COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS AHORROCOOP DIEGO PORTALES LTDA con MUNICIPALIDAD

Concepción, dos de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece José Antonio Díaz Lagos, abogado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, en representación de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Financieros Ahorrocoop Diego Portales Limitada, indistintamente también Ahorrocoop Limitada, RUT RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra del Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Tomé, RUT RUT reservado, representado por su directora doña nombre reservado, ignora profesión, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Expone que la recurrida ha incurrido en una serie de actos arbitrarios e ilegales respecto de su representada, que le han causado perjuicios, al negarse sin causa y sin fundamento legal a descontar los créditos otorgados por Ahorrocoop Ltda. a los funcionarios del “DEM TOMÉ” que son socios de esa Cooperativa, cuyo servicio consiste en el pago por medio de descuento por planilla que les realiza mensualmente el empleador “DEM TOMÉ”, provocando perjuicios tanto a esta recurrente como a sus trabajadores que son socios de la Cooperativa. Añade que tales actos arbitrarios e ilegales significan una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales y de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley (art. 19 N° 2), de la libre iniciativa en materia económica (art. 19 N° 21) y de propiedad (art. 19 N° 24), de que es titular la recurrente.

Señala que el acto recurrido es el correo electrónico de fecha 15 de julio de 2024 por el cual DEM TOME informó a su representada de su negativa a realizar los descuentos por planilla de las cuotas de los préstamos de sus dependientes y que les fueron otorgados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito, pese a la existencia de un convenio legalmente celebrado entre recurrente y recurrida, de fecha 3 de septiembre de 2013, cuya ejecución lleva ya casi once años.

La principal modalidad para el otorgamiento de créditos a los socios cooperados consiste en su pago por medio del descuento por planilla, realizados mensualmente por el empleador, lo que otorga mayor seguridad de pago a la Cooperativa, lo que, a su vez, permite al socio acceder a condiciones ventajosas de tasas, montos y plazos.

Explica que con fecha 3 de septiembre de 2013, entre la recurrente Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Financieros Ahorrocoop Diego Portales Limitada y la recurrida Departamento de Educación de la Municipalidad de Tomé, se celebró un convenio de colaboración y de servicio de bienestar social para su personal, de duración indefinida, en cuya cláusula cuarta esta última se obligó a descontar por planilla a los funcionarios adherentes a la Cooperativa las cuotas que devenguen los diferentes créditos otorgados por Ahorrocop Ltda., las cuotas de ahorro mensual y otros conceptos debidamente identificados en la liquidación de sueldo de cada funcionario que pertenezca a la Cooperativa.

Indica que de manera ilegal y arbitraria la recurrida no está cumpliendo su parte del convenio con el consiguiente perjuicio tanto a la recurrente como a los trabajadores, cuyos créditos deberán ser infirmados a la Comisión del Mercado Financiero como créditos impagos.

Sostiene que por Oficio N°713 de 11 de julio de 2024, doña nombre reservado, Directora del Departamento de Educación de la Municipalidad de Tomé, “DEM TOMÉ”, le informó a la recurrente por medio de correo electrónico remitido el 15 de julio de 2024 que: “1. En respuesta a su presentación de fecha 28 de junio de 2024, informamos que no es posible posponer el ajuste de los descuentos voluntarios, ya que la Contraloría General de la República ha instruido a esta Dirección cesar en los descuentos que exceden el límite permitido, de acuerdo al artículo 58 del Código del Trabajo, lo que comunico a Ud. por oficio N°351 emitido por la sostenedora de fecha 13 de marzo del presente.

2. Que, de acuerdo lo establecido en la Ley de Organización y atribuciones de la Contraloría General de la República en el artículo 9° El Contralor General estará facultado para dirigirse a cualquiera autoridad o funcionario para impartir instrucciones relativas a la fiscalización que legalmente le corresponda, y la falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada directamente por el Contralor General con la medida disciplinaria de multa de hasta 15 días de remuneraciones, sin perjuicio de que, si lo estima procedente, puede disponerse la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable de tal omisión, hasta que se le remita los antecedentes o informes requeridos, y de acuerdo al informe N° 745/2023, se ordena ajustar los descuentos voluntarios en las remuneraciones de los funcionarios, lo que no es posible postergar.

3. Que, en lo sucesivo se aplicará el procedimiento de descuentos voluntarios en que la organización deberá pedir la autorización previa de la dirección de educación para otorgar el mismo, y así evitar nuevos ajustes en los descuentos voluntarios, lo que se informó mediante oficios de fecha 01 de julio de 2024 a todas las instituciones que sostienen convenios con esta dirección”.

Añade que la recurrida de manera arbitraria e ilegal dispuso lo que señala el punto 3 recién anotado, con lo cual infringió norma legal expresa, esto es la Ley de Cooperativas, DFL N°5 de 2004, del Ministerio de Economía, en sus artículos 54, 54 bis, 55, que trascribe.

Según la recurrente, la actuación arbitraria e ilegal que denuncia vulnera el derecho consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por cuanto la recurrida se ha negado a realizar los descuentos por planilla de las cuotas de los préstamos otorgados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito a sus dependientes, pese a la existencia de un convenio legalmente celebrado con fecha 3 de septiembre de 2013, cuya ejecución lleva ya casi largos once años. Con ello no solo infringe la ley del contrato, sino que también uno de los contenidos más básicos de la igualdad jurídica, esto es, que las normas efectivamente se apliquen a las situaciones que están llamadas a regir, y no a otras.

Añade que la recurrida ha vulnerado la igualdad ante la ley al no aplicar las normas expresas de la Ley de Cooperativas (DFL N°5 de 2004, del Ministerio de Economía) en relación con los socios de la Cooperativa recurrente que han recibido créditos en la modalidad de pago mes a mes conocida como “descuentos por planilla”, los que deben ser descontados por “DEM TOMÉ” y enviados a la recurrente para así hacer el pago de los créditos. Además, la recurrida vulnera la llamada “presunción de igualdad”, que -como regla generalísima- “exige un trato similar y sólo permite un trato diferente si aquel puede ser justificado por una razón suficiente”. De igual forma, la recurrida crea una desigualdad en perjuicio de su representada, sin que exista justificación suficiente. Por tanto, se trata de una discriminación arbitraria, prohibida por el inciso final del artículo 19 N°2 de la Constitución Política, conforme al cual “Ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias”.

Afirma que nos encontramos frente a un caso flagrante de discriminación arbitraria, emanado de un acto de no querer responder peticiones que son obligatorias de cumplir por la recurrida y que ignora la presunción constitucional de igualdad, estableciendo con infracción de ley diferencias sin razón suficiente ni finalidad legítima -por tanto, arbitrarias e inconstitucionales- y que somete a su representada a un sistema jurídico paralelo que no es aplicable a nadie más.

Afirma que la conducta descrita vulnera el derecho consagrado en el artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República, esto es amenaza el derecho de la recurrente a desarrollar su actividad económica de apoyo social. Sostiene que la garantía del numeral 21 inciso primero del artículo 19 de la Carta Fundamental asegura en los más amplios términos el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, como es la que desarrolla la Cooperativa que representa y que la acción de “DEM TOMÉ” impacta gravemente en la actividad de su representada y eleva hasta niveles extremos el riesgo del otorgamiento de créditos a sus socios que tienen créditos vigentes con su mandante y que la recurrida se niega a descontar por planilla pese a existir un convenio en tal sentido entre recurrente y recurrida, sin perjuicio de no dar cumplimento a los artículo 54, 54 bis y 55 de la ley General de Cooperativas.

Refiere que por aplicación del artículo 54 de Ley General de Cooperativas (DFL N°5 de 2004, del Ministerio de Economía) se incrementa hasta el 25% el límite de descuentos voluntarios por planilla establecido en el inciso segundo del artículo 58 del Código del Trabajo, referencia que -en su concepto- debe entenderse hecha al actual inciso tercero de la misma disposición- cuando los descuentos adicionales sean a favor de cooperativas de las que el trabajador sea socio. Expresa que el “ajuste” que señala la recurrida que debe ejecutar significaría cesar en los descuentos por planilla por una suma de $12.880.866.

Agrega que la actuación arbitraria e ilegal que denuncia vulnera también el derecho consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en cuanto amenaza el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, en la medida que con ella le impide recibir las cuotas de los préstamos, descontados a través de la modalidad de descuento por planilla de los trabajadores de la recurrida DEM TOMÉ que son socios y que tienen créditos con la Cooperativa, afectando de esta forma el patrimonio de su representada, al no poder recibir las cuotas de los créditos de los socios, con el consiguiente perjuicio.

Termina pidiendo que se acoja en todas sus partes el presente recurso, con costas, y que esta Corte ordene al Departamento de Educación de la Municipalidad de Tomé, representado por su Directora, a efectos restablecer el imperio del derecho, que realice todos los descuentos por planilla de todos los créditos de sus dependientes que tienen créditos de consumo con la Cooperativa Ahorrocoop Ltda. a contar del mes de junio de 2024; remitir los fondos retenidos por tales descuentos por planilla a la recurrente mediante depósito en la cuenta corriente N° [cuenta reservada] del Banco Crédito e Inversiones, correspondiente a la Cooperativa Ahorrocoop Ltda.; todo ello dentro de quinto día hábil desde que se acoja el presente recurso de protección, bajo apercibimiento de aplicar alguna de las medidas del numeral 15° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, y bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desacato del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, o todas aquellas que sean aplicables a su respecto por la Iltma. Corte de Apelaciones. En subsidio de las peticiones previamente indicadas, pide a esta Corte que disponga todas aquellas medidas que juzgue necesarias, pertinentes y adecuadas para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos la recurrente y que ha denunciado conculcados por la recurrida.

Informa la recurrida, Ilustre Municipalidad de Tomé, Dirección de Educación, a través de su abogado Esteban Toledo Ortiz, y reconoce la existencia del convenio de fecha 3 de septiembre de 2013 y el contenido de su clausula Cuarta, que invoca la recurrente.

Sostiene que es efectivo que se inició un proceso de ajuste en los descuentos voluntarios que se realizaba a los funcionarios dependientes de la Dirección de Educación Comunal de Tomé (en adelante la DEM) y que, así las cosas, con fecha 13 de marzo de 2024, se le notificó a la recurrente del oficio N° 351 de la I. Municipalidad de Tomé, en el cual se le explica que a raíz de una fiscalización realizada por la Contraloría General de la República, a través de su unidad de control externo, se efectúo una auditoría al pago de cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios en el DEM de Tomé entre los períodos comprendidos desde el 01 de enero de 2022 al 30 de junio de 2023, fiscalización que se materializó con fecha 22 de noviembre de 2023, y a cuyo término se emitió el informe final N° 745/2023 de la Contraloría General de la República.

Añade que el respectivo ajuste se produjo recién en junio de 2024, que por tal razón no opone la excepción de extemporaneidad del recurso, y que, en definitiva, a la recurrente se le notificó, mediante correo electrónico de fecha 15 de julio del presente año, el oficio N° 713 de fecha 11 de julio de 2024, el que contenía respuesta a su presentación de fecha 28 de junio de este año, en que solicitaba posponer el ajuste de los descuentos voluntarios que exceden el límite permitido y que se le había comunicado se realizaría con fecha 13 de marzo de 2024. Así las cosas, la recurrente estaba plenamente informada del ajuste a los descuentos voluntarios que se efectuarían al personal dependiente de la DEM de Tomé y que mantenía créditos vigentes con la recurrente, con la finalidad única de cumplir lo ordenado por la Contraloría General de la República, que a través del informe final N° 745, ya referido, ordenó a su representada, ajustar los descuentos voluntarios a los límites legales permitidos para ello, esto es, 15% sobre el total de las remuneraciones correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del artículo 58 del Código del Trabajo, y 25% sobre el total de las remuneraciones correspondientes, en consideración a lo previsto en el artículo 54 del decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas.

Añade que, en lo pertinente, el informe N° 745 de 2023 del Órgano de Control, en su acápite III.- numeral 5.-, páginas 18 y 19, expone la materia auditada y que en dicho numeral indica: “5. Descuentos voluntarios que exceden el límite legal permitido”, y señala: “Sobre la materia, a través del libro de remuneraciones del personal del DEM, se procedió a examinar un total de 1.707 funcionarios, cuyo objetivo fue determinar a quiénes se le efectuaron descuentos voluntarios durante el mes de junio de 2023, y si estas deducciones voluntarias superaron el límite legal del 15% sobre el total de las remuneraciones correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del artículo 58 del Código del Trabajo, aplicable en la especie. Asimismo, se tuvo en consideración lo previsto en el artículo 54 del decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas. Al respecto, es dable anotar que el artículo 58, recién citado, dispone en su inciso tercero, que sólo con acuerdo del empleador y del trabajador, que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso no podrán exceder del 15% de la remuneración total del trabajador, sin perjuicio de las excepciones establecidas en otros párrafos del mismo precepto.

Por su parte, el artículo 54 del referido decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, en lo que interesa para este análisis, incrementó hasta el 25% el límite de descuentos voluntarios por planilla establecido en el inciso segundo del artículo 58 del Código del Trabajo -referencia que debe entenderse hecha al actual inciso tercero de la misma disposición- cuando los descuentos adicionales sean a favor de cooperativas de las que el trabajador sea socio.

En dicho contexto, cabe precisar que en relación con los funcionarios que no son socios de cooperativas, se determinó la existencia de 141 situaciones en que los descuentos voluntarios superaron el límite legal del 15% sobre el total de las remuneraciones del personal, cuyo desglose se individualiza en el anexo N° 1.

A su vez, en cuanto a los funcionarios que son socios de cooperativas, se verificó que 269 personas sobrepasaron el límite del 15% y/o excedieron el 25% del límite legal. Ver desglose en el anexo N° 2. En su respuesta esa entidad comunal señala que, en relación con los descuentos voluntarios que exceden el límite permitido, se actualizarán los convenios con las instituciones que otorgan préstamos. Además, indica que se procederá a modificar el manual de funciones y organizaciones con el objeto de incorporar un proceso que regule y limite los descuentos al porcentaje establecido por ley.

Por otra parte, señala que en relación con los anexos N°s 1 y 2 del presente informe, existe un error en la información de acuerdo con lo declarado por la unidad de remuneraciones, acompañando antecedentes que aclararían lo señalado.

Al respecto, cabe señalar que, del análisis a los nuevos antecedentes remitidos por esa autoridad en su respuesta, se resuelve levantar la observación respecto de 118 funcionarios detallados en el anexo N° 1; y de 253 funcionarios indicados en el anexo N° 2, debiendo mantenerse la objeción en 39 casos, toda vez que los funcionarios presentan descuentos voluntarios que superan el límite legal permitido en el mes de junio de 2023.

Finalmente, en cuanto a los descuentos voluntarios que a la fecha actual exceden el límite legal permitido con instituciones en que existe convenio, la autoridad solicita un pronunciamiento respecto de las acciones que debería emplear.

En este punto, es dable hacer presente que ese municipio debe necesariamente ajustarse a los límites establecidos en la ley, en relación con los descuentos voluntarios que pueden afectar las remuneraciones de sus funcionarios, sin que obste a ello la existencia de los referidos convenios, así y en el caso que los descuentos pertinentes excedan el límite aludido, corresponderá aplicar el criterio contenido en el dictamen N° E280407, de 2022, de la Contraloría General, según el cual a falta de norma expresa sobre el orden de prelación, procede que se efectúen los descuentos voluntarios una vez deducidos los otros descuentos y según las fechas en que fueren comunicados, vale decir, el orden de preferencia lo determina el más antiguo, a la luz de los principios generales que rigen la prelación de créditos en nuestro ordenamiento jurídico.

Ahora bien, en atención a que el municipio solo informa de medidas futuras que aún no se han concretado, se mantiene lo objetado, debiendo la municipalidad informar sobre las acciones comprometidas en su oficio respuesta, ello con la finalidad de dar cumplimiento a lo prescrito en el inciso tercero del artículo 58 del Código del Trabajo, aplicable en la especie, y en el artículo 54 del decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, lo que deberá acreditar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de la Contraloría General en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe”. Destaca el apoderado de la recurrida que el subrayado se encuentra agregado en el informe de la Contraloría.

Manifiesta el informante que, conforme lo expuesto, fue la Contraloría General de la República, quien ordenó al Municipio de Tomé, Dirección de Educación Comunal, ajustarse a los límites establecidos en la ley en relación con los descuentos voluntarios que pueden afectar las remuneraciones de sus funcionarios, sin que obste a ello la existencia de los referidos convenios. Para el caso en que los descuentos excedieren dicho límite establecido, corresponderá aplicar el criterio contenido en el dictamen N° E280407, de 2022, de la Contraloría General, según el cual a falta de norma expresa sobre el orden de prelación, procede que se efectúen los descuentos voluntarios una vez deducidos los otros descuentos y según las fechas en que fueren comunicados, vale decir, el orden de preferencia lo determina el más antiguo, a la luz de los principios generales que rigen la prelación de créditos en nuestro ordenamiento jurídico.

Afirma que fue en cumplimiento a la orden emanada del órgano de control que se efectuaron los ajustes de los descuentos voluntarios a los máximos legales para tal efecto, en el caso de la recurrente al 25% sobre el total de las remuneraciones correspondientes, conforme lo previsto en el artículo 54 de la Ley General de Cooperativas.

Destaca que el municipio de Tomé se encuentra obligado, constitucional, legal y normativamente a supeditarse a los dictámenes emanados de la Contraloría General de la República y que se encuentra subordinado al principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, y reiterado en el artículo 2° de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración del Estado. Expresa que también debe ajustar sus actuaciones a la interpretación que de la Constitución y de la Ley efectúa la Contraloría General de la República, organismo que, mediante su Control de Legalidad, fiscaliza los actos de la administración del Estado, fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos que determinen las leyes, conforme lo mandata el artículo 98 de la Carta Fundamental y lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, en sus artículos 52 y 53, que reitera que el actuar de los municipios se supeditará al control de legalidad de la Contraloría General de la República, mismo mandato que se consagra en el artículo 9° de la Ley 10.336 Orgánica Constitucional de Contraloría General de la República en cuanto consagra la obligatoriedad de sus dictámenes para los funcionarios correspondientes.

Refiere que, atendido lo expuesto, la recurrida no ha incurrido en las arbitrariedades e ilegalidades que se le atribuyen, por cuanto ha obrado en cumplimiento a lo ordenado por el Órgano de Control y que, en consecuencia, tampoco ha existido la vulneración o amenaza en los derechos que la recurrente indica, máxime si la obligación de pago de la respectiva cuota de los créditos de aquellos funcionarios a quienes no se les retendrá en más allá del 25% por encontrarse excedidos en los descuentos, subsiste a su respecto con la recurrente, siendo todos los funcionarios debidamente notificados de ello.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, ahora bien, y acorde con lo sintetizado en la sección expositiva precedente, lo que corresponde dilucidar es la existencia o no de un acto ilegal y/o arbitrario con motivo de la actuación realizada por el Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Tomé, en cuanto a su negativa, a contar de julio de 2024, de efectuar los descuentos por planilla de las cuotas de los préstamos de sus dependientes y que les fueron otorgados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito, pese a la existencia de un convenio legalmente celebrado entre recurrente y recurrida con fecha 3 de septiembre de 2013, cuya existencia y términos no fueron controvertidos por las partes del presente recurso.

TERCERO: Que en relación a la actuación que se reprocha a la recurrida, debe decirse que su actuación se enmarca en lo ordenado por la Contraloría General de la República, tras efectuar un proceso de control en dicho Municipio en el cual detectó en lo que concierne al asunto que nos convoca, “que en relación con los funcionarios que no son socios de cooperativas, se determinó la existencia de 141 situaciones en que los descuentos voluntarios superaron el límite legal del 15% sobre el total de las remuneraciones del personal, cuyo desglose se individualiza en el anexo N° 1. A su vez, en cuanto a los funcionarios que son socios de cooperativas, se verificó que 269 personas sobrepasaron el límite del 15% y/o excedieron el 25% del límite legal”, y que del análisis de la los nuevos antecedentes remitidos a dicho Órgano de Control se levantó la observación respecto de 118 funcionarios detallados en el anexo N° 1 de su informe y de otros 253 funcionarios indicados en el anexo N° 2 del mismo documento, pero mantuvo la objeción en 39 casos, en los cuales los funcionarios presentaban descuentos voluntarios que superaban el límite legal permitido en el mes de junio de 2023.

Por ello, en virtud de las irregularidades detectadas en el proceso de fiscalización y que culminó con el informe N° 745 de 2023 de la Contraloría General de la República, dicha institución ordenó al municipio ajustarse a los límites establecidos en la ley, en relación con los descuentos voluntarios que pueden afectar las remuneraciones de sus funcionarios, sin que obste a ello la existencia de los referidos convenios. Así, y en el caso que los descuentos pertinentes excedan el límite aludido, corresponderá aplicar el criterio contenido en el dictamen N° E280407, de 2022, de la Contraloría General, según el cual a falta de norma expresa sobre el orden de prelación, procede que se efectúen los descuentos voluntarios una vez deducidos los otros descuentos y según las fechas en que fueren comunicados, vale decir, el orden de preferencia lo determina el más antiguo, a la luz de los principios generales que rigen la prelación de créditos en nuestro ordenamiento jurídico, orden que incluso le fue subrayado en dicho informe a la fiscalizada.

CUARTO: Que, al respecto cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, en cuanto dispone, en su inciso tercero, que “sólo con acuerdo del empleador y del trabajador, que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso no podrán exceder del 15% de la remuneración total del trabajador”.

La norma recién transcrita se relaciona, en lo que atañe al presente recurso con lo dispuesto en el artículo 54 del Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 2003, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que dispone “Artículo 54: “Incrementase hasta el 25% el límite de descuentos voluntarios por planilla establecido en el inciso segundo del artículo 58 del Código del Trabajo, cuando los descuentos adicionales sean a favor de cooperativas de las que el trabajador sea socio, siempre que la suma de los descuentos del referido inciso tercero, y de los descuentos para vivienda autorizados por el inciso primero del mismo artículo 58 del Código mencionado, no exceda del 45% de la remuneración total del trabajador.”

Para luego añadir el Artículo 54 bis del mismo cuerpo normativo, en lo pertinente que: “Tratándose de funcionarios del sector público, el límite para los descuentos voluntarios por planilla establecido en el artículo 96 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, o bien el límite contemplado en el artículo 95 de la ley N° 18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, será del 25% cuando los descuentos adicionales sean a favor de cooperativas de las que el funcionario sea socio”.

En ese orden de ideas y constatada que lo fue por parte de ente fiscalizador la infracción a los citados preceptos, y en uso de las facultades que les son propias, en su informe final N° 745-2023, ya mencionado, le impartió instrucciones precisas al municipio de Tomé a efectos de que efectuara los ajustes necesarios para dar cabal cumplimiento a la normativa indicada.

QUINTO: Que, por lo demás, la recurrida debía dar pronto y cabal cumplimiento a lo prescrito por el Órgano de Control, toda vez que el artículo 9 de su Ley de Organización y Atribuciones dispone que “El Contralor General estará facultado para dirigirse directamente a cualquier Jefe de Oficina o a cualquier funcionario o persona que tenga relaciones oficiales con la Contraloría o que le haya formulado alguna petición, a fin de solicitar datos e informaciones o de dar instrucciones relativas al Servicio. El Contralor podrá solicitar de las distintas autoridades, jefaturas de Servicios o funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeño de sus labores y podrá, también, dirigirse a cualquiera autoridad o funcionario para impartir instrucciones relativas a la fiscalización que legalmente le corresponda”.

Añade el mismo precepto en su inciso segundo que “La falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada La falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada directamente por el Contralor General con la medida disciplinaria de multa de hasta quince días de remuneraciones, sin perjuicio de que, si lo estima procedente, pueda disponerse la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable de tal omisión, hasta que se le remitan los antecedentes o informes requeridos”.

SEXTO: Que, de las normas reproducidas se desprende que al proceder como lo hizo la recurrida, esto es enviar a Ahorrocoop Limitada el correo electrónico de fecha 15 de julio de 2024 por el cual le comunicó que no continuaría efectuando los descuentos “por planilla” de las cuotas de los préstamos que sus trabajadores habían contraído con dicha Cooperativa de Ahorro y Crédito, pese a la existencia del convenio suscrito entre las partes el 3 de septiembre de 2013 y que se había ejecutado por largo tiempo, no incurrió en ilegalidad o arbitrariedad alguna, pues con ello simplemente se limitó a dar cumplimiento no solo a la Ley, sino que también a las directrices impartidas por la Contraloría General de la República.

De lo dicho fluye que no existieron las afectaciones a alguna de las garantías constitucionales que invocó amagadas el recurrente, por cuanto cualquiera que hubiera sido la entidad que estuviera en el lugar de Ahorrocoop Limitada, el DEM TOME habría tendido que proceder de la misma forma, esto es con apego a la normativa vigente, lo que descarta cualquier infracción a las garantías de igualdad ante la ley o a su derecho a desarrollar la actividad económica para la cual fue creada. Por lo demás, la recurrida dejó en claro que les notificó a sus dependientes que sin perjuicio de que no efectuaría los descuentos “por planilla”, igual quedaban subsistentes sus obligaciones de pagar las cuotas faltantes de sus respectivos créditos, de forma tal que la recurrida en caso alguno atentó contra el derecho de propiedad que la recurrente adujo que también la había sido vulnerado por el DEM TOME.

Descartada la existencia de alguna ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, solo cabe concluir que la acción cautelar no puede prosperar.

SEPTIMO: Que, a lo dicho, cabe añadir que la recurrente en su libelo más bien le reprocha al Departamento de Educación Municipal de Tomé un incumplimiento del convenio suscrito en el año 2013 y por el cual este último se comprometió a descontar de las remuneraciones de sus trabajadores las cuotas por concepto de los créditos que éstos hubieran contraído con la Cooperativa recurrente, reclamo éste -supuesto incumplimiento contractual- que excede el ámbito de la acción conservativa que nos ocupa, siendo otra la sede (una de carácter declarativa) donde debe desenvolverse la controversia, dándole así a los litigantes las posibilidades reales y efectivas de hacer valer sus derechos en disputa, lo que suma una nueva razón para desestimar la acción cautelar impetrada.

OCTAVO: Que, conforme lo que se ha venido razonando, y atendidas las circunstancias particulares del caso, el recurso no habrá de prosperar, según se pasa a indicar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Financieros Ahorrocoop Diego Portales Limitada, también denominada Ahorrocoop Limitada, en contra del Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Tomé.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro suplente Héctor Plaza Vásquez.

Rol N°18.590-2024.- Protección.