nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Concepción, veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Catalina Bustos Silva, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, (SUSESO) respecto de la resolución que confirma el rechazo del pago de licencias médicas válidamente emitidas por el médico tratante y los demás profesionales del área.

Expone que su representada es profesora, y que tomó conocimiento de la Resolución Exenta N° R-01-UME-117322-2024, de fecha 25 de julio de 2024, rechaza su solicitud que confirma lo resuelto por la Subcomisión Concepción –COMPIN Región del Bio Bío, en orden mantener el rechazo de las licencias médicas N° 99640397-1, 100657126-K y 101838344-2 extendidas por un total de 90 días a contar del 01 de marzo de 2024.

Señala que la recurrente comenzó con problemas de salud mental aproximadamente en el año 2023, presentando síntomas de carácter depresivo, insomnio, crisis ansiosas, síntomas de devaluación, descritos en los informes médicos. Señala que desde el 1 de marzo de 2024 presentó licencia médica por estar diagnosticada con “Episodio depresivo grave, sin síntomas psicóticos”, que se desempeña como profesora en un colegio de Contulmo, y esta a cargo como profesora jefa de 3° y 4° básico, al ser multigrado.

Agrega que la recurrente, comenzó con crisis de angustia y pánico, donde sus síntomas varían desde dolor de pecho, sudoración y ganas de llorar.

Refiere que el informe de su doctor “lo largo de su evolución también se han sido comprometiendo sus funciones ejecutivas y cognitivas globales, con dificultad para concentrarse, retener, información, planificar, organizar y adaptar actividades, lo cual ha deteriorado de forma significativa su nivel de funcionamiento y calidad de vida. En lo somático encontramos la presencia de anergía permanente, con fatigabilidad, y baja tolerancia al esfuerzo tanto físico como mental, incluso en las actividades y rutinas más simples de lo cotidiano.

Agrega que las licencias fueron emitidas por médico psiquiatra, profesional especializado en concordancia a la patología presentada y que de los antecedentes acompañados su sintomatología afectaba tanto su desarrollo social como laboral Indica que la recurrida da cuenta en el rechazo de las licencias médicas, en lo pertinente que, “Esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N° 99640397-1, 100657126-K, 101838344-2, no se encontraba justificado. Esta conclusión se base en que los informes emitidos con fecha 29 /05/2024 y 01/07/024 por el tratante, no exponen elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo y tampoco describen detalladamente los ajustes farmacológicos realizados ni su temporalidad durante el periodo reclamado. Por las razones anteriores, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período ya autorizado.”

Sostiene en el recurso que no existe un análisis de los antecedentes aportados, sino que pese a lo acompañado, la resolución se fundamenta en indicar aquellos que a su criterio falta, solo establece una carga a la recurrente de aportar información más específica, en lugar de adoptar las medidas necesarias para recabar la información faltante, ya que cuenta con las facultades legales para ello.

Agrega en este tópico que la resolución recurrida es la común que suele dictar en estos casos, omitiendo cualquier referencia específica a la condición médica y la ponderación específica de los motivos, de forma tal que se pueda tener claridad de los motivos del rechazo.

Citando el marco legal y reglamentario al efecto, el artículo 16 y 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, sostiene que la decisión sobre la mantención del rechazo de las licencias médicas, se basa en lo que no se acompaña o no se dice en los antecedentes presentados por la paciente, cuestionando algunos datos o menciones que no estarían presentes; sin embargo, pudiendo haber simplemente recabado tales antecedentes por otras vías en uso de sus herramientas legales, sin perjuicio, la recurrida no lo hace optando simplemente por rechazar la reclamación y confirmar el rechazo de las licencias.

Señala que la privación del subsidio por incapacidad, afectó la salud de la recurrente, en este sentido se vio sometida a nuevos factores estresantes, como la imposibilidad de pagar su tratamiento y gastos básicos, vulnerando el Derecho a la vida y a la integridad física y síquica, contemplado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

Así también el derecho de la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, ya que constituye una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder a licencia médica.

Y finalmente se ha vulnerado su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, ya que el rechazo injustificado de las licencias médicas legalmente emitidas, afecta el derecho de propiedad, al impedir el acceso a subsidio por enfermedad al trabajador imposibilitado de trabajar y que de la misma forma impide continuar su tratamiento.

Solicita que, consecuencialmente, sea acogido y en definitiva, ordene dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-117322-2024 de fecha 25 de julio de 2024, que confirma el rechazo de las licencias médicas materia del recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deben autorizar dichas licencias médicas, extendidas por un total de 90 días a contar del 01 de marzo de 2024 y se ordene su pago.

SEGUNDO: Que, informa nombre reservado, presidente COMPIN, Subcomisión Arauco, indicando que comparece informado al tenor de lo solicitado respecto del recurso de protección interpuesto por D. nombre reservado, RUT N° RUT reservado, trabajadora dependiente del sector privado, figura como profesora, y su empleador es CORPORACIÓN EDUCACIONAL LIDIA NEIRE, RUT RUT reservadopor rechazo de Licencias Médicas Nºs 99640397-1; 100657126-K; 101838344-2; 103030749; 104203040; 105551396; 106646212, señalando que la recurrente presente un total de 210 días de rechazo, correspondiente a 7 licencias médicas que prescriben reposo desde el 01-03-2024 al 26-09-2024.

Refiere que, en relación con licencias médicas 99640397-1; 100657126-K; 101838344-2, refiere que comenzó con reposo por patología de origen mental desde el 26 de septiembre de 2023, al terminar su periodo de descanso maternal (pres, post y permiso postnatal parental), acumulando un total 94 días de licencia médica autorizados en forma previa a las licencias reclamadas.

Respecto de las licencias médicas rechazadas, refiere que los antecedentes médicos aportados no exponen elementos psicopatológicos de gravedad que requieran mantener el reposo médico más allá de lo previamente autorizado. Del análisis de los informes médicos aportados por la paciente, emanados de su tratante, no se detallan ni describen síntomas de gravedad o agravamiento durante el periodo de reposo.

Señala que se trata de informes médicos que detallan iguales síntomas en la paciente a lo largo del tiempo sin crisis ni afecciones o agravamientos que permitan establecer a necesidad de ampliar el reposo médico, y sólo van agregando medicamentos sin indicar de manera precisa un ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo. No certifican ingreso a programa de salud mental o psicoterapia con informe de proceso; considerando además D.S.7/2013 que “Aprueba el reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas” que establece los criterios referenciales para evaluación de prolongación de reposos para patologías mentales.

Agrega que las evaluaciones de los informes médicos de fecha 10-04-2024; 29-05-2024 y 01-07-2024, los cuales no acreditan una incapacidad laboral que justifique mayor extensión.

TERCERO: Que, informa la abogada Andrea Cisternas Tiemann, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solicita en primer lugar el rechazo por cuanto, la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Indica que, en efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. N.º 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N.º 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el Subsidio por Incapacidad Laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En este sentido, nuestro sistema de seguridad social contempla un completo marco de protección para aquellos casos en que una enfermedad o accidente pueda provocar incapacidades laborales permanentes o transitorias, pudiendo acceder, frente a estas contingencias de carácter involuntarias, a las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Indica que, de tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar, la cual es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinar materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativas señalados en la Constitución Política de la República.

Además, sostiene que, en subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos indicando que consta en el expediente administrativo, que la Sra. nombre reservado recurrió ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 03 de junio de 2024, reclamando al efecto el rechazo de las licencias médicas N° 99640397-1; 100657126-K y 101838344-2, extendidas por un total de 90 días a contar del 01 de marzo de 2024, por reposo no justificado.

La Superintendencia, previo estudio de los antecedentes por parte de los especialistas de este servicio, y con su mérito se concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas señaladas precedente no se encontraba justificado mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-117322-2024, por lo cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISION ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas Nºs 99640397-1, 100657126-K, 101838344-2, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes emitidos con fecha 29/05/2024 y 01/07/2024 por el tratante, no exponen elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo y tampoco describen detalladamente los ajustes farmacológicos realizados ni su temporalidad durante el período reclamado. Por las razones anteriores, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período ya autorizado.

Hace presente que, sobre la materia, es importante destacar que, en atención a los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente de la recurrente, los facultativos de este Organismo informaron: “nombre reservado informa en Ficha Médica de 19 de julio de 2024 (…) Fundamentos de la resolución: R-88139-2024/RUT reservado.31 AÑOS, PROFESOR CORPORACIÓN EDUCACIONAL LIDIA NEIRA, AFILIADA A FONASA. CON 97 DÍAS AUTORIZADOS Y 150 RECHAZADOS POR PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA, INICIADA LUEGO DEL PPP.IMC DE PSIQUIATRA EXTRASISTEMA DEL 29/05/2024 Y 01/07/2024, SIN GAF, SIN ELEMENTOS CLÍNICOS DE GRAVEDAD, SIN DERIVACIÓN A SISTEMA PÚBLICO PARA ATENCIÓN INTEGRAL POR PATOLOGÍA GES, SIN DERIVACIÓN A ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA DEL SERVICIO PÚBLICO, TTO: VENLAFAXINA 225MG, TRAZODONA 100MG, SIN AUMENTO DE ANTIDEPRESIDVOS A DOSIS MÁXIMAS PESE A MANTENCIÓN DE ELEMENTOS SUPUESTAMENTE INVALIDANTES POR MÁS DE 240 DÍAS. APARENTA REPOSO EXTENSO SIN ROL CURATIVO, SE SUGIERE NO ACOGER.

Refiere además que la Sra. nombre reservado, antes de las licencias medicas rechazadas, ya había cumplido reposo por 97 días autorizados, por patología psiquiátrica, NO CUENTA CON INFORME DE REFRACTARIEDAD O RESISTENCIA A TRATAMIENTO, NO CUENTA CON TRATAMIENTO FARMACOLOGICO ADECUADO A PATOLOGÍA POR LA EXTENSIÓN DE REPOSO Y TAMPOCO ACREDITA ASISTENCIA REGULAR A TERAPIA PSICOLÓGICA E INTERVENCIONES PSICOSOCIALES DURANTE TODA LA EXTENSIÓN DE SU REPOSO.

Agrega que se puede observar que el recurrente no ha presentado las correspondientes derivaciones para acogerse a beneficio de garantías explícitas en salud (GES) por salud mental, por lo cual no estaría generando medidas destinadas a la recuperación de su salud en torno a un mejor manejo de la patología.

Por todo lo antes indicado, señala que las licencias médicas presentadas por la recurrente no cumple con los parámetros mencionados precedentemente, toda vez que resulta los hechos indubitados, el período por el que se han extendido, y no acredita psicoterapia e intervenciones psicosociales durante todo periodo de reposo.

Finalmente sostiene que para los médicos especialistas de la Superintendencia de Seguridad Social, no existe duda alguna que, del estudio de los antecedentes médicos aportados por el propio interesado, cartola médica, histórico de licencias médicas e informes médicos, no permiten justificar médicamente la patología contenida en las licencias. Lo anterior, toda vez que los antecedentes clínicos aportados no fundamentan la existencia de la afección.

Refiere, además, que su decisión se basa en la normativa legal y reglamentaria vigente, esto es, el Reglamento de Licencias Médicas y las normas pertinentes de la Ley N° 19.880, descartando la ilegalidad esgrimida por la recurrente, por cuanto los actos que se impugnan fueron dictados de acuerdo al marco normativo ya referido.

Sostiene que, en relación a la arbitrariedad alegada por la recurrente, ésta no ha existido pues las resoluciones que se impugnan se encuentran suficientemente fundadas, con la debida racionalidad que permite conocer y comprender de manera cabal el contenido y la motivación del acto reclamado.

Refiere además, que no ha existido la vulneración a las garantías constitucionales que se reclama, ya que la Superintendencia ha respondido al mandato legal de pronunciarse respecto de la reclamación que presentó impugnando la resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencia médicas, bajo la aplicación estricta de los mismos parámetros y procedimientos establecidos para resolver este caso en relación al resto de las situaciones que se resuelven ante esta Institución Fiscalizadora.

Agrega que no existe vulneración al derecho de propiedad que requiera tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, una rechazada sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente.

Finalmente indica que la pretensión de la recurrente en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales, desborda los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes.

I.-EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR SER UNA MATERIA PROPIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

CUARTO: Que, sobre este aspecto cabe desde luego hacer notar que no lleva la razón la Superintendencia recurrida al sostener la improcedencia de la acción conservativa enderezada (por las razones sintetizadas precedentemente), dado que no se trata aquí específicamente de la protección del derecho que se garantiza en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sino de la de los demás que más arriba fueron también indicados.

II.- EN CUANTO AL FONDO:

QUINTO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor.

SEXTO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último; d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Por consiguiente, es requisito indispensable para la plausibilidad de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, esto es, un evento contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o bien un evento que sea arbitrario, es decir, producto del mero capricho o voluntad infundada de quien incurre en él, y que provoque algunas de las consecuencias que se han enunciado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes expresamente protegidas por la Constitución, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso.

SÉPTIMO: Que, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la recurrida y, establecido aquello, si tal actuación u omisión ha producido en el recurrente una perturbación, privación o amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección, en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que la propia recurrente indica como vulneradas en su libelo pretensor.

OCTAVO: Que, en lo concerniente a la discusión de fondo, ha de tenerse en cuenta que la SUSESO, es un órgano de la Administración del Estado, y, por lo mismo, le son aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de Administración del Estado. Luego, toda decisión que adopte poniendo fin a un procedimiento, debe cumplir con las exigencias del artículo 41 de la referida ley, en orden a que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada...”. A su vez, el inciso segundo del artículo 11 de la citada ley establece que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, privando de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”.

Por su parte, el artículo 16 del Decreto. Supremo N° 3, de 28 de mayo de 1984, del Ministerio de Salud –Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional- si bien faculta, a la SUSESO para acoger o rechazar las reclamaciones contra resoluciones de la COMPIN, el ejercicio de esa facultad le exige que al resolver o pronunciase sobre el asunto respectivo, la respectiva decisión debe contener “…los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida...”.

NOVENO: Que, en lo refiere a la necesaria exigencia de fundamentación, la Excma. Corte Suprema ha razonado (causa rol N° 25.347-2021): “Que, en ese orden de ideas, cabe destacar que, esta Corte ha sostenido de manera reiterada, que la motivación de los actos administrativos no busca cubrir una mera formalidad, sino que constituye un elemento esencial que permite el control judicial de los actos de la Administración activa, al punto que éstos podrían anularse en el evento de carecer de motivación o si esta es insuficiente.”; y se añadió que: “En un Estado Constitucional de Derecho, el deber de fundamentación de los actos de la Administración no solo funciona como garantía de certeza jurídica para los interesados, sino que extiende sus efectos de cara a la ciudadanía, en plena armonía con los principios de publicidad y transparencia consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, precepto que –no resulta ocioso recordarlo- está inserto en el Capítulo I “De las Bases de la Institucionalidad”. Especialmente interesa, en la motivación, la exposición de las razones de la adecuación del acto a la finalidad pública que lo justifica y, en los casos del ejercicio de una potestad discrecional, las circunstancias que aconsejaron la opción por una solución concreta entre todas las legalmente posibles (CS Roles N° 12.430-2019, 29.796-2019 y 153-2020).”.

DÉCIMO: Que, de lo anotado precedentemente fluye, que el actuar de la SUSESO, al dictar la Resolución Exenta N° R-01-UME- 117322-2024, de 25 de julio del 2024 confirmando el rechazo de las licencias médicas Nºs 99640397-1, 100657126-K y 101838344-2 que realizare la COMPIN-Subcomisión Concepción, extendidas por un total de 90 días a contar del 01 de marzo de 2024, por reposo no justificado, ha devenido en un actuar ilegal y arbitrario puesto que el fundamento de la misma resulta sólo aparente y no se condice con la realidad.

Debe en consecuencia, considerarse, que el quehacer de la recurrida, vulnera, sin duda, al menos el derecho de propiedad del recurrente, garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto el rechazo de las licencias médicas señaladas importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por motivos de enfermedad.

UNDÉCIMO: Que, de esta manera, la protección impetrada habrá de ser concedida, empero teniendo especialmente en cuenta el lapso durante el cual el recurrente ha hecho uso de licencia médica en base a su patología, ella se otorgará solamente en cuanto a ordenar la realización de nuevos exámenes, a partir de los cuales -y en su mérito- la Superintendencia recurrida proceda a resolver la reclamación que fuera enderezada en contra de su resolución de la COMPIN-Subcomisión Concepción, en la que se denegó el pago de las licencias médicas materia del recurso.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la improcedencia del recurso formulada por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Catalina Bustos Silva, abogada, en representación de nombre reservado dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME- 117322-2024, de 25 de julio del 2024, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, que resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas Nºs 99640397-1, 100657126-K y 101838344-2, confirmando lo resuelto por la COMPIN Subcomisión Arauco y se ordena que dicha Superintendencia deberá disponer, como fuere procedente dentro del ámbito de sus facultades y en el plazo de diez hábiles administrativos, contados desde que este fallo quede ejecutoriado, la práctica de los exámenes médicos presenciales por un especialista en psiquiatría, y los que sean necesarios para establecer el real estado de salud de la recurrente, luego de lo cual, procederá a resolver y en su mérito, la referida reclamación, debiendo la referida COMPIN Subcomisión Arauco cumplir oportunamente las instrucciones que se le entreguen por la mencionada Superintendencia para la debida y satisfactoria realización de tales exámenes.

La mencionada Superintendencia deberá informar oportunamente a esta Corte acerca del cumplimiento de lo previamente dispuesto.

Cúmplase oportunamente con lo establecido en el numeral 14 del mencionado Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactó el ministro (s) señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón.

No firma el ministro señor Jordán, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.

Rol N° 18.707-2024– Protección.