nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Concepción rtp Concepción, seis de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

1°.- Comparece la abogada Gabriela Morales Reveco, en representación de nombre reservado, técnico marino, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra del señor nombre reservado, contador auditor, RUT N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien –dice- aceptando ilegítima e injustificadamente una espuria designación de liquidador ha efectuado actos arbitrarios e ilegales, cuya consecuencia es la privación, perturbación y amenaza al derecho de propiedad del recurrente.

Explica que don nombre reservado fue socio, junto a sus hermanos nombre reservado y nombre reservado ambos de apellido nombre reservado, en las sociedades civiles de responsabilidad limitada (i) Sociedad Agrícola y Forestal Alpino Limitada, (ii) Sociedad Agrícola y Forestal El Bolzón Limitada, (iii) Sociedad Agrícola y Forestal Tres Hermanos Limitada y (iv) Sociedad Agrícola y Forestal Paso de Piedra Limitada, su participación era de un 35% de los derechos sociales, con la excepción de la Sociedad Agrícola y Forestal El Bolzón donde su participación era de un 33%.

Tras no haberse llegado a acuerdo entre los socios respecto a la división de los negocios sociales requerida por el recurrente, él decidió manifestar su voluntad de ponerle término, lo que materializó mediante la suscripción de la respectiva escritura pública otorgada con fecha 17 de julio de 2018 ante el Notario Público de Los Ángeles Sr. nombre reservado y su correspondiente anotación al margen de la inscripción del extracto de la escritura de constitución.

A raíz de esta manifestación de voluntad, el 23 de mayo de 2020 se produjo el término y disolución de las sociedades civiles de responsabilidad limitada Agrícola y Forestal Alpino Limitada y la Sociedad Agrícola y Forestal El Bolzón Limitada, por expiración del plazo; y luego, con fecha 21 de diciembre de 2021 se produjo el término y disolución de las sociedades Sociedad Agrícola y Forestal Tres Hermanos Limitada y Sociedad Agrícola y Forestal Paso de Piedra Limitada. Respecto de las dos primeras sociedades, una vez disueltas y conforme la ley lo exige para proceder a la partición de los bienes, solicitó a la justicia ordinaria la designación de un juez partidor para que procediera con su partición, cuestión que fue de conocimiento del 2° Juzgado de Letras de Los Ángeles, en la causa Rol N° C-2562- 2020, a lo que se opusieron los Sres. nombre reservado, oportunidad en que quedó de manifiesto que a instancias de ellos se había iniciado paralelamente un irregular e ilegítimo proceso de “liquidación social”.

Este espurio proceso consistió en que los ex socios del recurrente requirieron subrepticiamente al señor nombre reservado - quien en los estatutos aparece como persona designada como árbitro- para que asumiera en calidad de liquidador comercial, con la instrucción de realizar la “liquidación” de los bienes sociales. El señor nombre reservado, quien fue íntimo amigo del padre de los socios y muy cercano a los Sres. nombre reservado, a pesar que esta parte solicitó que se inhabilitara de realizar cualquier gestión explicándole la existencia de un proceso designación de partidor, en lugar de abstenerse, aceptó la solicitud de los ex socios en orden a liquidar los bienes existentes bajo la fórmula de insistir en que se trataba de sociedades comerciales, para luego proceder a emitir y ejecutar una serie de actos en dicho sentido.

La irregular situación de hecho descrita previamente fue revertida judicialmente, pues el Segundo Juzgado de Letras rechazó la oposición presentada y designó Juez partidor de las sociedades a don nombre reservado. Dicha resolución, fue apelada por los exsocios ingresándose, bajo el Rol N° 1580-2022, apelación que fue rechazada mediante resolución de fecha 25 de septiembre de 2023, confirmándose de esta manera la sentencia del tribunal a quo.

A raíz de esta situación, a pesar de encontrarse pendiente de conocimiento y resolución un recurso de casación en el fondo interpuesto por los Sres. nombre reservado y nombre reservado, el juez partidor designado aceptó el cargo y juró desempeñarlo con fecha 14 de febrero de 2024, encontrándose el Tribunal Arbitral legalmente constituido para todos los efectos.

Afirma que el señor nombre reservado se encuentra en pleno conocimiento de todas las actuaciones y de los procesos legales, así como de la designación de juez partidor y de la aceptación del cargo del mismo, puesto que se le remitió mediante correo certificado enviado por el Sr. nombre reservado, Notario Público, una carta mediante la cual se adjunta copia de la sentencia de designación del Sr. Juez nombre reservado y se le indica que se encuentra inhabilitado de asumir con arbitro partidor o liquidador de este tipo de sociedades.

Respecto de las dos restantes sociedades cuya disolución fue posterior, esto es, Agrícola y Forestal Paso de Piedra Limitada y Agrícola y Forestal Tres Hermanos Limitada, su parte solicitó a la Justicia Ordinaria la designación de juez partidor, proceso seguido ante el Segundo Juzgado de Letras de Los Ángeles, autos Rol N° C-1416-2022.

Reitera que todo lo anterior se encuentra en conocimiento del señor nombre reservado, quien de manera en abierta concomitancia con los Sres. nombre reservado aceptó nuevamente la solicitud de aceptar el cargo de “liquidador comercial requerido por los exsocios del recurrente, a sabiendas que ya en el otro proceso se había desestimado la posibilidad que ejerciera como partidor, atendido que el Sr. nombre reservado no es abogado y por ende, no puede detentar la calidad de partidor.

Añade que hay más y que el señor nombre reservado -no obstante estar en pleno conocimiento de lo fallado por los Tribunales de Justicia- ha continuado pertinazmente ejerciendo como liquidador, actuando al margen de la legalidad con total arbitrariedad y con un evidente desprecio a lo resuelto por esta Corte de Apelaciones desde que resolvió que “es un hecho no controvertido que las sociedades Agrícola y Forestal Alpino Limitada y Agrícola y Forestal El Bolzón Limitada terminaron el 23 de mayo de 2020 y, por ende, están disueltas debiendo procederse a su división; de manera que se comparte por esta Corte, el análisis y conclusión efectuado en torno a la naturaleza civil de las sociedades de responsabilidad limitada en conflicto, cuya partición debe realizarse por un abogado habilitado que actúe como juez partidor”.

Arguye que el señor nombre reservado desconoce groseramente que todo su actuar lo fue al margen de la legalidad vigente y que la aceptación de la solicitud efectuada por los exsocios del recurrente para que aceptara el cargo de liquidador comercial es ilegítima, desde que es un hecho ya asentado que las dos primeras sociedades deben ser partidas por el abogado habilitado don Jorge Cáceres Méndez y las segundas sociedades deben ser partidas igualmente por un juez partidor cuya designación se tramita ante el mismo Segundo Juzgado de Letras de Los Ángeles, ya que comparten la misma calidad y sus Estatutos son prácticamente idénticos a los de las primeras sociedades.

Lo más grave, adiciona, es el hecho que en pleno conocimiento de su actuar al margen de la legalidad y carente de toda facultad legal y en forma absolutamente arbitraria, el señor nombre reservado ha comunicado que ejecutará actos de disposición y enajenación del patrimonio de las sociedades en cuestión, patrimonio del que es dueño también el recurrente, afectando derechamente su derecho de propiedad.

En efecto, dice, con fecha 28 de febrero del presente año, don nombre reservado recibió una comunicación por la que el señor nombre reservado le informa que ha efectuado y efectuará actos de disposición y enajenación sobre los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las comunidades quedadas a la disolución de las sociedades Agrícola y Forestal Alpino Limitada, Agrícola y Forestal El Bolzon Limitada, Agrícola y Forestal Paso de Piedra Limitada y Agrícola y Forestal Tres Hermanos Limitada.

Tales actos emanados del señor nombre reservado privan, perturban y amenazan el legítimo derecho de propiedad del recurrente, contemplado en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República, Indica que en la carta informativa el señor nombre reservado le comunicó que llevará a efectos los siguientes actos arbitrarios e ilegales:

a) Licitación privada invitadas en fecha 6 de marzo próximo para enajenar terrenos urbanos de aproximadamente 20 hectáreas correspondientes a parte del Fundo El Bolsón de propiedad de la sociedad Alpino Limitada.

b) Licitación privada en fecha 6 de marzo próximo para enajenar terrenos urbanos de aproximadamente 15 hectáreas correspondientes a parte del Fundo Tolpán de propiedad de la sociedad Tres Hermanos Limitada c) Realización de Subdivisión predial de Fundo El Bolzón de propiedad de Sociedad Alpino Limitada.

d) Realización de Subdivisión predial de Fundo Tolpán de propiedad de sociedad Tres Hermanos Limitada.

e) Realización de Subdivisión predial de terreno de propiedad de Sociedad Alpino Limitada en donde se encuentra la casa habitación de don nombre reservado.

f) Arrendamiento de Fundo Santa Magdalena de propiedad de sociedad Alpino Limitada.

g) Arrendamiento de Fundo Tolpan de propiedad de sociedad Tres Hermanos Limitada.

h) Arrendamiento de Fundo Paso de Piedra de propiedad de sociedad Paso de Piedra.

i) Reparto de fondos desde la sociedad Alpino Limitada.

j) Pagos efectuados desde los fondos de la sociedad Alpino Limitada.

Sostiene que los actos descritos conculcan gravemente el derecho de propiedad del recurrente y han sido orquestados al margen de la ley y de resoluciones emanadas de los Tribunales Superiores de Justicia, puesto que el señor nombre reservado se ha apresurado a efectuar estos actos de enajenación de los bienes sociales, lo que no sólo es ilegal sino que también contra toda ética que debiese asistir, a quien se autoasignó la calidad de Liquidador.

En definitiva, arguye, los hechos descritos y que corresponden a actuaciones del Sr. nombre reservado son de tal gravedad, que la presente acción cautelar de protección es la única vía para que se impidan actuaciones absolutamente perniciosas y- en definitiva- se reestablezca el imperio del derecho, mientras se resuelvan tanto el recurso de casación en el fondo seguido ante la Excma. Corte Suprema bajo el Rol Ingreso N° 244321-2023 y se dicte sentencia judicial ejecutoriada en la designación de juez partidor seguida actualmente ante el Segundo Juzgado de Letras de Los Ángeles, bajo el Rol C- 1416-2022.

Solicita se acoja el presente recurso de protección y se ordene al recurrido que se abstenga de realizar cualquier acto o contrato sobre los bienes muebles e inmuebles de propiedad de las comunidades quedadas a la disolución de las sociedades Agrícola y Forestal Alpino Limitada, Agrícola y Forestal El Bolsón Limitada, Agrícola y Forestal Paso de Piedra Limitada y Agrícola y Forestal Tres Hermanos Limitada, puesto que concurren todos los presupuestos legales para ello.

En subsidio, y para el evento que se considere que el Sr. nombre reservado puede realizar actos de mera conservación hasta la resolución mediante sentencia judicial ejecutoriada de la solicitud de designación de Juez nombre reservado respecto de las sociedades agrícolas Paso de Piedra y Tres Hermanos, solicita que se ordene al Sr. nombre reservado se abstenga de realizar cualquier acto que implique la disposición de cualquier bien de propiedad de las sociedades agrícolas El Bolzón, Alpino, Paso de Piedra y Tres Hermanos.

2°.- Informó el abogado Claudio Marcelo Maldonado Pulgar, en representación del recurrido don nombre reservado, manifestando que no es efectivo que la designación de don nombre reservado, en calidad de “liquidador”, en todas y cada una de las sociedades invocadas por la recurrente, tenga el carácter de espuria (concepto definido según RAE como falso, ficticio, fraudulento). No es efectivo que la aceptación del cargo de liquidador, por parte de nuestro representado, tenga el carácter de ilegítima e injustificada. No es efectivo que, a consecuencia de la aceptación del cargo de liquidador, don nombre reservado haya visto privado, perturbado o amenazado su derecho de propiedad.

Explicó, en primer término, a propósito de la designación en calidad de “Liquidador”, de don nombre reservado, en las empresas invocadas por la recurrente, que:

a)

En cada sociedad, la designación fue hecha por el propio recurrente, junto a los demás socios. De ahí la gravedad de sus dichos, ya que no se explica cómo es que califica de espurio un acto celebrado por él y del que jamás solicitó revocación, tampoco pidió la nulidad (si es que a su juicio la designación era fraudulenta), tampoco pidió su remoción en los términos del artículo 2072 del Código Civil, por remisión del artículo 417 del Código de Comercio.

Así, respecto de Agrícola y Forestal el Bolzón Ltda., en cláusula DECIMO TERCERA, se indica: “La liquidación de la sociedad, una vez disuelta, se practicará de común acuerdo por los mismos socios, y en caso de desacuerdo, que no será necesario acreditarlo, la liquidación la hará el árbitro nombrado en la cláusula undécima, en la forma allí señalada.” Al respecto, la cláusula undécima señala a don nombre reservado.

Respecto de Sociedad Agrícola y Forestal Alpino Ltda., en cláusula DECIMO TERCERA, se indica: “La liquidación de la sociedad, una vez disuelta, se practicará de común acuerdo por los mismos socios, y en caso de desacuerdo, que no será necesario acreditarlo, la liquidación la hará el árbitro nombrado en la cláusula decimo primera, en la forma allí señalada.” Al respecto, la cláusula décimo primera señala a don nombre reservado. Esta sociedad fue objeto de varias modificaciones, ratificando en cada una de ellas a don nombre reservado en calidad de Liquidador.

Respecto de Sociedad Tres Hermanos Ltda., en cláusula DECIMO QUINTO, se indica: “Los socios acuerdan que la liquidación de esta sociedad se efectuará de común acuerdo y a falta de acuerdo, la practicará el árbitro que se designará en conformidad a lo estipulado en la cláusula siguiente.” Al respecto, la cláusula décimo sexto señala a don nombre reservado.

Respecto de Sociedad Paso de Piedra Limitada., la cláusula TRIGESIMO PRIMERO, se indica: “Los socios acuerdan que la liquidación de esta sociedad se efectuará de común acuerdo y a falta de acuerdo, la practicará el árbitro que se designará en conformidad a lo estipulado en la cláusula siguiente.” Al respecto, la cláusula trigésimo segundo señala a don nombre reservado.

b)

A la época de la designación cada socio era mayor de edad y tenía la libre disposición de sus bienes, sin que tal designación fuera prohibida por las leyes o contraria a derecho, es decir, actuaron en aplicación plena del principio de la AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD.

c)

Don nombre reservado, no tuvo injerencia alguna en la designación hecha por los socios, en los estatutos sociales, respecto de la o las personas designadas en calidad de “Liquidador”, asimismo, ninguna utilidad resultaba para el señor nombre reservado la referida designación.

d)

La recurrente designó “Liquidador” a don nombre reservado, según dan cuenta las copias de escrituras pública e inscripciones acompañadas por ella misma al deducir el presente recurso, de manera sistemática, en distintos instrumentos y en diversos periodos de tiempo, que van desde la escritura pública de constitución de “Agrícola y Forestal El Bolzón Ltda.”, celebrada el 23 de Mayo de 1980, hasta la escritura pública de división de “Agrícola y Forestal Alpino Ltda.” y la creación de la “Sociedad Tres Hermanos Limitada” y “Sociedad Paso de Piedra Ltda”, celebrada el 21 de Diciembre de 2001, es decir, mediando más de 21 años entre la primera y última designación de liquidador.

e)

Escapa a la lógica, que, habiendo transcurrido casi 44 años, desde la celebración de la primera escritura en que el recurrente, libre y voluntariamente, designara a don nombre reservado en calidad de “Liquidador”, repitiendo la designación en 4 sociedades distintas, ratificando tal designación en varias modificaciones sociales (acompañadas por la propia actora al recurso), ahora diga que la designación hecha por él tiene carácter de “ESPURIA”.

En Segundo Lugar, haciéndose cargo de desvirtuar la alegación de la recurrente, en cuanto a que la aceptación del cargo de liquidador de parte de don nombre reservado es “ilegítima e injustificada”, señaló, que:

a)

La aceptación y juramento del cargo de liquidador, en cada sociedad, fue solicitada a don nombre reservado, por el Notario Público de la ciudad de Los Ángeles don nombre reservado, a requerimiento expreso de los hermanos y socios del ahora recurrente, los señores nombre reservado y nombre reservado, con fecha anterior a que don nombre reservado iniciara proceso judicial de designación de árbitro.

b)

Previo a tomar una decisión, en cuanto a aceptar o rechazar el cargo requerido, el recurrido tomó en consideración: b.1) En primer lugar, las relaciones de amistad, de larga data, con cada uno de los socios, amistad que nació primero con el abuelo don nombre reservado., luego con el padre de los socios don nombre reservado y la madre doña nombre reservado y continuó con don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado y que para don nombre reservado aún perdura, a pesar de estas vicisitudes. Es más, a pesar de la interposición de este recurso y de los duros términos vertidos en su contra, el recurrido ha manifestado en reiteradas oportunidades mantener un profundo aprecio por don nombre reservado, a quien, a modo de ejemplo, acompañó en duros momentos de enfermedad, viajando con él durante un periodo cercano a 2 años a la ciudad de Santiago, hasta su recuperación, negándose don nombre reservado a compartir mayores detalles de la enfermedad, por respeto a la intimidad del recurrente. Se pregunta ¿No es acaso prueba de afecto y amistad, dedicar tanto tiempo y preocupación por alguien que no es un familiar cercano? ... la respuesta es obvia.

b.2) En segundo lugar, por un deber moral, ya que asumió el compromiso, con los padres del ahora recurrente, de ayudar y apoyar en cuanto fuera posible, a los hermanos nombre reservado, a solucionar de manera pacífica sus discrepancias (entre ellas la división de haberes sociales), cuando las circunstancias así lo requirieran.

b.3) Además, junto a las consideraciones personales ya referidas, el señor nombre reservado se preocupó de verificar que la designación de liquidador, fuera manifestación inequívoca de la voluntad de todos los socios, y se encontrara vigente, lo que pudo constatar a través de la revisión de las respectivas escrituras e inscripciones sociales, en los hechos, tales designaciones aún siguen vigentes.

b.4) Así las cosas, luego del proceso reflexivo referido en los puntos anteriores, entendiendo la dificultad y responsabilidades del compromiso que asumiría, decidió aceptar y juramentar fiel desempeño del cargo encomendado, informando de la aceptación inmediatamente a cada uno de los socios.

b.5) Destacó, que, desde la aceptación y juramento del cargo de liquidador, de la primera de las sociedades, a saber, Agrícola y Forestal Alpino Ltda. (13 de Julio de 2020), hecho puesto inmediatamente en conocimiento del ahora recurrente, a esta fecha, han transcurrido casi 4 años, sin que haya realizado gestión alguna tendiente a la remoción del cargo o haya instado a la declaración de nulidad del mandato conferido al señor nombre reservado para actuar en tal calidad.

Argumentó que, especialmente del artículo 410 del Código de Comercio, fluye el carácter jurídico del liquidador, siendo este un verdadero administrador de la sociedad, representándola legalmente en tal carácter, en iguales términos que los administradores ordinarios.

Además, que el liquidador se rige, en primer término, por la ley del contrato, en lo que no fuera contrario a las disposiciones legales especiales sobre el tema (Código de Comercio) y, en subsidio, por las normas del Código de Comercio y por las reglas propias del mandato consagradas en el código Civil; y, en los hechos, desde la aceptación del cargo, el liquidador se obliga a cumplir, además de los deberes que su título le impongan, con todas y cada una de las obligaciones del artículo 413 del Código de Comercio, que citó, normas todas que -dice- ha cumplido fiel y oportunamente, con estricto control y resguardo de los derechos de cada uno de sus representados. Prueba de aquello, es que a la fecha don nombre reservado no ha sido removido de su cargo por ser indigno de confianza o incapaz de administrar útilmente las sociedades en liquidación, ni tampoco se ha iniciado juicio alguno en tal sentido.

Dijo, también, que la ley en el artículo 2072 del Código Civil establece de manera precisa, que, para el caso de pérdida de confianza, el socio interesado podrá siempre pedir la remoción del liquidador, hecho que no ha ocurrido.

Citó también diversas normas jurídicas, tales como los artículos 408 y 409 del Código de Comercio y el artículo 2115 del Código Civil, acorde a los cuales dijo que –en el caso de las sociedades comerciales- la ley no exige que la persona del liquidador tenga título de abogado, por razones obvias, pues su función no constituye un procedimiento judicial, sino una actuación extrajudicial encomendada de común acuerdo por la unanimidad de los socios. En el caso de las sociedades civiles, sostuvo que a priori, pareciera ser, que la única vía idónea para liquidar el haber social, sería someter el negocio jurídico a un arbitraje, debiendo ser designado al efecto un árbitro de derecho, el que siempre debe detentar título de abogado. Sin embargo, de una lectura más profunda de la normativa recién citada, al igual que en materia mercantil, también opera el principio de autonomía de la voluntad de las partes, conforme se desprende de lo establecido en el artículo 1325 del Código Civil, añadiendo que si de común acuerdo pueden hacer la partición, con mayor razón la liquidación. Destacando lo establecido en el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales, que confirma lo expuesto, en cuanto a la primacía de la voluntad de las partes, esto es, si concurre la unanimidad de los socios (interesados), siempre que tengan la libre administración de sus bienes, podrán resolver por sí mismos los negocios a que se refiere el mismo artículo, para el caso en concreto a liquidar sociedades de naturaleza civil.

En otro orden de cosas señaló que la recurrente hace referencia en reiteradas oportunidades a las demandas Rol C-2562-2020, del 2° Juzgado Civil de Los Ángeles y C-1416-2022, también de ese tribunal, pero en ambas solicitó designación de Juez nombre reservado para las sociedades objeto del presente recurso, sin incorporar como parte al recurrido, destacando que las resoluciones que eventualmente se dicten en aquellas causas no le empecen al liquidador, por así disponerlo el artículo 3°, inciso 2°, del Código Civil; y la remisión de carta, vía correo certificado, al “Liquidador”, en los términos descritos por la recurrente en el punto número 11 de su recurso, informándole de la designación de árbitro, no constituye forma de notificación válida, no surte ni puede surtir ningún efecto respecto a las funciones que actualmente desempeña en tal calidad.

Respecto de otras afirmaciones contenidas en el recurso dijo que es efectivo que le remitió un correo informativo al recurrente, con fecha 28 de Febrero del presente año 2024, pero que es uno de múltiples correos enviados tanto al recurrente como a los demás socios, desde que asumió la calidad de “Liquidador”, comunicando todo lo actuado, vía electrónica a todos los interesados, desde el comienzo de su gestión, por lo que resulta curioso que solo haga referencia a esta última misiva.

Indicó que No es efectivo que en su calidad de “Liquidador”, haya informado al recurrente que realizará actos de enajenación y disposición, sobre los bienes muebles o inmuebles pertenecientes a las siguientes sociedades en liquidación: Sociedad Agrícola y Forestal Alpino Ltda., Agrícola y Forestal el Bolzón Ltda., Agrícola y Forestal Paso de Piedra Ltda., y Agrícola y Forestal Tres Hermanos Limitada (nos remitimos en esta parte al tenor literal de la comunicación remitida al recurrente, con fecha 28 de Febrero del presente año, acompañada por la actora al deducir recurso).

Afirmó que, en los hechos, desde que asumió el cargo de liquidador, ha efectuado actos tendientes a la conservación del patrimonio social, de las diversas sociedades, cumpliendo de manera irrestricta las exigencias del artículo 413 del Código de Comercio y dando cuenta de todas sus actuaciones a sus representados, incluido el ahora recurrente.

Destacó que es imposible al liquidador afectar los derechos de uno o algunos de los socios en beneficio de otros, esto debido a que cada uno es titular de una cuota específica, circunscribiendo sus derechos a dicha cuota de participación social; en el orden práctico, el “liquidador” ha repartido fondos con cargo a sus derechos, a cada socio, conforme a sus respectivos derechos sociales, tomando vale vistas a nombre de cada socio, depositándolos luego e informando inmediatamente de tal gestión.

También señaló que, sin perjuicio de negar toda transgresión a garantías constitucionales, reclamadas por la actora, sostuvo que, para el evento improbable que esta Corte estime que, sí existieron las referidas transgresiones, el plazo para deducir el presente recurso de protección, comenzó a correr, al menos el día 21 de Septiembre de 2022, precluyendo el día 21 de Octubre del mismo año, esto es, 1 año y 3 meses antes de la presentación del recurso.

Dicha fecha corresponde a la del pago que el recurrido hizo, en su calidad de “Liquidador”, de la empresa “AGRICOLA Y FORESTAL ALPINO LTDA.”, al ahora recurrente, don nombre reservado, a través de consignación en Autos de Cobranza Laboral C-107-2022, del Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles, correspondiente a deuda laboral que las empresas en liquidación (demandadas solidariamente) mantenían con el recurrente, al efecto, el liquidador efectuó un pago ascendente a $104.689.959 (capital e intereses), más la suma de $850.000 (correspondiente costas).

Si bien, existen otras gestiones previas susceptibles de hacer nacer el plazo de 30 días para recurrir, en caso de haber estimado el recurrente que las gestiones del Liquidador violentaban sus garantías constitucionales, estimó que la referida corresponde a un acto de disposición que fue en su directo beneficio y del que no es posible al recurrente negar la fecha exacta de la consignación.

En los hechos, el recurrente tuvo, posterior a la consignación, la oportunidad de ejercer la acción de remoción por pérdida de confianza, establecida en la Ley, lo que tampoco hizo.

Dijo, en definitiva que ninguno de los actos desplegados por el recurrido pueden ser calificados de ilegales o arbitrarios; y que ninguno de los actos desplegados por él han afectado los derechos o garantías constitucionales de su mandante (el recurrente de autos).

Por ello pidió tener por evacuado el informe solicitado, y con su mérito rechazar el presente recurso de protección en todas sus partes y las peticiones contenidas en su petitorio por carecer de todo fundamento, con expresa condena en costas.

3°.- Compareció el abogado Andrés Norberto Cruz Carrasco, por don nombre reservado y señaló que los hermanos nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado constituyeron cuatro personas jurídicas, todas de carácter agrícola y forestal, todas sociedades de responsabilidad limitada, teniendo sus estatutos sociales una redacción similar, las que formaban parte de un conglomerado comercial, y que son: a) la sociedad Agrícola y Forestal Alpino Limitada que se constituyó por escritura pública de 15 diciembre de 1981; b) la sociedad Agrícola y Forestal El Bolzón Limitada que se constituyó por escritura pública de 23 mayo 1980; c) la sociedad Agrícola y Forestal Tres Hermanos Limitada que se constituyó por escritura pública de 21 diciembre 2001; d) por la misma escritura antes referida se constituyó la sociedad Agrícola y Forestal Paso de Piedra Limitada. Estos tres hermanos eran los únicos socios en todas ellas.

2.- Por la voluntad de don nombre reservado todas estas sociedades se disolvieron: a) El 23 mayo de 2020 las sociedades Alpino y el Bolzón, por vencimiento de su plazo de vigencia, que no se renovó; b) el 21 diciembre 2021 por el mismo motivo, se disolvieron las sociedades Tres Hermanos y Paso de Piedra.

3.- Conforme a los estatutos sociales: a) Respecto de la sociedad Agrícola y Forestal Alpino Limitada, en su cláusula décimo primera, se establecía que en caso de cualquier dificultad o diferencia entre los socios por su resolución, liquidación, disolución u otras causas, debería ser resuelta por un árbitro en calidad de arbitrador, designándose de común acuerdo a don nombre reservado y a falta de éste a don nombre reservado. En la cláusula décimo tercera se estableció que la liquidación de la sociedad, una vez disuelta, sería realizada de común acuerdo y en caso de no ser posible este acuerdo, por el árbitro arbitrador que se nombrara por aplicación de la cláusula décimo primera ya aludida; b) en relación con la sociedad Agrícola y Forestal El Bolzón Limitada, sus estatutos señalaban exactamente lo mismo antes señalado para Alpino Ltda., en sus cláusulas undécima y décimo tercera; c) para la sociedad Agrícola y Forestal Tres Hermanos Limitada, sus estatutos sociales en el título cuarto de la escritura pública, cláusula quinta, determinaba que la liquidación se realizaría de común acuerdo entre los socios y a falta de este acuerdo, por un árbitro designado conforme a la cláusula décimo sexta, que establecía la designación de un árbitro arbitrador para solucionar toda controversia en relación con la liquidación y disolución de la persona jurídica, nombrándose a don nombre reservado y a falta de este a don Pablo Palacios Mena, para el ejercicio de dicha función; d) en relación a la sociedad Agrícola y Forestal Paso de Piedra Limitada, la misma escritura pública referida para Tres Hermanos Ltda., señalaba en su título quinto, cláusulas trigésimo primera y trigésimo segunda, exactamente lo mismo.

b.- Antecedentes específicos:

1.- Habiendo diferencias entre los socios en relación a las disposiciones legales aplicables para la partición de las sociedades Alpino y El Bolzón Ltda., se procedió por don nombre reservado a demandar el 22 julio de 2020, la designación de un juez partidor, cuyo conocimiento y resolución quedó radicado en el 2do. Juzgado Civil de Los Ángeles, en causa rol C-2562-2020 caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, que acogió la pretensión de la parte demandante, por sentencia definitiva de 13 junio 2022, nombrando en esa calidad a don Jorge Cáceres Méndez, resolución de la que se apeló por los demandados don nombre reservado y don nombre reservado, rechazándose el recurso con fecha 25 septiembre 2023 en causa rol Nro. 1580-2023 de este mismo tribunal, pero contra la que se dedujo un recurso de casación cuya vista se encuentra pendiente ante la Excma. Corte Suprema, que tiene asignado el rol Nro. 244.321-2023, habiendo también un incidente de nulidad de todo lo obrado por incompetencia del 2do. Juzgado Civil de Los Ángeles en la misma causa rol C-2562-2020, que fue rechazado por el tribunal a quo, y cuya apelación está pendiente de ser conocida ante esta Iltma. Corte de Apelaciones en causa rol 190-2024.

2.- Respecto de las sociedades de responsabilidad Limitada agrícolas y forestales Tres Hermanos y Paso de Piedra, también se demandó por don nombre reservado, el 28 junio 2022, la designación de un juez partidor, encontrándose el proceso incidentado por la incompetencia absoluta del Tribunal, aún pendiente de resolución del incidente, en el 2do. Juzgado Civil de Los Ángeles, causa rol nro. 1416-2022, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, al igual que la primera causa señalada con el mismo objeto.

3.- Que ante esta situación, teniendo todos estos hermanos sus residencias en los alrededores de los predios que conforman el conglomerado comercial agrícola y forestal señalado, siendo el ingreso que perciben el que proviene de la explotación de este comercio y ante el desacuerdo en como continuar con la administración, se procedió a aplicar los estatutos sociales de las personas jurídicas, lo que es distinto del juicio de partición, que se constituyó por primer comparendo celebrado el 8 abril 2024, cuya función es la determinación de la cuota y distribución de bienes solo respecto de las sociedades Alpino y El Bolzón.

4.- Destacó que de alguna forma se deben distribuir recursos económicos entre los ex socios y hermanos para hacerse cargo de la manutención de sus familias, incluidos los gastos en consumos domiciliarios, más aún cuando también en el mismo espacio físico tiene su casa habitación doña nombre reservado, madre de todos los socios, una mujer que es adulto mayor y que ante estas diferencias también depende que exista un liquidador que durante el proceso de partición, administre los bienes sociales, para seguir haciéndose cargo del patrimonio indiviso y de la comunidad, que sigue operando para generar recursos y mantener un cierto nivel de rentabilidad del conglomerado comercial.

5.- De estas operaciones que tienen asociados no sólo aquellos de carácter rutinario que permiten siga funcionando la actividad económica, sino que también el pago de remuneraciones de trabajadores, derechos sociales y obligaciones tributarias, de las que no se puede hacer cargo el juez partidor, designado para ejercer otra función y que por acuerdo de voluntades de los socios se entregó a una persona en calidad de árbitro arbitrador, don nombre reservado, quien aceptó desempeñarse como tal para la administración y liquidación de las sociedades Alpino y el Bolzón el 13 julio de 2020, antes que se dedujera la demanda de partición por don nombre reservado en relación con estas personas jurídicas; y desde el 22 febrero de 2022, aceptó también el mismo cargo para Tres Hermanos y Paso Piedra, es decir antes que se dictara la sentencia definitiva de nombramiento de juez partidor en relación a las sociedades Alpino y El Bolzón y antes que se ingresara la demanda para la designación de juez partidor de estas últimas dos sociedades por don nombre reservado.

6.- Que teniendo la acción constitucional de protección un carácter de cautela de urgencia ante la supuesta ausencia de otros medios para resguardar los derechos fundamentales del recurrente, parece ser esta vía improcedente, ya que:

6.1.- En ninguno de estos casos se ha insistido con la aplicación de medidas precautorias y ni siquiera prejudiciales precautorias, desprendiéndose que no se han amagado los derechos de los socios, más aún cuando han transcurrido 4 años desde el inicio de las funciones del recurrido como administrador. Más aún, en caso rol C- 2562-2020 del 2do. Juzgado Civil de Los Ángeles, se solicitó una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de los bienes de las sociedades Alpino y El Bolzón y que se impidiera a don nombre reservado continuar realizando sus funciones de liquidador, la que fue rechazada por dicho tribunal por resolución de 30 octubre 2020, por cuanto se excedía del objetivo del pleito que era la designación de un juez partidor, distinta de la labor del liquidador, que era administrar los bienes de la comunidad originada de la disolución de estas 2 sociedades. Esta resolución fue confirmada por la I. Corte de Apelaciones de Concepción, por resolución pronunciada desechando la apelación deducida, con fecha 20 septiembre 2021, en causa rol civil 2075-2020, pretendiéndose ahora solicitar lo mismo, pero por la vía de la acción de protección, sustituyendo el curso regular del procedimiento civil, en ambas causas incoadas ante el 2do. Juzgado Civil de Los Ángeles.

6.2.- Esta situación ya se encuentra judicializada, por lo que corresponde que el recurrente solicite que se adopten las medidas que estime conducentes para el cumplimiento de la sentencia definitiva del 2do. Juzgado Civil de Los Ángeles, en causa rol C-2562-2020 ante ese tribunal o bien ante el mismo juez partidor que ya se encuentra desempeñando la jurisdicción arbitral, en relación con las sociedades Alpino y El Bolzón, existiendo por lo demás varios recursos judiciales pendientes tanto ante la I. Corte de Apelaciones como ante la E. Corte Suprema por este mismo asunto.

6.3.- El liquidador se encuentra realizando funciones de administración y no de enajenación ni distribución o partición de bienes de la comunidad indivisa, distinta de la función que se encuentra realizando el juez partidor, y habiendo aceptado el cargo le son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 410, 413 y 417 del Código de Comercio en su condición de liquidador y artículos 2072 y 2116 del Código Civil, en su calidad de mandatario, asumiendo obligaciones y responsabilidades en el ejercicio de tal función, concluyéndose que de haber existido actos de disposición han sido en carácter de urgentes y comunicados de forma oportuna a todos los ex socios, distribuyéndose recursos para que se puedan mantener mientras no culmine la partición del haber quedado como consecuencia de la disolución de las sociedades.

6.4.- Que habiendo aceptado el cargo el recurrido, en caso de existir cuestionamientos o diferencias con sus gestiones de administración, deberá procederse con el ejercicio de las acciones civiles para que en un procedimiento de lato conocimiento se pueda determinar si se han conculcado los derechos de alguno de los ex socios.

6.5.- Que al tratarse de una comunidad indivisa derivada de la disolución de varias sociedades, no se vislumbra cuál sería la afectación del derecho de propiedad del recurrente, por cuanto no se ha explicitado cuál sería el desmedro del porcentaje de la cuota que le correspondería se le asignara.

En mérito de lo expuesto solicitó tener por evacuado el informe en cumplimiento de lo ordenado.

4°.- Compareció el abogado Carlos Armando Ciappa Petrescu, por don nombre reservado, manifestando que los hermanos nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado fueron socios por más de 40 años en los negocios forestales, agrícolas y actividades afines que recibieron de sus padres y que desarrollaron a través de diversas compañías, entre ellas, las sociedades de responsabilidad limitada Sociedad Agrícola y Forestal Alpino Limitada; Sociedad Agrícola y Forestal El Bolzón Limitada; Sociedad Agrícola y Forestal Tres Hermanos Limitada; Sociedad Agrícola y Forestal Paso de Piedra Limitada; en adelante, Alpino, Bolzón, Tres Hermanos y Paso Piedra, respectivamente.

En todas sus sociedades, los hermanos nombre reservado acordaron someter a arbitraje cualquier divergencia que se produjere entre ellos durante la vigencia, la disolución y la liquidación de las compañías, para cuyos efectos designaron a don nombre reservado y/o don Pablo Palacios Mena.

¿Por qué los socios encomendaron a estas personas la resolución de sus conflictos y la liquidación de sus sociedades?

La razón es muy sencilla: porque el señor nombre reservado fue y es una persona de la absoluta confianza, amigo íntimo y asesor económico tanto de los abuelos como de los padres de los hermanos nombre reservado y también de éstos mismos, es decir de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.- Similares razones concurrían también respecto del abogado don Pablo Palacios Mena, quien fue amigo personal y asesor legal por más de 40 años de los hermanos nombre reservado y de todas sus empresas.

Siendo los señores nombre reservado y Palacios personas de la absoluta confianza de los hermanos nombre reservado, éstos no dudaron en encomendarles en los estatutos sociales la liquidación de sus sociedades al tiempo de su disolución, cuestión que mantuvieron inalterada a lo largo de toda la existencia de las compañías.

Dada esa amistad y confianza existente entre nombre reservado y don nombre reservado, en el año 2016 aquél recurrió a éste para que intermediara con los demás socios para que nombre reservado y nombre reservado entregaran a nombre reservado la parte que le correspondía en los negocios sociales. - nombre reservado y nombre reservado estuvieron de acuerdo en acceder a la solicitud de nombre reservado y permitirle que se retirara de los negocios entregándole lo que le correspondía. Para ello, con la participación inmediata y directa de don nombre reservado, se celebraron innumerables encuentros y propuestas. Lamentablemente, don don nombre reservado rechazó sistemáticamente todas las propuestas que le fueron presentadas, sea por sus socios y/o don nombre reservado, para acceder a su petición de separar los negocios. Sin embargo, todo le resultaba insuficiente a don nombre reservado, sin dar razón o explicación razonable alguna a sus rechazos.

Por ello, cuando fue requerido por don nombre reservado para que él presentara una propuesta que a él le pareciera aceptable, también se negó a manifestar sus pretensiones. Por el contrario, dio aviso de término de todas las sociedades en que eran socios, por diversas escrituras públicas que fueron anotadas al margen de las inscripciones de los extractos sociales en el Registro de Comercio competente.

En ese nuevo escenario, los socios nombre reservado y nombre reservado también aceptaron la decisión de su hermano nombre reservado y no se opusieron a la disolución de las sociedades, a pesar de lo ruinosa que resultaría poner término a las actividades sociales.

Así, llegada la fecha de término de Alpino y El Bolzón, los socios nombre reservado y nombre reservado procedieron según lo pactado por décadas en los estatutos sociales ( “a falta de acuerdo entre los socios, la liquidación la hará don nombre reservado o don Pablo Palacios Mena”) y solicitaron al Notario Público de Los Ángeles, don nombre reservado, que notificara de hecho de la disolución de ambas sociedades a don nombre reservado y lo requiera para que aceptara el mandato para liquidarlas, lo que dicho Ministro de Fe hizo el 10 de julio de 2020.

El 15 de julio de 2020, el Liquidador, señor nombre reservado, dictó su primera resolución, por la cual designó actuario, dispuso notificar al Conservador de Bienes Raíces y al Servicio de Impuestos Internos y citó a los socios al primer comparendo para el 7 de agosto de 2020, todo lo cual se puso en conocimiento de los señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Don nombre reservado no concurrió a la primera reunión citada por el Liquidador ni a ninguna otra posterior, a pesar de haber sido siempre informado y notificado de todas las gestiones y decisiones adoptadas a lo largo del proceso de liquidación de Alpino y El Bolzón. Y, más tarde, Paso Piedra y Tres Hermanos.

En consecuencia, los procesos de liquidación de Alpino y El Bolzón, y más tarde los de Paso de Piedra y Tres Hermanos, se corresponden en todo con lo pactado por los socios en los contratos de sociedad. No son “un irregular e ilegítimo proceso de liquidación social” como acusa el recurso de protección. Ni tampoco son un “espurio proceso” que se haya requerido “subrepticiamente”, como se escribe en los numerales 6 y 7 del recurso, sino es sólo la aplicación de la ley del contrato.

Atendido que nadie se opuso a la terminación de las empresas, llegada la fecha correspondiente, se produjo la disolución de las sociedades, y, por ende, la necesidad de liquidarlas.

De acuerdo a la ley y los estatutos, el llamado a fungir de liquidador era, y es, don nombre reservado.- Así está pactado hace decenas de años en los estatutos de las sociedades. Y así también está previsto en la ley vigente.

Añadió que dada la claridad de las normas legales aplicables, que señaló, en favor de la intervención del Liquidador designado en los estatutos, la parte de don nombre reservado, para impedir la actuación del señor nombre reservado, enarboló la tesis que la liquidación de las sociedades era materia de arbitraje forzoso a cargo de un juez partidor con título de abogado. Así, en vez de instar judicialmente por la remoción de don nombre reservado, y demostrar allí su indignidad para el cargo, don nombre reservado prefirió un camino más larvado, con la esperanza de lograr una revocación tácita del contrato de mandato celebrado por los tres socios con el Liquidador Sr. nombre reservado.

Para ello, el 22 de julio de 2020, don nombre reservado requirió la designación de un partidor abogado para liquidar las sociedades Alpino y Bolzón ante el 2° Juzgado Civil de Los Angeles, Rol C-2562-2020.- Sin embargo, el solicitante omitió informar al Tribunal la existencia del Liquidador estatutario que ya estaba en funciones, por lo que éste no fue emplazado a ese Juicio, debiendo habérsele hecho, pues él era parte del contrato de mandato cuya revocación tácita se buscaba.

Agregó que no existe resolución judicial alguna que prohibiera o suspendiera el proceso de liquidación que estaba realizando don nombre reservado, hasta la decretada en autos por esta Corte. Tampoco existe una demanda de nulidad del mandato conferido al señor nombre reservado o una sentencia que lo haya cesado en el cargo.

Dijo, también, que el recurso hace consistir el supuesto obrar arbitrario del Sr. nombre reservado en que éste no se atiene a lo resuelto en los autos Rol C-2562-2020 del 2° Juzgado Civil de Los Ángeles.

Explicó que el señor nombre reservado nunca se emplazó en ese juicio, de modo que lo allí obrando no le empece. Al efecto, dispone el artículo 3, inc.2 del C. Civil, que las sentencias judiciales obligan sólo a quienes fueron partes del juicio, condición que el señor. nombre reservado jamás tuvo en los autos Rol C-2562-2020 del 2° Juzgado Civil de Los Ángeles. Así, conforme lo dispuesto en el artículo 234 del C.P.C., no le empece la sentencia de los autos Rol C-2562-2020 y él tiene el derecho de oponerse a su cumplimiento. En consecuencia, no existe ilicitud, arbitrariedad ni desacato en su actuar.

Si la sentencia recaída en los autos Rol C-2562-2020 le es inoponible, no existe ilicitud, arbitrariedad ni desacato en su actuar como Liquidador de las sociedades Alpino y Bolzón. Yerra el recurso cuando afirma que el señor nombre reservado habría incurrido en un “abierto desacato a una resolución judicial cuyos efectos se encuentran en plena ejecución”.- El Señor nombre reservado no tiene el deber jurídico de cumplir lo resuelto en un juicio en el que no ha sido parte. Es la justa respuesta del ordenamiento jurídico a quien, por dárselas de listo, intenta procedimientos larvados para modificar o revocar tácitamente contratos sin la concurrencia de una o más de las partes que lo celebraron.

En cuanto a la sentencia recaída en los autos Rol C-2562-2022, del 2° Juzgado Civil de Los Ángeles, que designó un partidor abogado para liquidar sólo las sociedades Alpino y Bolzón, dijo que se encuentra en relación de un recurso de casación pendiente ante la Excma. Corte Suprema.

Luego, la sentencia de base de todo el recurso de protección no se encuentra firme, por lo que ella no confiere ningún derecho indubitado en favor del recurrente. De acogerse el recurso de casación, el nombramiento de partidor abogado quedará sin efecto y no habrá ningún derecho amagado por un acto del señor nombre reservado.

En consecuencia, el recurso de autos está construido sobre un juego de meras expectativas o suposiciones, como es que la Excma. Corte Suprema desestime el recurso de casación y que en la gestión iniciada en los autos Rol C- 1416-2022 del 2° Juzgado Civil de Los Ángeles también se designará un partidor abogado. Es decir, la protección pedida se funda en hechos futuros e inciertos.

Añadió que el presente recurso también omitió mencionar que en estos autos C-1416-2022 del 2° Juzgado Civil de Los Ángeles aún ni siquiera se ha celebrado el primer comparendo de estilo.

Sostuvo que no hay razón alguna para que el señor nombre reservado deba abstenerse de cumplir con las actividades que los socios y la ley le ordenaron realizar. No puede haber ilicitud o arbitrariedad si el Liquidador lleva a cabo las actividades que el artículo 413 del C. de Comercio le manda hacer, entre ellas, “vender las mercaderías y los muebles e inmuebles” (N°6); pagar los créditos de terceros y con los socios” (N° 4) y cobrar los créditos activos”.- (N°5)

Así las cosas, el llamado a licitación para la venta de activos de las sociedades de las sociedades en liquidación son actos lícitos y no un capricho del Liquidador. Tampoco es una actuación “grave” o “absolutamente perniciosa” que perturbe el imperio del Derecho, como se afirma en el N° 24 del Recurso.

En resumen, el Liquidador no ha incurrido ni puede incurrir en una arbitrariedad o ilegalidad al realizar las acciones necesarias para liquidar las sociedades Tres Hermanos y Paso de Piedra.

No es posible, en consecuencia, atribuirle al señor. nombre reservado la comisión de algún acto arbitrario o ilícito.

En relación con las sociedades Alpino y El Bolzón dijo que los socios de Alpino y Bolzón, por unanimidad, encomendaron al Señor nombre reservado la liquidación de las sociedades al tiempo de su disolución.

Por ello, producidos estos eventos, el 13 de julio de 2020, los socios nombre reservado y nombre reservado requirieron formalmente al señor nombre reservado para que procediera a liquidar ambas compañías, quien aceptó el encargo; juró desempeñarlo fielmente y por resolución de 15 de julio de 2020, designó Actuario al Notario Público de Los Ángeles, don nombre reservado; dispuso tomar nota del estado de liquidación al margen de la inscripción de los extractos sociales; dar noticia al Servicio de Impuestos Internos del inicio del proceso de liquidación y citar a las partes a una reunión a celebrarse el 7 de agosto de 2020.- Lo anterior se notificó a los señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado el 29 de julio de 2020 por un Receptor Judicial. De ahí en adelante, hasta la actualidad, se ha informado permanentemente a todos los socios, incluido el recurrente, don nombre reservado, de las diligencias y actuaciones recaídas en ambos procesos de liquidación a su cargo.

Don nombre reservado se ha restado de participar en las reuniones, por su exclusiva y personal decisión, sin que medie impedimento alguno. No obstante, el Liquidador le ha informado permanentemente de todo lo obrado.

No puede ahora don nombre reservado tratar de configurar una arbitrariedad del Liquidador por causa de su voluntaria renuencia o ausencia del proceso de liquidación.

Sucedió que, estando el sr. nombre reservado en pleno ejercicio de sus funciones de liquidador, don nombre reservado, a sabiendas y en pleno conocimiento de ello, ingresó ante el 2° Juzgado Civil de Los Ángeles, causa Rol C-2562-2020, una solicitud de designación de partidor abogado para liquidar las sociedades Alpino y Bolzón en que yo estaba trabajando.

En esa presentación, el actual recurrente omitió informar al Tribunal que este Liquidador ya estaba ejerciendo el cargo de tal respecto de ambas sociedades, al que tampoco emplazaron el juicio, de modo que el Sr. nombre reservado no fue parte en ese juicio. Tampoco el Tribunal de primera instancia dictó alguna resolución para que el Señor nombre reservado suspendiera la liquidación de las sociedades Alpino y Bolzón.

Esta Corte tampoco ordenó prohibición o suspensión alguna de esas actividades de liquidación de las sociedades en la tramitación y fallo del recurso de apelación Rol C-1580-2022.

Elevada esa sentencia en casación de fondo, actualmente se encuentra en estado de relación ante la Excma. Corte Suprema, por lo que sigue siendo una cuestión pendiente la pretendida intervención de un partidor abogado.

De ese modo, no existe ilicitud ni arbitrariedad en los actos que ha ejecutado el Liquidador para cumplir con el objetivo de los mandatos que se le otorgaron.

Entonces, dijo, un llamado a licitación para vender bienes raíces no constituye una actuación “grave” ni “absolutamente perniciosa” ni perturba el imperio del Derecho (N° 24 Recurso) desde que con ello se lleva a cabo el cumplimiento de una obligación legal impuesta al Liquidador.

En consecuencia, es falso que el Liquidador se haya “autoasignado la calidad de Liquidador” y que sus actuaciones hayan sido “orquestadas al margen de la ley y de resoluciones emanadas de nuestros Tribunales Superiores de Justicia” (N°20 Recurso)

Así las cosas, estima evidente que la sentencia de autos Rol C-2562-2020, en que se designa un partidor abogado, no es oponible a don nombre reservado por falta de emplazamiento de éste en juicio en que ella fue dictada.- (Art. 234 CPC). Así lo dispone el artículo 3, inc.2 del C. Civil: las sentencias judiciales obligan sólo a quienes fueron las partes del juicio, condición que el Sr. nombre reservado no tuvo en los autos Rol C-2562-2020 del 2° Juzgado Civil de Los Ángeles.

En consecuencia, dice, no existe ilicitud, arbitrariedad ni desacato en su actuar como Liquidador de las sociedades Alpino y Bolzón.

Yerra el recurso cuando afirma que de su parte habría un “abierto desacato a una resolución judicial cuyos efectos se encuentran en plena ejecución”. El Sr. nombre reservado no tiene el deber jurídico de cumplir lo resuelto en un juicio en el que no fue parte. Es la justa respuesta del ordenamiento jurídico a quien, por dárselas de listo, omite trámites esenciales e intenta procedimientos larvados para modificar o revocar tácitamente contratos sin la concurrencia de una o más de las partes que lo celebraron.

Pidió tener por evacuado por don nombre reservado el informe que le fuera solicitado, y, en definitiva, rechazar el recurso de protección de autos, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, el recurrente sostiene que el recurrido habría incurrido en una serie de conductas que califica como ilegales y arbitrarias, con motivo de su actuación como liquidador de las sociedades que menciona, de las que el recurrente es socio junto con sus dos hermanos, cuestionando también su existencia como liquidador, ya que dice está desempeñando funciones que no le corresponden, siendo necesario que las decline en un árbitro partidor, que –adicionalmente- ha de ser abogado, profesión que el liquidador recurrido no detenta.

Por su parte, el liquidador recurrido, a quien se sumaron como terceros los otros dos socios y hermanos del recurrente, plantea que sólo actúa en cumplimiento de lo acordado por los socios respectivos (los tres hermanos involucrados en el litigio), pues las respectivas escrituras sociales de las cuatro sociedades en las que ellos tienen participación, contienen estipulaciones que lo designan a él, nominativamente, como quien ha de obrar como liquidador de ellas. Adiciona que su actuación se adecua a los términos del mandato que ejecuta (recibido de las respectivas estipulaciones pactadas en las pertinentes escrituras sociales, de las que el recurrente es uno de los contratantes) y que en tanto sólo obra respecto de los bienes sociales, su actividad no alcanza a la propiedad del recurrente, que en tanto socio sólo es dueño de su parte o cuota social y no de bienes concretos y específicos que pertenecen al patrimonio social.

TERCERO: Que, el presente es un procedimiento especial, breve y de urgencia, destinado a obtener protección de ciertas garantías constitucionales que son señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que requiere la existencia de una situación de hecho que amerite otorgar la protección solicitada. Es decir, debe justificarse plausiblemente la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que justifique el otorgamiento del amparo constitucional que se pide.

CUARTO: Que, reiteradamente se ha dicho que la presente no es una vía declarativa de derechos, sino una que –atendida su calidad de ser un procedimiento breve y urgente- requiere de la existencia de un derecho indubitado para que pueda prosperar.

No corresponde, por ello, que en la presente sede cautelar esta Corte indague o declare la efectiva existencia de las conductas supuestamente impropias o ajenas al cometido que le ha sido encargado al liquidador recurrido en autos, quien en tanto mandatario de los socios que le han encomendado la liquidación de la sociedad o sociedades de que se trata, es un ejecutor de la voluntad social respectiva, toda vez que ello implicaría que este tribunal deba interpretar las respectivas estipulaciones sociales, determinando el sentido y alcance de las mismas, si el liquidador las ha infringido y si los socios efectivamente consintieron pactar lo que –se dice - suscribieron en las escrituras públicas que han sido allegadas a los autos; adicionalmente, se ha de tener presente que si el recurrente discrepa del obrar del recurrido, existe un procedimiento específico e idóneo para que en él solicite la remoción del liquidador cuestionado.

Tampoco corresponde que esta Corte declare si fue válida y/o suficiente la notificación que invoca el recurrente, respecto de la designación de un partidor, que dice le efectuó al liquidador recurrido en autos, pues ello involucra pronunciamientos declarativos con implicancias ajenas a esta sede cautelar y de urgencia, de lo que se desprende que las cuestiones planteadas corresponden a materias todas las cuales están reservadas a ser discutidas en un procedimiento propiamente declarativo, que respete cabalmente la bilateralidad de la audiencia y en el cual las partes concernidas tengan la posibilidad de debatir adecuadamente, con amplias facultades de rendir pruebas y de presentar sus alegaciones ante un tribunal competente para conocer del asunto.

No hay, pues, un derecho indubitado que requiera el urgente amparo que la presente vía cautelar supone como requisito de procedencia.

QUINTO: Que, así las cosas, resulta razonable concluir que no puede establecerse la existencia de alguna actuación arbitraria o ilegal por parte del liquidador recurrido, como tampoco la existencia de alguna vulneración de una garantía constitucional que esta Corte deba proteger por esta vía cautelar.

SEXTO: Que, por consiguiente, no concurriendo los presupuestos para que pueda prosperar la presente acción constitucional, ella será desestimada.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la abogada Gabriela Morales Reveco, en representación de nombre reservado, en contra del señor nombre reservado.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada en autos.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Juan Ángel Muñoz López.

N°Protección-1887-2024.