nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,

C.A. de Concepción Concepción, cinco de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, asistente jurídico, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el Oficio N° 83.401 de 3 de junio de 2022 emitido por el jefe del Departamento de Previsión Social y Personal, en la parte que no da lugar a la devolución de una suma de dinero debidamente reajustada.

En cuanto a los antecedentes del recurso, sostiene que ingresó en calidad de contrata al Poder Judicial, en el cargo de oficial 3° del Juzgado de Letras del Talcahuano, cargo en que fue nombrada por el Decreto N°25, de 24 de noviembre de 1981, pasando a la calidad de Titular en el cargo en marzo de 1981, cargo en el que se desempeña hasta la fecha.

Señala que, por un error administrativo, desde el primer mes de trabajo -diciembre de 1981- se le descontó de su remuneración una suma de dinero por concepto de desahucio, establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 338, de 1960, y que ascendía a 5,29% del sueldo base más la asignación de antigüedad, incrementado en un 13,05% en virtud del DL 3501.

Sostiene que, dicho descuento se materializó de manera ininterrumpida hasta enero de 2020, época en la cual se detectó, por parte de la Unidad de Personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, dicho error, por lo que presentó una solicitud al Contralor Regional del Biobío, con fecha 10 de agosto de 2021, bajo el folio N°84.235, en la que solicitó la devolución de los montos descontados, adjuntando al efecto un informe de detalle de pagos, por desahucio, elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en las que se establecen las sumas descontadas, por un valor nominal de $5.167.186.-, la que debidamente reajustada alcanza el monto de $ 11.275.598.-tal y como se estableció en el referido informe.

Agrega que, con fecha 18 de noviembre de 2021 se le notifica, por carta certificada, el Oficio N°84.465/21, emitido por el jefe del Departamento de Previsión Social y Personal, en la que se ordena a la Tesorería General de la República la devolución de dicho dinero en su valor nominal, sin reajustes ni intereses, es decir, por la suma $5.176.897.-, señalando como fundamento de tal decisión la inexistencia de norma legal que autorice tales incrementos.

Señala que tal decisión, a su juicio, carece de fundamento jurídico, pues la devolución de las sumas en su valor reajustado es lo que corresponde de acuerdo a nuestro ordenamiento legal.

En base a lo anterior, sostiene que la decisión de no ordenar el reajuste de las sumas respectivas, constituye un acto ilegal y, además, arbitrario.

Justifica lo anterior, en una serie de leyes especiales que han establecido la reajustabilidad de determinadas prestaciones, tales como impuestos, cotizaciones, pensiones, devoluciones tributarias, remuneraciones, rentas de arrendamiento, precios de viviendas económicas, avalúo de bienes raíces, entre otras, por lo que debe entenderse que el espíritu de nuestra legislación es el de la reajustabilidad de todas las prestaciones de dinero.

Sostiene, que más específicamente, en materia de seguridad social, las imposiciones, aportes o dividendos descontados de las remuneraciones de los trabajadores, y no enterados por los empleadores en las respectivas instituciones de previsión social, también están sujetas a la reajustabilidad, conforme al artículo 22 de la Ley N° 17.322. Lo mismo ocurre, en el ámbito laboral, en que las remuneraciones que se adeudares a los trabajadores se pagarán reajustadas.

Por lo anterior, sostiene que se puede colegir que estando ante una obligación restitutoria de sumas de dinero, en el ámbito de lo remuneracional y de seguridad social, resulta imperativo interpretar las normas legales aplicables a este caso en el sentido de que es procedente la reajustabilidad de tal obligación restitutoria en favor del trabajador o funcionario, ello en consideración también a razones de equidad, según las cuales no resulta justo restituir al patrimonio del empleado inocente un poder adquisitivo de una cuantía inferior a la que salió de dicho patrimonio con motivo de un descuento erróneo, señala alguna jurisprudencia que avala su tesis.

En cuanto a las garantías conculcadas, sostiene que se han lesionado las del N° 2° y 24°, ambas del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide, se acoja el recurso, se deje sin efecto la decisión de ordenar la devolución de dichas sumas de dinero en su valor nominal, disponiendo en su reemplazo que deberá efectuarse la devolución de dichas sumas debidamente reajustadas.

A folio 6 informa César Miguel Deramond Rubio, abogado, en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y señala que, doña nombre reservado, R.U.N. RUT reservado, actual Oficial 2° titular del Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, ingresó al servicio judicial el 29 de diciembre de 1982 y desde su liquidación de sueldos correspondiente a enero de 1983, la Oficina de Presupuesto de aquella época inicio el descuento del desahucio respectivo contemplado en el D.F.L. 338, de 1960, montos que se enteraron en la Tesorería General de la República, conforme lo ordenaba la normativa para empleados públicos.

Indica que, se detectó́ el año 2020 que no correspondía el citado descuento, considerando que con fecha 01 de mayo de 1981 entró en vigencia el D.L. 3.500, de 1980, que creó el sistema de Capitalización Individual y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, nuevo sistema que no contempla el régimen de desahucio.

Continúa señalando que, en virtud de ello, se suspendió́ el referido descuento a contar de las remuneraciones del mes de febrero de 2020, procediéndose a la confección de un informe –por parte de Unidad Encargada de Remuneraciones– que refleja los montos descontados mes a mes por concepto de desahucio hasta enterar un total de $5.167.186, para su presentación a la Contraloría General de la República a objeto de solicitar la devolución de ese descuento indebido, por encontrarse doña nombre reservado afecta al D.L. 3.500, que no contempla régimen de desahucio para los empleados públicos.

Indica finalmente que, la Contraloría General de la República, el 18 de noviembre de 2021 comunicó a la Sra. nombre reservado que su Departamento de Previsión Social y Personal ordenó a la Tesorería General de la República la devolución de la suma de dinero descontada indebidamente, pero en su valor nominal, sin reajuste ni intereses, por no existir precepto legal que autorice esos incrementos.

A folio 17 complementa su informe señalando que, según la hoja de vida de la Sra. nombre reservado, ella ingresó al servicio judicial en un empleo a contrata el 24 de noviembre de 1981 e ingresó a la planta el 1 de enero de 1983.

Indica que, según planilla rectificatoria “DETALLE DESAHUCIO DESCONTADO INDEBIDAMENTE” remitida ahora por la Administración Zonal en Concepción de la Corporación Administrativa, firmada por el Encargado de Remuneraciones don nombre reservado, se efectuó́ a la Sra. nombre reservado un total de $5.177.179 por descuentos para desahucio, desde diciembre de 1981 (no sólo desde enero de 1983) hasta enero de 2020 inclusive.

Acompaña antecedentes al efecto.

A folio 8 informa la Contraloría General de la República, a través de su fiscal Doris Elizabeth Roa Moraga, indicando que, en el recurso -dirigido erróneamente contra el oficio N° 83.401, de 2022- la actora impugna el oficio N° E386488, de 29 de agosto de 2023, de este origen, que desestimó su reclamación en contra del oficio N° 2.708, de 18 de noviembre de 2021, mediante el cual esta Entidad de Control, ordenó restituirle los montos que fueron deducidos de su remuneración por concepto de cotizaciones para desahucio, sin reajustes.

Al respecto, señala que, entre diciembre de 1981 y enero de 2020, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, descontó́ de las remuneraciones de la actora, montos en concepto de cotizaciones al fondo de desahucio regulado en el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, del Ministerio de Hacienda, en circunstancias que, desde mayo del año 1981, se encontraba vigente el decreto ley No 3.500, aplicable al personal administrativo del Poder Judicial, que estableció un nuevo sistema de pensiones y que no contempla normas sobre desahucio.

Indica que, en virtud de lo anterior, con fecha 10 de agosto de 2021, la señora nombre reservado solicitó la devolución de los montos indebidamente descontados, adjuntando para ello un informe detallado de las sumas descontados mensualmente, en concepto de aportes al Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos, durante el período antes mencionado, elaborado por el Encargado de Remuneraciones de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Concepción.

Continúa señalando que, ante dicha solicitud, la Contraloría General de la República, mediante el oficio N° 2.708, de 18 de noviembre de 2021, instruyó a la Tesorería General de la República la restitución a la recurrente de la suma de $5.176.897.

Señala que, luego, con fecha 14 de abril de 2022, la señora nombre reservado ingresó una nueva presentación ante esta Entidad de Control, indicando que en la suma que le fue restituida no se tomaron en cuenta los intereses y reajustes, solicitando que se ordene dichos montos.

Explica que, dicha solicitud fue desestimada por ese Organismo de Control, a través del oficio N° E386488, de 29 de agosto de 2023, fundado en que la restitución de los montos deducidos indebidamente por concepto de cotizaciones para desahucio es en su valor nominal, ya que no existe norma que expresamente autorice la aplicación de la reajustabilidad e intereses a aquellos montos.

En este contexto, la señora nombre reservado interpone el presente recurso de protección en contra del citado oficio N° E386488, de 2023, por estimar que dicho pronunciamiento vulneraria los derechos garantizados en los Nos 2, y No 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando a V.S. lltma. “dejar sin efecto la decisión de ordenar la devolución de los montos descontados en su valor nominal, disponiendo en su reemplazo que deberá́ efectuarse la devolución de las simas de dinero debidamente reajustadas”.

Sostiene la recurrida que, el oficio impugnado no puede ser ilegal, puesto que la intervención de la Contraloría General respecto de la solicitud de la recurrente se enmarca en lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 10.336, que establece que “corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen”.

Sostiene además que, la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo con la habilitación que las mencionadas normas han otorgado a la Contraloría General, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico.

Indica que, tampoco el oficio recurrido es arbitrario, toda vez que sus conclusiones constituyen el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legitima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones.

Finalmente, en lo relativo a la improcedencia de las alegaciones efectuadas, en lo medular, señala la recurrida que no procede la devolución de las sumas de dinero, por concepto de montos indebidamente descontados de las remuneraciones de la actora, con reajustes, por no existir norma expresa ni autorización legal para que dicha entidad aplique reajustabilidad e intereses a aquellos montos indebidamente enterados por los funcionarios, en la creencia, equivocada, de haber estado aportando fondos para acceder al beneficio de desahucio.

Señala que el razonamiento anterior es acorde con la jurisprudencia administrativa, citando el dictamen N° 30.354 de 1977 y N° 54.937 de 2009.

Finalmente señala que, el actuar de ese Órgano Fiscalizador, mediante la emisión de los oficios N° 2.708, de 2021, que determinó la devolución de los montos mal enterados en su valor nominal a la recurrente, y N° E386488, de 2023, que desestimó la solicitud de la recurrente de una devolución reajustada de los montos que le fueron descontados indebidamente, no ha sido otro que aquél exigido legalmente, siendo inviable la aplicación de mecanismos de reajustabilidad a dicho dinero, toda vez que ello implicaría una extralimitación en las atribuciones que la legislación ha otorgado a esta Contraloría General; considerando además, que las normas de Derecho Público son de derecho estricto y por ende, deben interpretarse restrictivamente.

Finalmente concluye que no habrían derechos constitucionales conculcados con su actuar.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido establecido como una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar los derechos garantizados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que perturban, privan o amenazan a su titular en el legítimo ejercicio de tales derechos, mediante la adopción de las medidas de resguardo que resulten necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que en estos autos ha recurrido doña nombre reservado, pidiendo que las sumas descontadas, erróneamente, de su remuneración mensual desde su ingreso al Poder Judicial, es decir desde diciembre de 1981 hasta enero de 2020, le sean devueltas más los reajustes de dicho período, por cuanto la Contraloría General de la República, en el oficio que constituye el acto recurrido, señala que no procede la devolución de las sumas de dinero, por concepto de montos indebidamente descontados de las remuneraciones de la actora, con reajustes, por no existir norma expresa ni autorización legal para que dicha entidad aplique reajustabilidad e intereses a aquellos.

TERCERO: Que de acuerdo a lo anterior, lo sustancial del asunto a resolver, en el caso en concreto, radica en determinar si es o no necesaria la existencia de una norma que en forma expresa ordene la devolución de las sumas de dinero, erróneamente descontadas de la remuneración de la actora, con reajustes, para que sea así ordenado por la recurrida.

CUARTO: Que, primeramente es necesario señalar que se le llama reajuste a todas aquellas correcciones que se le hace a una moneda corriente, con el fin de restaurar el poder adquisitivo que ésta tenía en sus inicios. Por lo anterior, mediante el reajuste, sólo se actualiza el valor de la moneda de curso legal, adquiriendo, por el ende, el reajuste, la misma naturaleza o idéntica condición que la suma que corrige, no siendo un anexo o accesorio de este, ni un aumento ni una prestación independiente.

QUINTO: Que corresponde analizar entonces si, para la reparación del daño sufrido por la recurrente, procede la devolución de las sumas en su monto nominal o, debidamente reajustado ese valor, en orden a nivelar el poder adquisitivo de dichas sumas de dinero.

Que como ya ha dicho esta Corte, desde la perspectiva del valor nominal, frente al valor real o de adquisición de la moneda, no cabe duda que optar por el valorismo, y no por los postulados nominalistas, en los tiempos modernos y con la realidad económica existente, que ha quedado demostrado en los últimos años, es la única forma de lograr una uniformidad en el ordenamiento jurídico interno, que garantice el cumplimiento y apego a principios básicos y generales, transversales en el ámbito del derecho, no sólo dentro de la normativa nacional, sino también de la externa.

En efecto, la teoría nominalista ha cedido ante la valorista, teniendo como base el principio de la buena fe.

En la actualidad, tanto principios generales de derecho interno, como normas de orden internacional, obligan a optar por la teoría valorista, como son la reparación integral del daño, la justicia y equidad, el enriquecimiento sin causa de una parte y de la otra el detrimento patrimonial sin causa, entre otros tantos.

Así, la doctrina nominalista, pareciere ser solo sostenible frente a preceptos legales que expresa o manifiestamente dispongan un pago o restitución en igual número de monedas.

Desconocer la aplicación inherente del reajuste a las obligaciones de dinero, como en el caso concreto de autos, importaría un quebrantamiento a los principios generales antes señalados y, por otro lado, generar una desigualdad con otras materias del ordenamiento jurídico, por falta de texto expreso, en evidente perjuicio de la recurrente, lo que no es permitido en nuestro ordenamiento legal.

SEXTO: Que, lo dicho se corrobora con el propio dictamen N° 54.937 de 5 de octubre de 2019, emanado de la Contraloría General de la República, y citado por la recurrida en su informe, que en lo pertinente señala: “Debe observarse, en este punto, que el señor nombre reservado y doña nombre reservado, nunca tuvieron derecho a impetrar desahucio, toda vez que al momento de su ingreso o reingreso a la Administración Pública se encontraban afiliados a una administradora de fondos de pensiones y no les era aplicable la disposición contenida en el antes citado artículo 13 del D.L. Nº 3.501, de 1980. Por consiguiente, sus remuneraciones no pudieron ser objeto de descuento alguno para este fin. De este modo, dichos servidores tendrían que haber solicitado al servicio empleador la restitución de las sumas, indebidamente deducidas de sus remuneraciones por el concepto indicado, petición que debieron efectuar dentro del plazo de prescripción de cinco años que prevé el artículo 2.515 del Código Civil, tal como lo ha señalado de modo reiterado la jurisprudencia de esta Entidad de Control a través entre otros, de los dictámenes Nº 26.845, de 1988, 11.749, de 2004 y 35.145, de 2009.

Sin embargo, considerando las especiales circunstancias que concurren en la especie y de acuerdo con los principios protectores que informan nuestro ordenamiento jurídico en materias ligadas a la seguridad social, es dable estimar que resulta procedente devolver a los interesados las sumas incorrectamente descontadas, no obstante haber trascurrido el aludido término de prescripción.

En efecto, ante el hecho de una deducción indebida, que ha sido realizada por una manifiesta equivocación de la respectiva autoridad, que indujo a los afectados a estimar que estaban en condiciones de ser titulares del mencionado derecho a desahucio, corresponde proceder a su resarcimiento, por cuanto, conforme a lo establecido por la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N.º s 19.096, de 2000, 5.116 y 42.649, ambos en 2008, todos de esta Entidad de Control, un error de la Administración no puede provocar un perjuicio –en este caso de alcance patrimonial– al funcionario que ha actuado de buena fe y con el convencimiento de haber procedido dentro de un ámbito de legitimidad, como ocurre en las situaciones de que se trata.

Lo contrario, por lo demás, representaría un enriquecimiento sin causa para aquélla, que no debe aprovecharse de sus propios errores, teniendo en consideración que las cotizaciones fueron descontadas de las remuneraciones de los funcionarios y no constituyeron aportes del servicio empleador.

En consecuencia, con el mérito de lo expuesto, es necesario concluir que corresponde devolver todas las cotizaciones que se integraron erróneamente al Fondo de Seguro Social, respecto de los funcionarios en comento, sin aplicar la normativa de prescripción extintiva establecida en el artículo 2.515 del Código Civil. La referida restitución de los montos erróneamente cotizados deberá hacerse en su valor nominal, sin reajustes ni intereses, ya que no existe normativa que autorice dichos incrementos.”.(lo subrayado es nuestro).

SEPTIMO: Que a mayor abundamiento, como ha dicho la Excma. Corte Suprema: “…el reajuste de una obligación cuyo objeto consiste en la prestación de dar una suma o monto de dinero determinado, lleva implícita la actualización del valor nominal de la misma, debido a la disminución del poder adquisitivo que suele afectar a la moneda de curso legal como consecuencia de la depreciación relativa que, a causa de la inflación, esta sufre durante el transcurso del tiempo.

En efecto, la reajustabilidad, por su propia naturaleza, no constituye un accesorio del capital, ni menos un aumento del mismo que pudiera considerarse como enriquecimiento, sino que tan sólo representa un factor de actualización destinado a mantener a salvo su capacidad adquisitiva proporcional en el mercado de bienes y servicios. (Rol N° 33.334-20)

OCTAVO: Que, el descuento erróneo de las remuneraciones mensuales de la recurrente, por casi 39 años, lesionaron de forma objetiva su patrimonio, lo que conculcó su derecho de propiedad reconocido y protegido a nivel constitucional en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de La República, y siendo la única forma de lograr una reparación real y efectiva de su patrimonio mermado la devolución de dichas sumas con los reajustes correspondientes, que actualicen el valor adquisitivo de los dineros con los que no pudo contar durante todo ese tiempo, por un error no imputable a ella, es precisamente lo que se ordenará en esta sentencia.

NOVENO: Que, finalmente, como lo señala la recurrida, fluye de los documentos acompañados en autos, que la presente acción se ha dirigido erróneamente contra el oficio N° 83.401 de 3 de junio de 2022, siendo lo correcto que lo que impugna la recurrente es el oficio N° E386488, de 29 de agosto de 2023, que desestimó su reclamación en contra del oficio N° 2.708, de 18 de noviembre de 2021, mediante el cual la Contraloría General de la República, ordenó restituirle los montos que fueron deducidos de su remuneración por concepto de cotizaciones para desahucio, sin reajustes.

DECIMO: Que, por toda la argumentación ya señalada en los considerandos precedentes, la presente acción constitucional será acogida, como se dirá.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por doña nombre reservado, en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, y se ordena que las sumas de dinero dispuestas devolver mediante Oficio N° 2.708, de 18 de noviembre de 2021, lo sean con los correspondientes reajustes informados por la empleadora de la recurrente, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, los que se aplicaran hasta la fecha efectiva de pago.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactó el abogado integrante José Andrés Valenzuela Farías, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol N° 18.470-23. Protección.