nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Concepción rtp Concepción, diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte N° Protección 18647-2024, comparece nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Señala que reside domicilio reservado, en calidad de trabajador, donde desempeña labores de vigilancia, mantención y siembra. Explica que comenzó a trabajar hace más de 50 años por contrato indefinido celebrado con don nombre reservado y desde aquella época ejerce su labor en forma ininterrumpida. Añade que una vez fallecido el Sr. nombre reservado se mantuvo trabajando, cuestión que conversó los hijos de éste, incluida la recurrida doña nombre reservado.

Explica, que la situación antes reseñada se mantuvo hasta la semana pasada, cuando la recurrida se acercó a su vivienda y le indicó que por su edad no sirve para seguir ejerciendo las labores encomendadas y que debía desocupar la vivienda y, ante su negativa, la recurrida reaccionó en forma violenta e intentó atropellarlo para luego cerrar con cadenas el acceso al predio impidiendo que sus familiares puedan visitarlo y proveerle enseres, alimentos, medicamentos y otras cosas esenciales. Hace presente que se trata de una persona de la tercera edad, con movilidad reducida, y el hecho de que el portón se encuentre cerrado le impide salir de la vivienda.

Afirma que el acto denunciado es arbitrario e ilegal, pues le impide el ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente, ya que con el hecho de cerrar el portón de acceso a su vivienda la recurrida se salta el debido proceso, generando una autotutela al margen del ordenamiento jurídico, lo que no puede ser tolerado. Sostiene que los actos que denuncia han puesto en riesgo su vida e integridad física y psicológica, también se ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley.

Acusa que se han perturbado la garantía establecida en el artículo Nº 1, esto es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, ya que el cierre del portón tiene como consecuencia una afectación actual y permanente a su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Además, se atenta el derecho del artículo 19 N.º 3 inciso 5, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y la garantía del número 9 del mismo artículo indicado, esto es el derecho de protección a la salud.

Reitera que en la especie nos encontramos frente a un acto arbitrario e ilegal pues la recurrida pretende ejercer un acto propio de auto tutela, prohibido por nuestro ordenamiento jurídico y sólo con el objeto de presionar al recurrente para que abandone la propiedad. Además la recurrida acude a vías de hecho para poner término al contrato de trabajo, más entendiendo que la legislación contempla procedimientos especiales para ello.

Solicita acoger el recurso de protección y declarar que debe reestablecerse el imperio del derecho, en términos tales de que se ordene al recurrido restituir el servicio de agua potable y de luz eléctrica, con expresa condenación en costas en atención a la gravedad de los actos ilegales y arbitrarios expuestos.

Informaron los abogados Cecilia Lorena Jara Erices y Juan Antonio Sánchez Pérez, en representación de doña nombre reservado, quienes niegan todos los hechos relatados por el recurrente. Hacen presente que el fundo San Antonio, es de propiedad de la recurrida, sus hermanos y sobrinos que individualiza en su informe.

Explica que el inmueble fue adquirido por herencia quedada al fallecimiento de sus padres y actualmente se encuentra pendiente la inscripción especial de herencia de la madre de la recurrida.

Afirma que el recurrente miente en su recurso cuando señala que es trabajador del fundo en cuestión, ya que si bien es cierto prestó servicios al padre de la recurrida, luego de la muerte del padre, la recurrida como su hermano le permitieron quedarse viviendo en el lugar con la condición de que cuidara de éste. Añade que también miente cuando indica que desempeña labores de mantención y siembra del predio, toda vez que si bien tiene una pequeña huerta, esta es para el consumo familiar, además se beneficia del talaje existente en el campo para sus animales, por lo que no solo no ejercen labores de trabajo sino que son los únicos que usufructúan del campo. En relación con la agresión que acusa, el recurrente omite que su hijo nombre reservado a comienzos del mes de agosto pasado agredió verbalmente a la recurrida y si no fuera porque ésta andaba con unos trabajadores bien podría haberla golpeado, lo anterior se generó porque la Sra. nombre reservado les manifestó que deberían mantener los portones o trancas que existen en el lugar cerrados para evitar el ingreso de cualquier persona.

Reitera la inexistencia del contrato de trabajo que alude el recurrente, por cuanto no existen los elementos propios de un contrato de ese tipo y, en todo caso, es la recurrida con su hermano quien aporta con materiales para la mantención del predio y así asegurar los animales y la huerta, propiedad del recurrente. Además, no existe el contrato, ya que el recurrente no presta servicios, no se le exige nada a cambio, vive en el campo, no paga arriendo, usufructúa del campo y sus familiares y amigos lo visitan a menudo.

Estima que con este recurso el recurrente pretende otros objetivos, toda vez que se enteró que la recurrida está iniciando los trámites legales para ejercer las acciones civiles tendientes a que ellos abandonen el inmueble, toda vez que la comunidad hereditaria se encuentra en proceso de partición y adjudicación. Además, señala, jamás se cerró el acceso al inmueble al recurrente y la foto acompañada corresponde a la casona vieja, lugar que no es ocupado por el recurrente. Aclara que en el inicio del camino existe un cerco el que por seguridad está cerrado con candado, pero el recurrente tiene llaves de éste.

Hace presente que la intensión de la recurrida no es perjudicar al recurrente, sino que, muy por el contrario, por eso sacarlo del terreno en ningún momento los perjudicara, porque el recurrente es dueño de un campo y de una casa en la ciudad de Nacimiento.

Sostiene que el recurso de protección es improcedente en la especie, toda vez que se trata de una acción no destinada para discutir cuestiones que deben ser materia de prueba, de esa forma, éstas se escapan al conocimiento de este, las que deben ser dilucidadas mediante el ejercicio de las acciones ordinarias.

Concluye afirmando que no existe una privación, perturbación y amenaza de las garantías constitucionales del derecho de propiedad respecto de la recurrente, ya que él no se encuentra privado del acceso al terreno que ocupa dentro del fundo de propiedad de la recurrida y de sus hermanos.

Insta a que se rechace el recurso de protección con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2°) Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

3°) Que, en la especie, el acto arbitrario e ilegal que se le atribuye a la recurrida es el cierre con cadena, del portón de acceso al predio en el que habita el recurrente, impidiendo que su familia pueda visitarlo y suministrarle de los insumos necesarios para su manutención, a fin de que haga abandono de la propiedad que habita hace más de 50 años.

4°) Que, si bien la recurrida niega la efectividad del hecho anotado precedentemente, del análisis lógico y reflexivo de lo sostenido tanto en el recurso como del informe evacuado, y, de los antecedentes que se allegaron a los autos, especialmente de las fotografías que se adjuntan al recurso, las que grafican un portón de acceso a un inmueble cerrado con una cadena; puede desde luego darse por razonablemente establecido que es efectivo que la parte recurrida, ejecutó actos tendientes a cerrar la vía de ingreso al lugar de residencia del recurrente, con el fin de forzar su salida de la propiedad. Lo anterior teniendo especialmente presente que dicha propiedad, en que reside el recurrente, es de la comunidad hereditaria que integra la recurrida y su hermano, la cual estaría en proceso de liquidación y adjudicación, siendo necesario esté libre de todo ocupante para su repartición – así lo dice la recurrida-, cuestión que viene a reforzar la credibilidad de lo denunciado, desde que el recurrente habita el predio desde al menos 15 años -ya sea como cuidador o por tolerancia de sus dueños- por lo que es necesario compeler su salida ante su resistencia.

5°) Que, en todo caso considerando la naturaleza cautelar de la presente acción de protección, no corresponde decidir en esta sede la existencia de una relación contractual entre las partes, ya sea laboral o de cualquiera otra naturaleza, cuestión que deberá discutirse en el procedimiento que corresponda, y que asegure a las partes el pleno respeto de sus derechos, especialmente, el derecho a la prueba, propio de un proceso racional y justo.

6°) Que, no obstante, lo anotado más arriba, la conducta desplegada por la recurrida, constituye un acto de autotutela que indudablemente viene a alterar el statu quo, afectando con ello, el derecho del recurrente al juez natural consagrado en el inciso 5º del literal 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, asimismo, la igualdad ante la ley reconocida en el literal 2° del mismo precepto constitucional indicado.

7°) Que atento a lo antes razonado, el recurso de protección ha de ser acogido en los términos que se dirán.

Y de conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación del recurso de protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, sólo en cuanto se ordena que la recurrida deberá abstenerse de recurrir a vías de hecho para obtener la salida del recurrente desde la propiedad de la comunidad hereditaria de la que ella forma parte, debiendo limitarse a ocupar las vías que contempla la ley para ello.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra suplente Jimena Cecilia Troncoso Sáez.

No firma la ministra señora Carola Rivas Vargas, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso.

N°Protección-18647-2024.