nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Concepción scc Concepción, nueve de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el abogado Mario Espinosa Valderrama, en representación de don nombre reservado interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto arbitrario e ilegal consistente en descontar indebidamente de sus remuneraciones, en el mes de agosto de 2023, la suma de $254.683, bajo el epígrafe “Desc. Ptmos. Caja Comp”.

Explica el recurrente que el 20 de abril de 2018, suscribió en favor de la recurrida el pagaré N°178CON100694022, por la suma de $3.195.908, por concepto de capital, más intereses correspondientes; que sería pagado en 36 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $145.533 cada una, venciendo la primera de ellas el día 30 de junio de 2018 y la última el día 30 de junio de 2021. Asimismo, en el referido pagaré se estableció que el retardo en el pago en más de 30 días corridos de todo o parte de una cualesquiera de las cuotas permitiría a La Caja exigir la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizado los intereses devengados no pagados.

Añade que, a consecuencia de su difícil situación económica no pudo pagar el referido pagaré y, como consecuencia de ello, la Caja de Compensación Los Andes interpuso demanda ejecutiva Rol C-472-2019 con fecha 11 de junio de 2019, tramitada ante el 2º Juzgado de Letras de Coronel, causa que ha finalizado con sentencia definitiva que acoge la excepción de prescripción, encontrándose ésta firme y ejecutoriada, según consta en certificación de fecha 30 de junio de 2022. Añade que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, expresamente en su demanda, ha declinado hacer el cobro individual de cada cuota morosa, haciendo exigible la totalidad mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración que conlleva la interposición de la demanda ejecutiva por el total adeudado.

Es en ese contexto en que se produce en acto ilegal y arbitrario denunciado, porque el recurrente expone que había conseguido trabajo y tenía la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera íntegra, de acuerdo a lo pactado con su empleador, sin embargo, se encuentra al momento de revisar su finiquito con el mencionado descuento por la suma de $254.683, lo que importa un detrimento ilegal y arbitrario de su patrimonio porque jamás fue informado previamente de la decisión unilateral de la recurrida en orden a ejecutar el abusivo e inoportuno descuento que finalmente unilateralmente notificó a su empleador.

Refiere que el actuar de la recurrida es un acto de auto tutela arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización, como en el monto que ordenó retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, constituyendo un uso indebido de la facultad de descuento contenida en el artículo 22 de la Ley 18.833, –conclusión que, además, sostiene en la jurisprudencia que cita-, encontrándose la Caja de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, subordinada a la Constitución Política de la República.

Adiciona que el actuar contra el que se recurre constituye una vulneración flagrante a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que, se me ha privado y ha perturbado de su derecho de propiedad sobre $254.683 de sus remuneraciones.

En abono a sus pretensiones, adjunta el finiquito del recurrente, emitido por SIGDO KOPPERS S.A., con fecha 22 de agosto de 2023 y el Ebook de causa Rol C-472-2019, tramitada ante el 2º Juzgado de Letras de Coronel.

SEGUNDO: Que, la recurrida, informando al tenor del recurso, luego de explicitar las características, especificidades respecto de otras instituciones que intervienen en el sistema financiero, finalidades y facultades de las cajas de Compensación y el carácter social de los créditos otorgados por estas instituciones de previsión social, reconoce los hechos referidos en el recurso y el descuento reclamado, dando cuenta del historial de pagos del recurrente antes de que cayera en mora de pagar a partir de la séptima cuota del crédito. Añade que, si bien se declaró la prescripción de la acción cambiaria derivada del pagaré, en la causa ejecutiva C-472-2019 del 2° Juzgado de Letras de Coronel, ha de tenerse presente que el fundamento de los descuentos por planilla emana no de la acción cambiaria, sino de la acción ordinaria del contrato de mutuo de dinero celebrado entre las partes. En consecuencia, estima que se trata de crédito plenamente vigente, actualmente exigible y que no ha sido declarado judicialmente prescrito, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno pues la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, no habiéndose, a mayor redundar, solicitado por parte de la recurrente que se declare judicialmente la prescripción de la acción ordinaria, en un contexto en que cualquier discusión acerca de la exigibilidad del pago de las cuotas excede los márgenes de la acción cautelar intentada.

Por esta razón, estima que no existe ninguna acción arbitraria o ilegal que tenga la aptitud de vulnerar el derecho de propiedad del recurrente, lo que conduce al rechazo de la acción intentada, más aún si el actor no posee un derecho indubitado que obste la exigibilidad de su crédito, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

En efecto, sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, como primer antecedente, en aras a resolver la controversia en este caso, resulta necesario consignar que no se encuentra controvertido por los intervinientes que la recurrida interpuso demanda ejecutiva Rol C-472-2019 con fecha 11 de junio de 2019, para el cobro del pagaré que garantizaba el contrato de mutuo suscrito entre las partes, la que fue tramitada ante el 2º Juzgado de Letras de Coronel, causa que ha finalizado con sentencia definitiva que acoge excepción de prescripción, la que se encuentra ejecutoriada. También es una circunstancia pacífica que al incoar esta acción judicial, la reclamada en su demanda, ha declinado de hacer el cobro individual de cada cuota morosa, haciendo exigible la totalidad mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración que conlleva la interposición de la demanda ejecutiva por el total adeudado.

SEXTO: Que, habiendo existido ya un pronunciamiento judicial firme que declaraba prescrito el cobro del pagaré, en un contexto en que por un acto propio de la recurrida, ésta había renunciado al pago individual de las cuotas pactadas, haciendo efectiva la cláusula de aceleración, la notificación unilateral del descuento de una suma al empleador del recurrente, realizada más de cinco años después de la suscripción del pagaré, asoma como un acto de auto tutela arbitrario por carecer de suficiente justificación racional, porque contrariando la expectativa que legítimamente se había formado el recurrente, en orden a no ver mermado sus ingresos por haberse declarado judicialmente prescrita la acción de cobro del pagaré suscrito el año 2018, y sin iniciar alguna acción de cobro ante algún tribunal distinta a la ya declarada prescrita, la recurrida simplemente desconoce en los hechos la renuncia al cobro de la deuda por cuotas que había realizado al accionar ejecutivamente y sin ninguna notificación al recurrente ordena una retención de una suma de dinero que resultó para este del todo inesperada porque era consciente que al haberse declarado prescrita la acción cambiaria no tenía la calidad de deudor de la recurrida.

Es efectivo que la condición de deudor pudo eventualmente haberse declarado judicialmente si la recurrida hubiere iniciado el procedimiento de cobro de lo que sostiene se le adeuda en procedimiento ordinario por el mutuo, pero en vez de demandar al recurrente y notificarlo debidamente del requerimiento de pago que se le estaba haciendo, la recurrente prefirió hacer un uso, en este contexto, abusivo, de la facultad del artículo 22 de la ley 18.833, afectando el derecho de propiedad de la recurrente por haberse hecho efectivo sin más, el pago de parte de lo supuestamente adeudado, en circunstancias que tal deuda no estaba ni siquiera demandada, pues no se habían siquiera iniciado las acciones legales correspondientes, lo cual impresiona como antojadizo y arbitrario porque la facultad de retención del artículo 22 de la Ley 18.833 parte del supuesto que exista una deuda indubitada, cuestión que no podía discutirse cuando el pagaré aún no había sido declarado prescrito por las características propias del procedimiento ejecutivo, pero que necesariamente debía de establecerse si se quería retener en agosto de 2023 una cuota de un crédito otorgado el 20 de abril de 2018, es decir, más de 5 años atrás, obligación que perfectamente, podría encontrarse también prescrita, siendo la facultad del artículo 22 ya tantas veces citada, una herramienta destinada únicamente al pago de una deuda vigente y no una prescrita o a satisfacer una obligación natural.

Además, llama la atención que la suma retenida sea distinta a la pactada para el pago en 36 cuotas del pagaré. En efecto, el valor de cada cuota pactada era de $145.533, sin embargo, el valor retenido fue sustancialmente mayor al señalado, lo que también impresiona como manifiestamente arbitrario porque en ningún momento se le explica al recurrente el motivo por el que unilateralmente se cambia el guarismo a retener, lo que violenta a todas luces lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 18.010, que dispone que es el tribunal el llamado a liquidar la deuda, no el acreedor.

SÉPTIMO: Que no cabe duda alguna que la acción arbitraria de la recurrida, al ordenar retener en estas condiciones una cuota de un pagaré declarado judicialmente prescrito ha lesionado el derecho de propiedad del recurrente, privándolo de percibir la suma de $ $254.683 a que tenía derecho, por lo cual, la presente acción constitucional será acogida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Mario Espinosa Valderrama, en representación de don nombre reservado en contra de la Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Andes, ordenándose para restablecer el imperio del derecho que la recurrida:

I.- Cese todo tipo de retención o descuento en las remuneraciones o finiquitos del recurrente basados en la acción que dio origen a la presente acción constitucional.

II.- Restituya, debidamente reajustadas conforme la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de la retención hasta la de su pago efectivo, las sumas que hayan sido descontadas al recurrente con motivo de la obligación que dio origen a la presente causa.

Redactada por el Ministro Suplente Christian Carvajal Silva.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

No firma el fallo precedente el abogado integrante señor Marcelo Matus Fuentes, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

N°Protección-17912-2023.