nombre reservado con DIRECCIÓN NACIONAL DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE

C.A. de Concepción Concepción, veintiocho de enero de dos mil veinticinco.

VISTO:

PRIMERO: Que comparece el abogado, Sr. Cristian Alejandro Sobarzo Sanhueza, abogado, quien interpone recurso de protección en contra de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile, representado por el General don nombre reservado, por el acto administrativo Ordinario N.C.U. 208626928, emanado de la Dirección Nacional de Personal, por medio de la cual se ordenó el traslado del recurrente, nombre reservado a contar del 16.06.2024, desde la Tenencia Hualqui de la 7ª Comisaría de la Prefectura Concepción N° 18, a la 51ª Comisaría de la Prefectura Rinconada, con los derechos reglamentarios; y en contra de la resolución del Director Nacional de Personal contenida en el Documento Electrónico N° 211431343, de fecha 30.07.2024, por medio del cual resolvió no acceder a la solicitud de reconsideración presentada en tiempo y forma, en contra de la referida resolución N.C.U. 208626928, vulnerándose con ellos los derechos fundamentales que se encuentran garantizados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile (CPR), en específico, del inciso 1° del número 1°, que garantiza “El derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona”; y el inciso 1° del numeral 2°, que garantiza “La igualdad ante la ley”.

Expone, que el recurrente cuenta con 17 años de servicio efectivos en Carabineros de Chile, y que su última lista de calificación fue “Uno, de MÉRITOS”, con un puntaje asignado de 122 puntos; que en la actualidad, el recurrente no se encuentra sometido a procesos disciplinarios o judiciales, formalizado y/o acusado por el Ministerio Público en proceso penal alguno; que, durante el desarrollo de su carrera profesional ha cumplido funciones como Carabinero de Orden y Seguridad en distintas Unidades del país, siendo la última destinación la Tenencia Hualqui de la Prefectura Concepción, Unidad donde ha cumplido con todos los aspectos profesionales para desempeñar las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República, leyes y normativas reglamentarias institucionales, atendiendo a las necesidades del servicio, planificación estratégica institucional y a la comunidad toda; que consta en las calificaciones anuales y anotaciones en la hoja de vida, que el recurrente ha destacado siempre por un irrestricto apego al régimen disciplinario que rige a la Institución, obteniendo en el último proceso calificatorio un puntaje sobresaliente de 122 puntos, lo que da cuenta del cumplimiento cabal de todos los factores y Subfactores que la institución espera de un Carabinero; que, no obstante lo anterior no se puede desconocer el hecho que el recurrente se vio involucrado en un proceso judicial que dio origen a una medida administrativa expulsiva; y, por ende, al correspondiente sumario administrativo tendiente a establecer responsabilidades administrativas, proceso sumarial que ya se encuentra cerrado, firme y ejecutoriado, el cual determinó la total y completa inocencia del recurrente, ya que los hechos no revestían de la gravedad, trascendencia ni importancia para la aplicación de la medida disciplinaria más lesiva del ordenamiento jurídico institucional, además que el proceso judicial, se encuentra concluido y archivado sin siquiera haber sido formalizado por delito alguno, por lo que castigar una conducta que ya está resuelta administrativamente con un traslado, sin ponderar las circunstancias familiares, personales y de salud del suscrito y su grupo familiar, parece ser injusto y merece ser reconsiderado por este tribunal, que desde su etapa de formación y de perfeccionamiento ha destacado por ser un funcionario proactivo, que propicia el buen clima laboral, y que acata las órdenes del mando relativas al servicio policial.

Refiere que el recurrente esta casado, siendo su cónyuge y que fruto de ese vínculo marital nació una hija de actuales 11 años de edad, que cursa 5º Año Básico en el colegio Luis Amigo de Concepción, a cuyo respecto ambos padres ejercen el cuidado personal y la patria potestad, cooperándose mutuamente en las labores de crianza y educación, compatibilizando sus roles parentales. Señala además, que el recurrente es padre de crianza del hijo de su cónyuge, de 22 años de edad, y que cursa primer año de la carrera de Técnico en Construcción en INACAP Concepción, por lo que es posible concluir que el grupo familiar del recurrente, en la actualidad, está compuesto por su cónyuge y ambos hijos, encontrándose radicados en la ciudad de Hualpén; que de mantenerse el traslado dispuesto, se originará un episodio grave de disgregación familiar, toda vez que, por el interés superior de los hijos, y principalmente de la niña, que presenta determinadas afecciones de salud, no es prudente que el grupo familiar cambie su entorno habitual.

Expone, que la hija del recurrente padece de asma persistente controlada, y que dada dicha condición, los médicos especialistas tratantes sugieren que se la niña se mantenga en la región donde actualmente reside, dado el riesgo de mal control del asma, lo que se traduce en la estabilidad en cuanto a salud que le genera la zona territorial donde actualmente reside la niña y no tiene relación a controles médicos; que en tal sentido, los profesionales de la salud han sido enfáticos en señalar que la comuna de Hualpén ha favorecido su condición de salud, la cual se verá empeorada en la zona a donde se pretende destinar al recurrente; que además la niña padece de rinosinusitis – bronquitis y que está diagnosticada con una pansinusitis crónica; que los profesionales médicos tratantes sugieren mantener una estabilidad y continuidad con su equipo para el éxito de su tratamiento, por lo que un cambio de entorno o de ciudad, sin duda irá en desmedro de la recuperación de la hija y podría agravar su condición de salud y que los profesionales tratantes han sido claros en recomendar que se evite un traslado a Santiago, considerando los antecedentes de asma de la menor, pues ello sería muy perjudicial para su salud, por el cambio de clima, calidad ambiental y porque además se perdería la continuidad de sus controles médicos.

En cuanto a la situación habitacional del grupo familiar, refiere que habitan un inmueble arrendado en la comuna de Hualpén, pagando un canon de $450.000; que dicha vivienda que alberga a todo el grupo familiar y reúne todas las condiciones de confort y seguridad necesarias para vivir dignamente, permitiendo tener buena conectividad con los establecimientos educacionales y centros de salud.

En lo relativo a la situación socio económica, indica que, de materializarse el movimiento de personal dispuesto por la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, la situación económica del recurrente se verá sustancialmente empeorada producto del gran detrimento patrimonial que ello irrogaría, por cuanto, traerá aparejado la pérdida de algunos beneficios económicos, como por ejemplo la asignación de zona, lo cual, sumado al hecho de tener que incurrir en otros gastos tales como arriendo, colegio, tratamientos médicos, sin duda perjudicará de sobre manera el bienestar familiar, Agrega, que, el recurrente se mantuvo con la medida administrativa de baja de las filas de la Institución, mientras se sustanciaba el sumario administrativo ya referido, y que pese a no contar con red de apoyo y habiendo mermado considerablemente su situación económica, decidieron como familia mantenerse en Concepción, haciendo prevalecer la salud de la hija en común y su interés superior.

En cuanto a la resolución N.C.U. 208626928, refiere la actuación del recurrido contraviene de forma expresa los principios de fundamentación de los actos administrativos, por no satisfacer el cumplimiento del deber general de motivar los actos administrativos, por no expresar de forma clara y precisa, los hechos que le dan origen, infringiendo de tal manera el deber general de motivación que deben cumplir los actos administrativos, según lo dispuesto en el inciso 2° del Artículo 11 de la Ley N° 19.880, lo que de manera específica ha sido reconocido por la Contraloría General de la República en Dictamen N° 7.444, de 2011; que la posibilidad de consideración de situaciones especiales está contemplada por la propia normativa de Carabineros de Chile, y que aún cuando su parte reconoce la potestad legal y reglamentaria que recae en el General Director, y por delegación de éste en el Director Nacional del Personal de Carabineros de Chile, de ubicar al personal y trasladarlo, potestad que, sin embargo, debe fundarse en criterio de igualdad, equidad y objetividad, debiendo considerarse los aspectos personales de cada funcionario, por cuanto lo contrario, puede influir indirectamente en el desempeño de tan esencial y delicada función policial, siendo por este motivo que la propia Institución regula dichos movimientos de personal a través del Manual de Traslados para el Personal De Carabineros, Aprobado por la Orden General N° 2.707 (en especial el numeral 2.4.2).

Reitera que con las actuaciones recurridas se han infringido los numerales 1º y 2º de la Constitución Política de la República, las normas que regulan los traslados contienen elementos que posibilitan la consideración de situaciones especiales, en concreto, la Orden General N° 2707 de 13 de noviembre de 2019 (Manual de Traslados para el Personal de Carabineros) en su numeral 2.4, y que son ilegales por cuanto la Dirección del Personal no observó lo prescrito en los artículos 11 y 41 inciso 3 e inciso 4 primera parte de la ley de bases del procedimiento administrativo N° 19.880.

Solicita que este tribunal deje sin efecto el Documento Electrónico Ordinario N.C.U. 208626928, emanado de la Dirección Nacional de Personal, por medio de la cual se ordena el traslado del recurrente, a contar del 16.06.2024, desde la Tenencia Hualqui 16 de la 7ª Comisaría de la Prefectura Concepción N° 18, a la 51ª Comisaría de la Prefectura Rinconada, con los derechos reglamentarios; que se condene al recurrido a pagar las costas de la presente acción de protección; y que adopten las demás medidas que se estimen pertinentes.

INFORMÓ nombre reservado, General Inspector de Carabineros, Director Nacional de Personal quien señala, que mediante la Orden N° 85, de 28.06.2024, de la Dirección Nacional de Personal (publicada en el Boletín Oficial N° 5124, de 01.07.2024), se dispuso el traslado de diferentes funcionarios, entre ellos del recurrente, a contar del 16.06.2024, desde la Tenencia Hualqui de la 7a Comisaría de la Prefectura Concepción, N° 18, a la 51a Comisaría de la Prefectura Santiago Rinconada, con los derechos reglamentarios; que luego de ser notificado el recurrente de la citada orden, se manifestó no conforme, y presentó solicitud de reconsideración, la que fue resuelta por orden del Director Nacional de Personal a través del Documento Electrónico N.C.U. 211431343, de 29.07.2024, del Departamento Personal de Nombramiento Institucional (P.2.), de la Dirección de Gestión de Personas de su dependencia, denegándose la solicitud; que con fecha 30.07.2024, el Suboficial Mayor nombre reservado, notificó personalmente al funcionario del contenido íntegro del citado documento electrónico; que, de acuerdo a lo informado por el Comisario de la 7a Comisaría Chiguayante, el actor aún no ha sido despachado al lugar de su destinación.

Indica, que la facultad de trasladar al personal institucional y los derechos que de ella emanan, se encuentran debidamente regulados por la legislación, reglamentación y normativa interna de Carabineros de Chile, la cual resulta aplicable indistintamente al Personal de Nombramiento Supremo e Institucional, que el artículo 31 de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, establece que le corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial; que lo anterior, se ve reafirmado en el artículo 10, del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros Beneficios, N° 9, al indicar que los traslados del personal de la Institución serán dispuestos por el General Director, a través de la Dirección Nacional de Persona; que el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, aprobado mediante la Orden General N° 2.707, de 13.11.2019, tiene como finalidad definir, ordenar, regular, coordinar, resolver la ejecución e implementación del Proceso Anual de Traslados para todo el personal de los distintos escalafones institucionales, junto con establecer los procedimientos de rigor; que el referido manual, determina en forma clara y precisa las políticas institucionales relativas a los traslados, pudiendo mencionarse, entre otras consideraciones, que todo miembro de la Institución, de cualquier grado y escalafón, por el sólo hecho de ingresar a la misma, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas a Carabineros de Chile por la Constitución Política de la República, leyes y reglamentos, atendiendo a las necesidades del servicio; que la señalada obligación tiene variados alcances, entre los cuales cabe consignar aquel que se relaciona con el sistema jerárquico y disciplinario de Carabineros de Chile, que se fundamenta en la obediencia y acatamiento de las normas y disposiciones existentes, destacándose la facultad que posee el órgano institucional competente para disponer los traslados que sean necesarios para el cumplimiento de los fines e intereses institucionales; que bajo este contexto y en tomo a la prerrogativa esgrimida, la reiterada jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida en sus dictámenes N° 32.071 y 4.181, ambos de 2017, 35.593 de 2016; 25.116 de 2014; 3.263 de 2012; 34.098 de 2010 y 26.374 de 2000, ha sostenido que la Institución, por razones de buen servicio, se encuentra facultada para destinar a sus funcionarios a las diversas localidades del país, sin que esta atribución pueda verse reducida o limitada por objetivos personales de quienes son trasladados, ya que, el fin perseguido por esta medida es lograr optimizar las funciones asignadas por la Constitución y las leyes a Carabineros de Chile, y que en tal directriz, es la autoridad competente la que evalúa y determina la oportunidad y utilidad de la medida adoptada, debiendo primar, en el ejercicio de esa facultad, el interés público por sobre el interés particular del servidor; que tal criterio ha sido recogido por la jurisprudencia mayoritaria de las Cortes de Apelaciones de nuestro país, citando en ese sentido la causa Rol N° 32.644-2021, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; que la atribución institucional en materia de traslados, en orden a decidir discrecionalmente cómo distribuir y ubicar al personal de Carabineros, responde a un proceso de responsabilidad de esta Dirección Nacional de Personal, previa identificación de las competencias, habilidades y aptitudes del recurso humano, con miras a ubicarlo donde mejor respondan a los intereses, demandas y necesidades del personal a lo largo del país, tomando en consideración para ello, variables de carácter profesional y, excepcionalmente, aspectos personales del funcionario, y que en este sentido, el punto 2.4.1., del citado Manual, reconoce que las destinaciones del personal, deben constituirse como un medio para ubicar, en cada cargo, al funcionario más idóneo en el cumplimiento de las tareas asignadas; que los artículos 6o y 7o, de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 2o, de la Ley N° 18.575, consagran el principio de juridicidad, en cuya virtud los órganos de la Administración del Estado -dentro de los cuales se encuentra Carabineros de Chile-, no pueden ejercer más potestades que las que expresamente les han sido otorgadas; que la Contraloría General de la República, acorde con el criterio contenido en el dictamen N° 3503, de 2020, ha manifestado que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de facultades discrecionales, como la de la especie, por parte del Director Nacional de Personal, de ningún modo puede implicar arbitrariedad, lo que conlleva que la decisión adoptada tiene que ser suficientemente motivada y fundamentada, a fin de asegurar que las actuaciones sean concordantes con el objetivo considerado por la normativa pertinente al otorgarlas, de manera que no signifiquen, en definitiva, una desviación del poder, debiendo manifestarse que cabe manifestar que el ente Fiscalizador, a través de los dictámenes Nros. 44.791, de 2017 y 45.060, de 2014, ha indicado que los informes jurídicos emitidos por ese Órgano Contralor son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, entre ellos, Carabineros de Chile, y su carácter imperativo encuentra su fundamento en los artículos 6, 7, y 98, de la Constitución Política de la República, y 1, 5, 6, 9, 16, y 19 de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, por lo que su incumplimiento por parte de esos organismos significa la infracción de los deberes funcionarios de quienes les corresponde adoptar las medidas necesarias para que ellos sean acatados, comprometiendo su responsabilidad administrativa.

En cuanto a la alegación general del recurrente, sobre la fundamentación de su traslado, argumenta que la Dirección Nacional de Personal evidenció la necesidad de disponer el traslado del recurrente, por razones de mejor servicio y la exigencia de potenciar la fuerza efectiva de la 51a Comisaría “Pedro Aguirre Cerda” ante el déficit presentado en la pirámide jerárquica con funcionarios del grado de Sargento 2o, teniendo en consideración su jerarquía y el desarrollo de la carrera profesional del mismo para asumir responsabilidades en razón de su antigüedad en la Institución, toda vez que el actor mantiene 17 años de servicios en Carabineros, con una vasta experiencia adquirida a lo largo del tiempo, y que la determinación de la autoridad de no acceder a su solicitud de reconsideración, obedecen al estudio de un conjunto de elementos objetivamente prestablecidos. De este modo, la circunstancia de no compartir dicha decisión no constituye por sí sola una vulneración a las garantías constitucionales que expone en su acción, pues la discrepancia sostenida en este aspecto se circunscribe a la opinión subjetiva que tiene el actor de su propia situación, y no al estudio y evaluación que la Autoridad competente efectuó de las necesidades del servicio, acorde a la planificación estratégica institucional, y que a mayor abundamiento, cabe considerar que el procedimiento en análisis se rige por el principio de Interdicción de la Arbitrariedad, el cual busca que la decisión de ubicar al personal en cada cargo y/o función específica se adopte bajo criterios de igualdad, equidad y objetividad, por medio de la utilización de variables técnicas enmarcadas en la legislación y reglamentación vigente, de manera de asegurar la igualdad ante la ley, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia (en tal sentido, fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, causa Rol N° 8094-2024); que no se advierte la concurrencia de un acto arbitrario y lesivo de las dimensiones personales en el traslado del recurrente, dado que todo lo que la institución ha realizado, es el ejercicio de una atribución legal y reglamentariamente encomendada a los Mandos intervinientes, aplicada con la debida razonabilidad y proporcionalidad, en consideración a necesidades operativas y dentro del marco general de un proceso anual al que todo el personal de Carabineros puede ser sujeto, sin distinción alguna, lo que trasciende los intereses particulares del servidor, y que al integrarse voluntariamente a Carabineros de Chile, los funcionarios asumen el compromiso de prestar sus servicios en cualquier cargo o destinación, naturaleza móvil propia de una institución cuyo cometido constitucionalmente asignado, es la preservación del orden público y dar eficacia al derecho a través de los servicios que en ese sentido se puedan desplegar, lo que depende, en una esencial medida, del correcto, eficaz y necesario manejo de su recurso humano.

Respecto a la alegación sobre la escolaridad de su hija, los estudios del hijo de su cónyuge, y en general sobre la disgregación de su grupo familiar, refiere que el traslado dispuesto con los derechos reglamentarios no obsta a que pueda evaluar mecanismos o modalidades para el movimiento junto a su grupo familiar, ni constituye por sí mismo un impedimento para prestar los debidos auxilios según lo determina la ley, y que la determinación adoptada no se contrapone con los deberes, valores y compromisos que se plasman, como impronta perenne e indeleble, en el Manual de Doctrina y Código de Ética de Carabineros de Chile, cuya tercera edición fue aprobado por la Orden General N° 3.075, de 20.11.2023, de la Dirección General de Carabineros, pues según ello, todo funcionario asume en primera persona, el compromiso con la patria, la comunidad, la propia Institución y sus tradiciones, y la familia, siendo en esta última dimensión, que se asume el deber de procurar el logro de una auténtica integración y desarrollo personal de su núcleo familiar.

En cuanto a la alegación que el traslado implicaría la afectación a la salud de su hija menor de edad, circunstancia que constituiría una vulneración a la garantía del artículo 19, N° 1° de la Constitución Política de la República, relativa a la vida e integridad física y psíquica de la persona, indica que, para la vida familiar, no constituyen una limitante o un impedimento absoluto para trasladarse con su grupo familiar, pudiendo realizar y continuar los tratamientos médicos en las mismas condiciones que las reciben actualmente en el lugar de su nueva destinación, refiriendo que que los antecedentes presentados por el funcionario fueron analizados y ponderados, por parte de un equipo multidisciplinario de esta Dirección Nacional de Personal, e integrado por una Asistente Social de dotación del Departamento Planificación y nombre reservado (B.6.), de la Dirección de Bienestar de Carabineros de esta dependencia, de modo tal, que no existe una razón para dejar sin efecto su traslado, sobre todo si la decisión adoptada, es de aquellas previstas en la reglamentación respectiva y vigente, fundadas en las necesidades propias de Carabineros de Chile. (Aplica sentencia de 24.03.2022, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique, causa Rol N° 15-2022, confirmada por Excma. Corte Suprema en sentencia de 29.04.2022, en causa Rol N° 10.611-2022).

Relativo a la alegación sobre el desempeño laboral del recurrente y la responsabilidad administrativa que tuvo en los hechos ocurridos el 22.12.2021, refiere, que es pertinente indiciar que este ámbito de análisis esta circunscrito al proceso calificatorio que mantiene Carabineros de Chile y que tiene por objeto ponderar el trabajo de un funcionario por la actividad desarrollada durante el período indicado en el articulo 81, inciso primero, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 8, de modo que éstas alegaciones son independientes entre sí y el traslado de un funcionario no puede limitarse por el solo hecho que el actor realice de manera correcta su trabajo, dado que, por otra parte, el ordenamiento jurídico contempla expresamente la facultad de trasladar y destinar al personal de Carabineros de Chile a otras Reparticiones a lo largo del territorio nacional, ello a fin de poder cumplir de debida forma la función pública que se ha encomendado, contemplándose incluso procesos anuales de traslado que son de conocimiento de quienes se desempeñan en la Institución, dado que, los funcionarios ingresaron voluntariamente a las filas institucionales y, por otra, conocen las condiciones y reglas en que deben prestar servicios policiales en su trayectoria institucional en todo el territorio nacional; que el recurrente indica que el referido movimiento corresponde a un acto caprichoso de la autoridad en relación con su rehabilitación a las filas de la Institución, ya que mediante el Dictamen N° 16.354/2, de 23.04.2024, la Prefectura de Concepción modificó la baja de las filas de la Institución, por conducta mala, con efectos inmediatos, correspondiente al aludido funcionario, aplicando en subsidio “Dos días de arresto, con servicios”, siendo rehabilitado mediante Resolución Exenta N° 134, de 03.06.2024, del Departamento P.2; que al respecto, el Sargento 2o nombre reservado hace alusión a que la Institución lo está castigando por demostrar su inocencia en los hechos ocurridos el 22.12.2021, sin embargo, de la lectura del propio dictamen, se puede apreciar que al funcionario se le atribuyó responsabilidad administrativa, sin embargo, se modificó la medida administrativa de baja de las filas de la Institución por una sanción disciplinaria consistente en “Dos días de arresto, con servicios”; que, en este entendido, hace presente que el traslado dispuesto se fundamentó únicamente en las necesidades del servicio, ya que es de público conocimiento la creciente demanda de seguridad pública que existe en la Región Metropolitana, lo que no guarda relación alguna con el proceso investigativo que hace mención el recurrente.

Agrega, que el recurrente no cuenta con un derecho indubitado, por lo que la acción intentada no cumple con el supuesto básico para su procedencia, esto es, la perturbación, privación, o amenaza de un derecho -que en la especie el funcionario no posee-, como consecuencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad de un acto - supuesto fáctico que, tal como fuera precisado, tampoco se verifica- estimándose que el presente recurso, no resulta procedente.

Concluye, que conforme a las consideraciones precedentes, se concluye que no existen antecedentes, argumentos ni elementos de juicio, que permitan acreditar, sustentar y admitir la presente acción constitucional, por lo que se solicita a este Tribuna, tener por informado el recurso de protección y, en definitiva, rechazarlo, con costas, en atención a que, en los hechos descritos, Carabineros de Chile, no ha vulnerado derecho alguno, actuando conforme al ordenamiento jurídico.

SEGUNDO: Que, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que en la especie, quien recurre de protección, ha atribuido ilegalidad y arbitrariedad al acto administrativo, Ordinario N.C.U. 208626928, emanado de la Dirección Nacional de Personal, por medio de la cual se ordenó el traslado del recurrente, nombre reservado a contar del 16.06.2024, desde la Tenencia Hualqui de la 7ª Comisaría de la Prefectura Concepción N° 18, a la 51ª Comisaría de la Prefectura Rinconada, y en contra de la resolución del Director Nacional de Personal contenida en el Documento Electrónico N° 211431343, de fecha 30.07.2024, por medio del cual resolvió no acceder a la solicitud de reconsideración presentada. Estima que dichos actos vulneran derechos fundamentales, pues afecta, entre otros aspectos, la vida familiar -atendida la condición de salud de su hija pequeña-, la situación habitacional y socio económica del grupo familar, y la prosecución de estudios sus hijos.

Además, refiere la actuación del recurrido contraviene de forma expresa los principios de fundamentación de los actos administrativos, por no satisfacer el cumplimiento del deber general de motivar los actos administrativos, por no expresar de forma clara y precisa, los hechos que le dan origen, infringiendo de tal manera el deber general de motivación que deben cumplir los actos administrativos, según lo dispuesto en el inciso 2° del Artículo 11 de la Ley N° 19.880, lo que de manera específica ha sido reconocido por la Contraloría General de la República en Dictamen N° 7.444, de 2011.

CUARTO: Que, informando al tenor del recurso, la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile manifiesta que el traslado del recurrente obedeció a necesidades institucionales y al déficit de personal que mantiene la unidad policial a la que fue destinado, debiendo primar el interés general por sobre el particular, por lo cual se rechazó la solicitud de reconsideración. Indica, que la facultad de trasladar al personal institucional y los derechos que de ella emanan, se encuentran debidamente regulados por la legislación, reglamentación y normativa interna de Carabineros de Chile, la cual resulta aplicable indistintamente al Personal de Nombramiento Supremo e Institucional, que el artículo 31 de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, establece que le corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial.

Agrega que la Dirección Nacional de Personal evidenció la necesidad de disponer el traslado del recurrente, por razones de mejor servicio y la exigencia de potenciar la fuerza efectiva de la 51a Comisaría “Pedro Aguirre Cerda” ante el déficit presentado en la pirámide jerárquica con funcionarios del grado de Sargento 2o, teniendo en consideración su jerarquía y el desarrollo de la carrera profesional del mismo para asumir responsabilidades en razón de su antigüedad en la Institución, toda vez que el actor mantiene 17 años de servicios en Carabineros, y que la circunstancia de no compartir dicha decisión, no constituye por sí sola una vulneración a las garantías constitucionales que expone en su acción, pues la discrepancia sostenida en este aspecto se circunscribe a la opinión subjetiva que tiene el actor de su propia situación, y no al estudio y evaluación que la Autoridad competente efectuó de las necesidades del servicio Hace presente que el traslado fue dispuesto con los derechos reglamentarios, precisamente con la finalidad de que en su nueva destinación el funcionario pueda estar en compañía de su núcleo familiar y, que todo funcionario asume en primera persona, el compromiso con la patria, la comunidad, la propia Institución y sus tradiciones, y la familia, siendo en esta última dimensión, que se asume el deber de procurar el logro de una auténtica integración y desarrollo personal de su núcleo familiar, refiriendo especialmente que en Santiago se podrá continuar con los tratamientos médicos y de apoyo clínico que su hija demande, en las mismas condiciones que las recibe actualmente, por cuanto Santiago, donde se encuentra la unidad de su nueva destinación, cuenta con la mayor cobertura médica del país, estará más cerca de los Centros Hospitalarios institucionales y podrá acceder a la mayor red de convenios de prestaciones médicas con que la institución cuenta en el territorio nacional.

QUINTO: Que, con lo manifestado por las partes en estrados y de los antecedentes allegados al recurso, aparece exento de controversias que: mediante la Orden N° 85, de 28.06.2024, de la Dirección Nacional de Personal (publicada en el Boletín Oficial N° 5124, de 01.07.2024), se dispuso el traslado de diferentes funcionarios, entre ellos del recurrente, a contar del 16 de junio de 2024, desde la Tenencia Hualqui, de la 7a Comisaría de la Prefectura Concepción, N° 18, a la 51a Comisaría de la Prefectura Santiago Rinconada -con los derechos reglamentarios- y que luego de ser notificado el recurrente de la citada orden, presentó solicitud de reconsideración, la que fue resuelta por orden del Director Nacional de Personal a través del Documento Electrónico N.C.U. 211431343, de 29 de julio de 2024, del Departamento Personal de Nombramiento Institucional, de la Dirección de Gestión de Personas de su dependencia, denegándose lugar.

SEXTO: Que, la recurrida Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, junto con indicar los diversos medios de que dispone la Institución a efectos de evitar cualquier menoscabo en el ámbito familiar, económico y de salud del grupo familiar que pudiera significar el traslado del funcionario hacia la Región Metropolitana, dio cuenta pormenorizada de las razones por las cuales la autoridad respectiva dispuso su traslado, cambio de destinación que también efectuó respecto de varios otros integrantes de sus filas, entre quienes se encuentra el recurrente lo que evidencia que no se trata de una disposición particular respecto de uno solo de sus funcionarios, sino que responde a una política institucional de asignar en mejor forma a su personal en consideración a las necesidades de atender de mejor forma ciertas comunas del territorio nacional, por lo que se descarta un actuar arbitrario de su parte Que, de otra parte, la decisión adoptada encuentra sustento legal en el artículo 31 de la Ley Nº18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en cuanto dispone que corresponde a la autoridad respectiva de dicha institución destinar a su personal en los distintos cargos y empleos, según los requerimientos de la función policial, en tanto, que el artículo 10 del Decreto 625 de 2 de abril de 1964, que "Aprueba el Reglamento de Feriados Permisos, Licencias y otros Beneficios” dispone que los traslados del personal serán dispuestos por el General Director a través de la Dirección Nacional del Personal; que lo resuelto también encuentra sustento en la Orden General Nº 2707 de 13 de noviembre de 2019 que aprobó el "Manual de Traslado para el Personal de Carabineros”, y que aun cuando aquí se incorpora como criterio para la determinación de un traslado la "Evaluación de Aspectos Personales" debidamente calificados y relacionados con el trabajo o estudio de cónyuge e hijos del funcionario afecto al traslado, y a la salud personal o de los miembros del grupo familiar, fundamentalmente en el caso que alguno de aquellos requiera atención profesional especializada, o por indicación médica que demande una especial permanencia física en algún lugar determinado o fuera de éste, ello en nada altera la facultad de trasladar al personal, misma que no puede verse limitada por la conveniencia de quienes son destinados, pues en su ejercicio debe primar el interés público nacional por sobre el particular de cada funcionario.

Dicha normativa ha encontrado un consistente respaldo en diversos dictámenes emanados de la Contraloría General de la República. diversos dictámenes la Contraloría General de la República, como en los números 22.395, de 1991; 26.374, de 2000; 34.098, de 2010 y 3.263, de 2012, en los cuales se ha sostenido que Carabineros de Chile, por razones del servicio, se encuentra facultado para destinar a sus funcionarios a las distintas localidades del país, atribución que no puede verse limitada por la conveniencia personal de quienes son trasladados, pues el objetivo perseguido por esta medida es lograr optimizar las funciones asignadas por la Constitución Política y las leyes a esta institución policial. De lo expuesto, se colige que la resolución cuestionada tampoco reviste la ilegalidad que le atribuye el recurrente y que, por el contrario, el objetivo de los traslados es optimizar los recursos con que cuenta Carabineros de Chile para el cumplimiento de los deberes que la Constitución Política de la República y las leyes le han encomendado.

SÉPTIMO: Que, los antecedentes jurídicos y fácticos referidos en los motivos que anteceden, permiten concluir que los traslados del personal de Carabineros se condicen con el ejercicio de las facultades de que goza la autoridad respectiva siempre en aras de brindarle una mejor atención a la comunidad, misma razón por la cual -además- por su solo ingreso a la Institución cada uno de sus miembros, entre los cuales se encuentra el recurrente, se ha comprometido a acatar las destinaciones y desempeñar las tareas y funciones que se les encomienden, según las necesidades del servicio.

Lo anterior al amparo del "Manual de Traslados para el Personal de Carabineros", en cuyo Capítulo II, punto 2.1, relativo a las Consideraciones Especiales para la Toma de Decisiones, se establece expresamente que "Todo miembro de la Institución, por el hecho de ingresar a ella, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República, Leyes y Reglamentos a Carabineros de Chile, atendiendo a las necesidades del servicio, planificación estratégica institucional y/o criterios establecidos en el presente manual”.

OCTAVO: Que, en la especie, no se configuran las razones de gravedad que invoca el recurrente para oponerse a su traslado en razón de estar favorecido por la excepción que aduce en el sentido de requerir un miembro de su familia atención profesional especializada o que, por indicación médica, demande una especial permanencia física en algún lugar determinado o fuera de éste, habida cuenta que los antecedentes médicos y sociales aportados no resultan suficientes a efectos de justificar el hecho de que la salud de la hija del recurrente se encuentre supeditada a la permanencia de este último en su actual lugar de trabajo y, más aún, la Institución recurrida ha dado cuenta de la existencia de más y mejores centros y profesionales de la salud que se encuentran en condiciones de atender sus requerimientos.

Visto así, los antecedentes aportados por el recurrente al interponer esta acción constitucional a fin de impedir su traslado como funcionario policial, carecen de la necesaria excepcionalidad que invoca, y en cuanto a la situación educacional que invoca, parece cierto que la nueva destinación le ofrecerá al grupo familiar, posibilidades de satisfacer de manera adecuada tales necesidades.

NOVENO: Que, de lo razonado precedentemente, se advierte que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad de parte de la recurrida al disponer el traslado del recurrente, pues la misma se sustenta en las facultades que la ley le ha otorgado a la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile, instancia que expresó los fundamentos adecuados y pertinentes y que se condicen con el objetivo antes mencionado, esto es, mantener el equilibrio de las dotaciones en las unidades de Carabineros de Chile, de lo que se concluye que no ha existido vulneración de derechos fundamentales, lo que conduce necesariamente al rechazo de esta acción constitucional. En un sentido similar ha resuelto esta Corte, entre otros, en los recursos de protección, roles 128.472 -2022; 518-2022; 1.264-2022; 876-2022 1.588-2022; 1997-2023; 782-2024.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el Sargento 2º, nombre reservado Sargento 2do. de Carabineros, en contra de la Dirección General de Carabineros y de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del abogado integrante Sr. Maximiliano Escobar Saavedra.

N°Protección-18424-2024.