nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Concepción rtp Concepción, dieciséis de abril de dos mil veinticinco.

VISTO:

En estos autos ingreso Corte Rol 18770-2024 compareció deduciendo recurso de protección doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, labores de hogar, domiciliada en domicilio reservado, por sí y en nombre de su hijo no nacido y en nombre de sus hijos menores de edad, de iniciales A.P.C.M. y I.A.J.M., ambos de su mismo domicilio.

Dirige su acción en contra de doña nombre reservado, labores de hogar, cédula nacional de identidad N° RUT reservado; don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, maestro carpintero; y don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, carabinero; todos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de quien resulte responsable por los actos ilegales y arbitrarios que describirá describirán.

Señala que desde el año 2020 se encuentra viviendo en la casa de su padre de 70 años, ubicada en pasaje C, casa número 372, sector de Boca Sur, de San Pedro de la Paz, junto a él y sus dos hijos, de once y dos años y dos meses de edad, y que además se encuentra a la espera de su tercer hijo, quien a la fecha de la interposición de esta acción tenía 4 meses de gestación. Agrega que se encuentra sin trabajo formal, por lo que ha asumido los roles de cuidado del hogar y de madre presente para sus hijos, en especial para el menor de dos años, viviendo tranquila y armónicamente en el domicilio antes referido.

Sin embargo, refiere que hace aproximadamente 4 meses, que esta armonía familiar se ha visto abruptamente arrebatada por los actos cometidos por las personas que habitan la casa vecina a la suya, afirmando que no se trata de un simple conflicto vecinal o de ruidos molestos, sino que de hechos ilegales y arbitrarios que obedecen única y exclusivamente a un mero capricho de sus vecinos. En efecto, en la época indicada sin ningún tipo de precedente, causa ni aviso, sus vecinos comenzaron a realizar actos de hostigamiento hacía su persona y familia, consistente en amenazas, improperios y descalificaciones; que sus vecinos han estudiado de forma minuciosa todo el actuar en su hogar, de manera que saben perfectamente el horario de todas sus actividades, así, saben cuándo se levantan, comen, salen y llega alguien a su casa, sintiendo que prácticamente tuvieran una cámara dentro de su hogar.

Precisa que sus casas son pareadas, que cuando se alza la voz en una de las casas, se escucha en la otra, de manera que no pueden ignorar sus insultos, amenazas, descalificativos, improperios, comentarios sobre su rutina familiar privada (como ir al baño o amamantar a su bebé); que se escuchaban desde su cocina improperios y descalificativos señalando su nombre y apellido; que en un comienzo de manera burlesca y muy fuerte, se referían a ella como una persona malvada, sucia, cochina, ordinaria. Añade que este hecho se reitera en el tiempo desde mediados de abril hasta el presente, por lo que para evitar seguir escuchando tales burlas, decidía poner música, pero sus comentarios se hicieron más fuertes y de mayor calibre, lo que la hace sentir insegura en su propio hogar. Explica que los comentarios eran siempre buscando que ella se fuera de la casa de su padre, y ello para poder adquirir esa vivienda, pues le habían ofrecido a su padre comprarla el año pasado, pero él se negó a dicho contrato.

Señala que sus descalificativos fueron aumentando con el paso del tiempo, ya directamente pasando desde decir que parecía hombre a que debía abandonar el hogar e irse donde su madre, señalando que le “tenían mala” porque ella era “faite”. Incluso, sus comentarios subieron de nivel al punto de señalar que no la quieren viviendo ahí, que le quieren golpear, que le quieren “tirar un balazo y así terminar con todos los problemas”, situación que reviste toda gravedad, pues existen dos funcionarios de Carabineros que viven en dicha casa.

Añade que estos actos no solo le estaban afectando como persona individual, sino que empezó a afectar a sus hijos y a su bebe en gestación; que estos hechos han causado un estado de impotencia y tristeza profunda, lo que ha afectado su sentido de la seguridad, su bienestar en su propio hogar, su forma de ejercer la maternidad y pone en peligro a su bebe en gestación; que teme por su vida y la de sus hijos e incluso en reiteradas ocasiones debió salir de su propia casa, ya que estos hechos le han ocasionado angustia, desesperación, temor, y ataques de pánico.

Agrega que además, han cuestionado su maternidad, partiendo por señalar que “es una mantenida, aprovechadora, sucia y que mi hijo es un retrasado, que por su culpa es así, que no habla porque ella lo golpe por las noches, que es una persona mala, que como lo dejo ver televisión soy una pésima mamá, que porque no salgo del hogar soy una aprovechadora, que se tiene que ir de ahí, que es una mamá lunática, no normal, y que le molesta la presencia de su hija de solo 11 años”; y que en sus conversaciones señalan que tienen videos donde ella maltrataría a su hijo, señalan que ella sabe que la tienen vigilada, e insisten con que la van a golpear.

Estima que el actuar de los recurridos es del todo ilegal y arbitrario, y afecta el derecho a la vida, a la integridad psíquica y física de la recurrente y de su familia, afecta asimismo su derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, derechos protegidos en los numerales 19 número 1 y 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental; asimismo afecta su derecho de propiedad, consagrado por el numeral 24 del citado artículo 19: el derecho a la salud y a la seguridad individual, como también el derecho de propiedad de sus hijos sobre su derecho a no sufrir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio y a no sufrir ataques ilegales a su honor y reputación. Además, vulnera las normas de rango constitucional conforme al artículo quinto de nuestra Carta Magna, consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas en su artículo 17 y el artículo 16 de la Convención de Derechos del Niño.

Pide tener por interpuesto el recurso de protección en contra de doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, y en contra de quien resulte responsable por las acciones ilegales y arbitrarias de carácter permanente que han vulnerado los derechos consagrados en el artículo 19 de nuestro texto constitucional tanto de su persona como de su hijo no nacido y de sus hijos menores de edad, ya individualizados, y en consecuencia se disponga que los recurridos deben abstenerse de realizar todo acto que atente contra su dignidad como seres humanos, esto es, no realizar actos de hostigamiento o acoso dirigidos a su persona o a sus hijos, no llevando a cabo ningún tipo de acto que atente contra su derecho a la intimidad, a la honra, a la integridad psíquica y física y abstenerse en definitiva de realizar actos que atenten contra su dignidad como madre, mujer y ser humano, como también contra la dignidad de sus hijos menores de edad; que en subsidio o conjuntamente con lo anterior, se dispongan las medidas necesarias que estime esta Ilustrísima Corte para el pleno restablecimiento de los derechos vulnerados y que tiendan a impedir su acaecimiento en el futuro; y que cualquiera sea el caso de las letras anteriores, con costas.

A folio 14, informó el recurso el abogado Pablo Esteban Cabalín Arce, con domicilio en domicilio reservado, en representación de los recurridos doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado.

En primer término, niega de manera rotunda todo hecho relatado en la acción de autos que se refiera a acciones de parte de sus representados destinada a amenazar, privar o perturbar cualquier derecho constitucionalmente resguardado de la recurrente.

Señala que la actora pretende accionar no sólo por sí, sino que también por sus hijos infantes e incluso por su hijo no nacido, sosteniendo el informante que no puede extenderse un recurso de protección a un no nacido, siendo un error conceptual que no puede ser ignorado.

Además, alega que del relato se desprende a todas luces que según la actora los supuestos hechos se habrían originado hace "cuatro meses", lo que desde ya evidencia que su acción es extemporánea y por dicho motivo debe desecharse sin más trámite. Considera que lo que relata la actora dice relación con actos específicos de presunto hostigamiento o malos tratos, que distan absolutamente de ser un acto continuo, ya que un acto continuo no es una serie de actos simplemente relacionados, sino que es aquel que no se agota en el tiempo y que permanece, no por la percepción particular del ofendido, sino por las características propias del mismo, que hacen posible dar continuidad en el tiempo.

Por otra parte, alega que la acción carece de precisión en cuanto a los hechos que denuncia. Ello resulta palmario en cuanto a que se pretende accionar en contra de todos sus representados sin indicar cuál sería la acción que se imputa a cada uno de ellos; que la denuncia de la actora es tan vaga e imprecisa que además de hacerla incomprensible, afecta severamente el derecho a defensa de su parte, pues no pueden naturalmente hacerse cargo de hechos en los que no se precisa quién supuestamente realiza qué acción; y que resulta incomprensible que todos sus mandantes realicen al unísono todas y cada una de las supuestas acciones de hostigamiento.

Luego, sostiene que la acción constitucional deducida por la actora es completamente improcedente en relación a la materia, puesto que lo que pretende en definitiva es resolver cuestiones propias de relaciones de vecindad, que exceden con creces el ámbito proteccional y excepcional que otorga la Carta Fundamental. Ello puesto que las supuestas acciones aludidas dicen relación con las relaciones de vecindad, que se encuentran dentro del marco de las facultades de los Juzgados de Policía Local; y que incluso la propia actora acciona también, paralelamente, en el Juzgado de Policía Local de San Pedro de la Paz, por idénticos hechos a los de autos, en la causa rol 133.027 respecto de la cual existe comparendo de rigor fijado para el 14 de noviembre de 2024, a las 09.30 horas.

Afirma que sus defendidos son personas honestas, que no han tenido jamás problemas con ningún vecino; que llevan muchos años en su domicilio y son gente de esfuerzo. En cuanto al supuesto móvil, esto es, adquirir la vivienda en la que habita la recurrente, alega que ello es completamente falso, pues ellos no han ofrecido comprar dicho inmueble, tanto porque no les interesa, como porque tampoco tienen los recursos al efecto. Además, afirma que no existe animosidad alguna contra la actora; que no tienen interés alguno en cómo cría a sus hijos; y que no tienen interés alguno en si trabaja o no.

Finalmente, y en relación a la imposibilidad de que ellos de consuno realicen todas las acciones que se denuncian, explica que tanto don nombre reservado como don nombre reservado (padre e hijo) mantienen muy poco tiempo viviendo y pernoctando en dicho domicilio, puesto que por sus labores deben constantemente estar viajando y permaneciendo la mayor parte del tiempo fuera del mismo; y que es sólo doña nombre reservado quien permanece la mayor parte del tiempo en su domicilio.

Concluye pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

A folio 17 se acompaña informe del Juzgado de Policía Local de San Pedro de la Paz, que indica que el 7 de agosto de 2024 ingresó el parte policial N°942 de 6 de agosto de 2024, por disensiones domésticas, en el cual doña nombre reservado, y doña nombre reservado, dan cuenta de altercados por distintas diferencias; y que al efecto, se generó la causa rol 133.027.

Agrega que ambas partes comparecieron el 20 de agosto de 2024 a ese tribunal y prestaron declaración indagatoria, en los términos que constan en el expediente que se acompaña al informe y que fueron citadas a comparendo de contestación, conciliación y prueba para el 14 de noviembre de 2024, a las 09.30 horas.

A folio 21 la recurrente acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal.

Requiere para su procedencia la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria; que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, y, finalmente, que quien lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quien ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

SEGUNDO: Que, corresponde en primer término hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad del recurso formulada por la recurrida, quien sostiene que la presente acción se ha deducido fuera del plazo de 30 días fijado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección, atendido a que la propia recurrente sostiene en su libelo que los actos respecto de los cuales reclama arbitrariedad e ilegalidad, se habrían verificado a lo menos cuatro meses antes de la interposición de esta acción constitucional.

Esta alegación será desde luego desechada, por cuanto la recurrente no solo denuncia actos ocurridos cuatro meses antes de la interposición del recurso, sino que hostigamientos que han sido permanentes y que se han verificado a diario, incluso hasta el día en que el recurso se deduce ante esta Corte, por lo que está dentro del margen temporal fijado por la normativa que regula esta acción constitucional.

TERCERO: Que, el objeto de la presente controversia se centra en determinar si constituye un acto arbitrario o ilegal los presuntos insultos, amenazas, descalificativos e improperios, que la recurrente denuncia que ha sufrido junto a su familia, de parte de sus vecinos colindantes, que se han mantenido en el tiempo y que la hacen temer por su vida y la seguridad de ella y sus hijos menores, y que afectan las garantías constitucionales contempladas en los numerales 4 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que la defensa de los recurrentes, además de alegar primeramente la extemporaneidad del recurso, cuestión que ya ha sido resuelta en el considerando Segundo de este fallo; en cuanto al fondo, niega los hechos en que se funda el libelo de la recurrente, alegando que existen una imprecisión absoluta en el, que incluso afecta una adecuada defensa; que la materia que se ventila corresponde a relaciones vecinales y que al efecto existe una causa en tramitación ante el Juzgado de Policía Local de San Pedro de la Paz.

QUINTO: Que, efectivamente, esta Corte ha requerido informe al Juzgado de Policía Local de San Pedro de la Paz, informando dicho Juzgado que existe en tramitación la causa rol n°133.027, iniciada el 7 de agosto de 2024, fecha en que ingresó el parte policial N°942, de 6 de agosto de 2024, por disensiones domésticas, en el cual doña nombre reservado, y doña nombre reservado, dan cuenta de altercados por distintas diferencias.

SEXTO: Que, de esta manera se comprueba que las disensiones vecinales que afectan a las partes, recurrente y recurrida, ya se encuentran sometidas al imperio del derecho, en la sede que corresponde, esto es el Juzgado de Policía Local de San Pedro de la Paz, Tribunal en el cual deberán ser resueltas, sin que a esta Corte le competa conocer de ellas por esta vía de protección, de manera que el presente recurso será desestimado, como se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

I.- SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad invocada por la recurrida.

II.- SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Se deja constancia que en el estudio de los antecedentes se hizo uso de la facultad contemplada en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Oportunamente dese cumplimiento a lo previsto en el numeral 14 del Auto Acordado más arriba aludido, comunicándose la sentencia a las partes.

Redacción del ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina.

No firma don nombre reservado, abogado integrante a la fecha de la vista y del acuerdo, por haber cesado en sus funciones como tal.

N°Protección-18770-2024.