Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

C.A. de Concepción.

Concepción, veintiuno nombre reservado de dos mil veintidós.

Vistos:

Compareció en este proceso Rol 17.926-2022 Judith Amelia Urzúa Arriaza, abogada, actuando en favor de nombre reservado, trabajadora, ambas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, e interpuso recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, por los actos arbitrarios e ilegales de que habría sido objeto la actora, por cuanto las recurridas, a partir de octubre de 2021 y hasta marzo de 2022, dio instrucciones a su empleador para que descontara de su remuneración las sumas de $48.912 (octubre 2021); $38.465 (noviembre 2021); $94.363 (diciembre 2021); $51.331 (enero 2022); $50.778 (febrero 2022); y $50.778 (marzo 2022) cobros efectuados por nombre reservado 18 nombre reservado por encargo de nombre reservado Los Andes o por “Convenio Intercaja”, con motivo del crédito que le había otorgado la Caja de Compensación Los Andes hacía 3 años, el que hasta la fecha es conocido en causa Rol C-2239-2021 del 20° Juzgado Civil de Santiago.

En opinión de la abogada recurrente, este acto es arbitrario e ilegal, afectando los derechos y garantías de su representada, establecidos en la Constitución Política de la República, como son el derecho de propiedad y el debido proceso, referidos en sus artículos 19 N° 3 y 24.

Señala, en síntesis, que la actora, con fecha 23 de abril de 2019 firmó un pagaré por haber solicitado a Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes un crédito por la suma de $1.210.448, el que debía ser pagado en 50 cuotas mensuales y sucesivas de $51.567.

Agrega que con fecha 01 de marzo de 2021 se interpuso demanda ejecutiva por parte de la recurrida, aludiendo ser titular del crédito contenido en pagaré N°200CON100349106, señalando en ella que su representada solamente habría pagado las primeras 8 cuotas, correspondiendo la última a diciembre de 2019, por lo que adeudaría los 42 restantes, pretendiendo con esta demanda se proceda al pago de lo adeudado por su patrocinada respecto al mencionado crédito, por la suma total de $1.016.776 más intereses, reajustes y costas, en el proceso ya individualizado. Precisa que dicha demanda y el respectivo mandamiento de ejecución y embargo ya fue notificada a la aquí recurrente.

Explica que al momento de recibir su remuneración del mes de marzo de 2022, dentro de los descuentos personales, la actora se percató de la existencia un descuento automático informado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, por la suma de $ 50.778, lo cual parecía extraño pues el crédito lo había adquirido con otra caja, siendo ella la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes. Al revisar sus otras liquidaciones, se dio cuenta que el mismo descuento, con distintos montos, fue efectuado durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2021, así como enero y febrero del presente año, con la salvedad que los meses de octubre, noviembre y diciembre 2021, y enero 2022, fueron bajo la nomenclatura “Saldo Crédito 1/1” correspondientes a nombre reservado Los Andes, pero los meses de febrero y marzo 2022 fueron hechos por nombre reservado 18 nombre reservado por encargo o “Convenio Intercaja”.

Dice que la recurrida, ha actuado arbitraria e ilegalmente al ordenar al empleador de la actora descontar de la remuneración mensual las sumas que detalla en su recurso, ya que tanto la deuda como la acción de cobro están siendo conocidas en la causa rol C-2239-2021 del 20° Juzgado Civil de Santiago, por lo que accionar mediante el descuento de su remuneración supone desconocer la acción que el recurrido ejerció en contra del amparado ante la justicia.

Añade que la conducta de la recurrida vulnera las garantía consagradas en el artículo 19, N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile, por lo que solicita que se acoja este recurso, ordenando a las recurridas que cesen los descuentos y se efectúe la restitución de los montos descontados de manera arbitraria o ilegal, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, así como enero, febrero y marzo de 2022, como asimismo todos los descuentos que a futuro efectúen la recurridas, durante la tramitación del presente recurso, con expresa condena en costas.

Informó Matías Amigo Garcia, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes quien, por las razones que detalla en su informe, solicitó el rechazo del presente recurso.

Señaló, en síntesis, que ésta, con fecha 23 de abril de 2019 otorgó a la actora la operación de crédito código 200CON100349106, por un capital de $1.200.000, a una tasa de 2.85%, pagadera en un plazo de 50 meses, con una cuota de $50.902, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de mayo de 2019.

Precisa que las cuotas de los meses de mayo a diciembre de 2019 (1 a 8), se encuentran pagadas durante el periodo 10 de junio de 2019 al 10 de noviembre del mismo año. Las cuotas de los meses de enero a marzo de 2020 (9 a 11), se pagaron los días 24 de marzo de 2022, 25 de abril de 2022 y 20 de mayo de 2022.

Explica que las cuotas de los meses de abril de 2020 a abril de 2022 (12 a 36), se encuentran en cobranza judicial, con una deuda vigente de $1.455.192, cuyo monto se compone de la deuda nominal, intereses penales, exceptuando las costas judiciales.

Dice que en la especie se está frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Añade que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales". En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador.

Expresa que el hecho que esa Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a su representada ni al empleador de la actora de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. A mayor abundamiento, el inicio de acciones judiciales para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho de la institución que representa, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar de mala fe orientado a perseguir un doble cobro, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, la cual se orienta al resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Expresa que su representada está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre su representada y el recurrente.

Hace presente que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho.

Arguye que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, norma que transcribe en su informe.

Informó Matías Zoroquiain Vélez, abogado, en representación convencional de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, quien señaló, en lo medular de su informe, que su representada ejerce la labor de intermediaria en el cobro de la operación de crédito que la señora nombre reservado adeuda a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes. Ello en virtud de la aplicación de la “Plataforma Intercajas”, que se describe en la página web de su representada.

Agrega que tal sistema se limita a dar aplicación a la normativa que regula el cobro y pago de las cuotas de crédito social, contenida fundamentalmente en la Ley N° 18.833, Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar; el DS 71 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; el Código del Trabajo; la Ley N° 17.322 que contiene las normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las Instituciones de Seguridad Social; y la Circular 3.567 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Luego la informante explica en detalle aquellas normas cuya aplicación reclama el “Sistema Intercajas”, transcribiendo las normas pertinentes.

Añade que en aplicación del referido sistema, la C.C.A.F. Los Andes ha informado a la C.C.A.F 18 nombre reservado la necesidad de disponer de descuentos en las remuneraciones de la señora nombre reservado, atendida la situación de morosidad que ésta presenta ante esa Corporación en el pago de su crédito; situación que motivó la inclusión de esa deuda en las planillas que mensualmente se remiten a su empleadora actual, afiliada a su representada. En virtud de aquello, informa a esta Corte sobre los descuentos efectuados en relación a este caso, y la remesa de tales dineros a la Caja acreedora.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°) Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio;

2°) Que la recurrente señala, en síntesis, que a partir del mes de octubre de 2021 se requirió a su empleadora el descuento de determinadas sumas de dinero, cobros efectuados por la C.C.A.F. 18 nombre reservado por encargo de la C.C.A.F. de Los Andes por “Convenio Intercajas”, con motivo del crédito que le había otorgado la Caja de Compensación Los Andes hacía tres años, el que hasta la fecha está siendo conocido en causa Rol C-2239-2021 del 20° Juzgado Civil de Santiago.

En opinión de la recurrente, tal actuación reviste el carácter de ilegal y arbitraria, al afectarse las garantías de los numerales 24) y 3) del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile;

3°) Que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes al informar el recurso señaló, en síntesis, que dicho descuento se encuentra amparado por lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece el Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Agregó que el actuar de la recurrida no solo significa el ejercicio de una facultad conferida por la propia ley y los acuerdos contractuales, sino que obedece al cumplimiento de su obligación legal de cautelar el Fondo Social de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Afirma que las cuotas del mes de abril de 2020 a abril de 2022 (12 a 36), se encuentran en cobranza judicial, en el proceso que se individualiza, con una deuda vigente de $1.455.192, cuyo monto se compone de la deuda nominal, intereses penales, exceptuando las costas judiciales;

4°) Que el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece el Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar dispone: "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas";.

Además debe decirse que de acuerdo al artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social, por lo que las deudas de crédito social contraídas con ellas constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que de acuerdo con el artículo 58 del Código del Trabajo, deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores;

5°) Que de lo expuesto por el informe de la recurrida aparece de manifiesto que en este caso la Caja de Compensación Los Andes no ha actuado de manera ilegal ni arbitraria, toda vez que ha ejercido una facultad legal, en estricto cumplimiento de los tiempos y formas que ella impone, por lo cual no se vislumbra de qué manera han sido vulnerados los derechos constitucionales de la actora, pues la afectación que ha sufrido su patrimonio se ha debido a una obligación a la que ella voluntariamente ha concurrido.

En efecto, la deuda que se cobra a la recurrente es consecuencia de un crédito social que le fuera otorgado a la actora en los años que indica la recurrida, y de los que se deben al menos las cuotas que precisa, en las que fue pactado dicho préstamo. Es más, la recurrente concurrió con su voluntad a dicha obligación.

Lo anterior, unido a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, reafirma la constitucionalidad y legalidad del proceder de la recurrida, toda vez que no se puede concluir que el ejercicio de una facultad legal implique la violación del derecho de propiedad de la actora;

6°) Que, en consecuencia, la forma en que la recurrida ejerce su facultad legal, es materia que debe ser resuelta en un proceso de lato conocimiento, pues excede el propósito y alcance con el que el constituyente ha dotado a esta acción constitucional;

7°) Que, en consecuencia, la recurrida no incurrió en un acto arbitrario ni ilegal, por lo cual es innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se indican como quebrantadas y, en las circunstancias anotadas, el recurso de protección no puede prosperar.

Así ha sido resuelto por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, entre otros fallos, en los roles 1.028-2012, 14.987-2018 y recientemente en recurso Rol Civil 9172-2019, este último confirmó la sentencia de 28 de marzo de 2019 dictada por esta Corte que rechazó el recurso de protección Rol N° 1.653-2019, indicando el Máximo Tribunal lo siguiente: "CUARTO: Que, lo indicado en la consideración que antecede, a entender de estos sentenciadores, configura la existencia de un crédito otorgado por la entidad recurrida, Caja de Compensación Los Andes, actualmente exigible y con cuotas pendientes de pago, cuyo deudor es recurrente, (...), el cual fue otorgado en conformidad al mecanismo establecido en la Ley N° 18.833, que regula las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, particularmente lo establecido en los artículos 21 y 22 del citado cuerpo de normas, sin que se divise, en consecuencia, acto arbitrario y/o ilegal cometido por parte de la parte recurrida, al requerir el cobro de las cuotas pendientes de pago provenientes del crédito otorgado al actor, mediante el descuento por planilla, efectuado mensualmente; motivo que sustenta el rechazo de la presente acción cautelar, tal cual se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.";

8°) Que, a mayor abundamiento, la deuda de la que reclama la actora, está siendo actualmente en el proceso Rol C-2239-2021 del 20° Juzgado Civil de Santiago en el que ya se encuentra emplazada la demandada, circunstancia que también conduce al rechazo de este recurso, pues la situación que se reclama está sujeta al imperio del Derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por la abogada Judith Amelia Urzúa Arriaza, en favor de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

Rol N° 17.926-2022. Protección.-