nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Concepción rtp Concepción, veintidós de abril de dos mil veinticinco.

VISTO:

En folio 1 de estos autos Rol Corte N°Protección-18827-2024 comparece por sí nombre reservado, egresado de derecho, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del nombre reservado, representado legalmente por su superintendente Néstor Antillanca Avilés, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, en Curanilahue.

El acto que denuncia ilegal y arbitrario como fundamento del recurso es la resolución de 16 de agosto de 2024, dictada por el H. Directorio General del nombre reservado en el contexto de un proceso disciplinario que se tramitó, en concepto del actor, irregularmente, que no acoge el recurso de apelación deducido el 2 de julio de 2024 en contra de la resolución N°04-2024, dictada el 1 de ese julio por el H. Consejo Superior de Disciplina, mediante la cual lo expulsaron del nombre reservado por haber incurrido en conductas de indisciplina. En definitiva, el Honorable Directorio General ratificó la sanción impuesta por el Honorable Consejo Superior.

En cuanto a los hechos que fundan el recurso, dijo que es voluntario del nombre reservado. El 28 de mayo de 2024 se inició en su contra un proceso disciplinario que concluyó con la decisión de aplicarle la medida disciplinaria de expulsión del Cuerpo, adoptada por el Honorable Consejo Superior de Disciplina de la Segunda Compañía de esa comuna y ratificada luego, el 16 de agosto de 2024, por el Honorable Directorio General. La indisciplina que se le imputó consistía en difamar a las autoridades de la Segunda Compañía y a la institución de no cumplir sus funciones ni el reglamento, aparte de mantener una actitud desafiante hacia los órganos de autoridad y los organismos disciplinarios.

Sobre los actos de desobediencia imputados, dice el recurrente que no son tales; que simplemente ha hecho valer su derecho a opinar, manifestando su punto de vista, discrepando de las opiniones de los otros miembros.

Por ejemplo, el 28 de marzo de 2024, se llevó a cabo reunión de asamblea de Compañía, analizándose la no realización del Cambio de Mando entre oficiales de Compañía salientes año 2023 y entrantes año 2024; en la sesión, el recurrente expuso el incumplimiento del Director dentro de un plazo reglamentario y la falta de atribuciones del Directorio General para tomar acuerdos que vayan en directa contravención del reglamento interno, como era el caso que exponía el director en esa sesión. Luego de varias intervenciones se lleva a cabo la votación en la que por mayoría se decidió enviar una carta al Consejo Superior de Disciplina para que se investiguen los hechos mencionados en la reunión y se establezcan las sanciones en caso de existir responsabilidades. Luego, en la asamblea del Cuerpo celebrada en mayo de 2024, se comunicó que el Director de la Segunda Compañía fue absuelto por el Consejo Superior de Disciplina y uno de los argumentos fue que en la reunión no tenía quorum.

Dos meses después, el 28 de mayo de 2024, entregaron en el domicilio del recurrente una citación para comparecer ante el Honorable Consejo Superior de Disciplina el día 30 de mayo a las 19:45 horas, citación que estima el actor es anulable por varios motivos, porque fue realizada con tan solo 46 horas de anticipación; fue entregada a una tercera persona; sólo indica un Ord. 065/2024 del director de Segunda Compañía al superintendente, no conteniendo la breve descripción de los hechos que la motivan.

El 30 de mayo de 2024 concurrió a la cita. El Honorable Consejo Superior de Disciplina estaba compuesto por los voluntarios nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y en calidad de ministra de fe la Prosecretaria general nombre reservado. Antes que se diera lectura de la citación, el recurrente expone que debe ser resuelta como cuestión previa, la nulidad de la citación realizada sin cumplir la normativa interna. No le permitieron expresar abiertamente sus argumentos, todo el tiempo fue interrumpido incluso con tono golpeado. Finalmente, se accedió a lo pedido y se declaró nula la citación por no cumplir con los requisitos formales. Se resuelve citarlo nuevamente por carta certificada. No obstante lo dicho, nunca recibió notificación.

Agrega que el 11 de junio de 2024, en dependencias de la Segunda Compañía, el secretario general don nombre reservado intentó notificarlo de una citación, desconoce el contenido, a lo que el actor se opone.

El 26 de junio preguntó al cartero de su barrio por la carta certificada y entonces se enteró que había una en la oficina de Correos, que fue devuelta por no hallarse el recurrente en el domicilio el día de la entrega, 10 de junio. Pero el 10 de junio era una fecha dos días posterior a la realización efectiva de la citación. En definitiva, él no concurrió a la citación por un hecho ajeno a la voluntad. Agrega que si el documento se hubiera entregado en tiempo y forma personalmente, habría podido conocer de tal situación de forma previa y hacer uso de su derecho a defensa, sea personalmente o representado.

El 1 de julio del 2024 fue notificado de la resolución Nº 04/2024 del Honorable Consejo Superior de Disciplina donde se le sanciona con la expulsión del nombre reservado, medida adoptada en un procedimiento para el que no fue citado, emplazado; ni siquiera se dice en la resolución que el proceso se siguió en rebeldía. Igualmente él se había enterado extraoficialmente de la medida los días 25 y 26 de junio, en los pasillos del cuartel, e hizo entrega de la indumentaria. El 26 de junio se enteró también del tenor del Ord. 065/2024 del mando administrativo de Segunda Compañía, aún sin estar notificado.

En una reunión del 27 de junio de 2024, mientras se leía la resolución de expulsión, el voluntario nombre reservado, miembro del Consejo que lo sancionó, expresa que esto es sólo la punta del iceberg, que no todo lo que brilla es oro, expresiones que afectaron al recurrente en lo más profundo de su ser.

Todo lo relatado hace pensar al actor que es víctima de hostigamiento y persecución por parte del Director de Segunda Compañía nombre reservado, por simplemente expresar opiniones contrarias a sus convicciones. La animadversión se infiere también si se considera la fecha en que se inició el proceso sancionatorio, dos meses después de la reunión de 28 de marzo de 2024, porque si esas actitudes que se le reprochan hubieran sido graves, no habrían dejado transcurrir dos meses antes de comenzar una investigación, lo que sólo viene a demostrar que estuvo esperando el resultado de su investigación del Honorable Consejo Superior de Disciplina, para luego de ello, aprovechando su absolución, perseguir al recurrente como una represalia, dado que son las opiniones vertidas por el actor en la reunión de 28 de marzo lo que se está ahora sancionando por parte de los órganos disciplinarios.

De lo resuelto el 1 de julio de 2024, apeló al día siguiente, ante el Tribunal de Apelaciones. Mientras tanto, no le permiten realizar actividades bomberiles. Lo citaron a declarar ante ese Tribunal mediante una carta certificada entregada el mismo día de la citación, es decir, continuaban las infracciones al debido proceso. La instancia estuvo conformada por los voluntarios nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado como pro secretaria general en su calidad de ministra de fe, esta última absolutamente parcial atendida su intervención anterior donde ella no fue garante del buen cumplimiento de la normativa reglamentaria. Declara el recurrente y para ratificar y firmar su declaración es citado para el día 14 de agosto de 2024, cita a la que concurre, haciendo él correcciones ortográficas y de redacción respecto de algunas situaciones que no reflejaban fielmente lo declarado.

El 28 de agosto de 2024 tomó conocimiento de la resolución adoptada el 26 de agosto de 2024 por el Tribunal de Apelaciones, como correspondencia recibida de Comandancia. Pero además, ese mismo 28 de agosto recibió un correo electrónico titulado “Notificación Tribunal de Apelaciones” firmado por don nombre reservado en su calidad de Secretario General, al que se adjunta el mismo oficio recién nombrado, que estaba dirigido al Sr. nombre reservado en su calidad de Director de Segunda Compañía y a don nombre reservado como comandante, cuyo remitente es el Superintendente Sr. Néstor Antillanca Avilés. Este documento no cumple con los requisitos que establece el reglamento general de la forma de una resolución. Además señalan que la carta certificada fue ingresa el 21 de agosto en la oficina de correos de Chile, la que según plataforma de la empresa demora cinco días hábiles aproximadamente, debiendo haber sido entregada el 27 o 29 del mismo mes, lo que no ha sucedido. El 31 de agosto le enviaron una foto desde el cuartel de Segunda Compañía de un sobre que se encuentra en un mesón a su nombre y domicilio y a su vez del nombre reservado, sin señalar cuál es el remitente o destinatario. Al hacer seguimiento según el número de ingreso se percató que la carta fue despachada desde Cauquenes y no desde la comuna de Curanilahue, el destinatario no era el domicilio del recurrente sino que el del cuartel o de superintendencia. Es decir, tomó conocimiento de su expulsión de manera irregular.

Como corolario, dice que el procedimiento investigativo estuvo viciado de principio a fin. La primera citación a declarar ante el Consejo Superior de Disciplina, fue realizada de forma antirreglamentaria, no se hizo con antelación a las 48 horas como prescribe el artículo 156 inciso tercero del Reglamento General del nombre reservado; no indicó el motivo de la comparecencia; la ministro de fe, la pro secretaria general, omitió muchos reparos incumpliendo el artículo 64 numeral 1 del Reglamento; mientras declaraba el recurrente fue interrumpido constantemente sin ser oído debidamente, lo que contraviene el artículo 138; la resolución de expulsión adoptada en primera instancia por el Honorable Consejo Superior de Disciplina también está viciada, pues no se remitió por intermedio de Oficio enviado por carta certificada, no contiene número, no cumple con la formalidad establecida en el artículo 139; la resolución tampoco contiene las referencias generales de la investigación dado que no señala las sesiones celebradas, no determina cuáles son los hechos verificado, no expresa las normas reglamentarias infringidas, tampoco señala si la decisión se adoptó por unanimidad de votación, dice “mayoría” pero no menciona cuántos votos fueron los que estaban por una decisión distinta; la resolución lo trata con la palabra “acusado” inventándole una calidad que no tiene, debiendo decir “inculpado”; aunque el actor estaba siendo investigado paralelamente a otro voluntario, sin embargo su proceso se demoró muy poco, lo que demuestra la falta de imparcialidad, como que querían apurar su sanción; se dice en la resolución que el recurrente habría pedido una “sanción” para un miembro del honorable directorio, lo que constituiría una falta de valores y ética, dice el actor que no es efectivo, sólo pretendía exponer que el director no cumplió con un plazo reglamentario; la resolución le imputa indisciplina (“además de las muestras de indisciplina de las que ha dado manifiesto al negarse a recibir citaciones”), pero sucede que el propio Consejo Superior de Disciplina, al anular la citación primera, reconoció tácitamente que sí hubo infracción a la normativa; no es efectivo que le “llevara al desorden y confusión reuniones internas de su compañía”, sólo ha manifestado su opinión con pleno respeto; tampoco es cierto que haya amenazado “al Honorable Consejo Superior de Disciplina, en tomar acciones legales respecto a su situación disciplinaria y desarrollo de los procesos internos, debidamente reglamentados ”, sólo hizo reserva de sus derechos constitucionales y reglamentarios, en tanto en las sesiones no se le dejaba expresarse, lo interrumpían; no se habría cumplido con lo establecido en el artículo 101 y el artículo 46 inciso 6º del reglamento interno de Segunda Compañía, que es llevar el asunto a la junta de oficiales de Compañía, usando el nombre de la compañía sin la debida autorización; la resolución del Honorable Directorio que desecha su recurso de apelación que dedujo el recurrente el 2 de julio de 2024, confirmado la expulsión decidida por el Consejo Superior de Disciplina, se expidió mucho más allá de los 30 días reglamentarios que tenía para hacerlo, de conformidad al artículo 160 del Reglamento General, etcétera, todo lo cual demuestra que no existió un procedimiento racional y justo que respetare la Constitución, las leyes y los estatutos.

Denuncia conculcadas las garantías de los numerales 1, 2 y 3 incisos quinto y sexto, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja este recurso de protección, con costas, ordenándose el cese de la sanción de “expulsión” y todas las accesorias correspondientes, dejándolas sin efecto, reintegrándolo de forma inmediata a las funciones bomberiles en igual calidad que se encontraba al momento de sufrir la vulneración; que se condene a la recurrida a efectuar todas los demás actos o diligencias que la Corte estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos conculcados por la actuación de los órganos disciplinarios recurridos.

Acompañó al recurso copias de 1.- Citación realizada con fecha 28 de mayo; 2.- Citación entregada el 26 de junio por carta certificada; 3.- Seguimiento de correos de Chile sobre carta certificada mencionada previamente; 4.- Resolución 04/2024 notificada por Carta Certificada; 5.- Hoja de vida Bomberil, emanada por la Junta Nacional de Bomberos; 6.- Apelación presentada ante el superintendente para conocimiento del tribunal de apelaciones de fecha 02 de julio de 2024; 7.- Correo electrónico de aviso a órganos del nombre reservado informando apelación ingresada; 8.- Correo Electrónico que notifica resolución de tribunal de apelaciones; 9.- Oficio que informa resolución del Tribunal de apelaciones; 10.- Estatuto y Reglamento General del nombre reservado; 11.- Reglamento Interno de Segunda Compañía del nombre reservado; 12.- Estatuto Junta Nacional Cuerpos de Bomberos de Chile; 13.- Reglamento General Cuerpos de Bomberos de Chile; 14.- Protocolo contra abuso y equidad Junta Nacional de Bomberos de Chile; 15.- Asistencia voluntarios Segunda Compañía año 2024; 16.- Imágenes de página web de correos de Chile con el seguimiento de la carta certificada; 17.- Resolución decreta orden de no innovar en causa rol 14438 - 2023 del 29 de mayo del 2024.

En folio 14 informó el recurso el recurrido el nombre reservado, por medio Néstor Antillanca Avilés, su superintendente, solicitando el rechazo del mismo, con costas, por no cumplir con los requisitos de interposición.

Primero que todo, dijo que el recurso debería rechazarse porque no se ha individualizado el acto arbitrario o ilegal que se imputa al nombre reservado; tampoco dice el recurrente cuáles serías esas supuestas ilegalidades y arbitrariedades que afectarían a dicho acto ni de qué forma esas actuaciones vulnerarían las garantías constitucionales que se mencionan.

Agrega que es efectivo que el voluntario recurrente fue expulsado por actos de indisciplina consistentes en constantes afirmaciones sobre que las autoridades de la compañía y la institución no cumplen sus funciones y sus comentarios recurrentes sobre el incumplimiento reglamentario que han provocado y desorden, desinformación, así como la actitud desafiante que mantiene hacia los órganos de autoridad y los organismos disciplinarios. Estas conductas son especialmente inaceptables por un nombre reservado, cuyo trabajo jerarquizado y respetuoso es fundamental para cumplir los objetivos de utilidad pública que se han puesto sobre sus hombros.

En cuanto a las alegaciones realizadas por el recurrente sobre las irregularidades de su proceso disciplinario, las desmiente.

Primero que todo, su juzgamiento se produjo a solicitud del propio director de su compañía no por haber manifestado su opinión, sino precisamente por haberlo hecho de manera no respetuosa.

Sobre la primera notificación defectuosa que denuncia el actor y los reparos que no habría consignado la prosecretaria general en su calidad de ministro de fe, expresa el informante que vale la pena extenderse ni en lo más mínimo sobre este punto, porque esa notificación fue anulada, tal como solicitó el recurrente.

Sobre las omisiones formales en la resolución de expulsión, como ser la circunstancia de no tener un número correlativo, dice que no vician el proceso. Asimismo, al decir que su proceso fue más rápido “y por eso no pudo ser oído” no solo es falso, sino que malintencionado. Se le oyó tanto, que se anuló su primera citación y se le mandó una nueva, algo que olvida de manera conveniente.

Respecto de las otras alegaciones en las que el recurrente manifiesta su desacuerdo con la decisión adoptada, es una materia que no tiene relevancia para la resolución de esta acción proteccional, dado que en esta sede no se debaten los hechos, sino la eventual infracción de garantías constitucionales.

Acerca de la alegación de que la tercera citación se le hizo en “lugar no destinado al efecto, como es un cuartel de bomberos”, estima el informante que esta afirmación es un invento del recurrente. En ninguna parte del reglamento se prohíbe la notificación en el cuartel de bomberos. La norma es clara, artículo 156 inciso tercero del reglamento general: “La citación se hará por carta certificada, con una antelación de a lo menos cuarenta y ocho (48) horas, dirigida al domicilio que el afectado tuviere registrado en su respectiva Compañía o por nota entregada personalmente al afectado y recibida por el mismo.” O se hace por carta certificada, o se hace en persona. Cuando el recurrente dice que debe ser en persona en su casa, está torciendo el reglamento y tratando de generarse resquicios para sortear la disciplina. Con ello, da razón a las motivaciones de su sanción.

En cuanto a la alegación del actor de que una nota tenía número cuando no debía tenerlo, dice que aparte de no ser relevante en absoluto para ninguna de las garantías constitucionales alegadas, el recurrente se contradice a sí mismo, pues un poco antes había reclamado que una nota no tenía correlativo y por eso era inválida. También reclama porque la acusación en su contra no pasó por la junta de oficiales. Este es un error propio de quien no conoce el reglamento, pues el Sr. nombre reservado era Ayudante General y en tal calidad forma parte del directorio general, lo que obliga a que cualquier falta cometida por él sea conocida directamente por el consejo superior de disciplina (artículos 16, 31 y 152 N°2 del reglamento general).

Relativamente al reclamo del recurrente por el exceso de tiempo transcurrido para la resolución de la apelación. Convenientemente señala que compareció el 14 de agosto recién a firmar la transcripción de su declaración, pero no menciona que esa declaración se produjo el 23 de julio, es decir, tan solo 21 días después de que según él presentara la apelación y 16 días después de que la ratificara por correo electrónico. Fue a su propia solicitud que se transcribió íntegramente toda su declaración y eso estuvo para su firma recién el 14 de agosto, tal como señala. El proceso no ha sido excesivamente largo ni ha afectado sus garantías. De hecho, la extensión del procedimiento tuvo por fin aceptar la exigencia del recurrente de transcribirlo todo.

Acerca del reclamo del recurrente porque la sentencia del Tribunal de Apelaciones no fue entregada “en el lugar correcto”, dice que el estatuto y reglamento no ponen condiciones sobre el lugar en que se debe notificar la sentencia. Aun así, la conoce perfectamente y ha sido capaz de recurrir de protección en contra de ella, lo que deja en claro que su garantía constitucional se encuentra protegida.

No hay vulneración a las garantías constitucionales que se mencionan; no es efectivo que se haya socavado su integridad psíquica; por el contrario, es el actor el que obra movido por esa sensación de superioridad que posee respecto de los demás miembros de la Corporación; no hay evidencia de discriminación; el consejo falló como jurado y se le explicó al recurrente la razón para aplicar la sanción al serle comunicada; el reproche del actor por la ausencia de “bilateralidad” constituye una afirmación técnicamente errada, pues en este proceso no hay dos partes, sino solo una persona inculpada; un proceso disciplinario no afecta de por sí la honra, por lo que corresponde al recurrente al menos dar luces de cómo se afecta en su caso; y, por último, no hay vulneración al derecho de propiedad comoquiera que la pérdida de la calidad de bombero está expresamente contemplada en la normativa interna a través de la expulsión como resultado de un proceso disciplinario.

Acompañó al informe copias de 1.- Actas del Consejo Superior de Disciplina y Tribunal de Apelaciones en las que compareció personalmente el recurrente a presentar sus descargos; 2.- de la resolución del Tribunal de Apelaciones de fecha 16 de agosto de 2024.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto proteger a las personas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho. Es requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más garantías protegidas.

SEGUNDO: Que, como se consignó en lo expositivo, el recurrente interpone este recurso denunciando ilegal y arbitraria la resolución de 16 de agosto de 2024, del H. Directorio General del nombre reservado, que desechando su recurso de apelación, confirma lo resuelto por el Honorable Consejo Superior de Disciplina de ese Cuerpo y lo expulsa de las filas de la institución, por haber incurrido en conductas de indisciplina y desobediencia al decir constantemente que las autoridades de la Segunda Compañía y la institución no cumplían sus funciones ni el reglamento, manteniendo siempre una actitud desafiante hacia los órganos de autoridad y los organismos disciplinarios.

La parte recurrida, a su turno, ha solicitado el rechazo del recurso, por no existir actuación ilegal ni arbitraria de su parte, habiéndose adoptado la medida de expulsión del actor luego de haberse aplicado un procedimiento disciplinario siguiendo el protocolo establecido al efecto en el que no se constatan los vicios procesales que denuncia el voluntario.

TERCERO: Que, se ha reconocido tanto por el recurrente como por la recurrida que la primera citación que se efectuó al actor fue anulada, acogiéndose así las alegaciones que este formulara ante la autoridad bomberil correspondiente, remitiéndosele una nueva citación, de acuerdo al reglamento, esto es por carta certificada a su domicilio Sin embargo, esta segunda citación llega luego de la fecha para la cual estaba citándosele. Lo anterior lleva a la conclusión que es efectivo lo alegado por el reclamante cuando sostiene que no ha sido correctamente emplazado al procedimiento sancionatorio que culminó con la expulsión del recurrente del nombre reservado.

Este defecto inicial conlleva la invalidación de todo el procedimiento que le sigue, por lo que no resulta necesario analizar los restantes vicios de procedimientos denunciados también por el recurrente y verificados con posterioridad, durante el procedimiento sancionatorio.

CUARTO: Que, resulta necesario destacar que en un procedimiento sancionatorio, en particular si en el se aplica la medida más drástica que los reglamentos contemplan, es necesario el estricto apego a las normas de procedimiento que los respectivos reglamentos institucionales contemplan, para garantizar así el debido proceso, como garantía constitucional.

QUINTO: Que, en el caso de autos la aplicación de la sanción de expulsión del nombre reservado dispuesta para el recurrente resulta ilegal y arbitraria. Ilegal porque, como ya se dijo, no se ha respetado el debido emplazamiento del investigado al proceso sancionatorio, vicio que anula todo el procedimiento posterior, al transgredirse con ello los propios reglamentos institucionales.

Arbitraria porque, en cuanto viciado el procedimiento de la manera que se viene diciendo, la resolución final que aplica la sanción resulta carente de motivación, ya que no ha dado al sancionado la oportunidad de defensa debida.

SEXTO: Que, en las condiciones que se vienen apuntando, el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida viene a afectar la garantía de la igualdad ante la ley, porque el tratamiento dado al recurrente difiere de aquel que corresponde a quienes se encuentren en la misma situación y respecto de quienes se les aplica el procedimiento correcto.

SEPTIMO: Que, en consecuencia se acogerá el presente arbitrio constitucional, de la manera que se dirá.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide que:

SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del nombre reservado, solo en cuanto se anula todo lo obrado en el procedimiento que culmina con la aplicación de la sanción de expulsión del recurrente del nombre reservado, retrotrayéndose este al estado que se cite correctamente al investigado para convocarlo correctamente al procedimiento de investigación respectivo.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Se deja constancia que en el estudio de los antecedentes se hizo uso de la facultad contenida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción del ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina.

No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en sus funciones como abogado integrante.

N°Protección-18827-2024.