nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRO

Concepción, doce de noviembre dos mil veinticuatro.

Vistos:

En estos autos Rol N°18.483-2024 del Libro Protección de esta Corte de Apelaciones, compareció nombre reservado, e interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (en adelante SUSESO); en contra la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Región Metropolitana (en adelante COMPIN); “y contra quien resulte responsable” por las acciones supuestamente ilegales y arbitrarias que describe en su recurso.

Expuso, en síntesis, que, por las razones que, latamente señala en su recurso, el médico nombre reservado le sugirió que solicitara pensión de invalidez, donde inicialmente se declaró un 57% de incapacidad, pero en razón que la aseguradora apeló, se concluyó que su porcentaje de invalidez es igual a 34%, reconociendo la presencia de lesiones crónicas e irreversibles.

Agrega que posteriormente inició un segundo trámite de declaración de invalidez, quedando ejecutoriado el 24 de enero de 2024, con un 53% de menoscabo, siendo este el ultimo dictamen dictado en relación a su capacidad, por lo tanto es hasta esta fecha en que según establece la Circular N°3.433 de 03 de julio 2019 de la Superintendencia de Seguridad Social que se le tiene que pagar las licencias presentadas.

Sin embargo, dice que desde el primer dictamen, se estableció que su cuadro ya no corresponde a incapacidad laboral transitoria, no pudiéndose autorizar las licencias médicas reclamadas. Precisa que el último dictamen es el R-01-DFS-107128-2024, de 07 de julio de 2024, en el cual se ratificó que sus licencias médicas números RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; 81891896-8; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; no debían ser pagadas.

Agrega que ante la situación del reposo prescrito, concurrió el 19 de febrero de 2024 a la Superintendencia referida, solicitando la reconsideración de los dictámenes números R-01-UME-113789-2023, R-01-IBS-166049-2023 y R-01-UME0914-2024, de fechas 29 de julio de 2023, 18 de diciembre de 2023 y 17 de enero 2024, mediante los cuales se confirmó lo resuelto por la Subcomisión Biobío- COMPIN Región del Biobío, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; 81891896-8; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; 91746057-4, 95034882-8, extendidas por un total de 255 días a contar del 13 de noviembre de 2022, por reposo no justificado, las cuales fueron rechazadas, recurriendo de reposición a la COMPIN, pero dicho recurso no fue acogido por parte de la COMPIN Región Metropolitana, que es la recurrida de autos.

Añade que además reclamó a la citada comisión médica por confirmar el rechazo de las licencias médicas números 91746057-4 y 95034882-8, extendidas por un total de 60 días bajo la misma causal de rechazo.

Explica que la conclusión de la Superintendencia se basa en que según los antecedentes médicos y administrativos analizados, no es posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuanto su patología ha sido declarada irrecuperable.

Indica que la Circular N°2C/134, de 24 de junio de 1985, del Ministerio de Salud, ha señalado que mientras dure el trámite de calificación de invalidez, en este caso concreto, vale decir hasta que se emita el dictamen definitivo (24 de enero 2024) y este se encuentre legalmente ejecutoriado, se deberán continuar autorizando las licencias médicas del trabajador y pagando el subsidio correspondiente cuando cumple con los requisitos legales habilitantes.

Refiriéndose a argumentos de derecho, expresa, en lo medular, que la jurisprudencia reiterada de la Superintendencia, en concordancia con la Circular W2C/134, de 24 de junio de 1985, del Ministerio de Salud, ha señalado que mientras dure el primer trámite de calificación de invalidez y hasta que se emita el dictamen definitivo y éste se encuentre legalmente ejecutoriado, se deberán continuar autorizando las licencias médicas del trabajador y pagando el subsidio correspondiente, cuando se cumple con los requisitos legales habilitantes.

Arguye que, al carecer de una manifiesta falta de fundamentos, las Resoluciones Exentas números R-01-IBS-86781-2023 y R-01-IBS-20654-2024, emitidas en Santiago con fecha 29 de junio de 2023 y 5 de febrero de 2024 respectivamente, por la SUSESO, se tornaron arbitrarias y, además, en ilegales.

Precisa que en la especie se han vulnerado sus garantías constitucionales, en especial el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; la igualdad ante la ley; y el derecho de propiedad sobre el derecho a la salud.

Concluye solicitando que se acoja este recurso y se ordene acoger las licencias señaladas en dicha presentación, y ordenar el pago a su persona; que en subsidio o conjuntamente con lo anterior, se dispongan las medidas necesarias que estime esta Corte para el pleno restablecimiento de sus derechos, todo ello con costas del recurso.

Informó nombre reservado, Presidente (s) SUBCOMPIN Delegación Biobío de la Región del Biobío, quien señaló, en lo esencial, que se realizó una revisión de las licencias médicas identificadas, y ante nuevos antecedentes como el dictamen ejecutoriado del Tramite de Pensión de Invalidez el acta de esta y Resolución Exenta N° R-01-DFS-107128-2024 del 07-07-2024, ellos permiten justificar la extensión del reposo médico, cumpliendo un rol terapéutico, por lo cual se autorizaron las siguientes licencias médicas: Folio N° RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado:81891896-8; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado.

Acompañó a su informe el expediente administrativo correspondiente a la materia de autos.

Informó nombre reservado, en su calidad de mandatario judicial del Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana (SEREMI de Salud R.M.), y a su vez en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), quien señaló, en síntesis, que, al revisar la cartola médica, y los antecedentes en los sistemas informativos de esa repartición pública, las licencias médicas reclamadas por la usuaria nombre reservado, fueron tramitadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Biobío (código 85), debiendo solicitarse informe a dicha Subcomisión, al tenor de lo que corresponda, sobre el rechazo de las licencias médicas indicadas en el recurso de protección.

Informó nombre reservado, Presidente (S) de la Comisión Médica Central, quien expresó, en lo medular, que la solicitud de la recurrente fue acogida por la Comisión Médica Regional, la que mediante Dictamen de Invalidez N°023.2008/2022, le otorgó un porcentaje global del 57% de menoscabo laboral o pérdida de la capacidad de trabajo, debido a la configuración de “impedimento por columna degenerativa, diabetes mellitus e hipertensión arterial”.

Aclara que contra dicho dictamen reclamó la recurrente, de modo que se elevaron los antecedentes ante esa Comisión Médica Central y ésta, mediante Resolución C.M.C. N°8123/2022, acordó someter a trámite la apelación; revocar el dictamen de invalidez; y resolver que no procede otorgar invalidez, considerando que las enfermedades alegadas como invalidantes le provocan un 34% de pérdida de su capacidad de trabajo, es decir, menos que el 50%.

Posteriormente la recurrente interpuso un recurso de reposición administrativo en contra de lo resuelto, impugnación que fue rechazada mediante Resolución CMC N°10522/2022.

En una época posterior, el 6 de marzo de 2023, la afiliada suscribió su segunda solicitud de pensión y calificación de invalidez, la que fue tramitada por la Comisión Médica Regional de Los Ángeles. En esa oportunidad, mediante Dictamen de Invalidez N°023.2764/2023, dicha Comisión Médica acordó declarar la invalidez total definitiva a favor de la afiliada, representada por la pérdida de un 83% de su capacidad de trabajo, sobre la base de la configuración de impedimentos por columna degenerativa, diabetes mellitus y trastorno de adaptación, mediante Dictamen de Invalidez N°023.2764/2023.

Precisa que contra dicho dictamen de invalidez apelaron las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia, pues consideraron sobrevalorado el menoscabo de la capacidad de trabajo.

Explica que esa Comisión Médica Central acordó acoger el reclamo; revocar el dictamen de invalidez; y resolver que procede otorgar invalidez parcial transitoria, con un 53% de pérdida de la capacidad de trabajo. Todo ello, mediante Resolución CMC N°10/2024.

Junto a su informe remite copia del expediente de invalidez de la afiliada recurrente.

Informó Sebastián De La Puente Hervé, abogado, en representación de la recurrida la Superintendencia De Seguridad Social, quien, en primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso, señalando al efecto que la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 6 de agosto de 2024, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento la actora ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la citada COMPIN de los formularios que indica en su informe. En efecto, en virtud de la presentación de 23 de febrero de 2023 que realizó la actora, en la cual acompañó los antecedentes sobre los rechazos de las licencias reclamadas, consta que los mencionados formularios fueron rechazados previamente por la señalada COMPIN, con conocimiento de la recurrente, en una fecha anterior a la de su presentación ante esa Superintendencia.

Por lo anterior, dice, se evidencia que ya desde más de 17 meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, la actora ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias, máxime si estos formularios fueron emitidos a contar de octubre de 2022. Lo anterior, máxime si con fecha 5 de junio de 2023, solicitó la reconsideración de la Resolución Exenta N° R-01-UME-68101- 2023 Santiago, 22 / 05 / 2023.

Agrega que si la actora estimaba que las resoluciones de la COMPIN y de la ISAPRE que rechazaron las licencias en comento, adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir ante esta Corte tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

En segundo lugar alega la improcedencia de esta acción constitucional, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Informando sobre el fondo de lo debatido, expresa que tras la aprobación de las últimas licencias médicas de la actora, consta evidentemente que el cuadro que aqueja a ésta ha evolucionado en forma crónica y la incapacidad que le provoca no es modificable con reposo.

Dice que esta conclusión se basa en que, según los antecedentes médicos y administrativos analizados, no es posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuando su patología ha sido declarada irrecuperable. Que, cabe agregar que el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 04 de noviembre de 2022, concluyó en un porcentaje de menoscabo de su capacidad de trabajo igual a 34%, el que si bien, reconoce la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, estas no son suficientes para acceder a una pensión de invalidez, en los términos señalados en el D.L. N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de 1326 días. Posteriormente inicia un segundo trámite, que quedó ejecutoriado el 24 de enero de 2024, con un 53% de menoscabo, sin embargo, desde el primer dictamen, su cuadro ya no corresponde a incapacidad laboral transitoria, por lo que no procede autorizar las licencias reclamadas Por tanto, su capacidad residual de trabajo, es suficiente para reintegrarse a sus labores habituales, no siendo admisible que haga uso de licencias médicas, máxime si éstas fueron rechazadas por reposo injustificado, toda vez que ya hizo uso de este tipo de formularios por un largo período.

Añade que, en efecto, con posterioridad a las licencias reclamadas dio cuenta de su capacidad residual de trabajo, incorporándose a trabajar, por lo que se confirma mayormente lo dictaminado por ese Servicio.

Indica que conforme a lo indicado en el artículo 1° del D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

Arguye que su representada ha señalado reiteradamente que una persona declarada inválida que ha vuelto a trabajar con su capacidad residual de trabajo, puede tener derecho a presentar licencias médicas, en las oportunidades en que dicha incapacidad residual se vea temporalmente afectada, sea por una de las patologías por la que fue declarada inválida u otra distinta.

Dice que en todo caso, para que una persona demuestre que tiene capacidad residual de trabajo, es necesario que con posterioridad a la obtención de la pensión de invalidez se haya reincorporado efectivamente a trabajar y que luego sufra una incapacidad laboral que afecte dicha capacidad residual, por la misma u otra patología, que lo aleje temporalmente del trabajo al que se había reincorporado.

Concluye solicitando el rechazo del recurso, por las razones sintetizadas previamente.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile constituye, jurídicamente, una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de los derechos y/o las garantías-preexistentes- protegidas; consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto;

2°) Que antes que todo, la SUSESO alegó la extemporaneidad y la improcedencia de la acción cautelar entablada por no ser la vía idónea y por tratarse de materias de seguridad social.

En relación a la extemporaneidad, expresa que si la actora estimaba que las resoluciones de la COMPIN y de la ISAPRE que rechazaron las licencias en comento, adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir ante esta Corte tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esa institución de control.

Al respecto debe decirse que esta primera alegación no puede prosperar, pues lo reclamado son las últimas resoluciones dictadas por la SUSESO, desde las cuales no han transcurrido el plazo para ejercer esta acción constitucional, no debiendo olvidarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, este recurso puede ejercerse sin perjuicio de otros derechos, por lo que la actora no se encontraba obligada a recurrir de protección en contra de las primeras resoluciones de la COMPIN, pues perfectamente pudo, y lo hizo, agotar la vía administrativa para impugnar las decisiones reprochadas por esta vía extraordinaria.

En cuanto a la alegación de improcedencia, esta también debe ser rechazada, pues se ha invocado por la recurrente como vulnerado el numeral 24 del referido artículo 19, que sí se encuentra amparado por el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República y, a mayor abundamiento, esta última disposición establece que la interposición del recurso de protección es sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Así las cosas, la improcedencia alegada también debe ser desestimada;

3°) Que tal como se señaló en lo expositivo de este fallo, la actora señala, en síntesis, que la jurisprudencia reiterada de la Superintendencia, en concordancia con la Circular W2C/134, de 24 de junio de 1985, del Ministerio de Salud, ha señalado que mientras dure el primer trámite de calificación de invalidez y hasta que se emita el dictamen definitivo y éste se encuentre legalmente ejecutoriado, se deberán continuar autorizando las licencias médicas del trabajador y pagando el subsidio correspondiente cuando cumple con los requisitos legales habilitantes.

Arguye que, al carecer de una manifiesta falta de fundamentos, las Resoluciones Exentas N° R-01-IBS-86781-2023 y R-01-IBS-20654-2024, emitidas en Santiago con fecha 29 de junio de 2023 y 5 de febrero de 2024, respectivamente, por la SUSESO, éstas se tornan en arbitrarias y, además, en ilegales;

4°) Que al informar la COMPIN hizo una reseña cronológica de los exámenes y dictámenes médicos en relación a la actora, concluyendo que, finalmente, la Comisión Médica Central acordó acoger el reclamo; revocar el dictamen de invalidez; y resolver que procede otorgar invalidez parcial transitoria, con un 53% de pérdida de la capacidad de trabajo. Todo ello, mediante Resolución CMC N°10/2024.

Por su parte, la SUSESO, tal como se dijo en lo expositivo de este fallo, sostiene que el cuadro que aqueja a la actora ha evolucionado en forma crónica, y que la incapacidad que le provoca no es modificable con reposo, por lo cual no es posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuando su patología ha sido declarada irrecuperable. Que, cabe agregar que el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 04 de noviembre de 2022, concluyó en un porcentaje de menoscabo de su capacidad de trabajo igual a 34%, el que si bien, reconoce la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, estas no son suficientes para acceder a una pensión de invalidez, en los términos señalados en el D.L. N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de 1326 días. Posteriormente inicia un segundo trámite, que quedó ejecutoriado el 24 de enero de 2024, con un 53% de menoscabo, sin embargo, desde el primer dictamen, su cuadro ya no corresponde a incapacidad laboral transitoria, por lo que no procede autorizar las licencias reclamadas Por tanto, su capacidad residual de trabajo, es suficiente para reintegrarse a sus labores habituales, no siendo admisible que haga uso de licencias médicas, máxime si éstas fueron rechazadas por reposo injustificado, toda vez que ya hizo uso de este tipo de formularios por un largo período.

Añade que, en efecto, con posterioridad a las licencias reclamadas dio cuenta de su capacidad residual de trabajo, incorporándose a trabajar, por lo que se confirmaría mayormente lo dictaminado por ese Servicio;

5°) Que conforme a lo indicado en el artículo 1° del D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo necesario para la autorización de las licencias médicas, es la posibilidad cierta que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, con su capacidad residual de trabajo.

Por otra parte, una persona declarada inválida que ha vuelto a trabajar con su capacidad residual de trabajo, que es lo que ocurrió en la especie con la recurrente, puede perfectamente tener derecho a presentar licencias médicas, en las oportunidades en que dicha incapacidad residual se vea temporalmente afectada, ya sea por una de las patologías por la que fue declarada inválida u otra distinta;

6°) Que así las cosas, si el reposo otorgado por las licencia médicas reclamadas, le permitió a la actora reincorporarse a su trabajo, aun estando con el grado de invalidez parcial ya señalado, significa, al contrario de lo señalado por la SUSESO, que ellas sí se justificaban, tal es así que posteriormente pudo volver a trabajar, lo que estaba haciendo al menos hasta el momento de los informes;

7°) Que, en consecuencia, el rechazo por parte de la SUSESO a las reclamaciones de la actora, importa que la negativa final a la cobertura de las licencias médicas cuyo reposo le permitió reincorporarse a trabajar, resulta ser arbitraria e ilegal por parte de dicha entidad, y vulnera el derecho de propiedad de la actora, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República de Chile, pues el rechazo de las licencias médicas ya individualizadas constituye una privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por motivos de enfermedad, razón por la cual esta acción constitucional debe ser acogida, en los términos que se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se rechazan, sin costas, las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia del presente recurso de protección;

II.- Que se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Región Metropolitana;

III.- Que se acoge, sin costas, esta acción constitucional en lo que dice relación con la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se dejan sin efecto las Resoluciones Exentas números R-01-UME-113789-2023, R-01-IBS-166049-2023 y R-01-UME-09414-2024, de fechas 29 de julio de 2023, 18 de diciembre de 2023 y 17 de enero de 2024, mediante los cuales se confirmó lo resuelto por la Subcomisión Biobío- COMPIN Región del Biobío, y, en consecuencia, la SUSESO deberá emitir otra resolución en la cual se autoricen las licencias médicas números RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; 81891896-8; RUT reservado;RUT reservado; RUT reservado;RUT reservado;RUT reservado; RUT reservado; 91746057-4 y 95034882-8, individualizadas en lo expositivo de este fallo, como asimismo en el recurso y en los respectivos informes.

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Redacción del ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

Rol N° 18.483-2024. Protección.-