Protección contra siguientes personas
- Fecha
- 4 de enero de 2021
- Sala
- Cuarta
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 18158-2020, sentencia de 4 de enero de 2021
Resumen
Se rechaza la protección contra copropietarios por mensajes en un WhatsApp del condominio, al estimarse que corresponden al ejercicio de la libertad de opinión e información y no revisten carácter ilegal ni arbitrario.
Texto íntegro
ari C.A. de Concepción.
Concepción, cuatro de enero de dos mil veintiuno.
VISTOS:
Comparece don nombre reservado, trabajador, domicilio para esto efectos en Calle Obispo nombre reservado 1533, block N, departamento 31 y deduce acción de protección en contra de las siguientes personas, todos con domicilio en domicilio reservado: doña nombre reservado; doña nombre reservado; doña nombre reservado, del departamento 51; don nombre reservado, del departamento 52; doña nombre reservado, del departamento 12; doña nombre reservado, del departamento 44, doña nombre reservado, del departamento 41; doña nombre reservado, del departamento 21; y de doña nombre reservado habitante del departamento 32.
Funda el recurso en la privación y/o perturbación, ilegal y arbitraria de los derechos garantizados por el artículo 19° N° 1, 4 y 24 de la Constitución Política de la República, que ha sufrido por el acoso y hostigamiento del que ha sido objeto por parte de los recurridos a través de medios tecnológicos y redes sociales que dañan su honra, imagen y su psiquis.
Expone que reside en domicilio reservado, del que hasta hace pocos días atrás ocupaba el cargo de Presidente de la administración del condominio; explica que el condominio tenía una administradora, pero la comunidad, además de acusarla de delitos económicos, decidió poner término a su contrato y con ello a toda la gente que aportaba para sus labores, frente a lo cual la administradora demandó laboralmente a la comunidad ante el Juzgado de Letras del trabajo, en la causa RIT O-1452-2020, y en la que se ofreció como testigo en la audiencia preparatoria que se realizó el 2/11/2020, por haber ejercido el cargo de presidente de la comunidad, y por no tener ninguna relación con la pretensión de la demandante.
Refiere que el hecho de haberse ofrecido como testigo, motivó que las recurridas nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, le enviaran un mensaje -que transcribe-, y que en síntesis señala que la información que se entrega es de dominio público, que se puede acceder a ella a través de la página de consulta del poder judicial; se hace un resumen de la demanda interpuesta por la ex administradora nombre reservado en contra del Condominio, y se mencionan “algunos” testigos que apoyan su libelo, y se muestra el extracto de un mensaje de WhatsApp entre “nombre reservado” y supuestamente doña nombre reservado.
Señala que como puede observarse, se le acusa de ser parte e instar a la ex administradora para demandarlos, lo cual niega, manifestando que la Sra. nombre reservado es libre de ejercer sus derechos contra alguna situación injusta; agrega que este documento se envió al chat privado de la comunidad en la que reside, lo que provocó en su contra las siguientes acusaciones:
i.- nombre reservado, de estar coludido con nombre reservado, diciendo que “va ahí”, e incluso lo compara con “nombre reservado”, diciendo que es un estafador;
b.- nombre reservado: por su apoyo a nombre reservado manifiesta que es “care raj” y que “no quiere saber qué pasó con las platas del arreglo del edificio;
c.- nombre reservado, lo acusa de ser capaz de “joder a sus propios vecinos”;
d.- nombre reservado, de colusión y refiriéndose al juicio laboral, afirma que él se va a llevar parte de lo que gane la demandante;
e.- nombre reservado, sugiere que existe una confabulación entre él y nombre reservado;
f.- nombre reservado, hace varios comentarios, y afirma que él se opuso a la revisión de cuentas de la comunidad para esconder su actuar; dice que es una piraña, que no fue diligente por no haber realizado el contrato de nombre reservado, que esto estaba para el programa de televisión en su “propia trampa”, señalando “te pillamos compadre”.
Arguye que los mensajes son constantes, y que han vulnerado las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 4 y 24 del artículo 19 la Constitución Política de la República, toda vez que buscan perturbar su integridad psíquica y perturbar su vida privada; afirma que estos ataques dañan su honra, derecho concebido como la buena fama o reputación de que una persona goza en el ambiente social, íntima e indisolublemente unida a la dignidad de la persona y a su integridad, sobre todo de naturaleza psíquica, y que por lo mismo es también acertado calificarla como un elemento del patrimonio moral de sujeto, indicando que las imputaciones se le han hecho por medio de la Redes Sociales, comunicaciones y mensajes que los recurridos han efectuado en su contra acusándolo, entre otras cosas, de delincuente y poco honrado, lo que atenta contra los derechos mencionados, y afectan el derecho que toda persona tiene sobre su propia imagen y que protege el artículo 19 Nº 24 de nuestra Carta Fundamental.
Pide que se acoja el recurso y se ordene a los recurridos el cese inmediato de las acciones ilegítimas y arbitrarias consistentes en acosos de mensajes hacia su persona a través de redes sociales, ordenándoseles la suspensión de todo tipo de publicación que lo vincule a él o su familia, desde cualquier tipo de red social y por cualquier medio, además de publicar el extracto resolutivo de la sentencia en sus Redes Sociales con el fin de esclarecer los hechos que hicieron públicos, y todo lo anterior con expresa condenación en costas.
Acompaña al recurso set de impresiones de pantalla de mensajes de los recurridos y mensaje de comunicación pública enviada por éstos.
Se dio lugar a la orden de no innovar solicitada.
Informa al tenor del recurso doña nombre reservado en representación de: nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado y nombre reservado, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción por cuanto el contenido que el actor estima como lesivo no tiene tal calificación.
Expone que el Condominio Portal del Centro se compone de tres etapas: Este, Oeste y Norte, y que el 07 de junio de 2017 la asamblea de copropietarios designó como administradora a doña nombre reservado, con quien se vincularon a través de un contrato de carácter civil, y otorgándole amplias facultades de decisión y gran margen de libertad para el cumplimiento de sus funciones y debiendo rendir cuentas de su gestión una vez al año. Señala que en ese periodo la gestión de la administradora fue evaluada positivamente por los vecinos, hasta que comenzaron a surgir una serie de situaciones que dejaron al descubierto ciertas irregularidades en torno a la administración y que incidían en la contratación de personal, en los sueldos que se pagaban, en descuentos que se realizaban supuestamente para cotizaciones, en depósitos de cheques en la cuenta corriente de su pareja, y otras irregularidades, ocurriendo que al verse cuestionada, la Sra. nombre reservado envió una carta de auto despido al Comité de la administración, y junto con ello procedió sin ninguna justificación al cobro de un cheque por $200.000, monto del que se apropió.
Refiere que esta mala gestión de la administración, no sólo ocasionó un perjuicio patrimonial al condominio, sino que además generó inseguridad y desconfianza que se extendió a toda la administración del comité central, lo que finalmente llevó a que la mayoría de la comunidad interpusiera una querella por apropiación indebida en contra de doña nombre reservado, y que por su parte, ésta los demandara por despido injustificado ante el juzgado del trabajo de Concepción y basando gran parte de las pruebas que ofreció en el juicio, en capturas de conversaciones de la aplicación WhatsApp y en la declaración de testigos, antecedentes de los cuales los copropietarios estaban al tanto porque se trata de información que es pública.
Respecto a las acusaciones que formula el recurrente en contra de los recurridos, arguye que los copropietarios del Condominio han creado grupos de WhatsApp para facilitar su comunicación en materias que involucran a toda la comunidad, y que en dicho contexto es entendible que quisieran estar al tanto de la demanda laboral que los involucraba como comunidad, siendo de esa forma como se enteraron que el recurrente, quien anteriormente detentaba el cargo de Presidente del Comité Central de Administración, le había indicado mediante WhatsApp a la ex administradora nombre reservado que si los demandaba debía hacerlo pronto, y que tenía que demandarlos porque nunca se le hizo contrato. Aduce que este actuar del recurrente aparece absolutamente contradictorio, considerando que como Presidente del condominio debió encargarse de resolver el tema del contrato de doña nombre reservado, lo que claramente nunca realizó, y más aún, ahora no sólo aparece instándola a que los demande, sino como uno de sus testigos.
Explica que la situación de demanda en contra de la comunidad, así como el apoyo del recurrente a dicho libelo, generó diversas reacciones de malestar y disgusto entre los copropietarios, llevando incluso a que una vecina sugiriera llamar a la prensa para hacer pública la situación, idea que sin embargo no prosperó. De esta forma, sostiene que todos los comentarios que los copropietarios realizaron en el grupo de WhatsApp, corresponden a la reacción de un momento por parte de un grupo privado del que el recurrente también era parte, y si bien la cólera que pudieron experimentar al sentirse traicionados trajo consigo algunos comentarios, en ningún caso fueron hechos con la intención explícita de ofender, sino tan sólo corresponden a expresiones de una completa indignación, y sin que tales acotaciones se hubiesen publicado en otras redes sociales, medios digitales, o folletos que implicaran realmente una vulneración a los derechos fundamentales del actor, sino tan solo fueron conocidos en el ámbito de la comunidad del condominio y jamás fueron constantes ni con la intención de perturbar al actor, tal es así que respecto de la situación del juicio laboral sólo se conversó el 03 de noviembre recién pasado, y sin que se hubiesen efectuado comentarios vejatorios sobre su persona.
Añade que tampoco se han aportado al recurso antecedentes que permitan vislumbrar de qué forma la declaración contenida en la aplicación de un grupo privado del condominio, podría suponer una lesión a los derechos fundamentales del actor, toda vez que en caso alguno se ha efectuado alguna especie de “funa” o alguna acusación directa en su contra que lo agraviara, sino que solamente han sido comentarios en el contexto de un grupo privado y que sólo se efectuaron en una ocasión, y sin que se hubiesen dado a conocer a personas ajenas a la comunidad.
Arguye que el artículo 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión e informar sin cesura previa, derecho que forma parte del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contenidos en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que comprende la libertad de informar y el derecho a ser informado.
Añade que si el recurrente considera que ha sido objeto de algún delito de calumnia o injurias, debió haber deducido un juicio criminal, o civil de responsabilidad extracontractual y no haber sometido los hechos a la jurisdicción cautelar, en un procedimiento de emergencia como es este.
Por otra parte, sostiene que los hechos que constituyen el origen del presente recurso, derivan del juicio laboral RIT O-1452-2020 entre la comunidad del Portal del Centro y la ex administradora nombre reservado, indicando que la información del litigio pendiente se encuentra amparado en el principio de publicidad de las actuaciones judiciales y el derecho a la información.
En relación a las imputaciones que el recurrente formula respecto de las declaraciones de los recurridos, señala lo siguiente: i.- i.- Respecto de doña nombre reservado, el recurrente le imputa la difusión de un mensaje difamatorio en contra de su persona, sin haber aportado antecedente alguno para demostrarlo, y sin siquiera referir de dónde obtiene tal información, considerando que la Sra. nombre reservado no pertenece al grupo de WhatsApp donde se produjeron los hechos;
nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, señalan -en síntesis- que a través de una circular que se publicó en el WhatsApp de la comunidad, se enteraron del juicio laboral seguido por la ex administradora nombre reservado en contra del condominio, donde se indicaba que entre los testigos de la demandante estaba el recurrente, además de mostrarse una captura de pantalla en la que claramente se advierte una conversación del recurrente con doña nombre reservado, y en la que éste la insta a demandar al condominio; coinciden que esta situación provocó la molestia generalizada de los vecinos, y que fue objeto de comentario pero sólo en esa oportunidad, afirmando que no se le denostó e incluso, se descartó la posibilidad planteada por una de las vecinas de hacer pública la situación en algún medio periodístico.
nombre reservado agregó no haberle sorprendido que el recurrente le ofreciera ayuda a nombre reservado para demandarlos porque siempre los vio muy unidos, y que cuando quedó en evidencia una serie de irregularidades, tanto la administradora como los miembros del comité central se opusieron a que una comisión revisora les hiciera una auditoría; doña nombre reservado, dice que no participó en la conversación a la que alude el recurrente, y niega haber reenviado el mensaje que generó la discusión; don nombre reservado, precisó que la conversación por WhatsApp en la que se comentó el actuar del recurrente sólo ocurrió el 03 de noviembre de 2020.
Conforme a lo expuesto, pide el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.
Informa al tenor del recurso doña nombre reservado. Señala que de acuerdo al recurso, el actor afirma haber sufrido hostigamiento y acoso de parte suya y de otros vecinos que conforman la comunidad del edificio que habitan y que utilizan para comunicarse temas relacionados con este hecho; también indica el recurrente que se le han realizado imputaciones por medio de redes sociales, comunicaciones y mensajes, en los que se le acusa de delincuente y otras cosas.
Sobre este aspecto, arguye que solo ha efectuado algunas afirmaciones en el grupo de chat del WhatsApp del edificio donde reside, las que son apreciaciones generales, sin intención de injuriar ni nada de ello, y en las que no se refiere a una persona en particular. Además, los comentarios se realizaron en el marco de un grupo de WhatsApp privado, en el que incluso participaba el recurrente.
Aduce que el actor no indica en qué redes sociales se han producido comentarios, por lo que no puede hacerse cargo de nada más allá de lo comentado en un grupo de WhatsApp de carácter privado en el que participaba el recurrente y donde se comentó la pérdida de dineros correspondientes a gastos comunes y lo grave de la situación que ha derivado en un juicio laboral por auto despido de la administradora.
Se trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
1º.- Que el recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar que tiene por objeto resguardar con urgencia el respeto por las garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República, cuando existe un acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnera, perturba o amaga un derecho indubitado de que es titular el recurrente.
2º.- Que por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, esto es, que sea producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso deducido.
3º.- Que, en este caso, el recurrente califica como un acto arbitrario e ilegal el acoso y hostigamiento del que ha sido objeto por parte de los recurridos a través de medios tecnológicos y de redes sociales, específicamente, señala que los actos se originan luego que en el WhatsApp del condominio en el que reside, se informa sobre el juicio laboral que interpuso en contra del condominio nombre reservado, -ex administradora del condominio-, se hace un resumen de la demanda, se señala algunos testigos que va a presentar a su causa, entre los cuales aparece él, y se muestra también una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp entre “nombre reservado” y aparentemente nombre reservado. De estos antecedentes, señala que se le acusa de instar a la Sra. nombre reservado a demandarlos, lo que niega, y sobre lo cual se hacen una serie de comentarios que estima vulneran su derecho a la honra, a su integridad psíquica, y al derecho a su imagen.
Luego, y en concreto, el recurrente sostiene que los comentarios que se hacen en el WhatsApp del condominio donde lo tildan de delincuente, poco honesto, entre otras cosas, son los actos arbitrarios e ilegales en que funda su acción.
4º.- Que, en principio, utilizar una red social como lo es la denominada plataforma WhatsApp no es un acto arbitrario como tampoco lo es ilegal. Sin perjuicio de ello, el uso de una determinada red social puede provocar situaciones reprochadas por el Derecho cuando su uso involucra o deriva en situaciones de descrédito, deshonra o burlas.
5º.- Que, de lo que puede observarse en base a los antecedentes acompañados por el recurrente, no aparece claramente que los recurridos hubiesen violentado al recurrente en su vida privada, en su honra o en su imagen. En efecto, lo primero a considerar es que los comentarios que hacen los recurridos los realizan en el contexto de una comunicación o chat privado del que el recurrente formaba parte, y luego de enterarse de los detalles del juicio laboral interpuesto en contra de dicha comunidad por quien tuvo el cargo de administradora del condominio del que forman parte, y dentro de ello, la circunstancia que el recurrente, quien fue presidente del comité de administración, figuraba como testigo de la demandante, y junto con ello, que aparentemente éste aparecía en una captura de pantallazo de WhatsApp, indicándole -supuestamente a esta demandante- que debía demandarlos porque no se le hizo contrato y que debía hacerlo prontamente, información que los recurridos habrían obtenido de la causa laboral, y específicamente a través de la página del poder judicial.
Ahora bien, en los comentarios que surgen por parte de los recurridos a raíz de esta información, no se formula una imputación delictual clara y directa en contra del recurrente, sino más bien hacen ver el malestar, la desazón y la sorpresa que les causa el aparente apoyo que éste otorga a quien los demanda, manifestando así su parecer crítico respecto del actuar del recurrente, pero no vislumbrándose en tales comentarios la gravedad que se requiere para estimar que aquellos importan la lesión a alguna de las garantías que se dicen afectadas.
6º.- Que, a lo anterior se suma que, no se encuentra acreditado que estos comentarios hayan salido del ámbito privado del WhatsApp donde se realizaron, es decir, no consta que hayan sido difundidos o publicados en redes sociales o en cualquier otro medio de difusión; tampoco consta que tales comentarios que el recurrente llama actos de acoso y hostigamientos hayan sido constantes o permanentes en el tiempo, sino que, -al menos de la propia prueba aportada por él mismo- dan cuenta de una oportunidad que según los recurridos habría sido el 03 de noviembre de 2020, y luego de enterarse de los pormenores de la demanda laboral deducida en contra del condominio del que son parte los recurridos y el propio actor.
7º.- Que, de lo que se viene razonando, no se advierte que usuarios o administradores de un grupo WhatsApp, por el solo hecho de manifestar sus opiniones o consultas, actúen de manera arbitraria o ilegal, ya que, en el caso de autos, el recurrente, aun cuando ha calificado de injuriosos o calumniosos los dichos de los recurridos, considerándolos una lesión a su vida privada y honra, lo cierto es que dichas comunicaciones, en el contexto privado en que fueron realizadas, no resultan jurídicamente relevantes, desde que no se advierte en ellas la existencia de algún acto o actos, atentatorios en contra de la honra o dignidad del recurrente, y que sean lo suficientemente graves para estimar que lo privan, perturban o siquiera amaguen las garantías constitucionales que se dicen afectadas, así como tampoco, ninguna otra.- 8º.- Que respecto de los conflictos entre libertad de opinión e información y derecho a la honra, no está demás recordar que la doctrina postula que “Debe distinguirse entre una opinión y una información. En el caso de la opinión, por el hecho de ser subjetiva puede ejercerse ampliamente. En el caso de la información o contrastación. Si estamos en presencia de una opinión que es la expresión de ideas o juicios de valor, por no ser susceptibles de ser probadas científicamente o verificables empíricamente, no puede probarse su veracidad u objetividad, lo que permite que la libertad de opinión pueda ejercerse en forma amplia, con el único límite de no utilizar expresiones vejatorias o insultos, las cuales son innecesarias para la expresión de ideas. (Nogueira Alcalá)
9º.- Que, el razonamiento anterior resulta esencial para la resolución del recurso pues, las comunicaciones de los recurridos a través del grupo WhatsApp puede calificarse como una consecuencia de la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, las que en todo caso, no revisten la entidad suficiente para considerarlas ilegales o arbitrarias.- 10º.- Que, a mayor abundamiento, si la opinión emitida por una persona resulta ser injuriosa o calumniosa, por expreso mandato de nuestra Constitución, el responsable de dicha acción quedará responsable por los delitos que cometa, cuestión que, en todo caso, desborda los límites de la acción constitucional intentada, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva por la justicia ordinaria a través de los procedimientos que contempla la ley procesal penal, si el recurrente estima a bien, perseguir por dicha vía, una posible responsabilidad penal de los recurridos.- 11.- Que de lo antes razonado se colige que las comunicaciones de los recurridos vertidas en el WhatsApp privado del condominio, no es arbitraria, como tampoco es ilegal, razón por la cual se hace innecesario analizar los restantes presupuestos de la acción cautelar intentada, por haber fallado el primer presupuesto de procesabilidad del recurso, correspondiendo tan solo que esta Corte resuelva en consecuencia.- Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el intentado por don nombre reservado.
Ejecutoriada esta sentencia, comuníquese esta resolución por la vía más expedita a las recurridas, dejándose sin efecto la orden de no innovar concedida en esta causa.
Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.- Redactó la ministra Viviana Alexandra Iza Miranda.
Rol 18.158-2020 Protección.-