nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRA

Concepción, veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparecen los abogados Rodrigo Esteban Marínez Aedo y Bernardo Patricio Rodríguez Vásquez, domiciliados en domicilio reservado, en favor de nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, constructor civil, con domicilio en domicilio reservado, e interponen acción constitucional de protección en contra de la COMISIÓN MÉDICA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGION DEL BIOBIO, SUBCOMISION COMPIN del BIOBÍO, representada legalmente por su presidente don nombre reservado, odontólogo, ambos con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, persona jurídica de derecho público, RUN RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal del día 15 de julio de 2024, consistente en la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNAAD-110991-2024 emanada de la SUCESO.

Indican que desde el mes de agosto de 2023 su representado padece un cuadro depresivo y que en un primer momento el médico psiquiatra nombre reservado le diagnosticó un cuadro de depresión moderada y que en forma previa a la consulta médica, su representado presentaba ideación suicida, desesperanza, sentimiento de culpa, hipervigilancia e irritabilidad, entre otros. Debido a ello inició un tratamiento farmacológico complementado con sesiones de psicoterapia, no obstante lo anterior, en primera instancia, la respuesta a este tratamiento no fue efectiva, pues sus síntomas y la ideación suicida permanecieron.

Añaden que esta situación implicó que el médico psiquiatra Dr. Pailahueque, modificara los fármacos e incorporara otros que estimó necesarios en virtud de la falta de respuesta al tratamiento y al hecho de haberse acrecentado el cuadro clínico, cuadro que en su informe de 16/04/2024 describió como: “Depresión mayor severa refractaria (cuadro perteneciente al espectro bipolar)”, patología por la que su representado se mantuvo con licencia médica, toda vez que dicho cuadro de salud mental no le permitía continuar su vida normal y menos aún trabajar.

Enfatizan la relevancia de que el médico tratante añadiera a la canasta médica del recurrente tres medicamentos antidepresivos, los cuales no surtieron el efecto esperado, por lo que debió reforzarlo con carbonato de litio, inicialmente 400 miligramos para luego subirlo a 800 miligramos. En tal sentido, añaden, aludiendo a la Clínica de la Universidad de Navarra, “el carbonato de Litio es un fármaco que disminuye la intensidad y la frecuencia de los episodios maniacodepresivos, episodios en los cuales el paciente sufre cambios de ánimo que varían de la euforia a la profunda depresión …siendo utilizado para el tratamiento de psicosis maniacodepresivas o enfermedad bipolar, Depresión: depresión unipolar recurrente y depresión endógena resistente a tratamiento convencional”. Precisan que dicho medicamento se le prescribió a su representado en diciembre de 2023 y que posterior a ese mes su representado se mantuvo con licencias médicas extendidas por el psiquiatra Pailahueque.

Refieren que no obstante la condición de salud mental de su representado, avalada por un especialista en la materia, las recurridas han incurrido en arbitrariedades, deficiencias, falta de profesionalismo y en erróneas conclusiones, elementos que, en su conjunto atropellan de manera visible y arbitraria los derechos constitucionales de su representado.

En dicho orden de ideas expresan que el 21/12/2023, se le comunica a su representado por parte de la Isapre Cruz Blanca que ese mismo día debía someterse a un peritaje de salud, cuya modalidad sería por video llamada, de forma tal que ese mismo día, 21/12/2023, toma contacto con su mandante la psiquiatra Cecilia Garbino.

Respecto al peritaje en cuestión, señalan que la profesional a cargo de su práctica en el párrafo denominado “examen mental” da cuenta de las dificultades que tuvo para establecer la conexión, la que finalmente falló, por lo que, en definitiva, el peritado fue contactado vía llamada de “WhatsApp”, a fin de realizarle el peritaje. La psiquiatra justificó su proceder en las dificultades para establecer la comunicación y en que don nombre reservado accedió a que el procedimiento se hiciera de esa forma. Cuestionan el aviso intempestivo, los problemas de conexión y el hecho que la entrevista durara solo 24 minutos, nada de lo cual es atribuible al evaluado.

De igual forma, impugnan las conclusiones a que arribó dicha profesional en cuanto a estimar que el tratamiento recibido por el peritado resultaba insuficiente para justificar el reposo, conclusión que carece de respaldo científico y más bien puede considerarse una opinión o impresión. A continuación contrastan dicho parecer con el diagnóstico del médico que ha tratado por alrededor de ocho meses a su representado, para concluir -tras dicho periodo- que dada la patología de su representado y la favorable evolución del cuadro de Depresión Severa, recién se podía dar de alta al paciente.

Cuestiona, además, el diagnóstico formulado por la psiquiatra Gabino respecto de la licencia médica N° 168118988, en la cual señala: “Paciente presenta otro diagnostico psiquiátrico principal”, consignando en su hipótesis diagnostica: “Trastorno de ansiedad generalizada”. Todo ello tras 24 minutos de video llamada de WhatsApp y cuando su representado llevaba cuatro meses de tratamiento farmacológico, de los ocho que estuvo antes de ser dado de alta, en abril de 2024, periodo en el cual permaneció vigilado por su médico psiquiatra de cabecera.

Argumentan que en forma previa al peritaje realizado en tan solo 24 minutos vía WhatsApp ninguna de las licencias médicas otorgadas a don nombre reservado fue rechazada y con posterioridad al mismo se le rechazaron tres licencias médicas, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2024 cuyos números son RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, respectivamente. En todas ellas se indica como causa de modificación o rechazo “De acuerdo a evaluación de Psiquiatra interconsultor, no procede licencia mayor”.

En el mismo sentido que la Isapre, la COMPIN, en las resoluciones N° 85-24-000840, 85-24-001925 y 85-24-002823, estuvo por confirmar los referidos rechazos, sin mayor análisis y argumentando que: se confirma el rechazo en virtud de los fundamentos señalados por la Isapre Cruz Blanca.

Añaden que antes esta situación, su representado, por una parte, solicito a la Isapre Cruz Blanca un nuevo peritaje, en el que se le otorgara incluso la posibilidad de presentar un informe de su psiquiatra de cabecera, lo que fue denegado por parte de dicha entidad y, por otro lado, presentó ante la Superintendencia de Seguridad Social los 28/04/2024 y 12/06/2024 los respectivos reclamos producto de los rechazos de sus licencias médicas.

Indican que de tales reclamos existen dos pronunciamientos por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, a saber: 1) Resolución Exenta N° R-01-UME-89674-2024 y 2) Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-110991-2024 y añaxen que en ambas se confirman los rechazos de las licencias médicas sin estudio de los antecedentes.

Con lo expuesto, sostiene que el actuar de las recurridas es ilegal, en la medida que su accionar contraría diversas disposiciones jurídicas que señalan expresamente que los actos administrativos deben ser fundados, lo que no ocurrió en este caso, toda vez que no proporcionan ningún fundamento para arribar a la conclusión de que el reposo otorgado por el médico tratante y sus prolongaciones sea injustificado. En tal sentido, traen a colación los artículos 3 y 41 de la Ley 19.880 y el artículo 16 del DS N°3/1984 del Ministerio de Salud, en cuanto obliga a la COMPIN al momento de rechazar una determinada licencia médica a “dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida”.

De igual forma, sostienen, el actuar de las recurridas resulta arbitrario, dado que sus resoluciones no han sido adoptadas con criterios que puedan estimarse racionales y, en especial, por la respuesta infundada que se le entrega al peticionario.

Sostienen que el acto recurrido infringe la garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y psíquica, contemplado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, en cuanto dispone que “La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica”. Por lo demás, el pago de cada licencia suple la remuneración del trabajador que se encuentra afectado por una determinada incapacidad laboral y su rechazo implica que el trabajador no puede disponer de los medios económicos para hacer frente a necesidades cotidianas básicas como comer y costear su tratamiento, le acarrea endeudamiento y falta de cobertura de sus necesidades más básicas, todo lo cual compromete gravemente el derecho a la vida e integridad física.

Estima que también se infringe el articulo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto dispone que “La constitución asegura a todas las personas: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”, en la medida que de mantenerse rechazadas las licencias médicas aludidas en este recurso se le ocasiona un perjuicio económico y emocional a su representado al privarlo de un subsidio análogo a su salario.

Termina pidiendo que se acoja el recurso en todas sus partes, declarando arbitraria e ilegal las resoluciones recurridas, dejándolas sin efecto, y declarando en su reemplazo que las licencias médicas Números RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado quedan aceptadas, debiendo la recurrida proceder a su pago, o bien que esta Corte adopte las medidas que estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y, en tal sentido, propone realizar un nuevo peritaje a su representado para determinar la veracidad de sus padecimientos, con expresa condena en costas.

Informa la Isapre Cruz Blanca S.A., a través de su abogado Maximiliano Silva Baeza, quien afirma que se han aplicado los procedimientos administrativos pertinentes, que no existe un derecho indubitado y que los antecedentes disponibles no justifican el derecho reclamado. Señala que el recurrente ha presentado licencias médicas por el periodo comprendido entre el 10/08/2023 hasta el 03/04/2024, acumulando 238 días de reposo y que el 21 de diciembre de 2023 fue citado a evaluación con médico interconsultor, doctora Cecilia Garbino, médico psiquiatra, quien informa: “Conclusión respecto del reintegro laboral al examen actual del paciente Evaluados los elementos de juicio psiquiátricos aportados en la presente entrevista, a saber, contexto de fallecimiento de su hermana, sintomatología ansiosa y GAF 78, se concluye compromiso funcional leve y el reposo evaluado se estima prolongado y no terapéutico para la mejoría del cuadro y reintegro laboral, el cual se sugiere previo a la entrega del reposo indicado en la licencia evaluada, antes del día 14 de diciembre de 2023. Tratamiento insuficiente de manera prolongada, o la baja adherencia a éste por parte del afiliado, expone a fracaso de tratamiento”. Añade que el Sr. nombre reservado no aporta informes que describan incapacidad funcional, plan terapéutico, detallando evolución del cuadro con las medidas efectuadas, cambios en el plan terapéutico acorde con la evolución prolongada del cuadro, tampoco señala recuperabilidad del mismo, no fundamenta el rol terapéutico del reposo prescrito.

Por ello, de acuerdo con la evaluación médica de la psiquiatra especialista y la ausencia de antecedentes aportados por el profesional emisor que justifiquen el reposo prolongado concedido por las licencias N° RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, es que la Contraloría Médica de la Isapre procedió a su rechazo.

Agrega que la COMPIN respectiva ratificó lo obrado por la Isapre y que reclamado por el Sr. nombre reservado lo resuelto por COMPIN a la Superintendencia de Seguridad Social, dicha entidad ratificó lo resuelto. Sostiene que nombre reservado nunca ha activado el GES por patología psiquiátrica y que en atención al informe de peritaje psiquiátrico, en que se advirtió la carencia de fundamentos clínicos que determinen un cuadro de incapacidad que origine el reposo prescrito en las licencias reclamadas, la Contraloría Médica de la Isapre Cruz Blanca se pronunció como lo hizo. Además, la COMPIN respectiva ratificó lo obrado por la Isapre en sendas resoluciones administrativas, las que -a su vez- fueron reclamadas ante la Superintendencia de Seguridad Social, que rechazó el reclamo.

Informa la SUBCOMPIN Delegación Bío Bío de la Región del Bío Bío, a través de su Presidente (S), e indica que el paciente inicia reposo médico en los siguientes periodos: licencia folio N°4 -170553403, con fecha de inicio el 11-01-2024 por 28 días; licencia folio N°4 -173175841, con fecha de inicio el 08-02-2024 por 28 días y licencia folio N°4 -175308008, con fecha de inicio el 07-03-2024 por 28 días. Añade que Isapre Cruz Blanca rechaza dichas licencias por cuanto “cumple con 182 días de reposo por patología de salud mental vistos los antecedentes médicos disponibles y visto evaluación del especialista interconsultor externo del 21-12-2023, prorroga de reposo se estima injustificado, art 21 decreto supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud. Acumula 243 días de reposo médico”.

Añade que reevaluados los antecedentes aportados por la Isapre, conforme al artículo 3 inciso tercero de la Ley 20.585, COMPIN ratificó, conforme a derecho, el rechazo de las licencias médicas:

1.- LM NO 4- 170553403 a través de:

· Resolución exenta NO 85-24-000840 de fecha 09-02-2024, donde se ratifica la decisión de la ISAPRE CRUZ BLANCA respecto de la Licencia Médica precitada.

· Resolución exenta NO 85-24-001803 de fecha 21-02-2024; donde se rechaza el reclamo interpuesto por Usuario.

· Resolución Exenta NO 85-24-003792 de fecha 15-04-2024, donde se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por Usuario.

2.- LM NO 4-173175841, a través de:

Resolución exenta N O 85-24-001925 de fecha 22-02-2024, que ratifica la decisión de la Isapre.

· Resolución exenta NO 85-24-002113 de fecha 23-02-2024, donde se rechaza reclamo interpuesto por Usuario.

· Resolución Exenta NO 85-24-003794 de fecha 15-04-2024, donde se rechaza Recurso de Reposición interpuesto por Usuario.

3.- LM NO 4-175308008, a través de:

· Resolución exenta NO 85-24-002823 de fecha 21-03-2024; que ratifica decisión de la Isapre.

· Resolución exenta NO 85-24-003476 de fecha 05-04—2024, que rechaza reclamo interpuesto por Usuario.

· Resolución Exenta NO 85-24-005337 de fecha 24-05-2024, donde se rechaza Recurso de Reposición interpuesto por Usuario Añade que COMPIN ratifica los rechazos realizados por la ISAPRE, por cuanto los antecedentes médicos aportados no logran justificar mayor tiempo de reposo al ya autorizado (154 días), sumado al peritaje realizado por el especialista de ISAPRE CRUZ BLANCA que da cuenta de un compromiso funcional leve y que estima el reposo evaluado como prolongado y no terapéutico para la mejoría del cuadro y reintegro laboral.

Añade que COMPIN ha actuado según las facultades otorgadas a través de los artículos 14, 16, 21 y 48 del D.S N 3/84 sobre Reglamento de Autorización de Licencias Médicas y D.S. N 0 7/2013 sobre Guías Clínicas Referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deben respaldar la emisión de licencias médicas y dentro de los plazos establecidos para la tramitación de licencias médicas y Ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas.

Sostiene que no se cumplen los presupuestos legales para acceder a la acción constitucional que se invoca, por cuanto el recurso de protección constitucional tiene por objeto poner pronto remedio a la privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales por causa de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, restableciendo las cosas a la situación que antecede. Sin embargo, por su naturaleza en ningún caso es posible que sea usado como sustituto jurisdiccional reemplazando acciones y procedimientos en que puedan discutirse, con latitud e igualdad de oportunidades la controversia, como ocurre en el caso sublite. Por lo anterior, termina pidiendo el rechazo de la presente reclamación constitucional.

Informa la Superintendencia de Seguridad Social, a través de su abogado Francisco Ortega Bello, que pide que se declare improcedente la presente Acción de Protección por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Se explaya argumentando que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; así como las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente del ámbito de la acción de protección.

Al ser la acción de protección un procedimiento de urgencia de carácter excepcional debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Conforme lo expuesto, solicita que se declare la improcedencia del recurso, toda vez que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.

En subsidio de su petición principal, informa al tenor del recurso y tras aludir al marco legal regulador del derecho a licencia médica se refiere a las justificaciones médico-administrativas en las cuales basó su decisión. En tal sentido indica que el Sr. nombre reservado reclamó por primera vez, mediante presentación de fecha 18 de abril de 2024, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región del Biobío, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 84 días, a contar del 11 de enero de 2024, emanado de la ISAPRE CRUZ BLANCA S.A., por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el cual alcanza 154 días. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-89674-2024, de 06 de junio de 2024.

Agrega que el Sr. nombre reservado se presenta por segunda vez, con fecha 12 de junio de 2024, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-UME89674-2024. Respecto a esa presentación, la Superintendencia informó que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que ameritara efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por ese Servicio. Hace presente que indicó a la parte recurrente que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes. Lo anterior es concordante con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por sus especialistas, por ende, aunque los acompañe otra vez en una nueva solicitud de reconsideración, estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por dicho Organismo Fiscalizador. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-110991-2024, de 15 de julio de 2024.

Sostiene que, por su parte, los facultativos de esa Superintendencia, consistente con lo señalado informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Comentario: MAE. Hombre de 39 años, jefe de terreno. Acumula 154 días de permiso autorizado por patología psiquiátrica. IMT abril 2024, describe sintomatología sin evolución de cuadro clínico, indica tratamiento farmacológico, GAF < 40, abril 2024 logra retorno laboral. Médico psiquiatra. Acredita psicoterapia. Peritaje 21.12. 2023 diagnostica Trastorno de ansiedad generalizada, GAF 76, sugiere reintegro laboral 14.12.2023 Sugiero rechazar.”.

Añade que el artículo 21 del D.S N° 3/84, dispone que para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, algunas medidas, en las que se incluye practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas y que en virtud de lo expuesto, la citada ISAPRE con fecha 21 de diciembre de 2023, efectuó un peritaje al recurrente, en el cual se concluyó lo siguiente: “Evaluados los elementos de juicio psiquiátricos aportados en la presente entrevista, a saber, contexto de fallecimiento de su hermana, sintomatología ansiosa y GAF 78, se concluye compromiso funcional leve y el reposo evaluado se estima prolongado y no terapéutico para la mejoría del cuadro y reintegro laboral, el cual se sugiere previo a la entrega del reposo indicado en la licencia evaluada, antes del día 14 de diciembre de 2023. Tratamiento insuficiente de manera prolongada, o la baja adherencia a éste por parte del afiliado, expone a fracaso de tratamiento”.

Expresa que con ello, analizados los antecedentes disponibles en ese momento, los profesionales médicos de esa Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas. En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas del recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificado.

A continuación expresa que la actuación de esa Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, algunas de las cuales transcribe, insiste en que la pretensión del recurrente en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal, de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales expuestos, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección.

Sostiene que no existe algún acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues su representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencia; tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por la Carta Fundamental.

Sostiene que en cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido y de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante. De hecho, afirma, es incuestionable que el Sr. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna su acceso a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso del Sr. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

Afirma en cuanto a la pretendida afectación al derecho de propiedad que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN) y 2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían según se trate de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, plantea, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que no media en la especie. En este punto, en el caso del recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos.

Manifiesta que se debe descartar cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de su defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en dicho Organismo de Control.

Termina pidiendo que la Acción de Protección interpuesta sea desestimada en todas sus partes por improcedente, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, como cuestión inicial, cabe desestimar el argumento de la Superintendencia recurrida al postular la improcedencia de la acción conservativa enderezada (por las razones ya reseñadas en lo expositivo de este fallo), dado que no se trata aquí específicamente de la protección del derecho que se garantiza en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sino de la protección de los demás que el recurrente invocó y que en acápites previos fueron reseñadas.

TERCERO: Que, ahora bien, en la especie se ha deducido recurso de protección en contra de la COMPIN Provincial Concepción y de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, por no haber autorizado el pago de tres licencias médicas que se singularizan en el recurso, rechazo que se adoptó, en síntesis, en razón de considerarse no justificada la extensión del reposo médico; sin antecedentes clínicos que acrediten su prolongación más allá del periodo previamente autorizado y por falta de antecedentes médicos que justifiquen dicha prolongación del reposo.

CUARTO: Que sobre lo anterior, ha de tenerse en cuenta que tanto la COMPIN como la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL son órganos de la Administración del Estado, y, por lo mismo, les son aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de Administración del Estado. Por lo tanto, toda decisión que adopten poniendo fin a un procedimiento, debe cumplir con las exigencias del artículo 41 de la referida ley, en orden a que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada...”. A su vez, el inciso segundo del artículo 11 de la citada ley establece que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, privando de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”.

Por su parte, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, de 28 de mayo de 1984, del Ministerio de Salud -Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional- si bien faculta para acoger o rechazar las reclamaciones, el ejercicio de esta facultad exige que al resolver o pronunciarse sobre el asunto respectivo, la correspondiente decisión debe contener “…los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida...”.

QUINTO: Que en la situación que nos atañe, cabe precisar que la COMPIN-Subcomisión Concepción, rechazó las tres licencias médicas de que se trata, por entender que los antecedentes aportados por el paciente resultan insuficientes para la prolongación de su reposo médico, decisión que fue ratificada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Con relación a este punto, sin embargo, no debe dejarse de lado que el médico tratante del recurrente, profesional que extendió las licencias cuestionadas, tiene una opinión contraria a la postulada por la Isapre Cruz Blanca S.A.-, de la COMPIN y de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL y por ello otorgó las licencias por los tiempos que estimó adecuados para lograr la recuperación laboral de su paciente.

En el escenario predicho, no resulta posible –ni directa ni indirectamente- sostener con criterios de seriedad, idoneidad y suficiencia lo afirmado por las recurridas, puesto que el profesional tratante, médico psiquiatra, ha atendido por un lapso bastante prolongado al actor de las patologías que le afectan (ocho meses), pudiendo colegirse razonablemente de ello, mediante un criterio de normalidad, que conoce a cabalidad las características y particularidades de su enfermedad, y, precisamente, en estas particulares circunstancias, los basamentos indicados por los órganos reclamados quedan desprovistos de sustento, y, por ende, de la fundamentación consecuente, por lo que por mucho que se argumente al respecto, no viene sino a trasuntarse en una justificación de carácter “aparente”.

SEXTO: Que en lo concerniente a la necesaria exigencia de fundamentación, la Excma. Corte Suprema ha razonado (causa rol N° 25.347-2021): “Que, en ese orden de ideas, cabe destacar que, esta Corte ha sostenido de manera reiterada, que la motivación de los actos administrativos no busca cubrir una mera formalidad, sino que constituye un elemento esencial que permite el control judicial de los actos de la Administración activa, al punto que éstos podrían anularse en el evento de carecer de motivación o si esta es insuficiente.”. Y se añadió que: “En un Estado Constitucional de Derecho, el deber de fundamentación de los actos de la Administración no solo funciona como garantía de certeza jurídica para los interesados, sino que extiende sus efectos de cara a la ciudadanía, en plena armonía con los principios de publicidad y transparencia consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, precepto que –no resulta ocioso recordarlo- está inserto en el Capítulo I “De las Bases de la Institucionalidad”. Especialmente interesa, en la motivación, la exposición de las razones de la adecuación del acto a la finalidad pública que lo justifica y, en los casos del ejercicio de una potestad discrecional, las circunstancias que aconsejaron la opción por una solución concreta entre todas las legalmente posibles (CS Roles N° 12.430-2019, 29.796-2019 y 153-2020).”.

SEPTIMO: Que, en relación con lo que se viene expresando, debe tenerse en cuenta que el mismo Reglamento aludido, en su artículo 21, establece que para el mejor acierto de las decisiones que se adopten, los organismos allí reseñados se hallan facultados para practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas (letra a).

Conforme a esto, y considerando lo más arriba explicitado, lo lógico y razonable era que, a lo menos, las recurridas, cumpliendo en este caso su labor revisora de lo decidido previamente respecto por parte de la Isapre a las que se encuentra adscrito el actor, hubiere obrado acorde al recién mencionado precepto.

Sin embargo, nada de ello aconteció, resultando aquí impresentable basarse análogamente en meras guías referenciales de reposo médico y de reintegro laboral, porque no pasan de ser simplemente “referencias”, que, en tanto tales, pueden ser revertidas interviniendo de por medio opiniones profesionales divergentes, cuyo fue el caso del recurrente.

La situación resulta aún más atentatoria a la garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y psíquica, que está prevista en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República y que aduce transgredida el recurrente si se considera que ambas recurridas fundamentan sus decisiones en apoyo de lo resuelto por la Isapre en la opinión de una psiquiatra que le efectuó un peritaje externo al Sr. nombre reservado en condiciones del todo adversas ya que fue informado de la evaluación el mismo día en que debía someterse a ella, a través de medios telemáticos que no pudieron materializarse para terminar en una simple video llamada por la aplicación WhatsApp, de solo veinticuatro minutos de duración, asertos de la parte recurrente que la Isapre Cruz Blanca S.A.- no controvirtió en el informe que hizo llegar a esta Corte y a cuya pericia pretendió darle pleno valor para justificar su decisión, mismo documento que ambas recurridas, COMPIN y la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, emplearon para justificar la decisión de la aseguradora, quizás incluso ignorantes de las condiciones oprobiosas que le fueron impuestas al recurrente para someterlo a un peritaje y a las cuales atendida su posición desmedrada en la relación contractual no podía negarse, máxime si se encontraba en tratamiento psiquiátrico y, por lo tanto, disminuido en sus facultades volitivas.

OCTAVO: Que, así las cosas, y en las particulares condiciones descritas, el actuar específico de las recurridas deviene en ilegal, por la ausencia de una real fundabilidad de sus resoluciones, y, además, en arbitrario, en la medida que, pudiendo hacerlo, tal como el caso del actor lo ameritaba, ninguna de ellas dispuso la utilización -en condiciones dignas e idóneas- de la aludida herramienta regulada en el artículo 21 del citado Reglamento para los efectos de resolver la reclamación que fuera incoada.

Y este actuar ilegal y arbitrario, vulnera, además, el derecho de propiedad de la recurrente, también invocado y garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto el rechazo de las licencias médicas señaladas importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por motivos de enfermedad.

NOVENO: Que, tampoco pasa inadvertido a esta Corte que el pronunciamiento reclamado, esto es la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNAAD-110991-2024 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social en su parte resolutiva solo se pronunció acerca del rechazo de la Resolución Exenta N° R-01-UME-89674-2024, de fecha 06-06-2024 mediante la cual se confirmó lo actuado por la Subcomisión Bío Bío COMPIN REGION DEL BIOBIO, respecto del rechazo de la licencia médica N° RUT reservado y, en cambio, nada dijo de acerca de las licencias médicas N° RUT reservado y RUT reservado, pese a que también habían sido sometidas a su reconsideración al haber sido rechazadas por dicha Superintendencia en su mismo dictamen sometido a reconsideración, esto es el R-01-UME-89674-2024, de fecha 06-06-2024, omisión que también supone un actuar ilegal y arbitrario de la recurrida Superintendencia y que justifica que la acción deducida deba prosperar en los términos que se pasará a explicitar.

DECIMO: Que, de esta manera, la protección impetrada habrá de ser concedida respecto de las tres licencias materia del recurso, específicamente las N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado y que se encuentran comprendidas en la solicitud de reconsideración del dictamen R-01-UME-89674-2024, de fecha 06-06-2024 y sobre las cuales debía pronunciarse la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNAAD-110991-2024 emanada de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

En tanto, teniendo especialmente en cuenta el lapso durante el cual el recurrente ha hecho uso de licencia médica en base a sus patologías, la protección se otorgará solamente en cuanto a ordenar la realización de nuevos exámenes, que deberán practicársele al recurrente en forma presencial y de cuya fecha y hora a realizar será notificado de manera fehaciente con a lo menos 15 días de antelación y en la modalidad que para ello tenga registrada en su Isapre, a partir de los cuales -y en su mérito- la Superintendencia de Seguridad Social procederá a resolver las solicitudes de reconsideración a la denegación del pago de las tres licencias médicas aludidas, incluyendo aquellas dos respecto de las cuales no se pronunció oportunamente.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de improcedencia del recurso formulado por SUSESO, y II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en estos autos en favor de nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNAAD-110991-2024, de 15 de julio de 2024, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, mediante la cual rechazó la solicitud de reconsideración del dictamen R-01-UME-89674-2024, de fecha 06-06-2024, que había decidido mantener el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado y que no se pronunció acerca de las licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado, pese a que también había sido conminado a hacerlo. En tal sentido, se ordena que dicha Superintendencia deberá disponer, como fuere procedente dentro del ámbito de sus facultades y en el plazo de diez hábiles administrativos, contados desde que este fallo quede ejecutoriado, la práctica de los exámenes médicos presenciales que sean necesarios para establecer el real estado de salud del recurrente, luego de lo cual, procederá a resolver, en su mérito, las referidas solicitudes de reconsideración, incluidas las correspondientes a aquellas dos licencias médicas respecto de las cuales no se pronunció en su oportunidad.

La Superintendencia de Seguridad Social deberá informar oportunamente a esta Corte acerca del cumplimiento de lo previamente dispuesto.

Cúmplase, en su oportunidad, con lo establecido en el numeral 14 del mencionado Auto Acordado.

Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción del ministro suplente Héctor Plaza Vásquez.

Rol N°18.594-2024 – Protección.-