Protección contra BANCO BCI

C.A. de Concepción Concepción, quince de octubre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Se interpone recurso de protección por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en contra del BANCO BCI, señalando que tiene una deuda castigada en el banco BCI y cuando fue a pagarse del sueldo que su empleadora le deposita en su cuenta vista, se percató que el banco recurrido no le pagó su sueldo, ascendente a $339.873.-, por tener una deuda castigada; y que consecuencia de esto se quedó sin dinero para comprar sus alimentos y pagar sus gastos y remedios.

El abogado Marcelo Llanos Campos, en nombre y representación del BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES, informa el recurso de protección, solicitando sea rechazado, con costas.

Sostiene que su representada no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario; que de acuerdo a sus registro, el 06 de agosto de 2019, se realizó un cargo en la cuenta vista del recurrente por un monto de $336.125, con el cual se realizó un abono a la deuda que mantiene en su tarjeta de crédito N° 4548***-***9631, desde el año 2018; que dicho cargo se hizo con estricto apego a lo convenido en el Contrato Cuenta al vista celebrado con el recurrente el 31 de enero de 2019, en cuya cláusula tercera se estipuló: “El Cliente acepta desde ya, en los casos que proceda, todo cargo que el Banco efectúe a su Cuenta Vista por concepto de impuestos, diferencias de cargos y/o abonos, comisiones u otros gastos, así como aquellos que a solicitud escrita de su empleador, debite con motivo de depósitos indebida o erróneamente efectuados. Asimismo, faculta al Banco para cargar en su Cuenta Vista, el monto de las cuotas atrasadas y/o morosas de los créditos que se le cursen”.

Se evacua informe por la COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO, indicando que en cuanto a la regulación que rige a las empresas bancarias respecto a la apertura de “Cuentas a la Vista”, el Banco Central de Chile, en ejercicio de la atribución que le otorga el artículo 35 N°1 de la Ley N° 18.840, ha dictado el Capítulo III.B.1.1 de su Compendio de Normas Financieras, en que se regulan las cuentas a la vista que abran y mantengan los bancos, fijando al efecto que éstas sean documentadas a través de un contrato de apertura suscrito con su titular o mediante firma electrónica; convenciones que deben responder a condiciones generales que han de encontrarse protocolizadas ante Notario Público y estar disponibles en la página web del respectivo banco.

Expone que esa Comisión ha dispuesto en el Capítulo 6 de la Recopilación Actualizada de Normas, las instrucciones pertinentes para la aplicación de la regulación antes reseñada. En lo concerniente a la apertura de cuentas a la vista, se indica que el contenido del contrato, junto con las condiciones generales a las que haga referencia, corresponderá al dispuesto en el Capítulo III.B.1.1 antes mencionado, sin perjuicio de que es posible agregar las cláusulas adicionales que sean necesarias para referirse a las características particulares de la cuenta que se contrata.

Señala que la regulación impuesta por el Banco Central de Chile y las instrucciones dictadas por esa Comisión corresponden al contenido mínimo de los contratos y las condiciones generales que los rigen, encontrándose sujeto al principio de libertad contractual que los bancos convengan con sus clientes que se les faculte para efectuar cargos contra el saldo que mantengan el titular en dicha clase de cuentas, para efectos de realizar el pago de obligaciones que este último mantenga con la respectiva institución, materia en que deben dar cumplimiento a las normas generales sobre contratos de adhesión y respetar los derechos previstos en la Ley N°19.496 en protección de los consumidores de productos financieros, en especial en tocante al otorgamiento de mandatos y rendición de cuentas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°) Que, son condiciones de procedencia del recurso de protección, que se cometa un acto o se incurra en una omisión estimadas arbitrarias o ilegales; que con tal acción u omisión se conculque algunos de los derechos constitucionales especialmente protegidos por el Constituyente; y que el recurso se interponga dentro del plazo previsto por el auto acordado sobre la materia.

2°) Que del análisis de los antecedentes y, especialmente, el Contrato Cuenta a la Vista acompañado, unido a la información que se indica en el informe de la recurrida, es posible tener por establecido que el recurrente mantiene dicha Cuenta Vista en el Banco de Crédito e Inversiones para el “Pago de Remuneraciones”, por cuanto se trata de un trabajador de una empresa cliente del BCI.

Por su parte el recurrido no ha discutido la efectividad de haberle descontado el total de la suma depositada en dicha cuenta vista, ascendente a $339.873, afirmando que el recurrente mantiene una deuda por concepto de tarjeta de crédito desde el año 2018 y conforme a la cláusula 3 del contrato antes referido que lo autoriza para cargar en su Cuenta Vista el monto de las cuotas atrasadas y/o morosas de los créditos que se le cursen.

3°) Que es preciso señalar en primer lugar, que la forma legal de solicitar el cumplimiento de cualquier obligación que se estima incumplida es a través de las acciones jurisdiccionales correspondientes, ya sea por las vías ordinarias o ejecutivas.

Tal es la instancia para determinar si una deuda ha sido o no íntegramente solucionada o si, por el contrario, se encuentra prescrita.

4°) Que de lo señalado precedentemente aparece de manifiesto que la recurrida incurrió en un acto arbitrario que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, puesto que unilateralmente se ha hecho pago de una deuda generada en el año 2018, atribuyéndose para ello la facultad que le otorga una cláusula contractual que figura en un contrato suscrito en el mes de Enero de 2019, es decir, con posterioridad a la deuda.

5°) Que cabe señalar asimismo, que dicho obrar resulta ilegal, por cuanto las sumas de dinero que se depositan en la cuenta vista corresponden a las remuneraciones del recurrente, las cuales se encuentran protegidas por la legislación laboral y civil, salvo excepciones específicamente contempladas atendido que se trata del medio de subsistencia de un trabajador y tiene una naturaleza predominantemente alimentaria.

En efecto, sobre ellas solo pueden realizarse descuentos legales y entre ellos están los impuestos cotizaciones previsionales, aportes sindicales, cuotas de los créditos otorgados por Cajas de Compensación, pensiones alimenticias decretadas judicialmente. Si bien es efectivo que existen descuentos facultativos, aquellos son los pactados entre el empleador y el trabajador y tienen topes de descuento entre un 15% y un 30%.

Cabe agregar, asimismo, que el mismo artículo 445 del Código de Procedimiento Civil declara inembargables los sueldos, las gratificaciones y las pensiones de gracia, jubilación, retiro y montepío que pagan el Estado y las Municipalidades y las remuneraciones de los empleados y obreros en la forma que determinan los artículos 40 y 153 del Código del Trabajo.

6°) Que, en consecuencia, corresponde acoger el recurso en los términos que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección deducido por don nombre reservado y se ordena al recurrido, Banco de Crédito a Inversiones restituirle dentro del plazo de tercero día de notificado de esta sentencia la suma de $339.873 con reajustes e intereses corrientes desde el mes de Julio de 2019 hasta su pago efectivo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Carola Rivas Vargas No firma el abogado integrante señor Carlos Álvarez Cid, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

N°Protección-17938-2019.