nombre reservado con TESORERIA PROVINCIAL LOS ANGELES

C.A. Concepción.

Concepción, nueve de febrero de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Comparece JAVIER VILLAMAN TARES, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, Factor de comercio, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, e interpone RECURSO DE PROTECCIÓN en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS VIII DIRECCION REGIONAL CONCEPCION UNIDAD LOS ANGELES, y en contra de la TESORERÍA PROVINCIAL DE LA REPUBLICA LOS ÁNGELES.

Señala que su representado efectuó petición administrativa solicitando al SII el levantamiento de la anotación 4001, de fecha 30 de Mayo de 2019. El Servicio de Impuestos Internos, resolvió la petición mediante ordinario número 77323382337, de fecha 14 de Septiembre de 2023 rechazando el alzamiento, pues en la causa RIT N° 153-2017 del Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara, con fecha 21 de octubre de 2022 se dictó suspensión condicional del procedimiento a su respecto, por dos años, por delito tributario.

Añade que se ha solicitado en forma reiterada al Servicio de Impuestos Internos, que se levante la restricción, a fin de proceder a regularizar la situación tributaria, en el sentido, de pagar impuestos adeudados.

Afirma que la resolución del Servicio, es arbitraria e ilegal, por cuanto, entrampa corregir la situación tributaria, y regularizar los pagos y convenios a los cuales su representado puede tener acceso en la Tesorería General de la República. Indica que la empresa se encuentra dentro de aquellas que pueden tener acceso al denominado alivio tributario Ley 21.514 y que con motivo de la restricción que actualmente mantiene el Servicio de Impuestos Internos, no se puede regularizar. Además, la Tesorería provincial a raíz de las exclusiones que tiene fijadas el Servicio de Impuestos Internos, impide el acceso a convenios para efectuar las regularizaciones de pago de impuesto, por no calificar únicamente por la restricción aludida.

Manifiesta que se han vulnerado el derecho de propiedad protegido en el Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política y el derecho al trabajo N°21.

Argumenta que se trata de una actitud sancionatoria a priori que transgrede tales garantías constitucionales, así como también al Código Procesal Penal artículos 1 y 2, en especial al juez natural, “nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales”, y respecto a la representante legal, se ha accedido a la suspensión condicional del procedimiento, no existiendo en su contra condena actual que determine pena alguna. También la presunción de inocencia, conforme al artículo 4 del mismo Código. También expresa que la representante legal, doña nombre reservado, no ha sido condenada a pena aflictiva alguna, ni se ha dictado sentencia que imponga respecto de ella alguna pena.

Solicita se restablezca el imperio del derecho, ordenado al Servicio que ponga fin al bloqueo y restricciones de la anotación 4001, de fecha 30 de mayo de 2019 y adoptando las medidas pertinentes, con costas en caso de oposición.

Informó nombre reservado, Tesorero Provincial de Los Ángeles, señalando que el recurrente figura con una deuda de impuestos fiscales por los folios de formulario 21 N° 8742299, y folios de formulario 114 N°s 13692490, 20784839, 20797506, 21707666,y 21708583; que la deuda correspondiente a los folios de formularios 114 se encuentra acogida a convenio de pago, conforme resolución N° 113384 de fecha 26 de julio del año 2023; que la deuda correspondiente al folio de formulario 21 N° 8742299, por un valor neto de $ 945.768, reajuste de $ 17.024, e intereses de $ 86.651, lo que suma un total de $ 1.049.443, figura morosa y no acogida a convenio de pago; que el contribuyente figura con una exclusión tipo 6 establecida por el Servicio de Impuestos Internos que lo EXCLUYE de CONDONACION, y de CONVENIO, por consiguiente no tiene derecho a condonación y tampoco puede celebrar un convenio de pago, para pagar o solucionar el folio de formulario que figura pendiente de pago.

Agrega que la política de convenios y condonaciones de Tesorería General de la República se encuentra regulada por la Circular Normativa 198 del Servicio de Tesorerías, que comunica la política de convenios y condonación permanente del Servicio de Tesorerías, para el pago de los impuestos y créditos fiscales morosos sujetos a cobranza por el Servicio de Tesorerías. Que la circular indicada señala expresamente que los contribuyentes con una exclusión tipo 6 no tienen derecho a condonación, y tampoco pueden celebrar un convenio, y la normativa referida es obligatoria para los funcionarios de Tesorería General de la República. Si el contribuyente levanta la exclusión o anotación negativa ante el Servicio de Impuesto Internos, tendrá derecho a condonación al efectuar el pago del impuesto referido, y además podrá celebrar un convenio de pago con condonación para regularizar la morosidad el folio referido. Que la condonación a la cual el contribuyente podría tener derecho levantando la anotación negativa, corresponde a la condonación que por normativa legal establece la Circular de política de Convenios y Condonaciones, pues el contribuyente no puede acceder a los beneficios de la Ley Fogape (Ley 21.514), ya que la ley referida señala expresamente en su artículo 6 que los impuestos que se pueden acoger a los beneficios que establece la ley indicada corresponden a los vencidos hasta el 30 de junio de 2022, y el folio de formulario 21 N° 8742299, tiene como fecha de vencimiento el 30 de abril del año 2023. Por consiguiente, ningún acto legal y arbitrario ha ejecutado Tesorería General de la República, pues este Servicio no establece las anotaciones negativas que impiden a los contribuyentes acceder a los beneficios de condonación que establece la ley.

Informó nombre reservado, Director Regional, de la VIII Dirección Regional de Concepción del Servicio de Impuestos Internos, señalando que el recurrente registra inicio de actividades, desde el 16.05.2011 como contribuyente del Impuesto a las Ventas y Servicios, y del Impuesto de Primera Categoría, de la Ley sobre Impuestos a la Renta; para la emisión de documentos electrónicos tributarios utiliza el Sistema de Facturación Gratuito del Servicio, para cuyos efectos se encuentra registrado para actuar como Usuario Administrador de Documentos Tributarios Electrónicos al interior de la empresa. Agrega que a la fecha de hoy registra una anotación causal 4001 (querellado por delito tributario), ingresada con fecha 30.05.2019, informada mediante la publicación en el sitio “Mi SII”. La querella se presentó con fecha 29.05.2019, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara, en contra del recurrente y otras 62 personas, causa RUC N° 1700386528-2, RIT N° 153-2017. Se le imputó aumentar indebidamente el Crédito Fiscal IVA, al que tenía derecho, toda vez que, registró en su contabilidad y declaró, en los respectivos Formularios 29 de los meses de enero a junio de 2016, facturas ideológicamente falsas, configurando el delito previsto y sancionado en el artículo 97, N° 4, inciso segundo, del Código Tributario. Posteriormente, el Ministerio Público, decidió separar la investigación respecto de un grupo de imputados, entre los cuales se encuentra, el recurrente. Esta investigación separada se tramitó en la causa RUC N° 2200822133-6, RIT N° 279-2022. Con fecha 21.10.2022 se decretó la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de dos años. Dentro de las condiciones fijadas se dispuso acreditar fehacientemente ante el Ministerio Público el pago de todos los impuestos que se persiguen en la causa en el plazo de un año.

Añade que, con fecha 08.09.2023, el recurrente presentó la petición administrativa, folio N° 77323380408, solicitando el alzamiento de la anotación 4001. Tal petición fue rechazada, con fecha 14.09.2023, mediante Oficio Ord. N° 77323382337, en atención a que la suspensión condicional se encuentra vigente y no cumplida. Afirma que tal decisión ha sido adoptada con estricta sujeción al ordenamiento tributario y derechos de los contribuyentes.

Cita en apoyo normativo de su actuación lo dispuesto en los artículos 1° y 6° letra A) N° 1 del Código Tributario y 1° y 7° letra b), de la Ley Orgánica del Servicio, en cuya virtud el Director, a través de diversos Oficios, ha dispuesto que, cualquier circunstancia relevante en términos tributarios tendrá su consiguiente anotación, siendo, por tanto, pertinente contar con anotaciones referidas a querellas o denuncias por delitos tributarios y comunes, así como de querellas por delitos comunes, como medio informativo y de resguardo necesario para el adecuado cumplimiento de las tareas de fiscalización que desarrolla, facilitando, de esa manera, el desempeño funcionario en la detección y evaluación de situaciones tributarias complejas que requieren una revisión más profunda.

Adiciona que estas anotaciones son una clara manifestación del ejercicio de las facultades generales de fiscalización, unidas a la facultad consagrada en el artículo 2°, del D.F.L. N°3, del Ministerio de Hacienda, del año 1969, que crea el Rol Único Tributario y establece normas para su aplicación. Efectuar una anotación corresponde al ingreso de un código en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario (SICT), aplicación informática del Servicio, cuyo principal objetivo es apoyar las tareas institucionales, permitiendo informar a los funcionarios del Servicio, sobre la situación específica de existir un comportamiento tributario irregular o haberse interpuesto respecto de un determinado contribuyente una querella por delitos tributarios, tal como en el caso de autos. El objetivo de estas anotaciones es meramente informativo y de control; sin perjuicio que, para la realización de ciertos trámites, los interesados deban acudir personalmente a la Oficina del Servicio de Impuestos Internos que corresponda a su jurisdicción. Lo anterior, con el objeto de aprovechar dicha oportunidad para informarle de la(s) situación(es) tributarias que tenga pendiente(s), a fin de que pueda darle una pronta solución. No son de carácter permanente y son alzadas una vez que termine la situación que le dio origen. Conforme a ello, en el caso de autos, con fecha 30.05.2019 se registró, respecto de la recurrente, la anotación 4001, cuya descripción es “querellado por delito tributario” y se eliminará una vez que la suspensión condicional del procedimiento se encuentre efectiva e íntegramente cumplida y se decrete el sobreseimiento definitivo en la causa, lo cual se podrá verificar sólo a partir del 21 de octubre del año 2024.

Agrega que el uso de estas anotaciones encuentra también su sustento en lo dispuesto en el Nº 16, del artículo 8 bis, del Código Tributario.

Cita jurisprudencia en apoyo de lo sostenido.

En cuanto a los efectos de la actuación impugnada, precisa que la rebaja de intereses y multas y los convenios de pago, no proceden a todo evento, no es un derecho indubitado de todo ciudadano, sino un beneficio especial que premia a contribuyentes de buen comportamiento. El único caso en que los intereses penales se condonan a todo evento es si éstos se han girado por error del Servicio de Impuestos Internos, que no es el caso (artículo 192 del Código Tributario). En lo que respecta a la facultad de acceder a la condonación de intereses, cabe hacer presente que, dicha potestad puede ser ejercida, tanto por el Servicio de Impuestos Internos, como por el Servicio de Tesorerías (numerales 3 y 4, del artículo 6, letra B y 207, del Código Tributario). La regulación vigente sobre el particular se encuentra en la Resolución Exenta N° 1968 del 21 de diciembre del 2015; Resolución Exenta N° 340, de la Tesorería General de la República, publicada el 8 de marzo del 2016; Resolución Exenta N°1691, de 06.11.2015, que aprueba el Protocolo Sobre Política de Condonación entre el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, vigente a contar desde el 1 de octubre de 2015; Resolución Conjunta Exenta N° 1, del 11 de enero de 2016, sobre excepción para condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora de pago de impuestos; Circular N°50, de fecha 20.07.2016, del Director del Servicio de Impuestos Internos, regula la Política de Condonación de Intereses y Sanciones Pecuniarias que se impongan por infracciones a las obligaciones tributarias; instrucciones impartidas por Tesorería, contenidas en la Circular Normativa Nº198, en su versión número 9.0, actualizada a 21.11.2019.

Respecto del argumento del recurrente, referido a que se encuentra dentro de aquellas empresas que pueden tener acceso a los beneficios de convenio y condonación de la Ley 21.514, y que sólo con motivo de la anotación 4001 que lo afecta, no puede regularizar sus deudas tributarias, señala que eso no es efectivo, en cuanto a que unos de los giros de impuestos morosos, en particular, el giro de impuesto folio 8742299, tiene fecha de vencimiento el 30 de abril del año 2023, y según lo dispuesto por el inciso primero, del artículo 6°, de la Ley N° 21.514, los impuestos adeudados que pueden ser objeto de los beneficios establecidos por esta ley, sólo puede referirse a impuestos adeudados, vencidos hasta el 30 de junio de 2022.

Finalmente, indica que no es efectivo que la empresa del recurrente encuentra limitada la emisión de facturas, debido a que la anotación 4001, ingresada con fecha 30.05.2019, pues ha obtenido continuamente la autorización de folios para emisión de documentos tributarios electrónicos, pudiendo emitir los documentos necesarios para su actividad económica, durante todos los años en que se ha mantenido la anotación.

Argumenta que tampoco se han conculcado derechos del recurrente, por lo que solicita en definitiva el rechazo del recurso.

Informó nombre reservado, Jueza Titular de este Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara, que se dedujo querella por parte del Servicio de Impuestos Internos el día 29 de mayo de 2019, en causa Rit 153-2017, causa de origen relativa a delitos tributarios respecto de varios imputados. Con fecha 01 de septiembre de 2022, el Fiscal del Ministerio Público solicitó separar investigación generando el Rit 279-2022, el que se encuentra en estado de tramitación. Entre los imputados de esta última causa, figura el señor nombre reservado, respecto del cual, con fecha 08 de septiembre de 2022, el Fiscal presentó solicitud de formalización de la investigación. Con fecha 21 de octubre de 2022, se llevó a efecto audiencia de formalización de la investigación en contra del imputado nombre reservado y otros, por delitos tributarios, en particular el relativo a la figura ilícita tipificada en el artículo 97 N° 4 inciso segundo del Código Tributario, cometido en la comuna de Santa Bárbara, en el período comprendido entre enero y julio de 2016, en perjuicio del Fisco de Chile. En la referida audiencia, se decretó la Suspensión Condicional del Procedimiento respecto del imputado en comento por el periodo de dos (2) años. Suspensión condicional del procedimiento, respecto del imputado nombre reservado, que se encuentra vigente.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1.- El recurrente tilda de ilegal y arbitraria la actuación de las recurridas, consistente en la negativa a alzar la anotación 4001, de 30 de mayo de 2019, por encontrarse con querella criminal presentada, procedimiento penal iniciado y suspensión condicional del procedimiento vigente, lo que le afecta en el normal desarrollo de su giro.

Por su parte las recurridas si bien reconocen la efectividad de la anotación señalada y la negativa a alzarla, defienden la facultad legal para hacerlo y niegan los supuestos efectos perjudiciales causados por tales actuaciones.

2.- Del tenor de las normas legales (artículos 1° y 6° letra A) N° 1 del Código Tributario y 1° y 7° letra b), de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos) y reglamentarias citadas por las recurridas aparece que la anotación de que se trata cumple objetivos informativos para que la administración adopte las decisiones correspondientes en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos, que incluyen la presentación de querellas criminales, como aconteció en la especie.

Además, la regulación específica relativa al alzamiento y a la celebración de convenios y condonaciones de multas e intereses, alude a la mantención de la actividad de control y persecución en tanto se encuentre vigente la persecución penal, como ocurre en la especie.

3.- Por lo tanto, no se divisa la existencia de un acto ilegal o arbitrario de los órganos recurridos al efectuar la actuación impugnada, por encontrarse en la esfera de sus competencias específicas y tampoco tienen la entidad de generar los efectos perjudiciales denunciados, así como tampoco vulnerar los derechos que se afirman amagados.

El acto concreto fue generado por el Servicio de Impuestos Internos, en el desarrollo de sus funciones, ingresando y manteniendo en sus registros la información relativa a cada uno de los contribuyentes, proporcionada por ellos mismos a través de diversas actuaciones, así como también la otorgada por terceros con los que se relacionan, y que, con el objeto de facilitar el registro y análisis de los datos de cada contribuyente, ha definido una nomenclatura interna, con diversos códigos, que permiten identificar y examinar la conducta tributaria del contribuyente de que se trata. Una de estas observaciones es la “4001”, aplicación informática cuyo principal objetivo es apoyar las tareas institucionales, permitiendo informar a los funcionarios del Servicio, sobre la situación específica de existir un comportamiento tributario irregular o haberse interpuesto respecto de un determinado contribuyente una querella por delitos tributarios, tal como aconteció en el caso de autos.

4.- En consecuencia, en la especie, no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción constitucional, de tal manera que el recurso deducido debe ser necesariamente desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos VIII Dirección Regional Concepción y en contra del Servicio de Tesorería Regional Concepción.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro Rodrigo Cerda San Martín.

No firma la Fiscal Judicial Sra. Silvia Mutizabal Mabán, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado.

Rol N°18.679-2023. Protección.