nombre reservado con PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. Y OTRO

Concepción, doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra de BANCO FALABELLA S.A., y PROMOTORA CMR FALABELLA S.A.

El acto que reprocha ilegal y arbitrario, lo hace consistir en los cobros realizados de manera insistente por parte de las recurridas, vía telefónica y correo electrónica, e incluso por intermedio de otras personas, de una deuda inexistente.

Relata que el 24 de enero del presente año le fue usurpada su identidad, configurándose a su respecto el delito contemplado en la Ley 20.009, lo cual denunció ante la Segunda Comisaría de Talcahuano, Tenencia Higueras. Sostiene que producto de dicha suplantación, desconocidos procedieron a realizar compras en diferentes comercios ubicados en el Mall del Centro de Concepción, por un total de $7.518.770, la cual se desglosa en $518.770, correspondiente a compras minoristas, y $7.000.000 producto de un avance obtenido de una cuenta bancaria abierta en Falabella, pagadera en treinta y seis cuotas.

Sostiene que el referido avance no pudo ser solicitado por ella, dado que en dicha época se encontraba sin su cédula de identidad por extravío, lo cual fue informado a Carabineros de Chile.

Relata que la suplantación de que fue objeto, fue debidamente denunciada a las recurridas el 30 de enero de 2024, identificada con el número 1-148909675911, sin que presente resultados aún, y que también se despachó una orden de Investigar por parte de la Fiscalía, causa RUC Nº2400118626-0, oficio Nº1783/2024, de 24 de enero de 2024, la cual tampoco presenta avances sustantivos.

Dice que lo ocurrido le acarrea perjuicios y afecta a su familia, que se encuentra en DICOM y que lo acontecido le causa dificultades para encontrar trabajo. Relata que su cónyuge se encuentra cesante y debe cumplir con las responsabilidades que le corresponden para con sus dos hijos menores de edad, que no cuenta con los recursos económicos necesarios para solventar la deuda ilegalmente contraída y poder defenderse de eventuales demandas.

Lo ocurrido, razona, le conculca el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica establecido en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, habida cuenta que se ejercen insistentemente acciones de cobro en su contra, no obstante haber sido ella la víctima de un delito debidamente denunciado.

Respecto del plazo de interposición, dice que el presente recurso lo fue dentro de los 30 días previstos en la normativa pertinente, habida cuenta que los correos de cobro son del 30 de agosto del presente año, y reiterados el 2, 4, 6, 9, 11 y 13 de septiembre.

Termina pidiendo que se ordene a las recurridas cesar de manera inmediata toda clase de cobros y por cualquier medio, de una deuda inexistente.

A folio 5 informa ENZO OSORIO SALVO, Abogado, Fiscal Adjunto Jefe de la FISCALÍA LOCAL DE TALCAHUANO, indicando que el 24 de enero de 2024, la recurrente presentó una denuncia ante Carabineros de Chile, la que fue informada a la Fiscalía mediante el parte Nº163, y que los hechos denunciados son los siguientes: “el día 11-01-2024, se le extravió su cédula de identidad, posteriormente vía correo electrónico la multitienda Falabella le notificó que alguien se encontraba intentando tener acceso a su cuenta bancaria no logrando ubicarlo hasta ayer. Posteriormente el día 13-01-2024 al proceder a renovar la licencia de conducir se percató que se le había extraviado su cédula de identidad, bloqueándola en el registro Civil por protocolo, logrando obtener su nueva cédula el día de ayer en dicha entidad. Fue así como hoy a las 19.00 hrs aproximadamente logró obtener el acceso virtual en la aplicación de Falabella con la ayuda de una ejecutiva en la sucursal de Concepción, percatándose que individuos desconocidos habían realizado y obtenido una cuenta bancaria de crédito en la multitienda Falabella realizando compras en McDonalds, Ripley, Caffarena, OKM, ascendiendo dichas compras a un monto de $518.770 pesos, Además de un avance de $7.000.000 en 36 cuotas, a raíz de lo cual, se digirió (sic) a la unidad más cercana a su domicilio a cursar la denuncia. Seguros, señala en la denuncia que entiende que en la multitienda Falabella mantiene un seguro”.

Relata que dicha denuncia dio origen a la investigación RUC Nº 2400118626-0, por el presunto delito de uso fraudulento de tarjeta o medios de pago, contemplado en la Ley 20.009, e instruyendo una serie de diligencias de investigación a realizar parte de la Brigada de investigación criminal (BICRIM) de la Policía de Investigaciones de Talcahuano, de las cuales se pidió cuenta mediante oficio 1783-2024 de 24 de febrero de 2024, consistentes en: tomar declaración a la víctima, precisando día, hora y lugar de comisión del delito denunciado, en caso de desistir, firmar acta de desistimiento, tomar declaración a todo el que aparezca como testigo de los hechos, individualizar y tomar declaración al imputado, en cualquier lugar en que se encuentre, previa lectura de sus derechos y apercibirlo en conformidad con el artículo 26 del Código Procesal Penal, y por último, realizar cualquier otra diligencia útil para el esclarecimiento de los hechos.

Concluye que el 27 de agosto de 2024, mediante oficio N°1734-2024, la Policía de Investigaciones informó el resultado de dichas diligencias, señalando que se tomó declaración a la víctima, se envió correo a la tienda Falabella, que no se obtuvieron las grabaciones por cuanto estas tienen duración de un mes y, con relación a la tienda comercial, sugieren enviar una instrucción particular con el fin de que esta entregue las huellas digitales de la persona que obtuvo la cuenta, su firma y algún otro documentos que se requiera para poder establecer la identidad del autor.

Termina pidiendo tener por evacuado el informe solicitado.

A folio 9, informa SEBASTÍAN LLONA SOLÍS DE OVANDO, abogado, en representación de BANCO FALABELLA S.A., y PROMOTORA CMR FALABELLA S.A., sosteniendo lo siguiente: a) que controvierte expresamente las consideraciones de hecho y derecho esgrimidas por la Recurrente, b) que no existe un acto ilegal y arbitrario que le pueda ser imputado, c) que no se ha dado por establecida la existencia de un derecho indubitado a favor de la recurrente, y d) que la acción de protección no es la vía idónea para resolver la controversia de autos.

Respecto de los hechos, los cuales controvierte íntegramente, dice que es de cargo de la recurrente acreditarlos, y en consecuencia, rendir elementos de convicción necesarios para dar por acreditados los presupuestos necesarios para acoger la presente acción de protección.

Afirma que no existe acto ilegal ni arbitrario alguno que afecte alguna garantía constitucional, y que la deuda existente deriva de un avance de $7.000.000 que no ha sido aún pagado. Dice que la recurrente reclamó el 30 de enero de 2024 del cobro, y en cumplimiento de la Ley N°20.009, se procedió a efectuar el abono provisorio de 35 Unidades de Fomento a la cuenta corriente de la recurrente, pero luego determinó que en la transacción reclamada, ésta habría incurrido en culpa grave al tenor del artículo 3 bis de la referida ley.

Al respecto sostiene textualmente: “La cobranza de un crédito que aún no ha sido pagado, transacción que fue ejecutada con culpa grave de la Recurrente, es un acto que no puede ser considerado como un mero capricho, puesto que mi representada detenta una acreencia contra la Recurrente. En efecto, mis representadas han actuado conforme a lo dispuesto en la Ley N°20.009, siendo que se restituyó la suma de UF 35 una vez fue efectuado el reclamo por la Recurrente, encontrándose facultadas a ejercer acciones legales por dolo o negligencia de parte del usuario respecto del excedente”.

En lo referente al derecho de la recurrente, sostiene que no resulta indubitado, habida cuenta que los hechos en que se los hace descansar se encuentran controvertidos, y ser la razón de lo ocurrido, la negligencia de la recurrente en su actuar.

Por último, referente a la alegación consistente en no ser la presente acción de protección la vía adecuada para resolver la cuestión controvertida, arguye que el presente caso es una disputa sobre el cumplimiento de una deuda crediticia que debe ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Concluye pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

A folio 12, SEBASTÍAN LLONA SOLÍS DE OVANDO, abogado, en representación de BANCO FALABELLA S.A., y PROMOTORA CMR FALABELLA S.A., y ante la orden de ésta Corte, amplía su informe; sosteniendo que en lo referente a la transacción reclamada, no corresponde efectuar una restitución de los dineros en favor de la recurrente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N°20.009, pero reconoce que por una omisión involuntaria, no se ejercieron las acciones pertinentes previstas en la Ley N°20.009.

Luego indica textualmente lo siguiente: “Con motivo de lo anterior, y sin perjuicio de no reconocerse lo expuesto por la Recurrente, las Recurridas se encuentran actualmente regularizando la deuda por la suma de $7.000.000 (siete millones de pesos) a nombre de la Recurrente, con el fin de sacarla de los registros de deudores. Efectuado lo anterior, se acompañará en autos los registros de ello para conocimiento de S.S. Iltma”

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO. Que, el recurso de protección es un instituto constitucional de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal.

Requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria; que dicho acto u omisión viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, y finalmente, que quien lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado que se vea amagado o perturbado por la eventual acción u omisión ilegal o arbitraria.

SEGUNDO. Que, el acto que se reprocha ilegal y arbitrario consiste en los reiterativos llamados recibidos por la actora y de parte de las recurridas -incluso por intermedio de otras personas- con el objeto de obtener el pago de una deuda que sostiene ser inexistente, al haber sido ella la víctima de un delito.

TERCERO. Las recurridas, no contradicen dicha afirmación, sino que alegan que la recurrente mantiene una deuda vigente con ellas, y que lo ocurrido se debe a un actuar culpable de ésta. Por ende, afirman, su actuar no resulta ilegal ni arbitrario, al haber procedido en conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 bis de la Ley N°20.009.

CUARTO. Se debe tener presente, que la referida ley consagra lo siguiente en el artículo 1°, inciso primero: “Esta ley regula el régimen de responsabilidad aplicable en los casos de extravío, hurto, robo o fraude de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar, en adelante conjuntamente, las "tarjetas de pago", emitidas y operadas por entidades sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y a la regulación del Banco Central de Chile, en relación con el respectivo giro de emisión u operación de dichos instrumentos. También regula el régimen de responsabilidad en los casos de extravío, hurto, robo o fraude de tarjetas de pago emitidas y operadas por entidades no sujetas a la fiscalización y regulación de los organismos indicados, salvo disposición expresa en contrario”.

Por su parte, el inciso primero del artículo 2 dispone textualmente: “Los titulares o usuarios de medios de pago, así como los titulares de otras cuentas o sistemas similares que permitan efectuar transacciones electrónicas, en adelante referidos en forma conjunta como los "usuarios", podrán limitar su responsabilidad, en los términos establecidos por esta ley, en caso de hurto, robo, extravío o fraude, dando aviso oportuno al emisor”.

A continuación, el artículo 5 establece un plazo de 10 días hábiles para que, dentro de este, el emisor pueda recopilar antecedentes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave por parte del usuario, y en tal caso podrá ejercer ante el juez de policía local todas las acciones que emanan de esta ley, con el objeto de proceder a dejar sin efecto la cancelación de los cargos o la restitución de fondos, dado la conducta culpable de la recurrente.

Por último, el inciso primero del artículo 5 bis ordena que: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, si hubiere antecedentes suficientes de la existencia de dolo o culpa grave por parte del usuario, el emisor podrá suspender la cancelación de cargos y/o la restitución de los fondos, cualquiera sea el monto reclamado. La suspensión será informada al usuario en el mismo plazo previsto en el mencionado artículo, dando cuenta de los fundamentos que la justifican”.

QUINTO. Pues bien, en autos está acreditado que la recurrente denunció oportunamente al emisor el hecho de que fue objeto, e igualmente lo hizo ante el Ministerio Público, sin que las recurridas iniciaran acción alguna con el objeto de poder acreditar que la recurrente actuó con dolo o bien con culpa grave, en el plazo que la referida normativa prescribe, por lo que la recurrente limitó su responsabilidad en los hechos ocurridos el 24 de enero del 2024.

SEXTO. Por lo antes expuesto y razonado, es que el actuar de las recurridas resulta ilegal y arbitrario, al no encontrar fundamento en los hechos ni en lo dispuesto en la normativa antes referida, y produce perturbación del derecho a la integridad psíquica de la recurrente, ante los insistentes e injustificados intentos de cobro de que ha sido objeto.

SÉPTIMO. No obstante lo anterior, se deja muy presente que sólo en virtud de la orden emanada de esta Corte, es que las recurridas procedieron a complementar su informe, reconociendo no haber ejercido el derecho consagrado en la ya referida Ley 20.009, y además, que actualmente se encuentran regularizando la deuda de la recurrente por la suma de $7.000.000, con el fin de eliminarla de los registros de deudores.

En consecuencia, dado que la acción de protección tiene por objeto el amparo del libre ejercicio de las garantías o derechos preexistentes a través de la adopción de medidas de resguardo necesarias para restablecer el imperio del derecho -que las recurrentes se encuentran actualmente realizando al sacarla del registro de deudores- es que el presente arbitrio ha perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que: SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado, en contra de BANCO FALABELLA S.A., y PROMOTORA CMR FALABELLA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Felipe Muñoz Levasier.

Rol Protección 19.037-2024.