nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES

Concepción, veintidós de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTO:

nombre reservado, ingeniero, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, ingeniero comercial, en su calidad de Gerente General, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario vulnerador de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Señala que el 26 de octubre del año 2015 contrajó un mutuo de dinero con la recurrida, denominado “crédito Social”, pagare N°179.1971-8.-, por la suma de $3.600.000, por concepto de capital, más los intereses respectivos señalados en dicho documento, el cual fue pactado en diversas cuotas, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833.

Relata que transcurridos unos meses, por causas ajenas a su voluntad, fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos, cayendo en mora por el mutuo referido a partir de la cuota N° 12. Asimismo, menciona que en diversas ocasiones se dirigió a sucursales de la recurrida a intentar regularizar la situación, sin embargo, la única opción que le ofrecieron era repactar la deuda, con todo el incremento artificial de la misma que eso conlleva, a fin de evitar que se iniciarán las acciones judiciales que en Derecho corresponda.

Sostiene que así las cosas, el recurrido declinó de hacer el cobro individual de cada cuota morosa, haciendo exigible la totalidad mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración que conlleva la interposición de la demanda ejecutiva por el total adeudado. En consecuencia, Caja Los Andes interpuso demanda ejecutiva con fecha 11 de enero del año 2017, quedando legalmente emplazado de la misma el 22 de marzo del año 2017, en causa Rol C-168-2017, seguida ante el Primer Juzgado Civil de Concepción. A raíz de esto, y con el objeto de enervar la acción, ejerció sus derechos mediante la oposición de incidente de nulidad por falta de notificación y en subsidio opuso excepciones, las que hasta el día en que se hizo esta presentación, siguen en tramitación, tratándose en consecuencia de un procedimiento pendiente.

Refiere que no obstante lo anterior, y para su sorpresa, en su liquidación de sueldo del mes de junio del año 2024, de la cual se enteró el día 30 de junio pasado, figura un descuento de $21.796, efectuado por Caja de Compensación Los Andes, a través del sistema intercaja y a favor de la recurrida. Es decir, a pesar de existir un juicio pendiente en sede civil, donde se discute la efectividad de la deuda, la recurrida, incurriendo en una completa arbitrariedad, procedió a efectuar un descuento. Ante tal situación, expresa haber concurrido al área de R.R.H.H. de su empleador en busca de una respuesta, pero fue informado que la retención fue hecha por voluntad exclusiva del recurrido. Ante esto, concurrió a la sucursal más cercana de dicha entidad, pero no pudieron explicarle el porqué del descuento a pesar de existir un juicio pendiente, ni tampoco el cálculo que se hizo para determinar la suma retenida.

Alega que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo y caprichoso, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador. Es más, considera que dicho descuento se trata del ejercicio de la anacrónica autotutela, pues haciendo mal uso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades, descuentan una suma antojadiza de la remuneración de su representado, en paralelo al cobro judicial tendiente a embargar y rematar bienes.

Estima que el actuar de la recurrida vulnera su derecho de propiedad, en lo relativo a su remuneración, atentando con ello contra el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, siendo la presente acción el único remedio que puede poner un rápido fin a dicho actuar y así restablecer el imperio del derecho.

Argumenta que el artículo 22 de la Ley 18.833 faculta a las Cajas de Compensación a efectuar los denominados “descuentos por planilla” directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados, sin embargo, hace presente que dicha entidad es un órgano intermedio sujeto a la Carta Fundamental y a las leyes, de tal modo que no puede hacer un uso irracional y caprichoso de los derechos y facultades que el ordenamiento jurídico les confiere.

Reitera que se le privó de su derecho de propiedad sobre $21.796 de su remuneración, en circunstancias que la recurrida al momento de interponer la demanda ejecutiva manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, lo que implica que conscientemente declinó de perseguir el pago individual de las cuotas. En consecuencia, resulta del todo caprichoso y arbitrario que, habiendo ejercido la cláusula de aceleración, y estando ello en tramitación en sede civil, Caja Los Andes ordene retención de montos cercanos al de una cuota.

Solicita tener por deducido recurso de protección en su favor, darle tramitación y en definitiva acogerlo en todas sus partes, y declarar arbitrario e ilegal los hechos descritos en el cuerpo principal de esta presentación, ordenándose a fin de restablecer el imperio del derecho:

1) Que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones;

2) Que deberá reembolsar los montos indebidamente descontados en la liquidación de sueldo del mes de junio del 2024 en adelante, en un plazo de 5 días hábiles o el que esta Corte mejor estime y 3) Que se condene expresamente en costas a la recurrida.

Informó Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando que el presente recurso sea rechazado.

Expresa que esa Caja de Compensación con fecha 26 de octubre 2015, otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito código N° 179.1971-8, por un capital inicial de $3.629.257.-, a una tasa de interés mensual de 2.29%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $137.519, cuyo primer vencimiento correspondió al 30 de noviembre de 2015. Las cuotas de los meses de noviembre de 2015 a septiembre de 2016, cuota N° 1 a N° 11, se pagaron entre los periodos comprendidos entre el 10 de diciembre de 2015 al 05 de julio de 2024 y a la fecha, la presente operación de crédito mantiene en estado moroso las cuotas de los meses de octubre de 2016 a octubre de 2019, cuotas N° 12 a N° 48.

Hace presente que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor, de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Sostiene que su representada se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita y menciona que como bien sabe esta Corte, la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura desprende que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que ésta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por el actor existe y es plenamente exigible. A lo anterior agrega el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Considera que mal puede el recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional, en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Niega haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Explica que el mecanismo del “descuento por planilla” tiene varias particularidades, por cuanto se trata de un “mecanismo especial de pago”, inherente al régimen de “crédito social” otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y, con ello, permite que el costo del crédito sea menor, porque el pago del mismo se descuenta directamente de la remuneración del trabajador; también se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, ya que las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria, teniendo el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales.

Destaca que la obligatoriedad del “descuento por planilla” recae sobre el empleador y precisamente por eso es que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según se sigue del artículo 22 inciso 2° de la Ley 18.833. Lo mismo se sigue del Punto 3.1.17.1.1 párrafos 3º y 4º del Compendio.

Enfatiza que respecto del trabajador el pago de lo debido por concepto de crédito social se produce cuando la entidad empleadora le paga la remuneración mensual, que es el momento en que por disposición legal corresponde que le efectúe el descuento, oportunidad a partir de la cual se entiende extinguida total o parcialmente su obligación, según sea el caso, de acuerdo a lo señalado por el N°1 del artículo 1.567 del Código Civil, esto es, por la solución o pago efectivo de ella.

Menciona que la circunstancia que la entidad empleadora no dé cumplimiento a la obligación de remesar a la C.C.A.F. las sumas descontadas a sus trabajadores por crédito social, no habilita a la C.C.A.F. para accionar en contra del trabajador, ya que, respecto de él la obligación se extinguió. Lo que procede en tal caso es cobrar a la entidad empleadora las sumas adeudadas por dicho concepto, conforme a las normas de cobro de las cotizaciones previsionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra la empresa.

Precisa que el trabajador no puede oponerse ni negarse al “descuento por planilla”, porque la obligatoriedad misma es un mecanismo normativo y propio del específico tipo de crédito otorgado y si un trabajador no quisiera quedar sometido al “descuento por planilla”, entonces tendrá que obtener el crédito del sistema financiero bancario o de casas comerciales, el que (de seguro) será más caro debido al riesgo del repago; y, además, es técnica y fácticamente imposible que pueda sostenerse que el funcionamiento del “descuento por planilla” constituya una gestión de cobro por parte de la Caja Los Andes, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que su representada no haga nada o no lo desee, porque, no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de “créditos sociales”.

Expresa que no obstante lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.

Hace presente que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, su representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de los argumentos planteados, rechazar por falta de oportunidad la acción de protección incoada en marras, toda vez que su representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Segundo: Que, se recurre en la especie indicando el recurrente que en su liquidación de sueldo del mes de junio de este año 2024, figura un descuento de $21.796, efectuado por Caja de Compensación Los Andes, a través del sistema intercaja y a favor de la recurrida. Al respecto sostuvo que el 26 de octubre del año 2015 obtuvo un crédito Social, pagare N°179.1971-8.-, por la suma de$3.600.000, de capital, más los intereses respectivos, el cual fue pactado pagar en diversas cuotas. Agregó que en la época, fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos, cayendo en mora por el mutuo referido a partir de la cuota N° 12.

Además, explicó el recurrente que la recurrida Caja Los Andes interpuso demanda ejecutiva con fecha 11 de enero del año 2017, en causa Rol C-168-2017, seguida ante el Primer Juzgado Civil de Concepción. Refiere que estando en su derecho incidentó de nulidad por falta de notificación, y en subsidio, opuso excepciones, las que siguen en tramitación.

En su caso la recurrida Caja de Compensación Los Andes sostuvo al informar, argumentaciones por las cuales estima, no haber incurrido en conductas ilegales o arbitrarias. Sin embargo, expresó lo siguiente:

“ … que no obstante lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros”.

Tercero: Que, del mérito de los antecedentes es posible estimar que el motivo por el cual se recurre de protección ya no existe, pues la recurrida ha señalado, de motu-propio, que ha dispuesto cesar definitivamente los descuentos del crédito otorgado a la recurrente,, por medio de descuento en sus remuneraciones, y que, en su caso, ha ordenado la restitución de las sumas que hubieren sido recibidas por dicha entidad a partir de la reanudación de los cobros por planilla.

De este modo, del mérito de los antecedentes aparece que precisamente lo tildado de arbitrario y/o ilegal en esta vía proteccional ha desaparecido, pues el hecho que sustentaba el arbitrio intentado esto es el cobro de cuotas por planilla del sueldo mensual del recurrente, ya no se efectuará.

Conforme a lo anterior, es claro que la conducta que motivó la interposición del arbitrio constitucional ya no existe, razón por la cual la acción de protección ha perdido oportunidad, no existiendo medidas que esta Corte pudiere adoptar, a través de esta vía proteccional, de naturaleza cautelar y de emergencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, Se Rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Sin perjuicio de lo anterior, la recurrida deberá informar, en el plazo de 15 días hábiles, que ha restituidos las sumas de dinero que había recibido a título de descuento de la liquidaciones de sueldo del recurrente.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del citado Auto Acordado.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Rafael L. Andrade Díaz.

Rol N° 18145-2024 – Protección.