nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Concepción, veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece Jeannette Milena Garay Guzmán, en representación de nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada legalmente por nombre reservado, entidad que se pronunció acerca de su solicitud de reconsideración de 23 de mayo de 2024 y respecto de la cual la recurrida dictó la Resolución Exenta N° R-01-IBS-121797-2024, de 31 de julio de 2024, en la cual confirmó el rechazo de licencias médicas por parte de la nombre reservado REGION DEL BIO BIO, por reposo no justificado, resolución de la cual tomó conocimiento el 5 de agosto del año en curso.

A continuación, explica que debido al rechazo previo de tres licencias médicas, su representado efectuó el correspondiente reclamo ante la nombre reservado Región del Bío Bío, la que confirmó el rechazo de las licencias médicas Nºs RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar de 8 de mayo de 2023, por reposo no justificado, y luego, el día 23 de mayo de 2024 solicitó reconsideración del dictamen N° R-01-S-35355-2024 de fecha 5 de marzo de 2024, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la nombre reservado-COMPIN REGION DEL BIO BIO, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 89713673-2, extendidas por un total de 120 días, bajo la misma causal de rechazo.

Indica que la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 89713673-2, no se encontraba justificado, por cuanto el tiempo de reposo autorizado alcanzaba 255 días por la misma patología y, por los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que las afecciones que el afiliado presenta son de curso crónico, las que por tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le producen algún grado de incapacidad no modificable con el reposo, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, pues el reposo ya no contribuye a la recuperación ni se orienta el reintegro laboral del paciente, confirmando en consecuencia la decisión de rechazo.

Por su parte, indica la recurrente que en relación con el estudio de los antecedentes de las licencias médicas N°s 137040670, RUT reservado y RUT reservado, la Superintendencia concluyó que ésos no permitían establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo, ya autorizado, por el diagnostico reclamado, no acreditado rol terapéutico del reposo prescrito. Sumado a lo anterior, dichos antecedentes permiten establecer que la parte reclamante presenta lesiones de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, por lo que probablemente ya se ha configurado una incapacidad permanente, precisando que respecto de aquellas licencias médicas la Ilustrísima Corte de apelaciones en fallo sobre Recurso N° 21693-2023, dispuso en su favor dejar sin efecto la Resolución Exenta N°153961-2023 debiendo ser su mandante sometido a un peritaje médico que determinara si la patología osteomuscular que daba origen a las licencias médicas ahí reclamadas era de carácter crónico e irrecuperable, debiendo luego la referida Superintendencia emitir un nuevo pronunciamiento sobre el rechazo.

Agrega la recurrente, que su representado padece varias patologías y que el informe médico complementario a LM 3-89713673, emitido por el doctor nombre reservado, médico cirujano, especialista en psiquiatría, señala que presenta múltiples patologías médicas, dentro de las que destacan diabetes, artrosis, discopatía lumbar y HTA y se le diagnosticó un episodio depresivo grave, tratándolo con Sertralina 100 mg diarios y reposo laboral, y que cuenta con una pensión de invalidez por otras patologías, que no corresponden a las actualmente presentadas, según consta en resolución dictamen Nº C.M.C 11210/2021 de fecha 6 de diciembre de 2021 de la Superintendencia de Pensiones Comisión Médica Central, la que quedó ejecutoriada y le otorgó Invalidez Parcial Transitoria con una incapacidad global de un 56%.

Hace presente que el Dictamen 69671-2023, de fecha 25 de mayo de 2023 de la Superintendencia de Seguridad Social, señala “…Que, cabe hacer presente que una persona que ha obtenido una pensión de invalidez y que vuelve a trabajar con su capacidad residual de trabajo, tiene derecho a presentar licencias médicas cuando dicha capacidad residual se vea afectada temporalmente, siempre que sea por una patología distinta a la considerada para la obtención de la invalidez, por existir una incompatibilidad expresa entre subsidio y pensión por la misma patología, en el artículo 12 del D.L. N° 3.500, de 1980”, y siendo sus licencias médicas emitidas por un profesional experto en psiquiatría por depresión ocasionadas por las muchas enfermedades y patrologías que el recurrente presenta, por lo que tiene que trabajar con mucha dificultad.

Refiere que, por lo expuesto, el rechazo en el pago de licencias médicas indicadas afecta las garantías del artículo 19 de la Constitución Política de la República en sus numerales N°1, “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”; Nº 3: “La igual protección de la ley en el ejercicio respecto de sus derechos”; Nº 9: “El derecho a la protección de la salud”; Nº 18: “El derecho a la seguridad social”; el numeral 24: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”, y las del artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema en esta materia, desde que la disminución y el rechazo de las licencias importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad, situación que no se condice con la finalidad esencial que tiene una licencia médica, la cual es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reintegrarse a su actividad laboral.

Por su parte, los actos emanados, ya sea del COMPIN o de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), referidos como dictámenes, se conocen como actos netamente administrativos y por ende uno de los caminos para realizar un objetivo control jurisdiccional de estos actos de manera más eficaz es el ejercicio del recurso constitucional de protección, a fin de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, situación que este caso se presenta, pues la SUSESO se limitó a señalar que “estudió” los referidos antecedentes, y con su mérito consideró que el reposo no se encontraba justificado, sin explicar los sustentos facticos o técnicos, dejando a su mandante en la más absoluta indefensión, ya que no se pueden controvertir, al no existir reales argumentos que rebatir a la Superintendencia y tampoco realizando alguna actividad tendiente a establecer las causas de sus licencias médicas.

Refiere que lo descrito infringe la Ley N°19.880, en cuanto consagra la doctrina de “la motivación de los actos administrativos”, su artículo 16 relativo a la transparencia del procedimiento; así como el artículo 13 inciso 2º de la Ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, en cuanto señala que todo acto emanado de la administración debe ser fundado; y el principio de transparencia que consagra su artículo 16. Además, dentro de los elementos de un acto administrativo o requisito básico para su legitimidad, se encuentra la motivación, que dice relación con las circunstancias de hecho y de derecho que justifican la emisión del mismo.

Acompaña como documentos para sostener su acción un informe médico complementario, de fecha 10 de abril de 2024, emitido por el médico psiquiatra nombre reservado; informe médico complementario de fecha 4 de agosto de 2023, emitido por el mismo profesional; certificado médico, de fecha 28 de junio de 2023; Dictamen, resolución exenta N° R-01-IBS-121797-2024, de fecha 31 de julio de 2024; receta médica de fecha 28 de junio de 2023, y receta médica de 8 de mayo de 2023.- Solicita que se acoja el recurso interpuesto en todas sus partes, con el objeto de restablecer el imperio del derecho y garantías constitucionales transgredidas y, en definitiva, ordenar a la recurrida dejar sin efecto la orden de no pago de licencias médicas, sin perjuicio de todas las otras medidas de protección que el tribunal estime adecuadas a los fines y fortalecimiento de la ley, con expresa condenación en costas.

Informa al tenor del recurso el abogado Tomás Garro Gómez en representación de la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, aclarando que el recurrente nombre reservado el 30 de agosto del año 2024, había interpuesto acción de protección en contra de su representada por cuanto mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-121797-2024, de 31 de julio de 2024, se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente con fecha 23 de mayo de 2024, en contra de la Resolución Exenta N° R01-S-35355-2024, de 5 de marzo de 2024, que, a su vez, había rechazado el recurso jerárquico administrativo interpuesto el 30 de enero de 2024, en contra de la nombre reservado - COMPIN REGIÓN DEL BÍO - BÍO, que a su vez, había confirmado el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, N°RUT reservado y N°RUT reservado, extendidas por un total de 90 días de reposo a contar del 8 de mayo de 2023, por considerar que el reposo prescrito por el médico tratante no se encontraba justificado.

Sostiene como una primera alegación la falta de oportunidad de la acción de protección, al haberse interpuesto una vez vencido con creces el plazo fatal de 30 días corridos de acuerdo con lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el numeral primero del Auto Acordado que regula la tramitación, pues como consta en el respectivo expediente administrativo electrónico (PAE), don nombre reservado tuvo conocimiento cierto del rechazo de sus licencias médicas, a más tardar el mismo día en que reclamó de ello ante la Superintendencia de Seguridad Social, a saber, el día 30 de enero de 2024, optando en esa oportunidad por reclamar vía recurso jerárquico ante la recurrida y, notificado de la primera resolución con fecha 14 de diciembre de 2024, optó nuevamente por reclamar administrativamente interponiendo el referido recurso de reposición con fecha 23 de mayo de 2024. En consecuencia, conforme a dicha norma de rango constitucional, la Acción de Protección no tiene el carácter de subsidiaria de otras vías de reclamación que pudieren existir, tal cual lo ha manifestado reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, siendo objetivo el plazo para interponer la acción de protección y, en consecuencia, su interposición no puede quedar entregada a la voluntad del que se siente perjudicado por un determinado acto, pues una interpretación contraria estaría en abierta contradicción con su naturaleza cautelar de derechos. En efecto, instando por una revisión tras otra en el ámbito administrativo, a través del recurso de apelación, jerárquico o de reposición siempre se podría crear un nuevo plazo para ejercer la acción de protección, reclamando mucho tiempo después de ejecutado el acto supuestamente atentatorio, lo que contraviene su finalidad, por lo que la acción constitucional interpuesta recién con fecha 30 de agosto del año 2024, en subsidio del recurso jerárquico y de reposición administrativos formulados ante la Superintendencia de Seguridad Social, resulta manifiestamente extemporánea.

En subsidio, impugna el fondo, al sostener que el recurso carece de fundamentos fácticos, pues no existe actuación ilegal o arbitraria alguna de su parte que haya vulnerado y ni siquiera puesta en peligro algún derecho garantizado por la Constitución Política, ya que -como un primer aspecto-, se ha interpuesto solo en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en circunstancias que las licencias médicas fueron rechazadas, de acuerdo con la ley, por la COMPIN REGIÓN DEL BIO – BIO, la que actuó como organismo administrador del derecho denominado Licencia Médica, ejerciendo su facultad legal de autorizar, modificar o rechazar licencias médicas de los trabajadores y trabajadoras cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), de acuerdo con lo prescrito en el DFL N° 1, de 2005, y en el D.S. N° 3, de 1984, ambos del Ministerio de salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas.

Con fecha 30 de enero de 2024, el recurrente reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, en contra de la nombre reservado - Compín Región del Bío - Bío, toda vez ésta había confirmado el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, N°RUT reservado y N°RUT reservado, extendidas por un total de 90 días de reposo a contar del 8 de mayo de 2023, por considerar que, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso, el reposo prescrito por el médico tratante no resultaba justificado. En la revisión de antecedentes médicos del caso, denominado MAESTRO HISTÓRICO DE LICENCIAS MÉDICAS FONASA y la CARTOLA MEDICA del respectivo Servicio de Salud, se dejó constancia de los fundamentos del rechazo de las licencias médicas, expresando “…conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado por el diagnostico aquí reclamado, no acreditando rol terapéutico del reposo prescrito”.

A su turno, el Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N° R-01-S-35355-2024, de 5 de marzo de 2024 confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas números RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, con el diagnóstico de episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. “Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos tenidos a la vista, no permiten establecer incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo señalado en las licencias médicas reclamadas. El informe médico que acompaña la parte reclamante es general e resulta insuficiente, por cuanto no describe el tratamiento prescrito, evolución clínica, limitación funcional (con resultado de evaluación GAF), pronóstico, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo. Asimismo, no acredita derivación o ingreso al Programa de Garantías Explícitas en Salud (GES) para manejo por equipo multidisciplinario. Tampoco acompaña informe de psicólogo (a), que acredite intervención psicoterapéutica, esencial en los procesos de remisión de enfermedades mentales”.

Luego con fecha 23 de mayo de 2024, nombre reservado reclamó nuevamente ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL solicitando se reconsiderara el dictamen contenido en la Resolución Exenta N° R-01-S-35355-2024 de fecha 05 de marzo de 2024 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la nombre reservado - Compin Región Del Bío Bio, en orden a mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 08 de mayo de 2023, por reposo no justificado. Además, en esa misma ocasión, la ahora recurrente reclamó en contra de la ya citada Comisión Médica por cuanto había confirmado el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, N°RUT reservado, N°RUT reservado y N°89713673-2, extendidas por un total de 120 días de reposo, basado en la misma causal de rechazo, esto es, reposo injustificado, por lo que, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-121797-2024, de 31 de julio de 2024, confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, por cuanto como se señala en el dictamen en comento: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 89713673-2, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el tiempo de reposo autorizado, que alcanza en este periodo 255 días por la misma patología, y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que las afecciones que el afiliado presenta, son de curso crónico, las que por tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le producen algún grado de incapacidad no modificable con el reposo, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, pues el reposo ya no contribuye a la recuperación ni se orienta el reintegro laboral del paciente .. …”

Añade que, por su parte, la doctora nombre reservado, psiquiatra de la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad, concluyó “Propongo mantener rechazo, extenso periodo de reposo por causa osteomuscular por la cual se encuentra pensionado, y luego continúa con reposo por salud mental con tratamiento de primera línea. En cartola expresa dudoso vínculo laboral, aparentemente empleador sería familiar, renta alrededor de 2 millones por trabajo administrativo…”

De acuerdo con lo expuesto, señala que no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de la Superintendencia de Seguridad Social al confirmar, mediante la resolución impugnada, el rechazo de las licencias médicas dispuestos por la COMPIN DE LA REGIÓN DEL BIO – BIO y, finalmente, por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, afirmando que conforme a ello, jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria (subsidio por incapacidad laboral), que en definitiva solicita el recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección.

Refiere que respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio de la licencia médica regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE), puede dar derecho al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos los correspondientes a los trabajadores del sector público y municipal, siendo un derecho regulado en los artículos 149 y 156 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, resultando la licencia médica un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad es justificar la ausencia del trabajador a sus labores cuando como consecuencia de una enfermedad o accidente común, está incapacitado temporalmente para trabajar, reposo que, además, contribuye a recuperar la salud del trabajador y, por lo tanto, a reincorporarse a su actividad laboral y desde el punto de vista pecuniario, el subsidio por incapacidad laboral reemplaza a la remuneración o renta, según se trate de un trabajador dependiente o independiente.

Indica que para el caso del recurrente de autos correspondió a COMPIN resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas como trabajador cotizante del Fondo Nacional de Salud (FONASA) dentro del marco de su competencia y los reclamos interpuestos ante la Superintendencia de Seguridad Social, se ampararon en lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, que le otorga la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, al tenor de lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, que señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, artículo 27 que establece que le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. Precisa que, siempre y en todo caso, se puede pedir reconsideración, como lo hizo la recurrente de autos en tres oportunidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.575, cuyo texto refundado, coordinado y sistematizado fue promulgado por el D.F.L. N° 1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que contempla la normativa a la que se ajusta la autorización, modificación o rechazo de licencias médicas, incluyendo la revisión de la Compin y de esa Superintendencia, como institución de fiscalización de tales instituciones de previsión, y se concluyó que no era medicamente procedente la autorización de las licencias médicas cuestionadas, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso ya latamente expuestos.

En cuanto a los derechos que estima el recurrente se encuentran vulnerados, afirma que, por lo desarrollado, carece de fundamentos su acción constitucional, puesto que él no es titular del “derecho a licencia médica” y del consecuente subsidio por incapacidad laboral, por cuanto no se han cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo; por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y esta Superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron a la recurrente, resolviendo dentro del ámbito de sus competencias la presentación efectuada por la parte recurrente, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de las garantías constitucionales que señala como amagadas, considerando que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con el eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con determinados requisitos.

En concordancia con lo expuesto, el artículo 17 del ya citado Reglamento de Autorización de Licencias Médicas dispone que: “Autorizada la licencia médica o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso.”

Así, explica la recurrida, no existe como pretende la recurrente, algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio por incapacidad laboral o remuneración en el caso de los funcionarios públicos), haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador, y en consecuencia, la materia sobre la que realmente versa dice relación con un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantía que no está amparada por la acción cautelar que motiva estos autos al tenor de señalado por las normas precitadas, solicitando en subsidio de la alegación principal de extemporaneidad, que el recuso sea desestimado en todas sus partes, con costas . Acompaña al informe copias de los antecedentes administrativos que obran en los expedientes relativos al caso de la parte recurrente, que terminaron con las resoluciones exentas referidas en su informe.

Informa el tenor del recurso nombre reservado, presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, nombre reservado, indicando que las licencias médicas rechazadas objeto del recurso, N° 4-14617171; N°4-14978828 y N°4-15248414, por 30 días cada una y por el mismo diagnóstico, esto es, F32.2 - episodio depresivo, fueron reclamadas, pero previo al rechazo, se autorizó al trabajador un total de 345 días corridos desde el 28 de mayo de 2022 hasta el 07 de mayo de 2023, por un total de 12 licencias médicas continuas y por igual diagnóstico, esto es, G55.1, COMPRESIONES DE RAÍCES Y PLEXOS NERVIOSOS, precisando que “las tres últimas de tal período, esto es licencias médicas N° 13704067, 13973198 y 14301384, que prescriben reposo desde el 07-02-2023 al 07-05-2023, fueron autorizadas por COMPIN luego de un peritaje médico ordenado por vuestra Ilustrísima Corte de Apelaciones a través de sentencia en causa ROL Protección-21693-2023, caratulado nombre reservado/SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRO".

Añade que, en relación a las licencias médicas en cuestión, Contraloría Médica de esa institución, luego de evaluar los antecedentes médicos aportados por el usuario resolvió rechazarlas por cuanto no se justifica el reposo médico prescrito durante el periodo reclamado, particularmente porque “el informe de médico psiquiatra de fecha 28/06/2023 NO expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieran mantener el reposo médico, sino se trata de un informe de carácter general, sin un tratamiento farmacológico, ni ajustes de estos ni derivación a psicoterapia. En efecto, no se detallan ni describen síntomas de gravedad o agravamiento durante el periodo de reposo. De igual forma, en el informe de fecha 4 de agosto de 2023, en el cual cambia de médico tratante por ausencia de su médico primitivo, no describe síntomas del recurrente que justifiquen un reposo médico temporal por largo del tiempo (90 días), sin crisis ni afecciones o agravamientos que permitan establecer la necesidad de mantener el reposo médico. Ambos informes son de carácter general, donde no se ahonda ni se detallan síntomas conductuales que acrediten reposos por 30 días en cada licencia médicas, NO existe un ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo. No certifican ingreso a programa de salud mental o psicoterapia con informe de proceso”.

Se tuvo a la vista lo prescrito en el Decreto 7 del año 2013, que "Aprueba el reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas", que establece los criterios referenciales para evaluación de prolongación de reposos para patologías mentales.

Por lo anterior, “teniendo en consideración los informes médicos aportados y lo dispuesto por la normativa recién invocada, no se justifica -a juicio de la contraloría médica- la necesidad de tener reposos médicos. No existen tratamientos farmacológicos, ajustes de estos mismos, psicoterapias o intervenciones psicosociales, ni menos derivación a un programa de salud mental”.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, como cuestión inicial, cabe desestimar el argumento de la Superintendencia recurrida al postular la extemporaneidad de la acción conservativa enderezada y que invoca por las razones ya reseñadas en lo expositivo de este fallo, dado que el acto recurrido, Resolución Exenta N° R-01-Ibs-121797-2024, emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, fue pronunciada con fecha 31 de julio de 2024, en tanto la acción cautelar que nos ocupa fue interpuesta el 30 de agosto del mismo año, esto es dentro del plazo de la 30 días corridos contados desde la ejecución del acto (en este caso desde que se dictó la mencionada Resolución Exenta), que señala el auto acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

TERCERO: Que, en la especie, se ha deducido recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por no haber autorizado el pago de tres licencias médicas que se singularizan en el recurso, por estimarse que los antecedentes aportados no permiten establecer incapacidad laboral durante el periodo de reposo señalada en las licencias médicas reclamadas.

En tal sentido, cabe asentar, desde ya, que pese a que en la relación de antecedentes que efectúa la recurrente alude a diversas licencias médicas que le han sido extendidas a su representado, de lo expresado al inicio de su libelo, así como de lo informado por las recurridas, se advierte que, en definitiva deduce su acción en contra de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-121797-2024, de 31 de julio de 2024, emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la cual rechazó una solicitud de reconsideración de su parte, con la cual finalmente la recurrida confirmó el rechazo previo que había efectuado la Compín Región del Bío Bío, nombre reservado, de las licencias médicas N° RUT reservado, N°RUT reservado y N°RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 8 de mayo de 2023.

De igual forma, se debe consignar que según informa Compin, otras tres licencias médicas, correspondientes a los números 13704067, 13973198 y 14301384, que le prescribían reposo a nombre reservado desde el 7 de febrero al 7 de mayo de 2023 ya fueron autorizadas por COMPIN luego de un peritaje médico ordenado por esta misma Corte en el recurso de protección Rol 21.693-2023, según consta del informe evacuado por dicho Servicio, agregado a folio 8. Conforme lo expuesto, en esta ocasión no corresponde emitir pronunciamiento alguno respecto de dichos documentos, por haber sido el asunto ya resuelto en causa previa.

Una última licencia médica, la 89713673-2, que la Superintendencia informa como rechazada mediante la Resolución Exenta N° R-01-IBS-121797-2024, de 31 de julio de 2024, no fue incluida por la recurrente en su acción cautelar, de forma tal que a su respecto tampoco resulta procedente emitir decisión alguna.

CUARTO: Que, así las cosas, centrada la controversia, solo en las licencias médicas N° RUT reservado, N°RUT reservado y N°RUT reservado, ha de tenerse en cuenta que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social es un órgano de la Administración del Estado, y, por lo mismo, le son aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de Administración del Estado. Por lo tanto, toda decisión que adopte poniendo fin a un procedimiento, debe cumplir con las exigencias del artículo 41 de la referida ley, en orden a que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada...”. A su vez, el inciso segundo del artículo 11 de la citada ley establece que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, privando de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”.

Por su parte, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, de 28 de mayo de 1984, del Ministerio de Salud -Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional- si bien faculta para acoger o rechazar las reclamaciones, el ejercicio de esta facultad exige que al resolver o pronunciarse sobre el asunto respectivo, la correspondiente decisión debe contener “…los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida...”.

QUINTO: Que en la situación que nos atañe, cabe precisar que la Compin-nombre reservado, rechazó las tres licencias médicas de que se trata, por entender que los antecedentes aportados por el paciente no justifican el reposo médico prescrito durante el periodo reclamado, decisión que fue ratificada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

Con relación a este punto, sin embargo, no debe dejarse de lado que los dos médicos tratantes del recurrente y que emitieron las licencias médicas cuestionadas, tienen una opinión contraria a la postulada por COMPIN nombre reservado y, en lo que interesa en este recurso, a aquella sostenida por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, y por ello otorgaron las respectivas licencias médicas por los tiempos que estimaron adecuados para lograr la recuperación laboral de su paciente.

En el escenario predicho, no resulta posible -ni directa ni indirectamente- sostener con criterios de seriedad, idoneidad y suficiencia lo afirmado por la recurrida, puesto que los profesionales tratantes, cuya idoneidad profesional no fue controvertida por la recurrida, han atendido al actor en lo que atañe a las patologías que le afectan, pudiendo colegirse razonablemente de ello, mediante un criterio de normalidad, que conocen a cabalidad las características y particularidades de su enfermedad, y, precisamente, en estas particulares circunstancias, los basamentos indicados por el órgano reclamado quedan desprovistos de sustento, y, por ende, de la fundamentación consecuente, por lo que por mucho que se argumente al respecto, no viene sino a trasuntarse en una justificación de carácter “aparente”.

SEXTO: Que en lo concerniente a la necesaria exigencia de fundamentación, la Excma. Corte Suprema ha razonado (causa rol N° 25.347-2021): “Que, en ese orden de ideas, cabe destacar que, esta Corte ha sostenido de manera reiterada, que la motivación de los actos administrativos no busca cubrir una mera formalidad, sino que constituye un elemento esencial que permite el control judicial de los actos de la Administración activa, al punto que éstos podrían anularse en el evento de carecer de motivación o si esta es insuficiente.”. Y se añadió que: “En un Estado Constitucional de Derecho, el deber de fundamentación de los actos de la Administración no solo funciona como garantía de certeza jurídica para los interesados, sino que extiende sus efectos de cara a la ciudadanía, en plena armonía con los principios de publicidad y transparencia consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, precepto que –no resulta ocioso recordarlo- está inserto en el Capítulo I “De las Bases de la Institucionalidad”. Especialmente interesa, en la motivación, la exposición de las razones de la adecuación del acto a la finalidad pública que lo justifica y, en los casos del ejercicio de una potestad discrecional, las circunstancias que aconsejaron la opción por una solución concreta entre todas las legalmente posibles (CS Roles N° 12.430-2019, 29.796-2019 y 153-2020).”.

SÉPTIMO: Que, en relación con lo que se viene expresando, debe tenerse en cuenta que el mismo Reglamento aludido, en su artículo 21, establece que para el mejor acierto de las decisiones que se adopten, los organismos allí reseñados se hallan facultados para practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas (letra a).

Conforme a esto, y considerando lo más arriba explicitado, lo lógico y razonable era que, a lo menos, la recurrida, cumpliendo en este caso su labor revisora de lo decidido en primera instancia por parte de COMPIN nombre reservado, toda vez que se trata de un trabajador adscrito a Fonasa, hubiere obrado acorde al recién mencionado precepto.

Sin embargo, nada de ello aconteció, resultando aquí impresentable basarse análogamente en meras guías referenciales de reposo médico por patologías mentales y de reintegro laboral, como la que aporta COMPIN en su informe de folio 8, porque no pasan de ser simplemente “referencias”, que, en tanto tales, pueden ser revertidas interviniendo de por medio opiniones profesionales divergentes, cuyo fue el caso del recurrente.

La situación resulta aún más atentatoria a la garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y psíquica, que está prevista en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República y que aduce transgredida el recurrente si se considera que, para resolver como lo hizo, según se lee del informe que la recurrida hizo llegar a esta Corte, la profesional asignada a revisar la situación del recurrente, psiquiatra nombre reservado, se limitó al “estudio de los antecedentes médicos del caso”, esto es, a un mero análisis documental, sin que exista alguna derivación a un peritaje externo practicado por especialistas, no obstante la relevancia de dicha diligencia a efectos de dilucidar el real estado de salud del recurrente, más aún si se considera que se trata de una afección de origen mental.

OCTAVO: Que, así las cosas, y en las particulares condiciones descritas, el actuar específico de la recurrida deviene en ilegal, por la ausencia de una real fundabilidad de sus resoluciones, y, además, en arbitrario, en la medida que, pudiendo hacerlo, tal como el caso del actor lo ameritaba, no dispuso la utilización de la aludida herramienta regulada en el artículo 21 del citado Reglamento para los efectos de resolver las reconsideraciones que le fueron incoadas.

Y este actuar ilegal y arbitrario, vulnera, además, el derecho de propiedad del recurrente, también invocado y garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto el rechazo de las licencias médicas señaladas importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por motivos de enfermedad.

NOVENO: Que, de esta manera, la protección impetrada habrá de ser concedida -en los términos que se indicará- respecto de las tres licencias médicas materia del recurso, específicamente las N°RUT reservado, N°RUT reservado y N°RUT reservado, sobre cuya solicitud de reconsideración se pronuncia la Resolución Exenta cuestionada.

En todo caso, teniendo especialmente en cuenta el lapso durante el cual el recurrente ha hecho uso de licencias médicas en base a su nueva patología, la protección se otorgará solamente en cuanto se dispondrá la realización de exámenes, que deberán practicársele al recurrente en forma presencial y de cuya fecha y hora a realizar será notificado de manera fehaciente con a lo menos 15 días de antelación, a partir de los cuales -y en su mérito- la Superintendencia de Seguridad Social procederá a resolver las solicitudes de reconsideración a la denegación del pago de las tres licencias médicas aludidas.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que:

I.- Se desestima la alegación de extemporaneidad formulada por la Superintendencia recurrida.

II.- Se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-IBS-121797-2024, de fecha 31 de julio de 2024, emanada de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, que había decidido mantener el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, N°RUT reservado y N°RUT reservado. En tal sentido, se ordena que dicha Superintendencia deberá disponer, como fuere procedente dentro del ámbito de sus facultades y en el plazo de veinte días hábiles administrativos, contados desde que este fallo quede ejecutoriado, la práctica de los exámenes médicos presenciales que sean necesarios para establecer el real estado de salud del recurrente, luego de lo cual, procederá a resolver, en su mérito, la referida solicitud de reconsideración.

La Superintendencia de Seguridad Social deberá informar oportunamente a esta Corte acerca del cumplimiento de lo previamente dispuesto.

Cúmplase, en su oportunidad, con lo establecido en el numeral 14 del mencionado Auto Acordado.

Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción del ministro suplente Héctor Plaza Vásquez.

Rol N°18.815-2024 – Protección.-