nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

C. A de Concepción.

Concepción, veintiuno de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

nombre reservado, empresario, en representación de Transportes Los Robles Limitada, ambos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos de la ciudad de Concepción representado por su Director nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Expone que la empresa que representa se dedica al transporte de carga por carretera, el que se realiza en el área forestal. Asimismo, hace presente que se le dio la oportunidad de comprar un bosque, para lo cual con fecha 11 de diciembre de 2020, realizó una ampliación de giro ante el Servicio de Impuestos Internos, donde se le solicitó una serie de documentación, la cual acompañó para acreditar el giro. Sin embargo y para su sorpresa, a la fecha no se le ha autorizado el giro, además de que le han bloqueado su giro principal, que es el transporte de carga por carretera, lo que le impide facturar su trabajo, cobrar por sus servicios, comprar petróleo para sus camiones y pagar los sueldos de sus trabajadores.

Refiere no comprender la actitud del servicio recurrido, toda vez que presentó el reclamo correspondiente. No obstante ello, le indicaron tener 7 días para contestarlo, en circunstancias que por obligación debe facturar el día 21 de diciembre, ya que si no lo hace no podrá pagar sueldos ni menos dar aguinaldo a sus trabajadores.

Agrega que el servicio debería ser más amigable con el empresario, considerándolo como un aporte para el país y como un socio estratégico, pero la realidad es que se le considera un enemigo al cual se le obstaculiza el camino, además de expresar que tanta burocracia le genera rabia e impotencia, porque al parecer a los funcionarios de la recurrida no les importa su situación, escudándose en los plazos legales, y estimando que los hechos relatados vulneran sus garantías consagradas en el artículo 19 N° 2, 21° y 22° de la Constitución Política de la República.

En base a lo expuesto, solicita se ordene a dicho organismo autorizar y timbrar las facturas electrónicas de la empresa recurrente para que pueda desarrollar su actividad económica, todo con costas en caso de oposición.

Informa nombre reservado, en representación del recurrido Servicio de Impuestos Internos, quien viene en acompañar el informe emitido por el Director Regional de la Octava Dirección Regional Concepción del Servicio de Impuestos Internos, don nombre reservado, el que señala:

Que, la Sociedad Transportes Los Robles Limitada, dio aviso de inicio de actividades con fecha 01.10.2019, informando como giros o actividades económicas la de "Extracción de Madera” y la de “Transporte de Carga por Carretera”, efectuando por ambas actividades operaciones afectas al Impuesto al Valor Agregado, en los términos previstos en el D.L N° 825 de 1974 e informando en esa oportunidad como domicilio, domicilio reservado.

Expone, que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 8 ter, del Código Tributario, complementado por las instrucciones impartidas por ese Servicio en la Circular N° 10, de 1998, para poder obtener autorización de folios para la emisión de documentos tributarios electrónicos, los contribuyentes deben acreditar tanto la existencia del domicilio informado, como que disponen de los medios para realizar las actividades informadas, de conformidad con las instrucciones impartidas para tal efecto por el Servicio de Impuestos Internos. De esta forma, el 10.12.2019, la contribuyente solicitó, el trámite de verificación de actividades, quedando habilitada para la emisión de documentos tributarios electrónicos, bajo la condición de acompañar los antecedentes que acreditaran sus giros, dentro del plazo de 3 meses, lo que no efectuó.

Añade, que con fecha 16.11.2020, en el contexto de una petición administrativa de la actora en la cual solicitó ser autorizada para emitir Facturas de Compra Electrónicas, el fiscalizador actuante constató que no se había dado cumplimiento al trámite de verificación de actividades, razón por la cual procedió a registrar en el sistema informático de esa repartición el resultado negativo de dicho trámite, lo que trajo como consecuencia que la contribuyente no pudiera seguir obteniendo folios para la emisión de documentación tributaria electrónica. Asimismo, en esa misma fecha, la recurrente solicitó una nueva verificación de actividades, quedando al igual que la primera vez, habilitada para la emisión de documentación tributaria electrónica, bajo la condición de acompañar los antecedentes que acreditaban la misma, hasta el 09.12.2020, ya que, sino el sistema informático le impediría automáticamente la emisión de la documentación respectiva. Ante lo cual, el mismo día solicitó, por tercera vez, el trámite de verificación de actividades, pero en dicha oportunidad el sistema no le permitió emitir la documentación tributaria electrónica, hasta acompañar los antecedentes que acreditaran sus giros.

Menciona que el 15.12.2020, la recurrente informó una ampliación de giro, incorporando a los ya registrados, el de "Venta al por mayor de madera en bruto y productos primarios de la elaboración de madera”, actividad por la que también realizará actividades afectas al Impuesto al Valor Agregado, por lo que la autorización para emisión de documentos también queda sujeta al trámite de verificación de actividades. Sin embargo, como aún no había acompañado los antecedentes que permitieran tener por verificadas las primeras actividades informadas, se encontraba impedida de emitir documentos tributarios electrónicos.

Hace presente que, entre el 09.12.2020 y el 17.12.2020, la actora envío y retiró, a través de internet, en reiteradas oportunidades los antecedentes relativos a la acreditación de sus actividades, lo cual imposibilitó la revisión de los antecedentes por parte de ese Servicio. No obstante ello, con fecha 22.12.2020, se procedió a la revisión manual de los antecedentes, oportunidad en la que se verificó positivamente las actividades por ella declaradas, quedando, en consecuencia, habilitada para la emisión de documentación tributaria electrónica.

Por otra parte, viene en alegar la improcedencia de la acción interpuesta, toda vez que el presente recurso habría perdido oportunidad, por cuanto conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando, por causa de algún acto u omisión arbitrario o ilegal, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos del artículo 19 de la Carta Fundamental, en los números que éste señala. Sin embargo, en el caso de autos, se observa que recién al 22 de diciembre pasado, se tuvo por cumplido el trámite de verificación de actividades, razón por la cual, la recurrente, desde esa fecha se encuentra habilitada para obtener folios y emitir, sin ningún problema documentos tributarios electrónicos.

Sostiene además, la inexistencia de arbitrariedad y/o ilegalidad en la actuación impugnada, toda vez que sometió su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, actuando válidamente dentro de sus competencias y en la forma que prescribe la Ley, según lo dispuesto en el inciso primero, del artículo 6° de la Carta Fundamental, lo que guarda estricta relación con el artículo 7° del mismo cuerpo normativo y con lo prescrito en el artículo 2° de la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, además de los artículos 1° y 6°, del Código Tributario, y el artículo 1°, de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, que señala que le corresponde a ese organismo, la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos, actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter, en que tenga interés el Fisco, y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente.

Agrega como normativa aplicable al caso de autos, el artículo 8 ter, del aludido Código, el que establece que: “En el caso de los contribuyentes que por primera vez deben emitir dichos documentos [tributarios], la autorización procederá previa entrega de una declaración jurada simple sobre la existencia de su domicilio y la efectividad de las instalaciones que, de acuerdo a la naturaleza de las actividades o giro declarado por el contribuyente, permitan el desarrollo de los mismos, efectuada en la forma y por los medios que disponga el Servicio. Lo anterior es sin perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización del Servicio.” En consecuencia, no existe acto arbitrario o ilegal alguno, por cuanto, la recurrente debía dar cumplimiento al trámite de la verificación de actividades a efecto de quedar habilitada para la emisión de documentación tributaria electrónica; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 ter, del Código Tributario, y las instrucciones impartidas por ese Servicio mediante la Circular N° 10, de 1998.

Cita en apoyo a su posición la sentencia de esta Iltma. Corte dictada en autos Rol N° 7425-2019, y la Sentencia de la Iltma. Corte de Santiago, dictada en autos Rol N° 66.149-2018.

Arguye que, respecto de la infracción de las garantías previstas en los N° 2° y 22°, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, para analizar una eventual vulneración de los derechos fundamentales en comento, resulta necesario aportar prueba en tal sentido, tal como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, entre otras, en sentencia dictada en autos Rol N° 16.660-2017. Por tanto, es menester, que la recurrente demuestre que, respecto de ella se ha efectuado un trato desigual en comparación con otros en su misma situación o en una situación similar. Ahora bien, respecto de la infracción de la garantía prevista en el N° 21, del artículo 19 de la Carta Fundamental, estima que no habiendo cumplido la recurrente con el trámite de la verificación de actividades, establecido en el artículo 8 ter del Código Tributario, no resulta posible denunciar la afectación de este derecho; toda vez que, dicha garantía resguarda el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, siempre y cuando esta sea realizada con respeto a las normas que la regulen, hipótesis en la que no se encuentra la recurrente.

Concluye señalando, que la acción de autos no debiese prosperar, ya que la recurrente se encuentra habilitada para emitir documentos electrónicos, de manera que la acción interpuesta ha perdido toda oportunidad. Por tanto, no existe una actuación arbitraria y/o ilegal por parte de ese Servicio y consecuencialmente, malamente puede existir vulneración de las garantías fundamentales denunciadas como conculcadas por el recurrente.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1.- El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de esta acción la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, es decir, que sea producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

2.- Del mérito de expuesto por la recurrente y entidad recurrida, unido a los antecedentes acompañados por ambos, si bien resulta ser efectivo que el primero no se encontraba habilitado para emitir folios y, por ende, documentos electrónicos, ello aconteció porque el Servicio de Impuestos Internos debía previamente verificar las actividades que inició, de conformidad a la normativa legal y reglamentaria vigente. En efecto, el artículo 8 ter, del Código Tributario establece que: “En el caso de los contribuyentes que por primera vez deben emitir dichos documentos, la autorización procederá previa entrega de una declaración jurada simple sobre la existencia de su domicilio y la efectividad de las instalaciones que, de acuerdo a la naturaleza de las actividades o giro declarado por el contribuyente, permitan el desarrollo de los mismos, efectuada en la forma y por los medios que disponga el Servicio. Lo anterior es sin perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización del Servicio”, regulación que debe ser complementada con las instrucciones impartidas por ese Servicio mediante la Circular N° 10, de 1998.

3.- En consecuencia, no ha existido acto arbitrario o ilegal por parte de la recurrida, ya que el recurrente debía dar cumplimiento al trámite de la verificación de actividades a efecto de quedar habilitado para la emisión de documentación tributaria electrónica, lo que conduce al rechazo de la presente acción constitucional.

4.- De otro lado, una vez cumplido el trámite por la contribuyente, el Servicio con fecha 22 de diciembre de 2020 lo habilitó para obtener folios y poder emitir documentación electrónica tributaria, razón por la cual el recurso ha perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por nombre reservado, en representación de Transportes Los Robles Limitada, en contra del Servicio de Impuestos Internos de Concepción.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Rodrigo Cerda San Martin.

No firma la ministro Matilde Esquerré Pavón, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol Protección 18518-2020.