nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE DE CHILE

Concepción, lunes dos de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Compareció Leonel Castro Hidalgo, abogado, en representación de nombre reservado, pensionado, e interpone recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, servicio público centralizado, representado por nombre reservado, por haber privado, perturbado y amenazado a su representado en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 numerales 2°: Igualdad ante la ley, y 24°: el Derecho de Propiedad, de nuestra Carta Fundamental, solicitando se acoja el recurso de manera de reestablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de sus derechos afectados, conforme a los fundamentos que expone.

Señala que nombre reservado, dedujo demanda en contra del Estado de Chile el 2 de marzo de 2021, en causa Rol C-845-2021 en el Tercer Juzgado Civil de Concepción, caratulada “nombre reservado con Fisco de Chile”, en razón de figurar en el Listado de Prisioneros Políticos y Torturados, Informe Valech I, bajo el N° 21.111.- El 20 de mayo de 2022, se dictó la sentencia de primera instancia, condenando al Fisco a pagar a su representado la suma de $15.000.000, como indemnización por daño moral, en su calidad de víctima directa. Que tanto demandante como demandado se alzaron, dictándose la sentencia de segunda instancia de 29 de noviembre de 2023, que confirmó la de primer grado, con declaración de aumentarse la referida indemnización a la suma de $25.000.000. Que una vez devuelto los autos al juzgado de origen, se solicitó oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la tramitación del respectivo Decreto de pago, lo que se efectuó el 20 de marzo de 2024, dictándose la Resolución Exenta sobre cumplimiento de sentencia N° 1608, de fecha 3 de junio último.

Explica que lo normal es que desde aquel Decreto a que se pague efectivamente por la Tesorería General de la República, no se tardan más de una semana, lo que no aconteció, y al pedir información en dicha repartición, se indicó que dichos pagos no se realizarían porque habían sido compensados con fecha 11 de junio de 2024. Que de esto su representado tomó conocimiento el 12 de julio último, jamás se le notificó de ninguna resolución en dicho sentido, y al efecto se le entregó comprobante de compensación y comprobante de egreso el mismo 12 de julio pasado.

Puntualiza que el acto arbitrario e ilegal efectuado por la Tesorería General de la República, consiste así en la retención y compensación de las sumas antes referidas. Que cualquier compensación que pudiera alegarse por Tesorería debe hacerse valer en juicio declarativo, ante un órgano jurisdiccional, debiendo acreditarse por dicho Servicio en sede judicial que concurren los requisitos de la compensación, esto es, tener la calidad de deudor y acreedor a la vez, que la deuda sea líquida y actualmente exigible, en un procedimiento racional y justo, con las garantías de un debido proceso y no actuar como una comisión especial e irrogarse facultades jurisdiccionales como ocurrió en este caso, pudiendo la Tesorería ejercer las respectivas acciones ordinarias y ejecutivas para percibir su crédito.

Indica que a raíz del actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, su representado ha sido privado, perturbado y amenazado en su derecho de igualdad ante la ley y en su derecho de propiedad, reconocidos en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República, consagrados también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Termina solicitando se acoja el recurso, ordenándose que la recurrida deje sin efecto las actuaciones relativas a la retención y compensación de dineros y, en su lugar, se disponga la restitución íntegra de la indemnización por daño moral obtenida en autos Rol C-845-2021, seguida ante al Tercer Juzgado Civil de Concepción, equivalente a $25.512.646, más reajustes e intereses hasta la fecha de su efectivo reintegro, o adoptar las medidas necesarias para el pleno restablecimiento del derecho; con costas.

Informó nombre reservado, Tesorero Regional de Concepción, señalando que el actuar del Servicio de Tesorerías se ajusta estrictamente a derecho y sólo se ha limitado a cumplir con sus labores propias, tendientes a recaudar los tributos y obligaciones morosas para con el Fisco, utilizando todos los medios que al efecto le franquea el ordenamiento jurídico, en el Código Tributario, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías y en el D.L. 1.263, sobre Administración Financiera del Estado.

En la especie, la compensación generada en el proceso de pago del Cumplimiento de Sentencia, Resolución Exenta N°1608, de 03-06-2024, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a nombre del contribuyente nombre reservado, los pagos que realiza el Fisco a través del Servicio de Tesorerías para el cumplimiento de una sentencia en su contra, ya sea para el pago de indemnizaciones o costas, constituyen un crédito que ingresado al patrimonio de quien ha obtenido una sentencia a su favor, desde el momento en que dicha sentencia se encuentra ejecutoriada, es susceptible de ser compensada con alguna deuda Fiscal, de la cual sea acreedora el Fisco.

Que se revisó la Cuenta Única Tributaria y el contribuyente a la fecha de devolución presentaba deuda vigente con el Fisco respecto a los formularios detallados en certificado de deuda, por un monto liquidado a la fecha de la revisión de $235.872.120, por lo que se procedió a la compensación automática de su devolución. El proceso de devolución fue realizado el día 11/06/2024, por un monto de $25.512.646, compensándose con la deuda pendiente de pago en F-21 Folios N°100626300, N°100626200, N°100626240 y N°100626180.- Que la facultad de compensación se encuentra otorgada en el DFL 1, de 26/10/1994, en el artículo 6, para compensar a los contribuyentes, deudas con el Fisco. “Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

Además, el artículo 34 del D.L. 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, entrega la facultad de compensar del Servicio de Tesorerías, ya que dispone que “estará facultado para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante”. Y el artículo 1.656 del Código Civil y los Dictámenes Nos 53.461, de 2007, 32868, de 2012 y 64.591, de 2012, de la Contraloría General de la República, precisan que el Servicio de Tesorerías cuenta con facultades para compensar las deudas de los contribuyentes con los créditos que ellos tengan, a su vez, en contra del Fisco, para cuyo efecto las respectivas acreencias deben estar en condiciones de ser solucionadas en los términos que establece la ley.

Concluye que la Tesorería General de la República, sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta de manera estricta a lo que dispone la ley.

Posteriormente la recurrida complementó su informe, señalando que el Servicio de Tesorería ha iniciado cinco procedimientos ejecutivos en conformidad al Título 5° del Libro Tercero del Código Tributario, en contra del recurrente nombre reservado, RUT. RUT reservado, de acuerdo al siguiente detalle y Etapa en que se encuentra cada uno de ellos:

1 .- Expediente Rol 507-2004 Concepción. Etapa actual, Cierre (Saldo $ 0.-)

2 .- Expediente Rol 500-2005 Concepción. Etapa actual, Cierre (Saldo $ 0.-)

3 .- Expediente Rol 2651-2009 Concepción. Etapa actual, Ampliación de Embargo (saldo neto deuda $ 16.527.610.-). En este expediente se encuentran demandados, entre otros, los Giros Formularios 21 Folios 100626180, 100626200, 100626240 y 100626300, que fueran compensados por el Servicio de Tesorería, con fecha 13 de Junio de 2024, por monto total de $ 25.512.646.-. El Giro Folio 100626240, registra saldo neto pendiente por $ 628.840.-.

4 .- Expediente Rol 10127-2023 Concepción. Etapa actual, Cierre (Saldo $ 0.-)

5 .- Expediente Rol 10576-2024 Concepción. Etapa actual, Notificación, deuda $ 560.000.- Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, ahora bien, y acorde con lo sintetizado en la sección expositiva precedente, lo que corresponde dilucidar es la existencia o no de un acto ilegal y/o arbitrario con motivo de la actuación realizada por la Tesorería Regional recurrida, en orden a efectuar una compensación automática entre la deuda del actor para con el Fisco -generada a partir de diferentes deudas de naturaleza tributaria-, con su acreencia originada en lo resuelto por una sentencia civil firme, a partir de la cual se dictó la Resolución Exenta N°1608, de 3 de junio de 2024, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la que se dispuso la solución de dicha deuda habida con el recurrente nombre reservado.

TERCERO: Que en relación a la actuación que se reprocha a la recurrida, debe decirse que la regla general en materia de compensación de deudas que nuestro legislador autoriza efectuar al órgano administrativo recurrido, se encuentra regulada en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Hacienda, de 1994, que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, donde, en lo que resulta atingente, se establece:

“Artículo 6°.- Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.”.

Y se agrega: “Artículo 7°.- Cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco.”.

CUARTO: Que, como puede observarse, el primer precepto citado admite, en general, la compensación en relación a “deudas de contribuyentes” con créditos que éstos tengan contra el Fisco, sin hacerse distinción alguna en lo concerniente al origen de unas y otros. Y este tratamiento normativo, que entendemos es de carácter general, se ve corroborado en base a lo establecido en el artículo 34 del Decreto Ley N° 1263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, que prevé: “El Servicio de Tesorerías estará facultado para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante, los ingresos efectuados por éste con manifiesto error de hecho.

En los demás casos, requerirá el informe favorable del Organismo que emitió la orden del ingreso, para devolver, compensar o imputar las sumas erróneamente ingresadas.

Los pagos y devoluciones de cualquier naturaleza que de acuerdo a la ley se deban efectuar por el Servicio de Tesorerías, se cursarán en la forma y por los medios que establezca dicho Servicio.”.

Sin embargo, en la segunda norma (el citado artículo 7° del mencionado Estatuto) se añade que no procede que la Tesorería aplique intereses sobre la parte o el total de los “tributos insolutos” que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco; y de esta última norma -de carácter accesoria- podría inferirse, en principio, que la deuda del contribuyente solamente podría tener por causa un tributo y no otro origen.

QUINTO: Que, dicho lo anterior, corresponde referirse ahora a la naturaleza misma de la deudas recíprocas de que aquí se trata, ya que, por un lado, la deuda del Fisco para con el actor es de naturaleza civil –una indemnización de perjuicios por daño moral en el ámbito de un proceso por violación de Derechos Humanos- y aquella para con el Fisco dice relación con una de índole tributaria, relacionada con el Formulario 21 y correspondiente a los Folios N°s 100626300, 100626200, 100626240 y 100626180, esto último según lo expresamente reconocido por el organismo recurrido.

Cabe hacer presente aquí, que el denominado Formulario 21, como se sabe, corresponde al “Giro Comprobante de Pago de Impuesto” y se refiere a un giro de impuestos y/o intereses y multas, que emite y notifica el Servicio de Impuestos Internos al contribuyente, con copia a Tesorería General de la República, que es el organismo encargado de efectuar el cobro respectivo.

SEXTO: Que en estricta relación con lo que se acaba de anotar, ha de tenerse en consideración que en relación al recurrente nombre reservado se siguen cinco causas ejecutivas incoadas en su contra por el mismo Servicio de Tesorerías y que se llevan en sede administrativa –las que fueron debidamente singularizadas en la parte expositiva de este fallo-, y precisamente en una de ellas, la Rol N° 2651-2009, de Concepción, la ejecución se refiere a los Giros Formularios 21, Folios 100626180, 100626200, 100626240 y 100626300, que, como se observa, corresponden a los mismos en base a los cuales se determinó la compensación automática que se reprocha en el recurso.

Y según lo informado por la recurrida, dicha compensación, realizada el 13 de junio de este año, se realizó por un monto total ascendente a $25.512.646, registrando el Giro Folio 100626240, un saldo neto pendiente por $628.840.- SÉPTIMO: Que, entonces, del panorama normativo y fáctico de que se ha dado cuenta, fluye que, en principio, la compensación realizada encuentra amparo en el artículo 6° del Estatuto Orgánico citado; sin embargo, lo que viene a conspirar en contra la licitud de lo obrado por la recurrida, es el hecho que la deudas tributarias de que se trata ya se hallaban siendo sometidas a un procedimiento ejecutivo de cobranza conforme al Código Tributario, y se suma a ello que no consta que se haya efectuado liquidación previa alguna en lo referente a dichas deudas antes de haber operado la compensación.

OCTAVO: Que, además, no pasa por alto a esta Corte que la acreencia del actor se refiere a la suma que obtuvo por concepto de indemnización por la violación de derechos humanos de que fue objeto, situación que conduce a entender la materia sujeta a debate en clave de la especial protección que corresponde que el Estado brinde a las personas que sufrieron tal flagelo, lo que no sólo surge como un imperativo propio de nuestro derecho nacional, sino que análogamente desde la perspectiva de toda la normativa internacional que apunta a materializar efectiva y eficazmente esa necesaria mirada proteccional.

El escenario deviene, entonces, en que después de varios años el actor obtuvo una satisfacción pecuniaria de las vulneraciones a sus derechos humanos de que fue objeto por parte de agentes del Estado, y resulta que ahora es el mismo Estado el que impide esa satisfacción, mediante la fórmula de la compensación aludida, en circunstancias que hay un proceso de cobranza ejecutiva pendiente, donde puede alcanzarse igualmente la solución efectiva del crédito Fiscal.

De aceptarse en este particular caso la posición sustentada por la recurrida, razonablemente tenemos que, en los hechos, se produce una nueva victimización del actor nombre reservado.

NOVENO: Que, en consecuencia, de frente a lo que se viene exponiendo, la actuación del órgano recurrido deviene en ilegal, la que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N 24 de nuestra Carta Fundamental, comoquiera que con motivo de la indebida compensación de obligaciones efectuada por el Servicio de Tesorerías, el recurrente se vio privado de percibir el monto obtenido con ocasión del juicio civil citado.

Así las cosas, y en las particulares circunstancias descritas, el recurso habrá de prosperar del modo que se pasará enseguida a decir.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que SE ACOGE, sin costas, el singularizado recurso de protección interpuesto en autos en representación de don nombre reservado, en contra de la Tesorería Regional del Biobío, en cuanto se ordena que el referido órgano administrativo recurrido deberá pagar en el más breve plazo al actor la suma compensada.

Se previene que el ministro señor Gutiérrez Garrido, concurre al acogimiento del recurso, pero con prescindencia de lo señalado en el considerando octavo.

Cúmplase oportunamente con lo dispuesto en el numeral 14 del citado Auto Acordado.

Para la dictación de este fallo, según consta de lo obrado en autos, se hizo uso de la facultad establecida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro titular César Gerardo Panés Ramírez.

Rol N° 18.212-2024 – Protección.-