nombre reservado con COPESA S.A. Y OTROS

C.A. de Concepción rtp Concepción, nueve de abril de dos mil veinticinco.

VISTO:

En folio 1 de estos autos Rol Corte N°Protección-18146-2024 comparece nombre reservado, ingeniero en administración de empresas, con domicilio en domicilio reservado, a la época de los hechos que describe, inspector municipal de la Municipalidad de Concepción.

Deduce recurso de protección en contra de 1) Microsoft Chile S.A., R.U.T. N° RUT reservado, titular del motor de búsqueda bing.com, representado por nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana; 2) Google Chile Limitada, R.U.T. N° RUT reservado, y Google Inc., R.U.T. N°RUT reservado, motores de búsqueda o indexador google.com, google.cl y sitio de vídeos youtube.com, representadas para estos efectos por nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana; 3) Verizon Chile S.A., R.U.T. N° RUT reservado, titular del motor de búsqueda yahoo.com, representada por nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, y 4) Copesa S.A., RUT RUT reservado, razón social del Diario La Tercera, dueña de latercera.com, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana.

El acto que denuncia ilegal y arbitrario como fundamento del recurso consiste en la mantención en las hemerotecas digitales de los recurridos, de información y notas periodísticas con video incluido, que difundieron varios medios de comunicación el año 2011, relativa a un hecho ocurrido el 31 de mayo de 2011, cuando él era inspector municipal de la Municipalidad de Concepción y en que fue grabado en estado etílico al interior de un local nocturno mientras se le efectuaban sobornos en dinero y en “minas” (mujeres) a cambio de entrega de patentes para funcionar, situación la descrita que le costó la instrucción de un sumario administrativo para indagar su conducta impropia y una causa penal para investigar la eventual comisión de un delito, la RUC N°1110020067-K del Juzgado de Garantía de Concepción. El sumario terminó por no ser posible aplicarle medida disciplinaria al recurrente por haber cesado en sus funciones el mismo 31 de mayo de 2011, y la causa penal, por decisión del Ministerio Público de no perseverar. La divulgada información desfavorable de su persona permanece vigente en las plataformas de los recurridos, lo estigmatiza y afecta su buen nombre, relaciones familiares, de amistad y su prestigio profesional, provocándole serios perjuicios que podrían remediarse con la eliminación de la misma.

En cuanto a los hechos que fundan el recurso, dijo que en el 31 de mayo de 2011, mientras él era inspector municipal, diversos medios de comunicación publicaron un reportaje exhibiendo en un video donde se lo ve en estado etílico sentado al interior de un local nocturno, conversando con otra persona que primero le ofreció dinero a cambio de las patentes que necesitaban para el correcto funcionamiento del local y después, ante su negativa, le ofreció “minas”, mujeres, con el mismo propósito, a lo que el recurrente consintió, aceptando dos por mes, episodio que se cerró con risas de ambas partes. El video se replicó en diversas plataformas de medios de comunicación masiva.

Por los hechos descritos, se le investigó en la Municipalidad de Concepción en sumario administrativo ordenado instruir mediante Decreto Alcaldicio Nº 103-E-11, de 2 de junio de 2011. La tramitación duró seis meses. El 22 de diciembre de 2011, la municipalidad lo sobreseyó.

Sostiene que si bien se determinó sin matices su inocencia, desde ese entonces ha pagado una permanente, abrumadora y dolorosa condena social que hoy por hoy le afecta en todas las esferas de su vida.

En efecto, debido a la accesibilidad aumentada a la información que tienen las personas en razón del acceso masivo e inmediato a las plataformas digitales, por medios de motores de búsqueda, acceden a gran cantidad de información incluso sobre supuestos delitos que nunca se declararon como delitos, cuyo es su caso, afectándose derechos reconocidos constitucionalmente como son los derechos a su integridad física y psíquica, al respeto y protección a su vida privada y su honra y a la libertad de trabajo y su protección, y también el derecho al olvido reconocido doctrinariamente, pues la mantención de la información en internet ha afectado sus relaciones familiares, que no ha podido reanudar; ha mancillado su alto prestigio profesional y ha mermado sus posibilidades laborales incluso en aquellos casos que intente buscar trabajo en el exterior, como ha sucedido concretamente en Colombia.

Añade que mediante un correo dirigido a correo reservado, el 27 de junio de 2024 les solicitó que eliminaran de sus motores de búsqueda y/o registros todo contenido existente relativo a las noticias o publicaciones asociadas al supuesto delito en el que me vio involucrado. Pero no lo ha conseguido.

Finalmente, dice que no desconoce el derecho de los medios a informar sin censura previa. Lo que pretende con este recurso es que se restrinja la accesibilidad aumentada, lo que se consigue eliminando información o contenido periodísticos que ha perdido el interés público que motivó su publicación, esperando de la Corte que para proteger los derechos que menciona, le ordene a los recurridos que eliminen o den de baja de sus portales, registros o buscadores WEB los links a las noticias, reportajes o cualquier tipo de información relacionada con los hechos que motivaron la investigación penal y donde se determinó su “sobreseimiento”.

Desarrolla consideraciones de derecho e invoca doctrina y jurisprudencia sobre la materia.

Denuncia conculcadas las garantías de los numerales 1, 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja este recurso de protección, con costas, ordenándose a los recurridos por sí, en su calidad de gestores y/o en calidad de agentes o representantes de los gestores de los motores y/o indexadores de búsquedas, y sitios o portales web “Google”, “Bing”, “latercera” y “Yahoo”, eliminar de sus respectivos motores y/o indexadores de búsquedas y sitios o portales web (google.cl; google.com; bing.com; latercera.com; español.yahoo.com y yahoo.com), los links o accesos a las noticias, reportajes o cualquier tipo de información audiovisual relativa a la persona del recurrente y las denuncias en su contra, o que la Corte adopte las medidas que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompañó al recurso copias de 1. Decreto Alcaldicio Nº 235-E-11; 2.- Documentos de la Fiscalía y del Poder Judicial sobre la decisión de no perseverar; 3.- Pantallazos en un Blogger cuando el 27 de junio de 2024 solicitó contacto del administrador para la eliminación del contenido; 4.- Correo electrónico enviado correo reservado de 27 de junio de 2024, solicitando la eliminación de los contenidos; 5.- Correos electrónicos (6) enviado correo reservado (Director) desde el 30 de agosto del 2023 al 11 de julio de 2024, solicitando la eliminación de los contenidos; 6.- Documento que muestra los resultados de la búsqueda (Links) de “nombre reservado” y “nombre reservado Serviu” en páginas webs www.google.cl, www.bing.com, www.espanol.yahoo.com, www.latercera.com/search/?q=diego%20jara%20; 7.- Factura de Movistar donde aparece el número que está publicado en el Blogger y que era de propiedad del recurrente y que dio de baja; 8.- Documento que muestra las fuentes de las referencias mencionadas en este documento.

En folio 13 informó la recurrida Microsoft Chile S.A., por medio del abogado Jaime Silva Bruce, solicitando el rechazo del recurso, con costas, primero por ser extemporáneo; enseguida, por no ser legitimado pasivo para el ejercicio de esta acción; asimismo, por no ser la vía idónea para resolver la controversia y por no existir actuación ilegal ni arbitraria de parte de su representada.

Dijo que es extemporáneo este recurso, presentado el 13 de julio de 2024, impugnándose publicaciones que se efectuaron el año 2011 con ocasión de un hecho público acaecido el 31 de mayo de 2011, pero sin indicar el actor fechas de la supuesta afectación de derechos, sea por vía de la actuación o de la omisión. Incluso es extemporáneo este recurso de protección si se atiende ya no la fecha del hecho que gatilló la publicación, sino que las fechas en que terminaron las causas, administrativa y penal en su contra, esto es, el 22 de diciembre de 2011 el sumario administrativo y el 24 de septiembre de 2023 la causa penal.

Seguidamente, sostuvo que Microsoft Chile S.A no es el legitimado pasivo para el ejercicio de la acción constitucional de autos. Explicó que es Microsoft Corporation, cuya sede está en Estados Unidos de Norteamérica, quien administra o gestiona los datos del sitio Bing.com en donde supuestamente se almacenarían datos personales del recurrente. Pero no es Microsoft Chile S.A., quien desde el año 1992, si bien es una empresa filial de Microsoft, es una entidad con personalidad jurídica, domicilio y representantes legales propios y distintos de Microsoft Corporation. Lo dicho es sustancial atendiendo lo pretendido por el actor, pues pretende por este recurso de protección que se elimine la información personal suya que contendría “Bing” y otros motores de búsqueda, pero eso no lo puede ejecutar Microsoft Chile S.A., por no poseer las facultades ni las herramientas para ello.

También estima que este recurso debe rechazarse porque no es la vía idónea para solicitar la eliminación o cancelación de datos personales, menos todavía cuando los derechos están dubitados y menos todavía cuando la petición de eliminación de publicaciones se asila en un derecho no reconocido en nuestra legislación, como lo es el derecho al olvido. Si tanto urgía al recurrente limpiar su imagen eliminando o cancelando las publicaciones que dice le afectan, debió instar oportunamente ante el juez de letras en lo civil respectivo, en un procedimiento especial regulado en el artículo 16 de la ley 19.628, conocido como habeas data.

Agrega como abono al rechazo del recurso la inexistencia de un acto arbitrario o ilegal que haya vulnerado las garantías constitucionales que invoca el recurrente, toda vez que, por una parte, se encuentra fuera de las facultades de Microsoft Chile S.A. la eliminación de datos o contenido, a parte que nunca supo que el recurrente quería eliminar algún contenido del motor de búsqueda Bing, y, de otro lado, un motor de búsqueda, como entre otros es Bing, no guarda ni procesa tales datos, sino que sólo permite acceder a ellos; se limita a indexar, a linkear información contenida en bases de datos administradas y alimentadas por terceros, que son responsables del contenido que crean. En todo caso, para el evento que se pretendiere la cancelación o eliminación de datos por medio del procedimiento especial contemplado en la ley 19.628, es menester que el tratamiento de la información carezca de fundamento legal o cuando los datos se encontraren caducos, debiendo seguirse el procedimiento que describe en el informe, todo lo cual no aconteció en este caso. Respecto al derecho al olvido en que el actor finca el presente recurso de protección, dice el informante que no está regulado expresamente en nuestra legislación.

Finalmente, sostiene que el sitio web de Microsoft, pone a disposición de los usuarios el link https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-report-aconcern-or-contact-bing-1831f0fe-3c4d-46ae-8e57-16c487715729 como mecanismo destinado a informar en el supuesto de que determinadas URL u otras informaciones contenidas en los resultados de búsqueda del buscador Bing les preocupen, incluyendo entre los motivos de reclamo la denuncia de sugerencias de búsqueda perjudiciales u ofensivas o búsquedas relacionadas. Asimismo, previo al envío del reporte indicado, Microsoft le avisa a los usuarios de lo siguiente: “Bing no controla el contenido que los sitios web publican o que aparece en los resultados de búsqueda de Bing, y que para asegurarse de que el contenido se elimina de los resultados de búsqueda, la mejor opción es ponerse en contacto con el webmaster del sitio web que publicó el contenido y solicitar que se elimine o suprima. Aunque Bing elimine la URL de los resultados de búsqueda, seguirá existiendo y podrá descubrirse accediendo directamente a la dirección web hasta que el webmaster elimine el contenido de su sitio web.”

En folio 15 informó la recurrida Verizon Chile S.A., titular del motor de búsqueda yahoo.com, por medio de los abogados Manuela Cross Pey, Joaquín Rojas-May Carrasco y Vicente Aracena Salgado, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por ser extemporáneo; por no ser legitimado pasivo Verizon Chile S.A. para el ejercicio de esta acción; por no existir actuación ilegal ni arbitraria de parte de su representada, ni vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

Es extemporáneo este recurso deducido el 13 de julio de 2024, en tanto se impugna como ilegal o arbitraria una publicación que data del 31 de mayo de 2011, viralizada en diversos medios de comunicación y periodístico, que podría encontrarse a través de distintos motores de búsqueda, incluso extemporánea si se atiende a las épocas en que terminaron los procedimientos incoados en contra del recurrente para determinar su responsabilidad en los hechos, como lo es el 22 de diciembre de 2011 cuando finalizó el sumario administrativo, y el 24 de septiembre de 2013, cuando terminó la causa penal con la comunicación del Ministerio Público de su decisión de no perseverar.

Sostienen también que Verizon Chile S.A. carece de legitimación pasiva para ser recurrida en autos porque ella no es responsable por cualquier disputa del motor de búsqueda de Yahoo, ni tampoco es quien lo acciona o controla. Explicó que es Verizon Communications quien reviste la calidad de accionista minoritario de Yahoo, y no Verizon Media a quien pertenece Verizon Chile, y conforme se señala en la “Condiciones de Servicio de Yahoo” correspondientes al motor de búsqueda de Yahoo, la única entidad responsable en caso de cualquier disputa es Yahoo International LLC (Dirección: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), por lo que mal puede achacársele a Verizon Chile responsabilidad de Yahoo International LLC, menos por un motor de búsqueda que nada tiene que ver con Verizon Chile. Verizon Chile no es la entidad contratante en los términos de servicios para la portada de Yahoo en español y los servicios de comunicaciones en los mercados de América Latina (excluido Brasil), ni para su motor de búsqueda, sino que lo es la compañía Yahoo International LLC, y quien lo acciona es “Bing”, buscador en internet perteneciente a Microsoft, no a Verizon Chile.

Agregan que, en relación a lo recién dicho, también amerita que se rechace este recurso la inexistencia de actuación ilegal o arbitraria de parte de Verizon Chile. El único hecho que califica como “arbitrario e ilegal” para fundar su recurso consiste en la falta de respuesta de la dirección de correo electrónico correo reservado a su solicitud de que se eliminase de sus motores de búsqueda y/o registros todo contenido existente relativo a las noticias o publicaciones asociadas al supuesto delito en el que se vio involucrado, pero, como se ha demostrado Verizon Chile nada tiene que ver con esos contenidos.

Como consecuencia de no existir hechos ilegales o arbitrarios que sustenten el arbitrio, tampoco existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, sin que éste hubiere relacionado alguna consideración en torno a esas vulneraciones ni menos demostrado de la afectación de derechos que denuncia. Por lo demás, en el caso de Yahoo existe un canal de ayuda vía soporte en donde se puede canalizar un requerimiento como el pretendido por el recurrente, sin que el actor haya usado esa vía y sólo ahora, más de una década después del acto que denuncia agraviante, impetra este arbitrio, sin allegar ningún antecedente que acredite sus alegaciones.

En folio 17 informó el recurrido Google CL (antes Google INC), por medio del abogado Raimundo Moreno Cox, solicitando que se rechace el recurso, con costas, primero por ser extemporáneo y, enseguida, por no ser legitimado pasivo para el ejercicio de esta acción.

Dijo que es extemporáneo este recurso porque se impugnan publicaciones que se efectuaron el año 2011 y como el actor no acreditó la fecha en que el acto impugnado comenzó a producir una afectación efectiva a sus derechos, entonces debe entenderse que el plazo para interponer este arbitrio debe computarse desde la fecha en la cual la publicación fue hecha, habiendo transcurrido en exceso el plazo de 30 días que establece el Auto Acordado sobre la materia.

Seguidamente, sostuvo que Google no es el legitimado pasivo para el ejercicio de la acción constitucional de autos. Google es un intermediario entre el usuario y la información buscada, sin que sea responsable por el contenido que terceros publican en internet. En la especie, Google no es el creador del contenido que el recurrente califica como lesivo de sus derechos y como consecuencia, no puede imputársele alguna eventual antijuridicidad del contenido creado y publicado por terceros. La misión de Google es organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil mediante la ejecución de un motor de búsqueda gratuito en internet, empleando el proceso de indexación, mediante el cual, valiéndose de un complejo algoritmo que considera más de 200 variables (tales como actualidad del contenido de un sitio web, cantidad de visitas que ha recibido y sinónimos de la palabra buscada, entre otros) determina las respuestas más relevantes para las búsquedas concretas que efectúan sus usuarios.

Añadió que la tarea de indexar el contenido público de internet no es una tarea exclusiva de Google; también hay otros motores de búsqueda, como Bing o Yahoo. Sólo desde el momento en que alguien sube un nuevo contenido a internet y lo hace público, éste es susceptible de ser indexado por el buscador de Google u otras empresas. A la inversa, si un contenido desaparece de la red o su titular o administrador bloquea la indexación del contenido, éste desaparecerá de los resultados de los referidos buscadores. Es por esta razón que la jurisprudencia ha resuelto reiteradamente que acciones como la de autos deben dirigirse en contra de los autores del contenido impugnado, que es contra quien debió dirigir el recurso el recurrente. En todo caso, del artículo 85 P de la ley N°17.336, se desprende que Google no tiene la obligación de supervisar los datos que referencia o indexa.

Sostuvo, asimismo, que las publicaciones que se impugnan gozan de la más amplia protección constitucional, pues fueron efectuadas en el ejercicio de la garantía de la libertad de expresión, consagrada en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República. En este sentido, la pretensión del recurrente supone una limitación a la garantía constitucional de la libertad de expresión, porque de aplicarse un filtro previo a la divulgación de cada contenido que se publica en internet, traería aparejados efectos sumamente lesivos para la difusión de información a través de motores de búsqueda.

Termina diciendo que el derecho al olvido no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, así que no puede prosperar la pretendida prevalencia de los derechos a la honra y a la vida privada que invoca el recurrente, por sobre el derecho a la libre expresión y a la información sin cesura previa. Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido de los riesgos de la aplicación del “derecho al olvido”.

En folio 18 informó la recurrida Copesa S.A. (razón social de Diario La Tercera), por medio del abogado Sebastián Castillo García, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por ser extemporáneo, por no singularizarse cuál acción u omisión ilegal o arbitraria se le reprocha a Copesa S.A., porque no se ha acreditado privación, perturbación o amenaza a los derechos supuestamente infringidos al actor y, en consecuencia, no le asiste un derecho indubitado, y, por último, por no ser este arbitrio la vía idónea para resolver el asunto planteado.

Dijo, en primer lugar, que el recurso debe rechazarse por extemporáneo, atendido que fue interpuesto en julio de 2024 impugnando publicaciones de las que el actor tenía conocimiento cierto desde el momento mismo en que éstas fueron emitidas por medio de los artículos de prensa, el 31 de mayo de 2011, y tal es así porque el denunciante no ha dicho la fecha en que tomó conocimiento de aquéllos, debiendo tenerse por cierto el día en que se hicieron las publicaciones, en mayo de 2011, cumpliéndose con creces –más de trece años- el plazo para deducirlo.

Respecto del fondo, estima que el recurso debe rechazarse por manifiesta falta de fundamentos.

Aclara el informante, en relación con la inocencia absoluta que predica el recurrente, que yerra en la descripción de los hechos. No es efectivo que en el sumario administrativo ordenado instruir mediante Decreto Alcaldicio Nº103-E-11, de 2 de junio de 2011, hubiere sido sobreseído el funcionario por no existir antecedentes suficientes que permitieran fundar una acusación en su contra, sino “por no ser posible aplicarle medida disciplinaria alguna por haber cesado en sus funciones el día 31 de mayo de 2011, antes del inicio del presente sumario”. Y en cuanto a la causa penal, terminó por la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento porque no se habrían reunido antecedentes suficientes para fundar acusación.

Tampoco es preciso el actor al mencionar cuál acción u omisión ilegal o arbitraria le reprocha a Copesa S.A.; no explica qué artículo de prensa podrían vulnerar los derechos fundamentales que invoca y en la forma que indica. Reconoce el informante que efectivamente el 31 de mayo de 2011 el portal www.latercera.com emitió una nota relativa al recurrente, pero ésta es diametralmente distinta en su contenido a lo sostenido en este recurso de protección. El titular decía “Acusan a hermano de director del Serviu Biobío de ayudar a cambio de favores sexuales”. El artículo no menciona su nombre en el titular; no anexa videograbación ni se muestra foto del rostro del recurrente. Es completamente falso que diario La Tercera haya efectuado algún juicio de valor respecto al actor, o que haya señalado su culpabilidad o la veracidad en alguno de los hechos que se le imputaban.

Añade que no existe actuación ilegal ni arbitraria atribuible a Copesa S.A. a través de diario La Tercera, que sólo se ha limitado a informar en las notas publicadas en www.latercera.com sobre una denuncia interpuesta por la Asociación Chilena de Consumidores del Biobío en contra del recurrente, la que efectivamente contenía un respaldo audiovisual que la hacía verosímil y en la cual se acusaba a nombre reservado de recibir favores sexuales a cambio de ayudar en la entrega de patentes municipales, denuncia que se interpuso ante la Contraloría Regional, nada más. El hecho que en la especie no exista una condena efectiva para él por los hechos informados en nada cambia lo anterior, pues no es óbice para informar sobre los antecedentes en los que le habría cabido presunta participación al actor dada la información recabada. Esos hechos que no pertenecerían a la esfera privada de nombre reservado, sino que eran de interés público y respecto de los que cualquier ciudadano tiene derecho a ser informado. La Tercera lo hizo sin censura previa, tal como le autorizan el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República y la Ley N°19.733, Ley de Prensa, que consagran la libertad de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, mismo reconocimiento contenido en el Pacto de San nombre reservado Rica. En cambio, el derecho al olvido que se invoca como base a su pretensión no tiene reconocimiento legal en nuestro derecho interno.

Sostiene que no se ha acreditado privación, perturbación o amenaza a los derechos supuestamente infringidos al actor. Cómo podría saberse si el recurrente ha visto afectada su valoración social, con qué elementos ha acreditado la pérdida de oportunidades laborales, cómo puede comprobarse si efectivamente se han afectado sus relaciones familiares y sus amistades. Estas interrogantes demuestran que el recurrente carece de un derecho de carácter preexistente e indubitado.

Termina diciendo que este recurso de protección no es la vía procesal idónea para sustanciar la controversia planteada, donde se hacen imputaciones genéricas y donde lo pretendido no tiene asidero, porque las publicaciones cuya eliminación se espera, lejos de ser falsas, tienen correlato empírico, se trata de un hecho potencialmente delictual que estaba siendo investigado, y el cual por esencia y por expresa disposición del artículo 30 de la Ley N°19.733, debe considerarse como de “interés público”. Además, de accederse a la petición del recurrente se estaría excediendo completamente el marco constitucional y legal, pues se afectaría el derecho de propiedad que Copesa S.A. posee sobre sus reportajes y notas periodísticas, sin que exista una ley expropiatoria que lo faculte, y se afectaría también el derecho de igualdad ante la ley, pues por un lado se prohibiría a Copesa S.A. mantener dicha noticia en los motores de búsqueda, pero por otro lado se permitiría a la Biblioteca Nacional mantener la misma noticia en sus propios archivos y mecanismos de divulgación, diferencia que llevaría a cabo sin justificación alguna y en claro perjuicio para Copesa S.A.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto proteger a las personas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho. Es requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más garantías protegidas.

SEGUNDO: Que, como se consignó en lo expositivo, el recurrente interpone este recurso por el acto que estima ilegal y arbitrario de los recurridos consistente en mantener en su plataforma digital el acceso a información y notas periodísticas en su concepto caducas, relativas a un hecho que vivenció mientras permanecía ebrio en un club nocturno de Concepción el año 2011, cuando trabajaba como inspector municipal de la Municipalidad de Concepción, oportunidad en que fue grabado en un vídeo por un tercero mientras le ofrecían sobornos de diversa índole para la obtención de patentes municipales y que se viralizó, hechos que ese mismo año fueron investigados mediante un sumario administrativo y en causa penal, saliendo indemne de ambos procesos. Sin embargo, las publicaciones permanecerían en internet, por medio de distintos motores de búsqueda, afectando su honra y dignidad, su vida familiar, sus posibilidades laborales, solicitando que se ordene a los recurridos eliminar todo el contenido relacionado con él que circule en las redes o, en subsidio, que la Corte tome las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

TERCERO: Que, por su parte, todos los recurridos solicitaron el rechazo del recurso, por las razones que sucintamente se pasa a indicar.

La recurrida Microsoft Chile S.A. alegó la extemporaneidad del recurso; que no existe actuación ilegal ni arbitraria de su parte; que no es el legitimado pasivo para el ejercicio de la acción constitucional de autos comoquiera que Bing no es creador de información o contenidos, sino sólo un indexador, un intermediario entre el usuario y la información buscada, sin que sea responsable por el contenido que terceros publican en internet; que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia por estar discutidos los derechos que se reclaman, a más de existir en nuestra legislación el procedimiento especial regulado en el artículo 16 de la ley 19.628, conocido como habeas data; que el derecho al olvido no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico; que Bing coloca a disposición de los usuarios un link para que reporten o denuncien a Microsoft las búsquedas perjudiciales u ofensivas y además les advierte que el conducto más eficaz para solicitar la eliminación de resultados de búsqueda del buscador Bing es ponerse en contacto con el webmaster del sitio web que publicó el contenido, siendo en este caso el del diario La Tercera.

A su turno, Verizon Chile S.A. se ha defendido diciendo que el recurso de protección es extemporáneo; que Verizon Chile S.A. carece de legitimación pasiva para ser recurrida en estos autos porque no es responsable por cualquier disputa del motor de búsqueda de Yahoo, ni tampoco es quien lo acciona o controla; que no existe una acción o hecho arbitrario o ilegal que se le impute a Verizon Chile S.A.; que los motores de búsqueda no son responsables del contenido de las publicaciones que se indexan en los servidores; que no existen hechos ilegales o arbitrarios que sustenten el arbitrio, ni vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

En el caso de Google CL (antes Google INC) alegó la extemporaneidad del recurso; que no existe actuación ilegal ni arbitraria de su parte; que no es el legitimado pasivo para el ejercicio de la acción constitucional de autos comoquiera que Google no es creador de información o contenidos, sino sólo un intermediario entre el usuario y la información buscada, sin que sea responsable por el contenido que terceros publican en internet; que los autores de los contenidos que se publican en internet controlan plenamente la disponibilidad del contenido mediante su creación, eliminación o desindexación, razón por la cual éstos –y no Google– son los legitimados pasivos para el ejercicio de las acciones que correspondan; que la tarea de indexación no es exclusiva suya, pues existen otros buscadores que indexan; que la pretensión del recurrente supone una limitación a la garantía constitucional de la libertad de expresión, toda vez que mediante la prohibición de su difusión se termina volviendo prácticamente ilusorio su ejercicio; que el derecho al olvido no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.

Por lo que toca a Copesa S.A. (razón social de Diario La Tercera), también alegó la extemporaneidad del recurso; la falta de determinación o singularización de cuál acción u omisión se le reprocha ilegal o arbitraria; que no existe actuación ilegal ni arbitraria del diario; que no se ha acreditado privación, perturbación o amenaza a los derechos supuestamente infringidos al actor; que no le asiste un derecho indubitado; que el derecho al olvido no tiene consagración legal y que no es este arbitrio el idóneo para resolver el asunto planteado.

CUARTO: Que, asentado lo recién dicho, el orden lógico de las proposiciones conlleva ahora a detenerse primeramente en la alegación de extemporaneidad promovida por todas las recurridas, quienes coinciden en requerir que se declare extemporáneo este arbitrio por haber sido entablado fuera del plazo legal que se contiene en el Auto Acordado sobre la materia, en atención que se reclama respecto de publicaciones que el propio actor reconoce datan desde el año 2011.

Sin embargo, no es posible acoger tal excepción si el acto que lo motiva, dada la naturaleza del conflicto jurídico materia de estos autos, es de aquellos de desarrollo permanente y continuo, por lo cual el derecho a recurrir a través de esta vía no precluye mientras la acción ilegal o arbitraria siga produciéndose. En la especie, no es posible contabilizar el plazo para interponer el recurso desde a la fecha de las publicaciones de las notas periodísticas o noticias cuya eliminación se busca, dado que esto ocurrió el año 2011 y en aquella esa fecha no era factible que el recurrente invocara un eventual derecho al olvido, que es en definitiva lo que se pretende con esta acción, ya que esas noticias en esa época eran actuales.

Por consiguiente, este arbitrio constitucional ha sido interpuesto dentro del plazo legal, razón por la que se desestimará la alegación efectuada por las recurridas en relación a dicho tópico.

QUINTO: Que, corresponde ahora hacerse cargo de la alegación que hicieron las recurridas Microsoft Chile S.A., Verizon Chile S.A. y Google CL en orden a que carecerían de legitimación pasiva para ser recurridas en el ejercicio de esta acción constitucional, cuyo basamento radica, en algunos casos, en que sus objetos sociales no tienen vinculación con sus homónimas norteamericanas y, en otros, en la función específica que desarrollan en nuestro país, que no guarda relación alguna con la administración, indexación y búsqueda de datos en internet.

En el caso de Microsoft Chile S.A., alega que no tiene legitimación pasiva en autos ya que quien administra o gestiona los datos del sitio Bing.com es Microsoft Corporation, cuya sede se encuentra en Estados Unidos., y no Microsoft Chile S.A. Esta alegación será acogida sin más, pues es un hecho público y notorio que Microsoft Chile S.A. es una entidad con personalidad jurídica, domicilio y representantes legales propios y distintos de Microsoft Corporation.

A su turno, Verizon Chile S.A. alega no ser legitimada pasiva en autos porque no es titular del motor de búsqueda de Yahoo, no ostentando, por tanto, la administración ni derecho alguno respecto a dicho motor de búsqueda; que sólo se dedica a labores de marketing, proporcionando servicios y productos de telefonía, red de internet y servicios móviles, pero en ningún caso es creadora de información o contenidos ni responsable por la que terceros publican en internet. En relación a esta recurrida, la falta de legitimación pasiva será acogida por la Corte, teniendo en consideración que la función que desempeña no dice relación con la administración, indexación y búsqueda de datos en internet mediante motores de búsqueda especialmente diseñados para tal efecto.

Google CL, por su parte, fincó su falta de legitimación pasiva en que la indexación que efectúa la herramienta de búsqueda de Google no constituye tratamiento de datos personales, debiendo dirigirse el recurso en contra de los autores del contenido impugnado, al propio tiempo de no tener injerencia sobre en el contenido de lo que se publica en la medida que no los crea ni está obligada a controlar o verificar lo que los usuarios publican, por lo que carece de responsabilidad que se le imputa en la acción deducida. Respecto de esta recurrida se debe tener presente que el artículo 85 letra p) de la Ley 17.336, modificada por la Ley 20.345, señala que respecto de los motores de búsquedas –como Google-, éstos no tendrán la obligación de supervisar los datos que transmitan, almacenen o referencien, motivo por el que su alegación será acogida, tal como se dirá en lo resolutivo.

SEXTO: Que, resta resolver ahora el fondo del recurso, y en este cometido, determinar si la actuación de Copesa S.A., razón social del Diario La Tercera, como única legitimada pasiva subsistente en estos autos, constituye o no un acto ilegal y arbitrario.

Es un hecho de la causa que lo reprochado en este arbitrio constitucional es la mantención de información referente a la conducta del actor en hechos acaecidos el 31 de mayo de 2011, en archivos de acceso al público por internet, en las plataformas digitales o indexada en diversos motores de búsqueda de dominio de las recurridas, una publicación del año 2011, salida a la luz en ejercicio de la libertad de expresión, por los que fue investigado administrativa y judicialmente ese año mediante un sumario administrativo y en causa penal, para determinar su eventual responsabilidad en la comisión de un ilícito y de los que salió librado el 22 de diciembre de 2011 cuando terminó el sumario administrativo “por no ser posible aplicar medida disciplinaria alguna al Sr. nombre reservado, por haber cesado en sus funciones el día 31 de mayo de 2011, antes del inicio del presente sumario”, y el 24 de septiembre de 2013, con la decisión de no perseverar comunicada por el Ministerio Público porque no se habrían reunido antecedentes suficientes para fundar acusación.

Habrá que dilucidarse entonces si la mantención de ese artículo de prensa en las plataformas de las recurridas, constituyen o no un acto ilegal y arbitrario que amerite conceder la protección reclamada.

SÉPTIMO: Que, por lo que toca a la legalidad de las publicaciones, comencemos por sentar que el artículo 30 de la ley 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, dispone: “Para lo dispuesto en el presente artículo se considerarán como hechos de interés público de una persona los siguientes: a) Los referentes al desempeño de funciones públicas; b) Los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga interés público real; c) Los que consistieren en actividades a las cuales haya tenido libre acceso el público, a título gratuito u oneroso; d) Las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubieren sido captadas o difundidas por algún medio de comunicación social; e) Los acontecimientos o manifestaciones de que el interesado haya dejado testimonio en registros o archivos públicos, y f) Los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos.”.

De los antecedentes que obran en autos, fluye que concurren en la especie los supuestos de las letras a) y f) de la norma citada, ya que los hechos de que daba cuenta la publicación efectuada el mismo día en que acaecieron tendrían su origen en la imputación que en esa época se le hizo al recurrente en su calidad de funcionario público, a la sazón, inspector municipal de la Municipalidad de Concepción que se desempeñaba en el Departamento de Patentes de la Corporación, por actos que pudieran revestir la calidad de delito, cuyo era el caso, circunstancia que convierte a esos hechos en unos de interés público. Lo dicho es independientemente del resultado que meses y años después tuvieron el sumario administrativo y la causa penal, donde finalmente no fue posible aplicarle una medida disciplinaria al actor por haber cesado en su cargo el mismo día que acaeció el hecho, ni perseverar en la causa penal porque no se habrían reunido antecedentes suficientes para fundar acusación.

Por otra parte, el Constituyente consagra la libertad de informar en el numeral 12 del artículo 19 de la Carta Política, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades.

A su vez, en nuestro ordenamiento jurídico actual no existe una norma que obligue a las recurridas a eliminar de su motor de búsqueda o de sus sitios de internet, una noticia que en su oportunidad fue comunicada en el ejercicio de la libertad de expresión. Es más, la Ley N°19.733, sobre Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, en su artículo 14 obliga a aquellas personas o establecimientos que han efectuado impresiones, grabaciones sonoras o producción audiovisual o electrónica en el país y destinados a la comercialización, a enviar a la Biblioteca Nacional sendos ejemplares de tales publicaciones, con lo que se demuestra que la información no puede ser eliminada, sino que ella pasa a formar parte de un registro que con el paso del tiempo se transforma en histórico.

La historia no se borra ni se elimina; por el contrario, debe preservarse, y parte importante de ella está constituida por los registros noticiosos, material que se preserva y cuida en la Biblioteca Nacional. En este orden de ideas, no existe razón legal para concluir que las recurridas no puedan mantener en sus sitios una información de noticias pretéritas que ellas mismas dieron a conocer.

OCTAVO: Que, descartada la comisión de un acto ilegal, corresponde determinar si ha habido arbitrariedad en el proceder de la recurrida Copesa S.A., vale decir, capricho en su obrar o carencia de razonabilidad por mantener en su sitio web algún hecho noticioso relacionado con el recurrente.

En la especie, convergen dos garantías constitucionales, el derecho a la honra y la libertad de emitir opinión e informar. Ante la colisión de ambas, debe tomarse en cuenta que cada una tiene una esfera de acción propia que pueden llegar a superponerse durante un tiempo, en el que es necesaria y útil la información pública frente al derecho personal que pueda invocarse, pero que decae a medida que pasa el tiempo, lo que provoca que los contenidos eventualmente dejen de tener el interés público del que gozaban en el tiempo inmediato de ocurrencia de los sucesos informados.

Lo anterior da cuenta que, ante un conflicto de derechos fundamentales, corresponde hacer un discernimiento o juicio de ponderación que permita llegar a un equilibrio que resuelva el caso concreto. Tal actividad importa conciliar las garantías de una manera armónica, logrando protección para ambas, pero privilegiando aquel derecho que, en el caso concreto, goce de mayores fundamentos para ello.

NOVENO: Que, como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en rol 21.499-2014, en el análisis pertinente se ha de considerar que el derecho a la honra y al honor no es absoluto. Su protección admite límites que se relacionan con la libertad de expresión y la difusión de informaciones. Entonces, el derecho a la honra puede entrar en colisión con otros derechos y particularmente con el ejercicio de la libertad de expresión y con el derecho de acceso a la información, de lo que se colige que no tiene un carácter absoluto y que, por ende, se encuentra sujeto a límites tales como el interés público en que la ciudadanía conozca de una determinada información. En el mismo sentido, sentencias del Máximo tribunal dictadas en roles 90.746-2020, 18.748-2018, 17.732-2016 y 37505-2015.

DÉCIMO: Que, de los antecedentes allegados a los autos aparece que Copesa S.A, razón social del Diario La Tercera, dueña de latercera.com, en el legítimo ejercicio del derecho a informar publicó antecedentes vinculados con hechos reales, respecto de los cuales se investigó al recurrente en un sumario administrativo incoado por el municipio empleador y paralelamente en una causa penal ante el Juzgado de Garantía de Concepción, sin que la municipalidad le pudiera aplicar una medida disciplinaria por haber cesado en el cargo el actor el mismo día que acaeció el hecho, el 31 de mayo de 2011, antes que se diera inicio a la investigación sumarial el 2 de junio de 2011, y en cuanto a la causa penal, no prosperó porque el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar por no haberse reunido antecedentes suficientes para fundar acusación. Por tratarse los hechos que rondaron el origen de la causa a unos de relevancia pública y resonada exposición local –y nacional, por cierto-, el derecho a la honra y la vida privada cede en este caso ante la necesidad de protección de que goza la libertad de información, considerando la necesidad de la ciudadanía de conocer hechos como aquellos de que se trata en autos. No observan estos sentenciadores, arbitrariedad en la actuación de latercera.com, comoquiera que su actuación estuvo avalada en el legítimo ejercicio de la libertad de información, como antes se explicó.

UNDÉCIMO: Que, por lo antes razonado, no habiéndose justificado la existencia de actos u omisiones que revistan el carácter de arbitrarios o ilegales, la presente acción debe rechazarse.

DUODÉCIMO: Que habiendo pedido todas las recurridas el rechazo de este arbitrio con expresa condenación en costas al recurrente, sin embargo no será condenado a ellas, por estimar estos sentenciadores que tuvo motivo plausible para recurrir.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide que:

I.- SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad del recurso formulada por todas las recurridas;

II.- SE ACOGE la alegación de falta de legitimación pasiva impetrada por Microsoft Chile S.A., por Verizon Chile S.A. y por Google CL, declarándose que no son recurridos en esta causa.

II.- SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de 1) Microsoft Chile S.A., de 2) Google Chile Limitada, de 3) Verizon Chile S.A., y de 4) Copesa S.A. (razón social de Diario La Tercera), en el caso de las tres primeras, en atención a lo resuelto en el punto II.- precedente.

Regístrese, notifíquese, comuníquese una vez que este fallo quede firme y en su oportunidad archívese.

Se deja constancia que en el estudio de los antecedentes se hizo uso de la facultad contenida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción del ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina.

No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en sus funciones como abogado integrante.

N°Protección-18146-2024.