nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS)

Concepción, veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparecen David Vargas Aravena y Andrés Franchi Muñoz, abogados, en favor de don nombre reservado, trabajador, con domicilio en domicilio reservado en contra del Instituto de Previsión Social (IPS), persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su Director Nacional don Juan José Cárcamo Hemmelmann.

Señalan en síntesis que el 29 de julio del año 2024 se dictó una resolución por parte de nombre reservado Jefe (S) Subdepartamento Prestaciones Previsionales D.R.I.P.S. Valparaíso, la cual le fue notificada al recurrente por carta certificada N° 670 en su domicilio el día 2 de agosto de los corrientes. En dicho acto administrativo, se le comunica que se procederá a dictar una resolución de “Anulación de Imposiciones, por los periodos que se registran con el empleador “nombre reservado” Rut RUT reservadoen el periodo que transcurre desde 01/05/1992 hasta 30/04/2022”, lo que se fundaría en que conforme al Informe de Fiscalización N° 471 de 31/01/2024 enviado por ORD. N° 218 de 14/05/2024, desde I.C.T. Talcahuano, no se acredita la efectiva prestación de servicios como Jefe de Ventas para la empresa aludida. A saber, se señala expresamente que “No se constató que existió relación de subordinación y dependencia, ya que usted pertenece a la nombre reservado”.

Estima que la resolución administrativa es un acto ilegal y arbitrario, por cuanto la recurrida se atribuyó facultades jurisdiccionales de las cuales carece, sobrepasándose en el ejercicio de la mismas, constituyéndose en un Tribunal, al concluir que el demandado (sic) no prestó servicios personales remunerados bajo subordinación y dependencia en los términos definidos por el artículo 7 del Código del Trabajo, labor que en nuestro ordenamiento jurídico ha quedado entregada en forma privativa y exclusiva a la judicatura del trabajo.

El artículo 19 N°3 inciso 4° de la Constitución Política de la República de Chile de 1980 dispone expresamente que: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señalaré la ley y que se hallare establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

Por su parte, el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales preceptúa que: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley”. Reafirma lo expuesto, lo contendido en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo que nos señala expresamente que: “Las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral”.

Pide que se acoja el recurso, declarando que la resolución administrativa recurrida de fecha 29 de julio del año 2024 es un acto ilegal y arbitrario, dejándolo sin efecto, y ordenando a la recurrida adoptar las providencias necesarias para que el recurrente sea beneficiario de la pensión de vejes (sic) y desahucio por la Ex Capremer, o bien se adopten las medidas que SS. I. estimase pertinente para el restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Informó la recurrida y tras reproducir parte del recurso, pide su rechazo, señalando que el 26-05-2022 el recurrente ingresó una Solicitud Única de Beneficios Previsionales por la pensión de vejez e indemnización en ex Caja CAPREMER.

Atendido que el empleador registrado en el Certificado de Imposiciones entre el periodo mayo 1992 hasta abril de 2022 era nombre reservado, RUN RUT reservado, este Instituto solicitó a la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano, mediante Ord. N° 088 de fecha 04 de julio de 2022, la fiscalización de dicho empleador respecto de:

- Efectividad de los Servicios Prestados y si estos se realizaron bajo vínculo de subordinación o dependencia.

- Descripción detallada y naturaleza de las labores desarrolladas por el Sr. nombre reservado.

En qué lugar se desarrollaron y si en ellas primó el esfuerzo intelectual sobre el físico.

- La declaración jurada completa del representante legal en la cual se señale con claridad y precisión las labores y periodicidad de éstas.

- Se solicita informar si empresa puede ser considerada empleador marítimo, de corresponder se requiere el envío de escritura social, inicio de actividades en SII, en caso de tener naves en propiedad, se solicita adjuntar documento emitido por autoridad competente que indique su tonelaje.

- Verificar si la remuneración percibida por el trabajador se encuentra debidamente contabilizada y si el número de trabajadores y sueldos que paga la empresa tiene relación con lo que declara el S.I.I. especificar cuantos trabajadores tiene la empresa.

- Se solicitó informar si existe relación de parentesco con el dueño de la empresa.

Luego de un largo periodo de búsquedas de domicilio y nuevas solicitudes de fiscalización, el 14 de mayo de 2024, por medio de Ord. N° 218 de la Inspectora Comunal del Trabajo de Talcahuano, remitió a este Servicio el informe de Fiscalización N° 0805/2023/471 de fecha 31/01/2024, el cual concluyó, mediante la revisión documental y de los hechos declarados por las partes involucradas que:

“i.- Don nombre reservado trabajó desde el 01 de marzo de 1978 hasta el 30 de abril de 2022 en la empresa nombre reservado, según finiquito ratificado ante ministro de fe (Notario Omar Retamal)

ii .- Registro de asistencia no tenía.

iii .- En las liquidaciones de sueldo del periodo revisado se constató que las remuneraciones fueron pagadas correctamente. También se declararon correctamente las cotizaciones previsionales.

iv .- Según las declaraciones juradas, se puede apreciar que Don nombre reservado trabajó en el cargo de Jefe de Ventas desde el 01 de marzo de 1978 hasta el 30 de abril de 2022. Su función era vender la producción al puerto de Santiago y era el encargado de realizar las compras para hacer las redes.

v .- No hay escritura de la sucesión, sólo “posesión efectiva” señaló doña nombre reservado, como es una sucesión se trata de la misma empresa y como empleador no puede ser contratado como trabajador, porque don nombre reservado no tiene vínculo de subordinación y dependencia”

“Con esa información se puede concluir que nombre reservado, realizaba un trabajo en que predominaba el esfuerzo intelectual por sobre el esfuerzo físico. Además, no es posible constatar que don nombre reservado sea considerado como trabajador marítimo, toda vez que el único trabajador analizado realizaba labores de jefe de ventas. Además, la actividad económica de la empresa en el Servicio de Impuestos Internos es “Pesca Marítima Industrial, excepto barcos factoría (código 031110) y transporte de carga por carretera (código 492300), por lo tanto, no es posible constatar la realización de labores marítimas. No se constató que existió relación de subordinación y dependencia, ya que don nombre reservado pertenece a la nombre reservado”.

Recepcionado este informe de fiscalización, la Jefa (s) de Subdepartamento de Prestaciones Previsionales solicitó la opinión jurídica al abogado del Subdepto Legal del IPS D.R. de Valparaíso quien mediante informe legal, remitido con fecha 4 de junio de 2024, concluyó que “de acuerdo al Informe de Fiscalización N° 471 de fecha 31/01/2024, emanado de la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano, el cual señala que NO se acreditó la efectiva prestación de los servicios del Sr. nombre reservado para la empresa “nombre reservado” RUT RUT reservado, en el lapso que transcurrió desde el 01/03/1978 hasta el 30/04/2022, como Jefe de Ventas. A saber, se señala expresamente que “No se constató que existió relación de subordinación y dependencia, ya que don nombre reservado pertenece a la nombre reservado. Por lo anterior, procede anular las imposiciones que registra el Sr. nombre reservado con aquél empleador, y por el periodo indicado”.

Conforme a esos antecedentes, día 29 de julio de 2024, la Jefa (S) de Subdepartamento Prestaciones Previsionales del IPS, envió una carta certificada al recurrente, informando el estado de su solicitud del siguiente tenor:

“i .- De acuerdo con las disposiciones de ley 19.880, se le comunica que se emitirá Resolución de Anulación de Imposiciones por lo periodos que se registran con el empleador “nombre reservado” RUT RUT reservado, en el periodo que transcurre desde el 01/05/1992 hasta el 30/04/2022.

De acuerdo finalmente con el Informe de Fiscalización N° 471, de fecha 31/01/2024 enviada por Ord. N° 218 de fecha 14/05/2024, desde Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano, el cual señala que no se acreditó la efectiva prestación de servicios como jefe de Ventas para la empresa aludida. A saber, se señala expresamente que “No se constató que existió relación de subordinación y dependencia, ya que usted pertenece a la nombre reservado”

Frente a esta situación, agradeceremos a Ud. A acercarse a Sucursal IPS Talcahuano, a fin de que tome a la brevedad la correspondiente declaración. Una vez que se recepcione dicho documento, se procederá a emitir la Resolución de anulación de cotizaciones pertinente.

ii .- Por todo lo expuesto y en conformidad a pronunciamiento legal, procede rechazar la solicitud de pensión de Vejez y Desahucio solicitados a ex Caja CAPREMER.”

Concluye que no se ha dictado un Acto Administrativo de Término que ordene la anulación de las imposiciones antes referidas. El IPS solo envió al recurrente una carta informándole el estado de su solicitud y citándolo a la sucursal respectiva para que, en virtud del principio de bilateralidad, efectúe declaración con sus descargos, paso previo a la dictación de la Resolución Exenta que ordene la referida anulación. Se trataría de un acto intermedio que no se encuentra totalmente afinado, dado que este Instituto aún no ha emitido una resolución fundada respecto de la anulación de los periodos impositivos que tenga el carácter de acto administrativo terminal y que pueda ser impugnada mediante esta acción cautelar, o la que corresponda en derecho. Agrega que lo que realmente pretende el recurrente, es que exista un pronunciamiento de fondo respecto del cumplimiento de los requisitos legales para que se declare su derecho al beneficio de Pensión de Vejez y Desahucio de la Ex Capremer, cuestión que evidentemente excede el ámbito de aplicación de una acción cautelar. Expone que para poder acogerse una acción cautelar, debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie porque el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene el carácter de indubitado. Y finalmente, deduce que aun cuando no se reclama vulnerada esta garantía, el conflicto que se ventila dice relación directa con el Derecho de Seguridad Social, reconocido en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política del Estado, razón por la cual necesariamente debe ventilarse en un juicio declarativo, ya que dicha garantía, no está protegida por la acción de protección.

En cuanto al fondo, señala que no hay acto ilegal ni arbitrario por cuanto el D.L. N°3.502 y sus ulteriores modificaciones, que crea el Instituto de Normalización Previsional, en su artículo 1 numeral 2 establece que su objeto será: “Administrar las prestaciones encomendadas actualmente a cada una de las instituciones que se indican a continuación”, especificándose todas las Cajas de Previsión, entre las que se encuentra la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.

A su vez, el Instituto de Previsión Social (I.P.S.) fue creado por la Ley N° 20.255, publicada con fecha 17 de marzo de 2008, y en su artículo 54, dispone: “Traspásense desde el Instituto de Normalización Previsional, creado por el decreto ley N°3.502, de 1980, al Instituto de Previsión Social todas sus funciones y atribuciones, con excepción de aquellas referidas a la ley N°16.744. El Instituto de Previsión Social, en el ámbito de las funciones y atribuciones que se le traspasan conforme al inciso anterior, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Instituto de Normalización Previsional, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que, en dicho ámbito, hagan las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas al Instituto de Normalización Previsional se entenderán efectuadas al Instituto de Previsión Social.”

Así, por expresa disposición legal, y no existiendo norma en contrario, le son aplicables al I.P.S. las mismas normas que regían al Instituto de Normalización Previsional (en adelante I.N.P.), por lo que en consecuencia, es el Instituto de Previsión Social la entidad encargada por Ley de tramitar y conceder de conformidad a la ley, los beneficios y pensiones del antiguo sistema de reparto, entre los que se encuentran los de la Ex Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, CAPREMER.

A este respecto, el art. 22 del Decreto Supremo N° 606 Ley Orgánica de la Caja de Previsión Social de la Marina Mercante Nacional dispone que “El derecho a pensión de vejez sólo se adquiere desde que el imponente haya cumplido diez años de imposiciones a la Caja” y parte del supuesto legal y genérico de que el hecho impositivo tenga su origen en una relación laboral efectiva que le sirva de fundamento. Como se sabe, en el antiguo Sistema Previsional, en particular, en la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional no existe el imponente voluntario, sino que se debe detentar la condición de empleado en un contrato de trabajo vinculado con un empleador marítimo, para justificar la cotización previsional respectiva. En ese contexto legal la institución se encuentra facultada legalmente para revisar la situación previsional del Sr. nombre reservado en cuanto a la calidad de imponente por la cual cotizó, a la Caja a la que debe encontrarse afiliado y en cuanto a determinar si las cotizaciones previsionales son reales, es decir, tienen su origen en una relación laboral.

Así, se siguió el protocolo institucional existente para acreditar que las cotizaciones previsionales tenían su fundamento en una efectiva prestación de servicios laborales, por lo que se solicitó la fiscalización de la Inspección del Trabajo a fin de establecer si existía o no huella laboral y dicho informe resultó desfavorable para el recurrente, toda vez que no se pudo constatar que existió una relación de subordinación y dependencia entre el recurrente y el empleador referido, ya que don nombre reservado pertenece a la nombre reservado. Se informó al recurrente el estado de su solicitud y se le citó a la sucursal respectiva para que pudiera efectuar su declaración con sus descargos.

Así queda claro que se ha obrado conforme a derecho, atendido lo informado por la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano, por lo cual no hay ilegalidad ni arbitrariedad que reprochar.

Se pidió además informe a la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano que ratifica que el 01/03/2023 recibió el ORD.D.R. N° 25, remitido por el Director Regional (s) I.P.S. Valparaíso. En él, se solicitó efectuar fiscalización a empleador que se indica a fin de dar curso a trámite de pensión presentado en Ex Capremer por el Sr. nombre reservado, RUN RUT reservado. El 09/06/2023 se activó en esta Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano la fiscalización N° 0805/2023/471, solicitada por el Instituto de Previsión Social, en contra de la empresa nombre reservado, RUT RUT reservadoSe asignó un fiscalizador, evacuando el informe respectivo con fecha 31/01/2024.

Dicho Informe de fiscalización señaló como conclusiones que:

i. Don nombre reservado trabajó desde el 01 de marzo de 1978 hasta el 30 de abril de 2022 en la empresa nombre reservado, según finiquito ratificado ante ministro de fe (Notario Omar Retamal).

ii. Registro de asistencia no tenía.

iii. En las liquidaciones de sueldo del período revisado se constató que las remuneraciones fueron pagadas correctamente. También se declararon correctamente las cotizaciones previsionales.

iv. Según las declaraciones juradas, se puede apreciar que don nombre reservado trabajó en el cargo de Jefe de Ventas desde el 01 de marzo de 1978 hasta el 30 de abril de 2022. Su función era vender la producción al puerto de Santiago y era el encargado de realizar las compras para hacer las redes.

v. No hay escritura de la sucesión, solo posesión efectiva señaló doña nombre reservado, como es una Sucesión se trata de la misma empresa y como empleador no puede ser contratado como trabajador, porque don nombre reservado no tiene vínculo de subordinación y dependencia.

Por lo anterior, se puede concluir que nombre reservado, realizaba un trabajo que predominaba el esfuerzo intelectual por sobre el esfuerzo físico. Además, no es posible constatar que don nombre reservado sea considerado como trabajador marítimo, toda vez que el único trabajador analizado realizaba labores de jefe de ventas. Además, la actividad económica de la empresa en el Servicio de Impuestos Internos es “Pesca marítima industrial, excepto de barcos factoría (código 031110) y transporte de carga por carretera (código 492300),” por lo tanto no es posible constatar la realización de labores marítimas. No se constató que existió relación de subordinación y dependencia, ya que don nombre reservado pertenece a la nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la acción cautelar, a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1o del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la especie, el acto ilegal y arbitrario se atribuye a la recurrida es la resolución por la que se le anuncia que “se emitirá Resolución de Anulación de Imposiciones por los períodos que se registran con el empleador nombre reservado”. El recurrente estima que con dicho acto se han vulnerado de manera ilegal y arbitraria sus derechos consagrados en los numerales 3 n°4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, del análisis de los antecedentes acompañados, especialmente la resolución que se denuncia como vulneratoria de garantías constitucionales, puede deducirse que actualmente está en tramitación un proceso administrativo, a cargo de la recurrida, proceso esté dentro del ejercicio de las facultades que le asisten desde la creación del Instituto de Normalización Previsional conforme al D.L. 3502 de 1980, con sus modificaciones. Luego, cobra vigencia la ley 18.689 que fusiona con éste todas las Cajas de Previsión Social, incluida la de la Marina Mercante, incluyendo todos sus bienes y derechos. Y finalmente la ley 20.255 crea el Instituto de Previsión Social, traspasándole todas las funciones y atribuciones del Instituto de Normalización Previsional.

QUINTO: Que en el caso presente, el artículo 22 del Decreto Supremo N° 606 Ley Orgánica de la Caja de Previsión Social de la Marina Mercante Nacional dispone que “El derecho a pensión de vejez sólo se adquiere desde que el imponente haya cumplido diez años de imposiciones a la Caja” y parte del supuesto legal y genérico de que el hecho impositivo tenga su origen en una relación laboral efectiva que le sirva de fundamento. Como ya se dijo por la recurrida, en el antiguo Sistema Previsional, en particular, en la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional no existe el imponente voluntario, sino que se debe tener la condición de empleado en un contrato de trabajo vinculado con un empleador marítimo, para justificar la cotización previsional respectiva.

SEXTO: Que sin perjuicio de ello, las partes no han controvertido tal como se observa del examen que realizan, que la tramitación está, como se dijo, pendiente, habiéndose recién anunciado que se procederá a dictar una resolución, la que incluso contiene una devolución de dinero que en estricto rigor, sería de propiedad del recurrente toda vez que las imposiciones son retenciones de su remuneración. Pero lo relevante es que el interesado se encuentra en situación de comparecer ante la recurrida para hacer valer sus descargos, pudiendo en definitiva obtener un pronunciamiento favorable a sus pretensiones.

SÉPTIMO: Que por lo anterior, estos sentenciadores estiman que la resolución denunciada como ilegal o arbitraria, no es sino una diligencia dentro de la tramitación de un procedimiento administrativo aún inconcluso. Recién ahora el recurrente puede hacer uso de su derecho a debatir las conclusiones de la recurrida, presentar sus pruebas y, eventualmente, ejercer los recursos administrativos y legales que le asisten.

OCTAVO: Que entonces, no es posible entender un mero anuncio de devolución, sujeta en este momento a debate por parte del afectado, como un acto suficiente en sí para motivar la acción de cautela constitucional. En consecuencia, el acto administrativo de que se trata es un acto intermedio que no se encuentra totalmente afinado, dado que el ente decisor no ha emitido pronunciamiento sobre la situación investigada y todavía no ha sido sometida a su conocimiento; tampoco puede debatirse sobre su legalidad, ello no resulta oportuno puesto que recién se abre la posibilidad de prueba para el interesado. Y esta resolución, que motiva el recurso, carece como se dijo del carácter de acto administrativo terminal, lo que impide, por ahora, que esta Corte emita el pronunciamiento de ilegalidad o arbitrariedad que pretende el recurrente y adoptar las providencias que se ha impetrado como indispensables para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado.

Por las consideraciones anteriores y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por David Vargas Aravena y Andrés Franchi Muñoz, abogados, en favor de nombre reservado, trabajador, en contra del Instituto de Previsión Social (IPS).

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Fiscal Judicial Silvia Mutizábal Mabán.

No firma la ministra suplente señora Claudia Vilches Toro, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por haber terminado su suplencia y retornado a su tribunal de origen.

ROL 18754-2024 - Protección