarse que entre los antecedentes señalados por la recurrida, se habla de lo dictaminado respecto a la recurrente por “especialistas” de ese órgano, lo que llevó a las conclusiones apuntadas y en lo relativo también a irrecuperabilidad de la dolencia, empero no debe dejarse de lado aquí que el médico tratante de la recurrente y que extendió las licencias, tiene una opinión contraria a la de la COMPIN y de la SUSESO.

En el escenario predicho, de esta manera, no resulta posible –ni directa ni indirectamente- sostener con seriedad lo afirmado por la recurrida, puesto que el profesional tratante ha atendido por un lapso bastante prolongado a la actora de la patología que le afecta, pudiendo colegirse lógicamente de ello, mediante un criterio de normalidad, que conocen a cabalidad las características y particularidades de su enfermedad, y, precisamente, en estas particulares circunstancias, los basamentos indicados por el órgano reclamado pasan lisa y llanamente a quedar desprovistos de sustento, y, por ende, la fundamentación consecuente, por mucho que se argumente al punto, no viene sino a trasuntarse en una de carácter “aparente”.

NOVENO: Que, en lo concerniente a la necesaria exigencia de fundamentación, la Excma. Corte Suprema ha razonado (causa rol N° 25.347-2021): “Que, en ese orden de ideas, cabe destacar que, esta Corte ha sostenido de manera reiterada, que la motivación de los actos administrativos no busca cubrir una mera formalidad, sino que constituye un elemento esencial que permite el control judicial de los actos de la Administración activa, al punto que éstos podrían anularse en el evento de carecer de motivación o si esta es insuficiente.”; y se añadió que: “En un Estado Constitucional de Derecho, el deber de fundamentación de los actos de la Administración no solo funciona como garantía de certeza jurídica para los interesados, sino que extiende sus efectos de cara a la ciudadanía, en plena armonía con los principios de publicidad y transparencia consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, precepto que –no resulta ocioso recordarlo- está inserto en el Capítulo I “De las Bases de la Institucionalidad”. Especialmente interesa, en la motivación, la exposición de las razones de la adecuación del acto a la finalidad pública que lo justifica y, en los casos del ejercicio de una potestad discrecional, las circunstancias que aconsejaron la opción por una solución concreta entre todas las legalmente posibles (CS Roles N° 12.430-2019, 29.796-2019 y 153-2020).”.

DÉCIMO: Que, en relación con lo que se viene expresando, debe tenerse en cuenta que el mismo Reglamento aludido, en su artículo 21, establece que para el mejor acierto de las decisiones que se adopten, los organismos allí reseñados se hallan facultados para practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas (letra a).

Conforme a esto, y considerando lo más arriba explicitado, lo lógico y razonable era que, a lo menos, la SUSESO recurrida, cumpliendo en este caso su labor revisora de lo decidido respecto de la actora por la COMPIN, hubiere obrado acorde al recién mencionado precepto.

Sin embargo, nada de ello acaeció, resultando aquí impresentable basarse, además, en meras guías referenciales de reposo médico y de reintegro laboral, porque no pasan de ser simplemente “referencias”, que, en tanto tales, pueden ser revertidas interviniendo de por medio no una, sino dos, opiniones profesionales, cuyo fue el caso de la recurrente.

DECIMOPRIMERO: Que, así las cosas, y en las particulares condiciones descritas, el actuar de la SUSESO deviene en ilegal, por la ausencia de una real fundabilidad de su resolución, y, además, en arbitrario, en la medida que, pudiendo hacerlo, tal como el caso de la actora lo ameritaba, no dispuso la utilización de la aludida herramienta regulada en el artículo 21 del citado Reglamento.

Y este actuar ilegal y arbitrario, vulnera, sin duda, el derecho de propiedad de la recurrente, garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto el rechazo de las licencias médicas señaladas importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por motivos de enfermedad.

DECIMOSEGUNDO: Que, de esta manera, la protección impetrada habrá de ser concedida, empero teniendo especialmente en cuenta el lapso durante el cual la recurrente ha hecho uso de licencia médica en base a su patología, ella se otorgará solamente en cuanto a ordenar la realización de nuevos exámenes, a partir de los cuales -y en su mérito- la Superintendencia recurrida proceda a resolver la reclamación que fuera enderezada en contra de su resolución de la COMPIN-Subcomisión Concepción, en la que se denegó el pago de las cinco licencias médicas materia del recurso.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechazan las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia del recurso, formuladas por la Superintendencia de Seguridad Social, y II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° R-021-IBS-127357-2023, de 27 de septiembre del año 2023, emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s. 4-8869625; 4-9431372; 4-9832479; 4-10149088 y 4-10526814 y se ordena que dicha Superintendencia deberá disponer, como fuere procedente dentro del ámbito de sus facultades y en el plazo de diez hábiles administrativos, contados desde que este fallo quede ejecutoriado, la práctica de los exámenes médicos presenciales que sean necesarios para establecer el real estado de salud de la recurrente, luego de lo cual, procederá a resolver y en su mérito, la referida reclamación, debiendo la referida COMPIN cumplir oportunamente las instrucciones que se le entreguen por la mencionada Superintendencia para la debida y satisfactoria realización de tales exámenes.

La mencionada Superintendencia deberá informar oportunamente a esta Corte acerca del cumplimiento de lo previamente dispuesto.

Cúmplase oportunamente con lo establecido en el numeral 14 del mencionado Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el ministro señor Jordán.

Rol N° 19056-2023 – Protección.-