JORGE MONTECINOS ARAYA EN FAVOR DE FORESTAL ANTILEMU LIMITADA CONTRA TESORERIA REGIONAL DEL BIO BIO

Foja: 123 nombre reservado

Concepción, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

A fojas 16 comparece el abogado JORGE MONTECINOS ARAYA, domiciliado en domicilio reservado, en favor de FORESTAL ANTILEMU LIMITADA, rol único tributario número 78.502.040-5, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de TESORERÍA REGIONAL DEL BÍO BÍO, representada legalmente por el Tesorero Regional del Bío Bío (S), don nombre reservado, o por quien le reemplace o subrogue legalmente, todos domiciliados en domicilio reservado.

Señaló que según "consulta de estado declaración renta 2016" de 18 de julio de 2016, con fecha 30 de junio de 2016, el Servicio de Impuestos Internos autorizó la devolución de impuestos a su representada, correspondiente al año tributario 2016; que según el mismo documento, el 15 de julio de 2016, Tesorería General de la República efectuó compensación por un monto de $18.659.245; que su representada adeudaría la suma global líquida a mayo del presente año de $445.534.454, y que se representa con los giros folios que detalla; que estos documentos de cobro tendrían como antecedente las liquidaciones números 387 a 428 (por IVA y Renta), de fecha 8 de mayo de 2015, las cuales fueron reclamadas por la recurrente en autos rol GR-10-00084-2015, de ingreso del Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Bío Bío; que actualmente la tramitación del procedimiento se encuentra radicada en segunda instancia ante este Iltmo. Tribunal (autos rol 30-2016, sección tributaria y aduanera); y que Tesorería General de la República no ha dictado resolución alguna relativa a la compensación, y menos aún ella ha sido notificada a su representada, quien sólo tomó conocimiento de la compensación en virtud de la consulta de declaración renta señalada.

Añadió que en la causa de reclamo, con fecha 7 de julio de 2016, se decretó por la Corte orden de no innovar, debiendo Tesorería General de la República, inhibirse de efectuar acciones de cobro; y que dicha medida cautelar rigió hasta el 26 de julio de 2016, oportunidad en que se decretó suspensión de cobro judicial de impuestos.

En cuanto al procedimiento de cobro de obligaciones tributarias de dinero iniciado en contra de su representado, señala que en los autos administrativos rol N°11185-2016 GGDD, de la comuna de Concepción, han sido ejecutados los giros folios ya individualizados; que la nómina de deudores morosos fue notificada y su representada requerida de pago el 29 de junio de 2016; y que en contra de la acción de cobro se interpuso (el 8 de julio de 2016) excepción de prescripción (respecto de los folios 790851, 791249, 791383, 791465, 790653, 761461, 791301, 791211, 791455, 790675, 790857, 790821, 791255, 790657, 790813, 790867, 790809, 791409 y 790781), la cual se encuentra en tramitación.

Sostiene que la actuación de la recurrida es arbitraria e ilegal, puesto que no cumple con los requisitos para que opere la compensación en el ámbito tributario. En efecto, indica que la compensación como modo de extinguir la obligación tributaria, debe cumplir diversos requisitos, ello conforme a los artículos 177 del Código Tributario, 6o y 7o del DFL № 1, y 1655 y 1656 del Código Civil, a saber: a) Ambas obligaciones deben ser de dinero; y b) Las dos partes (contribuyente y Fisco) deben ser recíprocamente acreedoras y deudoras; c) Ambas deudas deben ser líquidas, entendiéndose que lo son cuando las obligaciones sean ciertas y determinadas; d) Ambas deudas deben ser actualmente exigibles; y e) Se opera previa actuación del Tesorero General de la República, aun cuando sea el propio contribuyente quien la solicite.

Indica que de esta forma, es al momento de verificarse la actuación del Tesorero, en cuya virtud se compensan ambos créditos, que debe chequearse si se cumplen los demás requisitos que harían procedente la compensación tributaría, toda vez que ella no opera por el solo ministerio de la ley; y que por tanto debe exigirse resolución dictada por el Tesorero General, donde se acredite el cumplimiento de todos estos requisitos; que siendo dicha resolución el resultado de un procedimiento administrativo iniciado de oficio o a petición de parte, deberá ser válidamente notificada al contribuyente para que produzca efectos; y que a su entender, las circunstancias anotadas no se han cumplido, razón por la cual la compensación efectuada por Tesorería ha devenido en un acto ilegal y arbitrario.

De otro lado, señaló que es imposible compensar deudas tributarias que no son exigibles; que en este sentido el 7 de julio del presente año, se decretó orden de no innovar en los autos rol 30-2016, oficiándose al efecto a Tesorería General de la República; que por su parte, la suspensión de cobro judicial solicitada se concedió el 26 de julio de 2016, razón por la cual, al efectuarse la compensación, la orden no innovar se encontraba vigente, es decir, las deudas en favor del Fisco no eran exigibles por expresa resolución judicial, razón por la cual no ha podido efectuarse compensación válida; y que al irrespetarse pronunciamiento judicial expreso, se ha incurrido en una ilegalidad y arbitrariedad.

A mayor abundamiento, alegó no pueden compensarse obligaciones que no tienen el carácter de líquidas; que los giros cobrados por Tesorería mediante la compensación referida tienen como antecedente las liquidaciones números 387 a 428, actos administrativos reclamados por su representada; que el respectivo procedimiento aún no ha concluido por sentencia firme, razón por la cual la deuda se encuentra actualmente controvertida; que en consecuencia, no siendo cierta la obligación, tampoco puede ser calificada de líquida; que, además, en el respectivo procedimiento de cobro de obligaciones tributarias se ha opuesto excepción de prescripción; y que por todo lo anterior, resultaba improcedente la práctica de la compensación tributaria efectuada por la Tesorería General de la República. Señala doctrina y jurisprudencia en apoyo a sus diversas pretensiones.

Finalmente, alega que debiendo ser la compensación efectuada por el Tesorero Regional respectivo (sin que se produzca por el solo ministerio de la ley), debe al efecto existir un acto administrativo en que conste dicha decisión, acto que además debe ser notificado al contribuyente, circunstancias que no se han cumplido, razón por la cual no ha podido operar la compensación; que la compensación en materia tributaria se diferenciaba de la compensación legal en materia civil en el hecho de que la primera no opera por el sólo ministerio de la ley, exigiendo al efecto resolución de Tesorería que le autorice, sea que ella se practique por solicitud previa del contribuyente (hipótesis prevista en el artículo 177 del Código Tributario), o bien que ella se decida unilateralmente por la administración; y que la resolución que alegan (y que no ha sido dictada) deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por la Ley № 19.880 para que tenga validez y eficacia circunstancias que no se han verificado y que impiden al efecto que la deuda respectiva sea compensada; y que por ende, la compensación efectuada debe ser calificada de ilegal, por no respetar normas expresas que efectúan las exigencias planteadas.

Estima que la conducta señalada afecta los derechos asegurados en el artículo 19 N° 24 de nuestro Código Político, toda vez que se está negando el derecho al pago de las devoluciones de impuestos a que su representado tenía derecho, y que han sido incluso reconocidos por la Administración, en los mismos documentos que acompaña y donde se ve materializada la compensación.

Pide tener por deducida acción constitucional de protección en contra de Tesorería Regional del Bío Bío, representada por don nombre reservado, o quien le reemplace o subrogue legalmente, declararla admisible y, en definitiva hacerle lugar, ordenando que se deje sin efecto la compensación reseñada en el cuerpo de este escrito, y que se disponga el pago de $18.659.245, debidamente reajustado desde la fecha de la compensación, por concepto de devolución de impuesto a la renta (año tributario 2016), con costas.

A fojas 103 informa nombre reservado, Tesorero Regional de Concepción, con domicilio en domicilio reservado, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Señaló que con fecha 6 de mayo de 2016 se inició un procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones Tributarias en contra de Forestal Antilemu Ltda., conforme al artículo 168 y siguientes del Código Tributario, originándose el expediente administrativo Rol 11185-2016 de Concepción, en el cual se demandó los impuestos que en su nómina de deudores morosos se detalla, notificándose y requiriendo de pago al demandado con fecha 29 de junio de 2016; que se procedió a embargar los activos bancarios de la demandada, cuyo resultado fue negativo, según da cuenta informe de recaudador fiscal de fecha 30 de junio de 2016.

Agregó que el 08 de julio se decretó en la causa rol № 30-2016, orden de no innovar solicitada por la demandada, oficiando a Tesorería, el oficio respectivo fue agregado al expediente administrativo con fecha 11 de julio de 2016; que en el expediente administrativo rol 11185-2016 Concepción, se interpuso por la demandada excepción de prescripción con fecha 08 de julio de 2016; que con fecha 26 de julio de 2016 en la causa de reclamación tributaria, rol № 30-2016 antes señalada, se dio lugar a la suspensión de cobro de los giros de los impuestos materia de la reclamación por el término de 180 días, ordenándose además dejar sin efecto la orden de no innovar concedida en autos; y que con fecha 3 de agosto de 2016, se ofició nuevamente a Tesorería comunicando que en causa Rol № 30- 2016 la suspensión de cobro judicial correspondía solamente al folio N°790739.- Agrega que en cumplimiento a lo ordenado, se decretó suspensión en el expediente administrativo, ordenándose el ingreso de la marca no compensar respecto del folio 790739, según consta a fojas 49 y siguientes del procedimiento de cobro.

Indicó que el 13 de julio de 2016, Tesorería efectuó compensación a la demandada Forestal Antilemu por un monto de $18.659.245, de la devolución de impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2016, respecto de los folios que se detallan en el comprobante de compensación que se acompaña, de los cuales, se debe tener presente, ninguno corresponde al folio respecto del cual se decretó la suspensión de cobro por la I. Corte.

En cuanto a la legalidad de la compensación, señala que ella en tanto modo de extinguir obligaciones, es una institución excepcional en el ámbito de derecho público, puesto que el modo normal de extinguir las obligaciones tributarias a favor del Fisco, es a través del pago de ellas en el Servicio de Tesorerías, por los medios que indica; que al ser un modo extraordinario de extinguir obligaciones tributarias, el legislador debió autorizar expresamente a la Tesorería General, en el artículo 6 del DFL № 1/1994, para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor; que el artículo 177 inciso 4 y siguientes del Código Tributario, sólo está referido a aquellos casos en que el propio contribuyente solicita administrativamente la compensación de la deuda, debemos en consecuencia, concluir que, en el ejercicio de dicha potestad al Tesorero General de la República, le son plenamente aplicables las normas que regulan esta institución contenidas en el Código Civil, tanto por no existir norma que lo prohíba como por lo prevenido en el artículo 2 del Código Tributario. En consecuencia, para que dicho Servicio de Tesorerías ejerza dicha potestad sólo requiere dar cumplimiento a los requisitos del artículo 1656 del Código Civil, esto es, que sean ambas de dinero o cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad; que ambas sean deudas líquidas y que ambas sean actualmente exigibles.

Sostiene que en el presente caso se cumplían todos y cada uno de los requisitos para efectuar la compensación, esto es, la deuda del ejecutado era de dinero y, líquidas, tal como él mismo lo reconoce en su recurso y se acredita del Certificado de deuda que se acompaña y, además dicha deuda era actualmente exigible; que la referida suspensión de cobro decretada por la I. Corte de Apelaciones de Concepción, es de fecha 26 de julio de 2016, es decir posterior a la fecha en que ocurrió la compensación, y además, la suspensión, sólo operaba para el folio 790739, respecto del cual tampoco ocurrió la compensación.

En relación a la orden de no innovar solicitada por el recurrente y que la I. Corte decretó con fecha 07 de julio de 2016, es decir antes de la compensación, y que fue correctamente agregada al expediente administrativo, ésta es clara en señalar que se solicitaba en lo que se refiere al procedimiento de cobro, específicamente a no innovar en relación al embargo de cuentas corrientes o estados de pago que dejaran a la sociedad recurrente sin capital de trabajo, así lo señala expresamente el apoderado en su presentación, y es así como se cumplió a cabalidad por parte de Tesorería, toda vez que consta en estos autos que no se realizaron diligencias de cobro en el procedimiento ejecutivo de cobro rol 11185-2016 de Concepción a partir de esa fecha; y en ningún caso, se hace mención a no compensaciones en relación a eventuales devoluciones de renta.

Señala que conforme al citado artículo 6 del DFL № 1, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, cumpliéndose los requisitos del artículo 1656 del Código Civil, sobre compensación, es obligatorio para el Servicio cobrar todas las deudas que registre el contribuyente en su Cuenta Única Tributaria antes de hacer las devoluciones de impuestos a que éste tenga derecho.

Respecto a la alegación del recurrente que la compensación se realizó sin que mediara un acto administrativo y sin que éste le fuera notificado, basta para desestimar tal alegación, reiterar que la mencionada institución, de acuerdo a lo expresado y a lo dispuesto en el artículo 1656 del Código Civil, opera por el sólo ministerio de la ley; que sin perjuicio de ello el recurrente tenía perfecto conocimiento de la existencia de deuda que le fue compensada, tanto porque dicha deuda le era cobrada en la demanda Rol 11185-2016 de Concepción, según consta en copia de expediente administrativo que se acompaña, en el cual se constata que fue notificado de dicha deuda, como por el hecho que, tal información la puede obtener ingresando a la página de internet de este Servicio de Tesorerías.

Concluye que no puede prosperar el presente recurso, por cuanto el Tesorero actúo en pleno uso de sus atribuciones que la ley le confiere y no existiendo suspensión de cobro judicial conforme al artículo 147 del mencionado Código, a la fecha de la compensación, y la orden de no innovar, se solicitó expresamente en relación a diligencias de cobro en el procedimiento administrativo, exactamente a embargos de cuentas y estados de pago, diligencia que efectivamente en cumplimiento de la orden de no innovar no se realizaron con posterioridad a esa fecha. Señala jurisprudencia en apoyo a esta pretensión.

Sostiene que la compensación efectuada a la sociedad Forestal Antilemu Limitada, con la devolución de renta del año 2016, se efectuó con pleno cumplimiento de todas y cada una de los requisitos legales, por lo que no constituye un acto arbitrario e ilegal que vulneraría garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 № 21 y 24 de la Constitución Política, como alega el recurrente.

Finalmente, alega que no procede la interposición del recurso de protección para el caso de autos; que este recurso fue instituido por como un medio procesal rápido y eficaz destinado a restaurar el imperio del derecho cuando éste ha sido afectado por un acto u omisión ilegal o arbitrario; que este recurso no ha sido creado como medio fácil y expedito para ser utilizado en sustitución o reemplazo de las acciones que el ordenamiento procesal contempla para solucionar todo tipo de conflictos entre partes con derechos e intereses en pugna, que les permita exponerlos y debatirlos en plenitud, rendir sus pruebas y, en su momento, obtener la sentencia que al final del juicio declara que tiene la razón y el derecho que reclama; y que respecto de Forestal Antilemu, existe un juicio ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias de dinero actualmente vigente Rol 11185-2016 de Concepción, juicio en el cual se ventila la procedencia del cobro de los impuestos, en el que debería haberse discutido por el recurrente la procedencia o no de la compensación o por último en un juicio declarativo de lato conocimiento.

A fojas 111 se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, la presente acción constitucional está llamada a actuar siempre, en tutela de los derechos fundamentales que el mismo artículo 20 indica, sin perjuicio de otras acciones o mecanismos de resguardo que el sistema procesal reconoce a las personas, por lo mismo se desestima la alegación de improcedencia planteada por el organismo recurrido en su informe.

TERCERO: Que, desde las aseveraciones efectuadas por recurrente y recurrido y, especialmente, en razón de los antecedentes documentales aportados, es factible tener por acreditados los siguientes hechos:

1.- Que la Sociedad Forestal Antilemu Limitada, rol único tributario N° 78.502.040-5, figura con deuda tributaria por un monto global de $445.534.454, de acuerdo a los giros folios 790743, 790851, 791769, 791249, 791967, 791889, 790747, 790767, 791383, 791811, 791815, 791731, 791807, 791901, 791465, 790773, 790653, 761461, 791487, 791903, 791301, 791211, 791455, 790675, 790857, 791531, 790821, 791771, 791255, 791777, 790657, 791847, 790813, 791887, 790867, 791779, 790809, 791291, 790739, 791409, 791491 y 790781.

Aserto que fluye del Certificado de deuda de fojas 28 y 29 y de la nómina de deudores morosos de fojas 11 y 12 2.- Que tales giros tenían como antecedente las liquidaciones números 387 a 428, de fecha 8 de mayo de 2015, las que fueron reclamadas por la sociedad contribuyente ante el Tribunal Tributario y Aduanero, causa rol N° GR- 10 – 00084-2015, actualmente en segunda instancia, causa rol N° 30-2016 de esta Corte.

Proposición sustentada por ambas partes y corroborada con la copia del oficio de Director del SII a Director Regional de Tesorería de fojas 70 y 71 (89 a 90).

3.- Que, los mismos giros han sido ejecutados por Tesorería General de la República en autos administrativos rol N° 11185-2016 GGDD de la Comuna de Concepción. En dicho proceso la nómina de deudores morosos fue notificada a la recurrente y ésta requerida de pago con fecha 29 de junio de 2016. La ejecutada opuso excepción de prescripción respecto de los giros folios 790851 (IVA $2.443.389), 791249 (IVA $2.161.692), 791383 (IVA $2.553.995), 791465 (IVA $3.547.259), 790653 (Renta $5.932.098), 761461(IVA $2.907.867), 791301 (IVA $2.289.740), 791211 (IVA $2.198.163), 791455 (IVA $471.337), 790675 (Renta $7.249.295), 790857 (IVA $2.462.332), 790821 (IVA $2.268.895), 791255 (IVA $2.133.559), 790657 (Renta $21.136.864), 790813 (IVA $2.668.694), 790867 (IVA $2.607.599), 790809 (IVA $2.182.900), 791409 (IVA $2.388.502) y 790781 (IVA $2.555.200), excepción que se encuentra en tramitación.

Enunciado que se verifica en la nómina de deudores morosos de fojas 11 y 12; escrito de oposición de excepción de fojas 13 a 15; y con las copias del expediente administrativo Rol N° 11185-2016 de fojas 32 a 47 (fojas 60 a 69), y de fojas 99 a 102.

4.- Que la sociedad recurrente en su declaración de renta del año tributario 2016 solicitó devolución por la suma de $18.257.578; dicha devolución fue retenida por inconsistencias con fecha 20 de mayo de 2016; la declaración fue aceptada con fecha 30 de junio del mismo año, autorizando con igual fecha el monto de la devolución. El 13 de julio de 2016 Tesorería General de la República efectuó compensación sobre ese monto, en relación a los folios 790809 ($4.651.584); 790813 (RUT reservado); 790781 ($5.476.319); y 790821 (RUT reservado).

Afirmaciones que emanan del comprobante de compensación de fojas 27 y del documento de fojas 1 que contiene consulta estado declaración renta 2016.

5.- Que, con fecha 7 de julio de 2016, la Corte de Apelaciones de Concepción, en causa rol N° 30-2016 (apelación de la sentencia que rechazó la reclamación tributaria) hizo lugar a la orden de no innovar solicitada por la parte reclamante, ahora recurrente de protección, en el sentido que no se proceda al cobro judicial o extrajudicial de los impuestos y recargos legales reclamados mientras no exista pronunciamiento sobre la suspensión de cobro pedida. El oficio respectivo fue proveído en la causa administrativa ejecutiva con fecha 11 de julio de 2016. Por su parte, la suspensión fue concedida con fecha 26 de julio de 2016 sólo respecto del folio 790739, dejándose sin efecto en la misma resolución la orden de no innovar, de lo que se tomó nota en la ejecución administrativa.

Proposiciones que se verifican en las copias autorizadas del oficio que comunica la orden de no innovar, la solicitud y providencia respectiva de fojas 52 a 58; copia de providencia en causa administrativa de fojas 59, 82 y 83; y copias de la causa tributaria ante Corte de Apelaciones de fojas 77 a 81 y de fojas 93 a 98.

CUARTO: Que, corresponde discernir si la actuación de Tesorería, consistente en compensar el monto a devolver a la contribuyente con parte de la deuda tributaria de ésta, es arbitraria e ilegal, como lo afirma la recurrente.

QUINTO: Que, un primer cuestionamiento se relaciona con la aplicación de la compensación por el solo ministerio de la ley, en los términos previstos en el artículo 1656 del Código Civil, para el ámbito del derecho privado. En el evento de determinar su procedencia, adicionalmente habrá que analizar si se cumplen los requisitos allí consignados, esto es, que los involucrados deudores recíprocos; que las obligaciones sean ambas de dinero, líquidas y actualmente exigibles.

En el ámbito tributario, se ha sostenido doctrinariamente que la compensación, como forma de extinción, tiene lugar cuando el Fisco y el contribuyente son acreedores y deudores recíprocos por aplicación de obligaciones tributarias, siempre que las deudas sean líquidas y exigibles. Tanto en la dimensión del contribuyente como en la de la Administración Tributaria tiene consagración legal en los artículos 6° y 7° del Estatuto del Servicio de Tesorerías y en el artículo 177 del Código Tributario, incisos cuarto a séptimo. En consecuencia, la procedencia de la compensación como modo de extinguir la obligación tributaria es indiscutible aunque excepcional (nombre reservado en “El Juicio Ejecutivo Tributario”, Librotecnia, Santiago marzo de 2011, pp. 256 y 257).

El artículo 6° del Estatuto del Servicio de Tesorerías autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.

De lo dicho precedentemente queda claro que la compensación tiene plena aplicación en el ámbito tributario y que es la Tesorería General de la República la entidad autorizada para aplicarla. El requisito adicional, que no existe en la compensación por el solo ministerio de la ley del derecho privado común, consiste en la actuación del Tesorero en el sentido de proceder a ella, de aplicarla en un caso concreto.

No nos parece exigible, de parte de la autoridad, otra actuación administrativa formal, como lo pretende la recurrente.

SEXTO: Que, en cuanto a los demás requisitos de procedencia de la compensación legal, de los hechos descritos en el motivo tercero queda claro que el contribuyente y el Fisco mantenían obligaciones de dinero recíprocas.

Para considerar líquidas las obligaciones, debe tratarse de deudas ciertas y determinadas, o al menos liquidables. En la especie lo son, pues el crédito del contribuyente, traducido en el monto a devolver, se encuentra claramente especificado y corresponde a la suma de $18.659.245, en tanto que el crédito del Fisco respecto del contribuyente consta en cada folio (ver certificado de deuda de fojas 28 y 29, y nómina de deudores morosos de fojas 11 y 12), con indicación del monto, del impuesto a que corresponde y del período de que se trata. Por lo tanto, se trata de obligaciones recíprocas de carácter líquido.

En lo que concierne a la exigibilidad de ambas deudas, la devolución solicitada por el contribuyente se encontraba aceptada con fecha 30 de junio de 2016 y, por su parte, las obligaciones tributarias ya se encontraban en Tesorería para su respectivo cobro (nómina de deudores morosos de fojas 11 y 12).

No obsta a la calificación precedente la existencia de un reclamo pendiente en sede jurisdiccional, pues la suspensión de cobro judicial sólo se dispuso respecto del folio 790739 (girado con fecha 24 de marzo de 2016, por impuesto a la renta, con vencimiento legal al 30 de abril de 2014, por la suma de $47.115.789), deuda diversa a los créditos que fueron compensados por el Tesorero, esto es, 790809, 790813, 790781 y 790821 (comprobante de compensación de fojas 27).

En cuanto a la orden de no innovar, debemos tener en cuenta que ella fue solicitada por la reclamante “…para que no se proceda al cobro judicial o extrajudicial de los impuestos y recargos legales reclamados, mientras no exista pronunciamiento sobre la suspensión de cobro pedida”. Fue concedida en esos términos por la Corte de Apelaciones, fijando su vigencia “hasta tanto no se resuelva por esta Corte la solicitud de suspensión de cobro de impuesto, formulada por el recurrente a fojas 239”. En consecuencia, la orden de no innovar estaba estrechamente vinculada a la procedencia y alcances de la suspensión de cobro pedida.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 147 del Código Tributario, la interposición de una reclamación no obsta al ejercicio, por parte del Fisco, de las acciones de cobro que procedan. En razón de lo anterior, se prevé la facultad de la Corte de suspender, total o parcialmente, el cobro judicial por un plazo determinado que podrá ser renovado, previo informe de Tesorería. Dicha facultad no procede respecto de los impuestos sujetos a retención ni a aquellos que por la ley deban ser materia de recargo en los cobros o ingresos de un contribuyente, en la parte que efectivamente se hubiere retenido o recargado por el reclamante.

En razón de lo anterior, la orden de no innovar nunca pudo afectar el cobro de aquellos impuestos respecto de los cuales no era procedente la suspensión.

Finalmente, en cuanto a la excepción de prescripción de algunas de las obligaciones tributarias, si bien incide en aquellas deudas que fueron compensadas, esta Corte estima que dicha circunstancia no afecta la condición de deudas líquidas y exigibles, al momento de realizarse la compensación.

SÉPTIMO: Que, de lo que se viene razonando, no existe un acto ilegal y/o arbitrario de la recurrida, pues procedió a realizar la compensación en uso de sus facultades legales, sin vulnerar o amenazar el derecho de propiedad de la recurrente, motivo por el cual se rechazará la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se desestima la petición de improcedencia de la acción de protección, planteada por la recurrida.

II.- Que se rechaza la acción de protección de fojas 16, sin costas, por haber tenido la recurrente, motivos plausibles para plantearla.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Marcelo Matus Fuentes, quien estuvo por acoger el recurso en consideración de los siguientes argumentos:

1.- Que, la institución de la compensación en materia tributaria es de aplicación general, y puede invocarla tanto el contribuyente como el señor Tesorero.

2.- Que, si bien es cierto que no existe norma jurídica alguna que altere los requisitos de procedencia de la compensación en materia tributaria, y en razón de ello debemos entender que está opera por el solo ministerio de la ley, ello no significa que pueda el señor Tesorero, arbitrariamente, proceder a compensar deudas del contribuyente sin especificar, pormenorizadamente, a cuáles de ellas lo aplica.

3.- Que, la facultad que se confiere al señor Tesorero en el artículo 6 del Estatuto Orgánico que en estos autos se cita, no importa, en caso alguno, que se trate de una facultad arbitraria, ya que, el sentido de esta facultad es precisamente para entregar certeza al contribuyente de haberse invocado la compensación, de cuáles son los créditos que se pierden y cuáles son las deudas que se extinguen, para que, con ello, se le permita hacer las alegaciones que estime pertinente en las instancias que correspondan.

4.- Que, por haberse ejercido la antes referida facultad por parte del señor Tesorero invocando la compensación, especificando sólo los créditos del contribuyente que se pierden, pero sin especificar cuáles son las deudas fiscales líquidas y actualmente exigibles que se extinguen, estimamos que actúa con arbitrariedad, por lo que, la acción constitucional correspondía ser acogida.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del voto de mayoría del Ministro Sr. Rodrigo Cerda San Martín y de la disidencia, su autor.

No firma el abogado integrante Sr. Marcelo Matus Fuentes, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con ausente.

Rol Nº 18.865- 2016. Recurso de Protección.

Sr. nombre reservado

Sra. nombre reservado

nombre reservado POR LA SEXTA SALA integrada por los ministros Sr. Rodrigo Cerda San Martín, Sra. Carola Rivas Vargas y abogado integrante Sr. Marcelo Matus Fuentes, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Indra Yáñez Fernández Secretaria (S)

En Concepción, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.

Indra Yáñez Fernández Secretaria (S)