nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE (GGDD)

Concepción, martes quince de octubre dos mil veinticuatro.

VISTO:

Compareció el abogado Juan Pablo Valenzuela Oyarzo, en favor de nombre reservado, enfermera, domiciliada en domicilio reservado, de Concepción, e interpone acción constitucional de protección en contra de Tesorería General de la República, por el acto ilegal y arbitrario consistente en haber retenido y compensado, en forma ilegal y arbitraria, el dinero de su devolución de impuestos, por un monto de $276.759.- más reajustes e intereses, sin que Tesorería le informe el motivo de ello., hecho del cual tomó conocimiento el 7 de junio de 2024, personalmente, al asistir a Tesorería, Expone que la recurrente en el año 2023, emitió una serie de boletas de honorarios a diversos prestadores de servicios, debido al ejercicio de su profesión, por ello declaró sus impuestos a la renta en la fecha correspondiente entre los meses de marzo y abril del presente año. Al declararlos con fecha 22 de mayo de 2024, el Servicio de Impuestos Internos informó que se autorizó su devolución por un monto de $276.759; que a pesar de que el SII, autorizó dicha devolución de impuestos, la Tesorería General de la República no enteró dichos dineros a favor de la recurrente, esperando dicha devolución por varios días, inclusive llamando y consultado a la recurrida, sin mediar respuesta alguna, por lo que el 7 de junio del año 2024, asistió personalmente a la Tesorería, donde fue informada que dicha devolución se encontraba embargada, por mantener deudas por el concepto del Crédito con Aval del Estado.

Estima vulneradas las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 24, inciso final, y N°2, esto es, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley.

Por último, solita se acoja el recurso y se adopten todas las medidas necesarias, para que tales derechos vulnerados sean restablecidos de acuerdo a la ley, esto es que efectivamente se entregue a la recurrente nombre reservado, el dinero de su devolución de impuestos, por un monto de $276.759, más reajustes e intereses, o, en subsidio, de aquella otra que se estime pertinente, con costa en caso de oposición de la recurrida.

Informó en representación de la recurrida, Tesorería Regional de Concepción, la abogada María Antonieta Varela Corvalán, precisando que el Servicio de Tesorerías no ha trabado embargo alguno sobre la devolución de renta de la recurrente correspondiente al AT 2023, como señala, y lo que ha operado en la especie es la retención de la devolución de la renta AT. 2023, conforme lo dispuesto en Ley N° 20.027.- Sostiene que la recurrente es deudora del llamado “Sistema de Créditos para Estudios Superiores”, establecido en la Ley N° 20.027, que dispone normas sobre financiamiento de estudios para educación superior, otorgando al Fisco el papel de garante de los créditos que para estos efectos, otorguen las instituciones financieras; que, en consecuencia, siendo la recurrente deudora del crédito, ésta presentó declaración de renta año tributario 2023, la que, procesada por el Servicio de Impuestos Internos, autorizó devolución por un monto de $276.759.- Sin embargo, esa eventual devolución de excedentes de renta, no fue efectuada por el Servicio de Tesorería y hubo de retener dicha suma, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 20027; que este tipo de retenciones son ingresadas en forma centralizada de acuerdo a los listados de deudores que las entidades acreedoras informan. Por lo anterior, se procedió a retener la devolución de renta del período consultado que, reajustada, asciende a $279.803, siendo el retenedor el Banco Itaú Chile Rut RUT reservado, fondos que fueron depositados a la entidad acreedora el 26 de abril del 2024, por lo tanto, ya no se encuentran disponibles en la Tesorería General de la República.

Afirma que no existe privación al derecho de propiedad, ni acto ilegal, puesto que se trata de una retención establecida en la ley para los efectos de hacer pago de una deuda que la recurrente tiene con la entidad crediticia, por concepto del otorgamiento de un crédito para financiar sus estudios superiores. Adicionalmente, no se divisa de qué manera pueda existir una ilegítima perturbación de su derecho de propiedad, toda vez que una de las causas por las cuales legalmente se puede alterar esa garantía, es el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas.

Refiere que la Tesorería actúa como mero ente “recaudador” pues la deuda no es con el Fisco. Como la norma legal lo dice expresamente, el acreedor es el otorgante del crédito para financiamiento de los estudios superiores. La función de Tesorería en estos casos es simplemente administrativa, de ejecución de ley, por ende, este órgano carece de legitimación pasiva en este recurso.

Reitera que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales de nombre reservado, toda vez que el Servicio de Tesorería sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ajusta su conducta de manera estricta a lo que dispone la ley.

Posteriormente amplió su informe, señalando que la institución bancaria titular del Crédito con Aval del Estado objeto de la deuda, que fue compensada, es Banco Itaú Chile, quien ingresó, con fecha 05-04-2024, en el sistema de retenciones y compensaciones, una retención por un monto de 10,37 UF correspondiente a un Crédito con Aval del Estado. En dicha retención, no se informa la entidad educacional involucrada en dicho crédito. Que se procedió a retener la devolución de renta del período consultado, que asciende a $279.803, siendo el retenedor el Banco Itaú Chile.

Informó en representación de Banco Itaú Chile, la abogada Alondra Koren Escobar, señalando que el 28 de julio de 2014, la recurrente nombre reservado suscribió con Banco Corpbanca (hoy Banco Itaú Chile) un contrato de crédito para estudiantes de educación superior con garantía estatal en los términos definidos por la Ley N° 20.027. El referido crédito tuvo como objeto financiar el pregrado de la carrera de enfermería cursada por la recurrente en la Universidad Nacional Andrés Bello.

Posterior a su egreso, el Banco constató que al mes de febrero de 2024, se encontraba morosa en el pago de cuatro cuotas, por lo que, de conformidad a la cláusula décimo sexta del contrato y habiendo vencido la quinta cuota, con fecha 11 de marzo de 2024, interpuso -en representación de la Tesorería General de la República y por sí- acción de cobro en su contra, la cual se está tramitando bajo el rol C-4722-2024 ante el 2° Juzgado Civil de Santiago.

Por su parte, de conformidad a lo señalado en la cláusula décimo tercera del contrato y el artículo 17 de la Ley N° 20.027, en el evento de que el crédito no fuera pagado conforme a lo pactado, la recurrente otorgó a Itaú un mandato para descuento y retención, mediante el cual facultó irrevocable y expresamente al Banco para solicitar a la Tesorería General de la República la retención de su devolución de impuesto a la renta y de cualquier otro impuesto que anualmente tuviese derecho a recuperar, junto al giro de esos dineros al Banco para el pago del crédito. Que, de este modo, Itaú solicitó a la Tesorería General de la República retener los impuestos de la recurrente correspondientes al proceso de renta 2024, y el 26 de abril de 2024, la Tesorería retuvo la suma de $279.803, que se aplicó al pago de la dos primeras cuotas impagas, generándose un excedente en favor de la recurrente de $63.293; que dicho excedente fue devuelto a la recurrente vía vale vista generado el 5 de junio de 2024 y se encuentra disponible para retiro, lo que le fue informado mediante correo electrónico enviado en la misma fecha a la casilla de correo electrónico correo reservado.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que lo primero que cabe señalar, es que no acierta el órgano administrativo recurrido en su alegación de falta de legitimación pasiva, desde que lo concreto, según lo más arriba expuesto, es que Tesorería procedió a retener una suma dineraria de la devolución de impuestos correspondiente a la recurrente, y, por lo mismo, salta a la vista que fue quien provocó el hecho –tildado de ilegal y/o arbitrario- materia del recurso en examen.

TERCERO: Que, ahora bien, y acorde con lo sintetizado en la sección expositiva precedente, lo que corresponde dilucidar es la existencia o no de un acto ilegal y/o arbitrario con motivo de la actuación realizada por la Tesorería Regional recurrida, en orden a efectuar una compensación automática entre la deuda de la recurrente -generada a partir de un Crédito con Aval del Estado (CAE)- y el monto correspondiente a la devolución de impuestos de aquélla, originado en su operación de declaración del impuesto a la renta del año tributario 2023.- CUARTO: Que en relación a la actuación que se reprocha a la recurrida, debe decirse que la regla general en materia de compensación de deudas que nuestro legislador autoriza efectuar al órgano administrativo recurrido, se encuentra regulada en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Hacienda, de 1994, que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, donde (en lo que resulta aquí atingente) se establece:

“Artículo 6°.- Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.”.

Y se agrega: “Artículo 7°.- Cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco.”.

QUINTO: Que, como puede observarse, el primer precepto citado admite, en general, la compensación en relación a “deudas de contribuyentes” con créditos que éstos tengan contra el Fisco, sin hacerse distinción alguna en lo concerniente al origen de unas y otros. Y este tratamiento normativo, que entendemos razonablemente es de carácter general, se ve corroborado en base a lo establecido en el artículo 34 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, que prevé: “El Servicio de Tesorerías estará facultado para devolver, compensar o imputar a otras deudas del solicitante, los ingresos efectuados por éste con manifiesto error de hecho.

En los demás casos, requerirá el informe favorable del Organismo que emitió la orden del ingreso, para devolver, compensar o imputar las sumas erróneamente ingresadas.

Los pagos y devoluciones de cualquier naturaleza que de acuerdo a la ley se deban efectuar por el Servicio de Tesorerías, se cursarán en la forma y por los medios que establezca dicho Servicio.”.

Sin embargo, en la segunda norma (el citado artículo 7° del mencionado Estatuto) se añade que no procede que la Tesorería aplique intereses sobre la parte o el total de los “tributos insolutos” que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco; y de esta última norma -de carácter accesoria- podría inferirse, en principio, que la deuda del contribuyente solamente podría tener por causa un “tributo” y no otro origen.

No obstante, y la verdad sea dicha desde ya, lo cierto es que el legislador no ha sido claro en cuanto a este tópico específico y hay que recurrir a una herramienta de interpretación para arribar a una conclusión en clave restrictiva, esto es, a una de orden excepcional que, como es sabido, se aparta de la regla general que en materia de compensación se regula en nuestro derecho común, concretamente en el artículo 1656 del Código Civil.

SEXTO: Que, dicho lo anterior, corresponde referirse ahora a la naturaleza misma de la deudas recíprocas de que aquí se trata, ya que, por un lado, la deuda para con la actora se refiere al remanente de un tributo y aquella para con el Fisco dice relación con un Crédito con Aval del Estado que se encuentra impago.

Pues bien, en lo tocante a este último tipo de créditos (CAEC), la Ley N° 20.027, que Establece Normas para el Financiamiento de Estudios de Educación Superior -y en lo que atañe a la materia en revisión-, establece:

“Artículo 17.- La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Los dineros que por este concepto retenga la Tesorería General de la República deberán ser girados por dicho organismo a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito.

Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto.

Con todo, tratándose de deudores a los cuales el empleador les haya retenido y no pagado, total o parcialmente, los montos impagos, podrán requerir de la Tesorería General de la República la liberación de la retención efectuada por dicha Tesorería, en la forma que señale el reglamento, si probaren que su empleador les ha efectuado la retención o que existen juicios pendientes de cobro en contra del referido empleador. En tal caso se considerará deudor al empleador y se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los incisos precedentes.

La liberación a que se refiere el inciso anterior alcanzará sólo hasta el monto de lo probado.”.

Y en su artículo 18 bis, se añade:

“Artículo 18 bis.- La Tesorería General de la República, en representación del Fisco, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía, sea total o parcialmente, y que hayan sido otorgados de acuerdo a la presente ley.

Las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República, por sí o a través de terceros, se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo, de los títulos en que constan las obligaciones y créditos otorgados al amparo de esta ley.

Para efectos de lo establecido en el inciso anterior, la Tesorería General de la República podrá delegar en terceros las acciones de cobro. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el número 10 del artículo 22.

Asimismo, para efectos de la cobranza de los créditos de los que es titular el Fisco, sea total o parcialmente, la Tesorería General de la República estará facultada para otorgar facilidades y suscribir convenios de pago con deudores morosos, por sí o a través de terceros. También podrá condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de estos créditos, mediante normas o criterios de general aplicación, que sean determinados por la Comisión.

Adicionalmente, la Tesorería General de la República, previo visto bueno de la Dirección de Presupuestos, podrá vender o ceder los créditos de los que sea titular el Fisco, sea total o parcialmente, y que se encuentren en condición de morosidad.”.

SÉPTIMO: Que, ahora, si nos atenemos a la regulación del inciso primero del recién mencionado artículo 17, fluye que la Tesorería está facultada para retener de la “devolución de impuestos a la renta” que le correspondiese al deudor del crédito, los montos que se encontraren impagos “según lo informado por la entidad crediticia acreedora”, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. Y se agrega en este precepto que: “Los dineros que por este concepto retenga la Tesorería General de la República deberán ser girados por dicho organismo a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito.”.

En la regla en referencia no se habla, entonces, de una “compensación”, sino que se discurre sobre la base de una “retención”, y, además, no se trata aquí de una deuda para con el Fisco, comoquiera que la norma se circunscribe al monto adeudado ante la “entidad crediticia acreedora”, y es por ello que precisamente en su inciso segundo se dispone que los dineros retenidos deben ser girados por Tesorería “a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito”.

Y en autos, acorde a los antecedentes colacionados en la sección expositiva de este fallo, se trataría específicamente de la acreencia de una “entidad crediticia acreedora”, concretamente correspondiente al Banco Itaú Chile, debiendo considerarse aquí que esta última entidad bancaria, además de haber requerido a la Tesorería General de la República la retención de la devolución de impuestos de la recurrente, con fecha 11 de marzo de este año, interpuso una demanda en juicio ejecutivo en contra de la misma nombre reservado, la que se incoó ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, bajo el rol C-4722-2024, proceso en el cual se la persigue por la misma deuda impaga por concepto de cuotas impagas del aludido CAE.

OCTAVO: Que de todo este panorama fáctico y normativo, esta Corte estima que lleva la razón la actora, puesto que al haberse ejercido primeramente derechos por vía judicial, el órgano recurrido no podía –so pena de cometer una arbitrariedad- proceder, a instancias de la entidad bancaria crediticia, a retener una suma de la devolución de impuestos de la recurrente, en una operación que se realizó con data posterior a aquélla en que se dedujo la mencionada demanda ejecutiva.

Y con dicha conducta materializada por la Tesorería recurrida, se vulneró a las claras el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al haber ejercido dos vías independientes de cobro de una misma acreencia.

NOVENO: Que, así las cosas y en las particulares circunstancias descritas, el recurso habrá de prosperar en los términos que se pasarán enseguida a decir.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se desestima la alegación de falta de legitimación pasiva formulada por la recurrida, y II.- Que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto en estos autos en favor de doña nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República –Regional Concepción-, sólo en cuanto se ordena que este órgano deberá procederá a reintegrar a la actora la suma de doscientos setenta y nueve mil ochocientos tres pesos ($279.803), dentro del plazo de diez días hábiles de ejecutoriada que sea esta sentencia.

No se imponen las costas del recurso a la recurrida, por estimarse que tuvo motivos plausibles para oponerse a su acogimiento.

Cúmplase oportunamente con lo establecido en el numeral 14 del aludido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Se hizo uso en este caso, según consta de lo obrado en autos, de la facultad establecida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales, Redacción del ministro titular César Gerardo Panés Ramírez.

No firma la ministra suplente Tania Zurita Riquelme, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y al acuerdo, por haber cesado en su suplencia y retornado a su tribunal de origen.

Rol N° 17.903-2024 – Protección.-