nombre reservado con FUNDACIÓN MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Concepción, veintitrés de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección contra la Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos representada legalmente por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, habida consideración de que ha sido perturbado en sus garantías constitucionales, en particular se ha vulnerado su derecho a la honra y la libertad de trabajo, contempladas en los numerales 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República con el fin que se adopten las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y se le asegure la debida protección y se ponga término a los actos ilegales y arbitrarios por parte de la recurrida que consisten en la decisión de “Poner término a mi participación en el proceso de Convocatoria Abierta para artistas residentes en Chile.”

Expone que este programa, es organizado por entidades internacionales y la Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos participa como invitado en representación de Chile. La convocatoria se enmarca en el programa Contested Desires: Contructives Dialogues (CDCD) en torno al arte y el patrimonio, el cual entrega a dos artistas visuales residentes en Chile la oportunidad de participar en un programa internacional de residencias, exposiciones e intercambio de conocimiento financiado por tres años.

Refiere que la decisión arbitraria le afectó gravemente, ya que daño su honra por la gravedad de los hechos mencionados y el desprestigio del que ha sido objeto, así también ha afectado gravemente su planificación de vida en los próximos meses y años. Junto a lo anterior se vio afectada su libertad de trabajo lo cual por consiguiente daña su patrimonio, debido a que se ha privado de desarrollarse profesionalmente para una actividad a la cual cumplía con creces con los requisitos para participar, esgrimiendo argumentos falsos.

Esas acusaciones constituyen actos difamatorios, y es un atentado contra su honra, se le acusa de malos tratos, lo que fue expuesto en varias instituciones que son parte de este programa. Refiere que esos actos de características infames han lesionado, perturbado e infringido el derecho a la honra y a la imagen pública encontrándose estos derechos protegidos en el numeral 4 del artículo 19 de Carta fundamental.

En relación a la Libertad de Trabajo, consagrada en el numeral 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sostiene que se ha visto fuertemente afectado ya que la decisión de no poder trabajar en el programa resulta absolutamente arbitraria ya que se acusa de hechos sin posibilidad de realizar descargos, dejando al recurrente en la absoluta defensión, omitiendo cualquier otro protocolo existente y de un debido proceso.

Señala que el mes de marzo de 2024, en la plataforma Instragram, la Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, publicó un aviso, haciendo un llamado abierto a postular a artistas nacionales a ser parte de un programa internacional de residencias, exposiciones e intercambio de conocimiento financiado por tres años.

Indica que decidió postular, pasando cada una de las etapas, incluyendo una entrevista de manera telemática que se desarrolló el día 28 de mayo de 2024.

Refiere que con fecha 18 de junio de 2024 recibió un correo electrónico de doña nombre reservado, jefa del área de Museografía del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que le indica que está invitada de manera formal a ser de CONTESTED DESIRES: CONTRUCTIVE DIALOGUES (CDCD), esto tras haber sido seleccionada como una de las 22 artistas que a nivel mundial había sido seleccionada a formar parte de las mencionadas residencias.

Señala que participó en varias reuniones en donde se le dio la bienvenida de parte del equipo de trabajo del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, instruyéndole respecto de aspectos formales del programa.

Agrega que el programa contemplaba el pago de honorarios ascendente a los 7.450 euros a los artistas seleccionados, además de hacerse cargo de los costos de: pasajes, alojamiento, viáticos y materiales que se utilizaran en el programa.

A raíz de lo anterior, comenzó a realizar gestiones en los respectivos consulados con intención de agilizar los trámites de visa esenciales para poder ingresar a algunos países.

Sostiene que el 10 de agosto de 2024 recibió un correo electrónico de doña nombre reservado quien indica que su participación en el programa se encontraría en suspenso debido a que no se había regularizado el tema de las visas, que ellos como Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos habían realizado todas las gestiones posibles pero que dicha situación era de su exclusiva responsabilidad. Se menciona, además, que se cuestiona su supuesta residencia en Chile, toda vez que no se encontraba cursando estudios de un PhD en Suiza, por lo cual incumplía las bases de postulación del programa.

Refiere que el 12 de agosto se intentó comunicar al correo correo reservado y correo reservado, con el objetivo de encontrar una solución urgente a su situación migratoria, donde se le informó dos días antes, el sábado 10 de agosto, advirtiendo precipitamente que su participación podría verse afectada.

Indica que con fecha 16 de agosto, recibe un correo electrónico en donde se adjunta un documento que informa que se prescindirá de su participación en el programa indicando hechos que no son ciertos para fundamentar su decisión es así como señala que en relación al argumento N° 2 descrito en la carta refiere que “con relación a los trámites de obtención de su visa, trámite personal e intransferible, para participar en la primera actividad en Roma”. Señala que en ningún momento desconoce que este tipo de gestiones son exclusivamente personales. Y en relación al argumento N°3, esto es, la omisión de la duración real de la actividad y la respuesta de la Fundación. Sostiene que la recurrida falta a la verdad, ya que nunca solicitó se omitiera la duración real del programa a las autoridades, por el contrario, como expresó en el correo abiertamente que uno de los requisitos que le informaron en el consulado para poder participar de la residencia en Roma durante octubre era que la estadía tendría que durar como mínimo 90+1 días, incluso indicó que podría estar disponible para participar de alguna actividad extra en Roma, si el Museo lo considera necesario.

En cuanto al argumento N° 4: “Producto de lo anterior, usted no respetó el conducto regular de comunicación”, refiere que es importante indicar que en reiteradas ocasiones se intentó comunicar por correo y teléfono a fin de concretar una reunión y comunicarse con doña nombre reservado, lo cual nunca se pudo concretar, con la intención de poder solicitar colaboración y su preocupación en relación a la obtención de las visas.

Respecto al argumento N° 5 que se comunicó de un modo y trato no adecuados con el personal de esa Fundación, indicando que se desmarca de la misión y espíritu del proyecto, que es facilitar diálogos constructivos y cooperar con instituciones y comunidades, lo que implica mantener una actitud de buen trato y respeto en todo momento. Acusación de la mayor gravedad y adolece de falsedad absoluta, lo cual se demuestra de la simple lectura de la cadena de correos donde se puede apreciar que mi trato con los funcionarios resulta en todo momento en términos formales que implica mantener una actitud de buen trato y respetuosos. Afecta además su honra, debido a que como indica al final la misiva, la decisión sería comunicada a todas las entidades participantes del programa. Todo además resulta arbitrarios atendido que no tuvo posibilidad de defenderse de los hechos mencionados.

Respecto al Derecho, las imputaciones deshonrosas y difamatorias realizadas por el recurrido, ha perturbado e infringido sus garantías constitucionales, perjudicándole en varios aspectos de su vida.

Es así, como en cuanto al derecho a la honra, es su prestigio y crédito el que se ha visto enlodado por las publicaciones que ha realizado la recurrida, atribuyéndole falsas acciones.

Así también respecto del derecho a la imagen y el derecho a la propiedad, debido a que la difusión a otras entidades participantes en el programa, han perturbado e infringido también el derecho a la imagen, el cual es esencial en su trabajo ya que afecta directamente la opinión de sus compañeros y empleadores. Toda persona tiene un derecho de propiedad sobre su imagen como bien incorporal, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Además, se afectó el derecho a la vida privada, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, al igual que el derecho a la honra, debido a la decisión y difusión de los hechos mencionados.

En cuanto a la libertad de trabajo, consagrado en el artículo 19 N° 16 de la carta fundamental, atendido que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo las excepciones que brinda la propia Constitución. La decisión adoptada por la recurrida en base a hechos falsos ha afectado gravemente esta garantía, debido a que le ha privado de la posibilidad de trabajar y desarrollarse laboralmente. Su difusión afecta gravemente sus pretensiones labores futuras, al haberse expuesto hechos que no se han comprobado y respecto de los cuales ni siquiera ha tenido la posibilidad de defenderse.

En consecuencia, solicita reestablecer el imperio del derecho y obligar al recurrido a continuar siendo parte de los 2 artistas seleccionados por la Fundación Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, en representación de Chile, para ser parte del programa CONTESTED DESIRES: Constructive Dialogues, del cual la fundación participa en calidad de invitado. Además solicita que la Fundación Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, comunique a las mismas instituciones que informó de la decisión y las distintas acusaciones argumentadas, que los hechos mencionados en el documento de fecha 15 de agosto de 2024 no son efectivos, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, comparece Alejandro Adán Sanhueza Belmar, abogado en representación convencional de Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, representada legalmente por doña nombre reservado, quien expone como cuestión previa una incidencia de incompetencia en razón del territorio solicitando a esta Corte se declara incompetente y se remitan los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago, hace presente al efecto lo dispuesto en el acta N° 94 de 2015 de la Excelentísima Corte Suprema y el auto acordado 173 del 05 de agosto de 2018, que establece cual es la Corte de Apelaciones competente para conocerlo y fallarlo, para lo cual tiene dos alternativas, en primer término la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se hubiese producido el hecho u omisión reclamada, y en segundo lugar aquella en cuyo territorio jurisdiccional se hubiese producido los efectos de tales actos u omisiones.

Así las cosas, el domicilio legal domicilio reservado, y la recurrente al tiempo de los hechos que supuestamente vulneraron sus derechos, se encontraba en la República de Suiza, por ende, el tribunal competente es la Corte de Apelaciones de Santiago.

En cuanto al fondo del informe, sostiene que su representada recibió una invitación para formar parte del denominado “CONTESTED DESIRES: Constructive Dialogues” en adelante CDCD, programa de tres años desarrollado en torno al arte y patrimonio, el cual entregaría a dos artistas visuales residentes en Chile la oportunidad de participar en un programa internacional de residencias, exposiciones e intercambio de conocimientos financiado durante tres años. Esta convocatoria a participar convirtió a su representada en uno de los “Socios” productores en calidad de subcontratistas de tal iniciativa, la que debe señalarse cuenta con el apoyo del programa Creative Europe de la Unión Europea. Por ende, se hizo un llamado a postular a todos los artistas residentes en el país.

A raíz de lo anterior, la recurrente fue avanzando en cada etapa de modo normal y una vez llegado el término o final del proceso, se decidió concretar su selección como uno de los 2 artistas residentes en Chile para integrarlos al grupo que en total serían 22 artistas seleccionados para todos los socios intervinientes en CDCD. Es decir, cada una de las organizaciones intervinientes debía seleccionar 2 participantes que debían cumplir con etapas o “Rutas” de preparación y trabajo para la creación de una obra artística relacionada con el tema de la convocatoria.

Es así como en primer término debía realizar una residencia internacional de un mes de duración, que concluiría con una presentación de avances de la obra artística que presentarían más adelante.

Señala que, en el caso de la recurrente, se presentó para la denominada Ruta Uno, misma que iniciaba en octubre de 2024 con un Taller de Intercambios de Conocimientos, para continuar con la primera de las residencias en la ciudad de Roma, Italia, cuya duración era de 4 semanas, todo lo cual tenía como requisito fundamental el asunto migratorio o de visa para estar en Roma.

Refiere que, en junio de 2024, fue seleccionada como uno de los dos artistas seleccionados, la recurrente se encontraba en la Región de Biobio y a principios del mes de julio se trasladó a la República de Suiza con una visa de turista que vencería a mediados de octubre de 2024, por lo que su vigencia no permitiría que pudiese cumplir con el periodo de la primera residencia en Roma. Señala que el aspecto migratorio es una cuestión personal e intransferible del interesado que no puede ser solventado o facilitado por la Fundación, por lo que se iniciaron los problemas con la recurrente, atendido a que al término de su visa en Suiza debía estar seis meses fuera de la Unión Europea para poder regresar con otra Visa turista, lo que impedía que pudiese participar del inicio de la primera residencia en la ciudad de Roma, al cual comenzaría el 23 de octubre de 2024, motivo que derivó en un conflicto que impulsó en la decisión de modificar la selección de las personas que participarían en CDCD.

A raíz de lo anterior la recurrente recalcó en varias ocasiones que se podría hablar con la Embajada de Italia y los organismos respectivos a fin de solucionar su situación de permanencia. Esto resultaba bastante complicado, por lo que se le requirió que era ella la que lo debía solucionar, ya que la tramitación de la visa era una cuestión en la que la Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos no podía intervenir. Considerando el hecho que la residencia en Roma, tenía una duración programada de aproximadamente 4 semanas, lo que implicaba para doña nombre reservado un problema de tiempo. Y esto se debió al hecho de que estando en conversaciones y averiguaciones con el Consulado de Italia en Chile, se le dijo que la única posibilidad era obtener una visa de estudios, que debía durar un mínimo de 91 días o más, siendo que la residencia en Roma, más el Taller de Capacitación inicial contemplaban una duración de 35 días, es decir, las ya mencionadas 4 semanas y un poco más. Lo cual implica que no tenía la duración mínima antes indicada, es decir, los 91 días mínimos que exigía la Unión Europea para una visa de estudios. Lo anterior no era viable en la medida que el Museo de las Civilizaciones de Roma, que forma parte del Gobierno Italiano, no estaba disponible para entregar información que no se condecía con la realidad.

Refiere que se acercaban los plazos impuestos por la organización de CDCD para presentarle a la organización el contrato firmado con los artistas seleccionados, motivo por el cual se le informa a la recurrente vía correo electrónico que todo tenía que estar con una definición total y final el día lunes 12 de agosto de 2024, a cual la actora, señaló al recurrido que no podía tomar una determinación como la informada por correo, ya que la institución era un mero invitado.

Agrega que ante una petición de la recurrente se organizó una reunión en que estuvo presente como representante de las instituciones de Italia y de Ecom, organización con base en Italia que está a cargo de todo el proyecto CDCD.

Menciona que momentos antes de entrar a la reunión fijada con doña nombre reservado, tomaron conocimiento que ella, tomo contacto vía correo electrónico con la institución D6, saltándose la línea oficial de comunicación existente. Esa falta de protocolo y lo incorrecto del actuar de doña nombre reservado no estaba bien visto por la organización, solicitando a todos los intervinientes del Consorcio del CDCD no responder en caso de futuras comunicaciones por parte de ella.

En esta reunión se le informó que durante esa semana se adoptaría una decisión final sobre su caso y situación, con lo que se mostró disconforme, ya que ella solucionaría el problema de la visa y que tenía todo programado para que así fuera, sin perjuicio de lo cual se reiteró que esa semana habría novedades definitivas sobre toda la situación.

Refiere que, tras una larga conversación con todos los socios, se decidió finalizar con su designación, nominando a otro artista residente en Chile para que realizara el programa completo de CONTESTED DESIRES: Constructive Dialogues.

Se remite carta de aviso de no continuación en el proceso del proyecto a doña nombre reservado en la que se puede leer: “Junto con saludar, por medio de la presente FUNDACIÓN MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS, en adelante la “Fundación”, le informa la determinación de poner término a su participación en el proceso de Convocatoria Abierta para artistas residentes en Chile. Dicha convocatoria se enmarca en el programa Contested Desires: Constructives Dialogues (CDCD) en torno al arte y el patrimonio, el cual entrega a dos artistas visuales residentes en Chile la oportunidad de participar en un programa internacional de residencias, exposiciones e intercambio de conocimientos financiado durante tres años.

Esta decisión se funda en lo siguiente:

1. En virtud de esta convocatoria su postulación fue aceptada para pasar a siguiente etapa.

2. Como es de su conocimiento, no ha existido un criterio compartido entre Ud. como artista seleccionada y la dirección de la Fundación, con relación a los tramites de obtención de su visa, tramite personal e intransferible, para participar en la primera actividad en Roma, ya que Ud. se encuentra en estos momentos residiendo temporalmente fuera del país.

3. La no existencia del criterio compartido en torno a la tramitación de la visa radica en la solicitud que Ud. realizó a esta Fundación en relación a pedir que se omita la duración real de la actividad a desarrollarse en Roma. Ante lo cual se le señaló que no puede omitirse la información del programa a las autoridades consulares que le otorgarían a Ud. la visa.

4. Producto de lo anterior, Ud. no respetó el conducto regular de comunicación, que es esta Fundación con la que Ud. estaba en contacto y coordinación permanente, y se contactó con otras organizaciones participantes.

5. Adicionalmente, se comunicó de un modo y trato no adecuados con el personal de esta Fundación. Si bien se entiende su frustración y molestia, no se puede aceptar ya que se desmarca de la misión y espíritu del proyecto, que es facilitar diálogos constructivos, cooperar con instituciones y comunidades, lo que implica mantener una actitud de buen trato y respeto en todo momento.

6. Lo anterior ha devenido en una pérdida de confianza por parte de esta Fundación que hace imposible avanzar a la etapa de firma de contrato.

Desde luego se agradece su interés en este proyecto. Lamentamos esta situación, pero como se ha señalado previamente no es posible avanzar a la etapa de contratación. Se le informa además que esta decisión será comunicada a las instituciones y organizaciones participantes del proyecto”.

El contenido de la carta es algo que se ha mantenido entre la recurrente de autos y la organización cultural a la que representa, además de quienes estaban en conocimiento completo de todo lo ocurrido. Además, niega que los hechos señalados en la carta sean falsos.

En consecuencia, el texto de la carta en el primer motivo justificante se expone una situación concreta y debidamente comprobada, es decir la situación irregular de la visa de la recurrente. En definitiva, señala que implica una actuación reñida con una conducta recta en un proceso que de por sí busca dar a conocer las malas prácticas estatales que llevaron al Colonialismo y sus efectos en el mundo, por lo que resultaba virtualmente imposible que una actuación como aquella fuese tolerada o admitida para un proyecto como aquel de que se ha venido hablando a lo largo de esta presentación. Lo cual se puede observar en las bases de convocatoria a participar de CDCD.

Además, como ha quedado establecido, la recurrente tomó contacto directo con las organizaciones italianas que tenían relación con la primera residencia a partir del mes de octubre de 2024, por ende no respetó el conducto regular establecido. Esto no solo es una actuación inadecuada por parte de doña nombre reservado, sino que una conducta poco honesta para con quienes habían depositado la confianza en sus capacidades artísticas, sino que también en aquellas de rectitud y respeto.

Ahora lo informado fue la decisión y no los motivos que la justifican, por lo que no se puede hablar de una vulneración de su derecho a la honra, tal como lo expone en su acción de protección.

Indica que el aviso de no continuación con el proceso de firma de contrato, además fueron los malos inadecuados en cuanto a las formas de respeto propias de personas adultas que tuvo la recurrente con la señora nombre reservado.

Ahora bien, a las entidades participantes del proyecto internacional CONTESTED DESIRED: Constructive Dialogues, solo se les informó de la determinación de no continuar con la firma del contrato de la recurrente.

Respecto al análisis de la segunda garantía constitucional alegada esto es artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República expone que la conducta que tuvo la recurrente al proponer entregar información incorrecta o derechamente falsa a un organismo estatal relacionado con nuestro país, así como el trato inadecuado para con uno de los trabajadores de la fundación.

La libertad para contratar a alguien es un derecho tanto de quien busca ser contratada como de quien es la persona empleadora, en cuanto de hacerlo o no.

De este modo no puede haber ni hay una vulneración a la garantía constitucional señalada por la recurrente, por lo que, y tal como en el caso de aquella que se consagra en el N° 4 del señalado artículo 19 de la Constitución, por ende, debe ser desestimada.

En definitiva, no puede prosperar el recurso por que no existe vulneración alguna a las garantías constitucionales, siendo esta acción de carácter excepcional y extraordinario, por lo que pide su rechazo en todas sus partes.

TERCERO: Que, el recurso de protección ha sido instaurado con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor.

CUARTO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último; d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Por consiguiente, es requisito indispensable para la plausibilidad de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, esto es, un evento contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o bien un evento que sea arbitrario, es decir, producto del mero capricho o voluntad infundada de quien incurre en él, y que provoque algunas de las consecuencias que se han enunciado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes expresamente protegidas por la Constitución, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso.

QUINTO: Que, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte del recurrido y, establecido aquello, si tal actuación u omisión ha producido en el recurrente una perturbación, privación o amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección, en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquella que la propia recurrente indica como vulnerada en su libelo pretensor.

I.- EN CUANTO A LA INCOMPETENCIA.

SEXTO: Que, esta alegación del recurrido será rechazada, por cuanto del tenor del presente recurso aparece que la actora ha reclamado la intervención de esta Corte, respecto de la decisión emitida de la Fundación Museo de La Memoria y Los Derechos Humanos, que remitió vía correo electrónico la decisión de la recurrida, quien señala leer el respectivo correo, en su domicilio ubicado en San Pedro de la Paz, por ende, sostiene que es en esa oportunidad donde se suscitan los agravios que reclama en el presente arbitrio, considerando además al efecto que se trata de una acción constitucional de urgencia.

II.- EN CUANTO AL FONDO.

SÉPTIMO: Que, en cuanto al fondo de la presente acción cautelar, conviene tener presente que la actora indica en su exordio que “los actos difamatorios, resultan un atentado contra su honra y a la imagen pública, protegido y consagrado por el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Conjuntamente con lo anterior señala además vulnerado la garantía de la Libertad a Trabajo, consagrada en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, ya que la decisión de no poder trabajar en el programa resulta absolutamente arbitraria ya que se acusa de hechos sin posibilidad de realizar descargos.

Ahora bien, la recurrida plantea una oposición en términos tales que contradice absolutamente lo referido en cuanto a la difamación argumentada por la recurrente como así también en lo referente a la vulneración de la garantía de libertad de trabajo.

OCTAVO: Que, tal como se mencionó en los motivos anteriores, se hace fundamental para este tipo de recursos extraordinarios, que del mérito de los antecedentes fluyan elementos de juicio categóricos, que permitan con certeza concluir que estamos frente a un acto ilegal o arbitrario, el cual no amerite discusión al efecto, y que permite a esta Corte adoptar las medidas necesarias y oportunas que permitan resguardar las garantías que alega infringidas la recurrente.

NOVENO: Que, es evidente que, entre las partes recurrente y recurrida, existe una controversia, pero se hace absolutamente necesaria, atendido los antecedentes expuestos en esta sede y con la finalidad de garantizar a ambos, principios fundamentales como lo es el acceso a la Justicia y someterse a un justo y debido proceso, que el recurrente en su caso, acredite la efectividad de sus alegaciones, que sustente y corrobore con los medios de prueba que le flanquea el ordenamiento jurídico, los actos difamatorios que fue víctima, según señala y como éstos le han dañado su honor. Así también dar cuenta pero con antecedentes de juicio pertinentes que se ha lesionado su garantía a la libertad de trabajo.

DÉCIMO: Que, en conclusión, no es posible dilucidar la existencia de una actuación u omisión que revista una connotación de ilegalidad o arbitrariedad por parte de Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en los términos expuestos por la actora, que habilite a esta Corte la adopción de medidas de restablecimiento del derecho, puesto que, en el caso sub-lite, no se ha establecido que el recurrente posea un derecho indubitado o indiscutido que lo habilite para reclamar por la presente vía.

UNDÉCIMO: Que, sobre la base de lo razonado, se puede concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el recurrente, resultando innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se indican como vulneradas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección intentado por nombre reservado en contra de la Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Oportunamente dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del citado Auto Acordado.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro (s) señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón.

N°Protección-18996-2024.