nombre reservado con FALABELLA S. A.

Concepción, trece de septiembre del año dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, comparece Pablo Dionisio Fuentes Sánchez, abogado, en representación de nombre reservado, kinesióloga, interponiendo recurso de protección en contra de Banco Falabella S.A., con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Señala que con fecha 16 de enero del año 2017, la recurrente presentó procedimiento concursal de liquidación voluntaria de bienes, al alero de la Ley 20.720, tramitándose en causa ROL C-147-2017 del 2° Juzgado de Letras en lo Civil de Concepción, el que terminó el 24 de mayo del año 2023, añadiendo que logró conseguir un trabajo formal y fundar su propia empresa, con la que hasta el día de hoy ejerce el comercio, encontrándose auto-contratada, percibiendo ingresos mensuales superiores a $1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos), sin embargo, todos los bancos y casas comerciales le han cerrado la oportunidad de aperturar cuentas corrientes y créditos bancarios por su historial comercial anterior.

Indica que el 12 de julio del año en curso solicitó al Banco Falabella aperturar tarjeta de crédito, solicitud que fue rechazada el mismo día por “incumplir el nivel mínimo de riesgo de aprobación previsto en el análisis del riesgo establecido por el emisor”, no obstante haberse acompañado toda la documentación que exige el banco, que acreditan el cumplimiento de los requisitos para poder optar a aperturar tarjeta de crédito.

Reclama que la negativa a la solicitud de la recurrente fue conocida el día 12 de Julio del año 2024, a través de correo electrónico de parte de correo reservado, agregando que la recurrida con su actuar ilegal y/o arbitrario infringe la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, pues la recurrida aplicó un trato discriminativo o de exclusión, no obstante haber resuelto su problema de sobre endeudamiento hace más de 7 años. Además, la actitud ilegal o arbitraria de la recurrida, perturba la garantía amparada en el Artículo 19 N° 21, es decir, el derecho a desarrollar actividades económicas de la recurrente.

Concluye solicitando tener por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida Banco Falabella y, en definitiva, ordenara la contratación y el otorgamiento de los productos solicitados en los términos habituales respecto al trato para cualquier persona.

SEGUNDO: Que, comparece Sebastián Llona Solís de Ovando, abogado, en representación de Banco Falabella S.A., quien controvierte las consideraciones de hecho y de derecho contenidas en la acción de protección de autos.

Reclama que la recurrente no ha señalado cuál es el acto ilegal o arbitrario que le imputa a la recurrida ni por qué tendría dicha característica, ni mucho menos por qué el mismo es contrario a derecho o deriva de un mero capricho, agregando que no consta en autos cuál fue la solicitud crediticia planteada ni se ha demostrado cuáles son los requisitos y su cumplimiento a efectos de aperturar la línea de crédito solicitada, ni cómo la supuesta negativa del Banco se sustentan en un acto contraria a derecho o a un mero capricho, razón por la cual queda en evidencia que, en los presentes autos, no existe un acto ilegal u arbitrario.

Explica que para otorgar o rechazar solicitudes de créditos se efectúa un análisis, el cual se funda en criterios comerciales que son objetivos y estandarizados para todas las personas que quieran aperturar una línea de crédito de acuerdo a los factores comerciales que corresponden, descartándose por tanto un acto discriminatorio, contrario a derecho y/o a un mero capricho por parte de Banco Falabella, quien detenta las facultades para analizar las condiciones comerciales de los potenciales clientes y verificar, en cada caso, si se cumplen o no las políticas de riesgo de la compañía, en base a los antecedentes comerciales vigentes de cada uno de ellos y a los productos bancarios a los que se pretende acceder.

Hace presente que no existe prueba respecto de la efectividad de los hechos denunciados, añadiendo que la respuesta de Banco Falabella, según consta de los documentos acompañados por la recurrente, corresponde a que no se verificaría un nivel mínimo de aprobación previsto en los análisis de riesgo del emisor, como consta de la respuesta emitida de 13 de julio de 2024, por lo que no queda sino rechazar la acción de protección por no dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el legislador para que una acción cautelar pueda prosperar.

Menciona que el Banco Falabella detenta las facultades para analizar las condiciones comerciales de potenciales clientes y verificar, en cada caso, si se cumplen o no las políticas de riesgo de la compañía, en base a los antecedentes comerciales vigentes de cada uno de ellos y a los productos bancarios a los que se pretendería acceder, mediante el análisis de su comportamiento y su pago histórico, motivo por el cual la negativa de la recurrida se encuentra legalmente amparada, pudiendo por tanto legítimamente tomar la determinación que mediante la acción de estos autos se pretende impugnar, de forma tal que no se cometió ninguna arbitrariedad al rechazar la apertura de una línea de crédito a la Recurrente, puesto que dicho rechazó se habría sustentado en que la recurrente no cumplía, al momento de su solicitud, con las condiciones generales y objetivas de contratación que el banco comunica a todo el público mediante su página web, siendo idénticos requisitos los que se exigen a cualquiera que pretenda contratar sus diversos servicios financieros.

Sin perjuicio alega la falta de oportunidad del recurso respecto del derecho que se reclama como vulnerado, pues a la fecha de la presentación del informe, se ha constatado que la recurrente no tiene impedimentos para la apertura de productos en Banco Falabella y que el otorgamiento de cada uno de ellos se encuentra sujeto a la evaluación crediticia de la clienta al momento de solicitarlo.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

CUARTO: Que, para que proceda el recurso de protección se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último; d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

QUINTO: Que, acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él; es la no existencia de razones que justifiquen una actuación o voluntad no gobernada por la razón: Vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos.

Acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídica. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil y la privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o limites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho será privado o perturbado.

SEXTO: Que, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la recurrida y, establecido aquello, si tal actuación u omisión ha producido en la recurrente una perturbación, privación o amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección, en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que el propio recurrente indica como vulneradas en su libelo pretensor.

SÉPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes, en especial del documento de folio 7, de tres de septiembre del año en curso, extendido por Banco Falabella en donde certifica que “la Sra. nombre reservado, Rut: RUT reservado, a esta fecha no tiene impedimentos para aperturar productos en nuestra institución, añadiendo que El otorgamiento de productos está sujeto a evaluación crediticia de la clienta al momento de solicitarlo”, es posible estimar que el motivo por el cual se recurre de protección ya no existe, pues la recurrida ha señalado que no hay impedimento alguno para que la actora pueda aperturar productos en dicha institución.

Conforme a lo anterior, es claro que la conducta que motivó la interposición del arbitrio constitucional ya no existe, razón por la cual la acción de protección ha perdido oportunidad, no existiendo medidas que esta Corte pudiere adoptar, a través de esta vía proteccional, de naturaleza cautelar y de emergencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección intentado por el abogado Pablo Dionisio Fuentes Sánchez en representación de nombre reservado en contra de Banco Fallabella S.A.

Oportunamente dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del citado Auto Acordado.

Regístrese y comuníquese.

Redactada por el ministro señor Jordán.

No firma el ministro señor Rafael Andrade Díaz, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente con feriado.

Rol N° 18551-2024 – Protección.