nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE (GGDD)

Concepción, trece de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

1°) Compareció el abogado Paulo Francisco Romero Vásquez, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, recurriendo de protección en favor de doña nombre reservado, enfermera, domiciliada en domicilio reservado, y en contra de la Tesorería General de la República, Tesorería Provincial del Biobío, (también la Tesorería o el Servicio) representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber compensado, ilegal y arbitrariamente, una suma de dinero que se ordenó pagar a la actora por sentencia definitiva firme dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles, en la causa RIT O-337-2022, transgrediendo sus derechos constitucionales de propiedad y de no discriminación, consagrados en el artículo 19, N°s 24 y 2 de la Constitución Política de la República, respectivamente. Luego de referirse a que la presente acción se interpuso dentro de plazo, señala lo siguiente:

Con fecha 3 de junio de 2023, el Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles, dictó sentencia favorable a la actora en la causa laboral RIT O-337-2022, caratulada “nombre reservado con FISCO DE CHILE - C.D.E”, por despido injustificado del que fue víctima cuando desempeñaba funciones para la Seremi de Salud del Biobío; este fallo fue recurrido de nulidad por la demandada en la causa Rol 434-2023, Laboral – Cobranza, del ingreso de esta Corte, arbitrio que fue rechazado por sentencia de 21 de agosto de 2023 En la fase de ejecución de dicha sentencia , el 24 de mayo último se comunica al Tribunal de Cobranza Laboral, la Resolución Exenta N° 1340, dictada el 6 de mayo de 2024 por la Subsecretaría de Justicia, instruyendo al Servicio de Tesorerías proceder al pago de la suma de $5.946.476, correspondiente al ítem sentencias ejecutoriadas. Añade que el 7 de junio siguiente la recurrente concurrió a la Tesorería General de la República a materializar el pago, oportunidad en que una funcionaría le entregó un comprobante de retención que señalaba que dicho pago se encontraba retenido en su totalidad, y que el motivo de ello era una compensación por deuda del CAE; también recibió un certificado de deuda. El comprobante de retención recibido dice: “El Tesorero que suscribe certifica que con fecha 22/05/2024 se han compensado las deudas pendientes de pago que se indican con el excedente de la declaración correspondiente al año 2024, formulario 72 A, folio numero 390223.”

Afirma que lo expuesto constituye una acción arbitraria e ilegal de la Tesorería Provincial del Biobío, ya que al retener y luego compensar el pago a la recurrente de lo obtenido en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada, que declaró su derecho a cobrar su finiquito por despido injustificado, y ordenado por un tribunal de justicia, es absolutamente ilegal y arbitraria que afecta el derecho de propiedad de la recurrente que consagra nuestra carta fundamental, lo que se explica por las siguientes razones:

En primer lugar, el monto de $5.946.476, retenido y compensado por la Tesorería recurrida, no corresponde a devolución de impuestos por renta anual del año 2023, sino que al pago de una indemnización obtenida en un procedimiento laboral de aplicación general, correspondiente a la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones laborales interpuesta por la actora contra la Subsecretaría Regional Ministerial de Salud, de la Región del Biobío, proceso llevado a cabo en la causa señalada, tramitada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles.

En segundo lugar, el propio servicio es quien establece que el acto impugnado pretende compensar la deuda con dineros del excedente de declaración correspondiente al año 2024, ello queda de manifiesto en el comprobante de compensación emitido por la Tesorería. Sin embargo, la recurrida se equivoca al señalar que la suma de $5.946.476, corresponda a excedentes de declaración de impuestos del año 2024; su naturaleza y origen es totalmente diferentes, ya que proviene de una sentencia definitiva, firme y ejecutoriada dictada en sede judicial-laboral.

Lo anterior es, sin duda, un acto arbitrario de la recurrida, ya que el artículo 17 de la Ley N° 20.027 que “Establece Normas para el Financiamiento de Estudios de Educación Superior” dispone: “...La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. Los dineros que por este concepto retenga la Tesorería General de la República deberán ser girados por dicho organismo a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito.”. Es decir, dice, la Ley permite a la Tesorería, en el caso de deudas por crédito garantizados por el Estado (en adelante CAE) destinado al financiamiento de la educación superior, imputar a dicha deuda los montos correspondientes a la devolución de impuestos a la renta, pero no autoriza imputar montos correspondientes a una indemnización laboral, de modo que, en este caso, la Tesorería se extralimitó en sus atribuciones, incurriendo en un acto ilegal y arbitrario.

Afirma que refuerza la idea anterior la circunstancia que el artículo 18 bis de la citada ley faculte a la Tesorería General de la República, para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en los que se hubiera hecho efectiva la garantía, señalando expresamente que tales acciones “…se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo, de los títulos en que constan las obligaciones y créditos otorgados al amparo de esta ley”, siendo la propia ley la que establece que para el cobro de esos créditos la Tesorería debe acudir a los procedimientos generales, sin que pueda ejercer atribuciones no contempladas para este tipo de crédito, por lo que se debe concluir que se está ante un acto ilegal, ya que la recurrida solo puede retener de la devolución de impuestos a la renta anual del deudor, los montos que se encontraren impagos.

Reitera que la suma de $5.946.476, se originó en una sentencia definitiva dictada en un juicio laboral, por lo que no guarda ninguna relación con devolución de impuestos de la recurrente, agregando que en similar sentido se pronunció la Corte de Apelaciones de Iquique, en causa de Protección Rol 2075-2023, confirmada por la 3ª Sala de la Excma., Corte Suprema en el Rol 210.248-2023, de la que reproduce sus reflexiones sexta y séptima.

Añade que en el mismo sentido se pronunció el Máximo Tribunal en fallo dictado en el Rol 126.677-2022, al pronunciarse sobre una sentencia de esta Corte, reproduciendo al efecto sus consideraciones 5ª, 7ª, 8ª y 9ª, dejando sin efecto la compensación efectuada por la recurrida y ordenando pagar a la recurrente la suma indicada que ostentaba contra el Fisco en virtud de una sentencia laboral firme.

Sostiene que la doctrina de esos fallos apunta a que los fondos que se pretenda compensar sean de origen tributario; que lo adeudado y que motive la retención sean impuestos. Las deudas respecto de las cuales la Tesorería está facultada para aplicar la compensación, cumpliendo con todos los requisitos legales, deben provenir del incumplimiento de obligaciones tributarias, no de otra naturaleza. Ello porque el artículo 7 del DFL N° 1/1994 de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley Orgánica del Servicio de Tesorerías señala, a continuación de la facultad de retención contemplada en su artículo 6°, lo siguiente: “Cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco”, quedando claro que las deudas compensables deben tener por causa un tributo, lo que en este caso particular no ocurre, ya que la deuda no tiene ni comparte ninguna naturaleza tributaria, al ser un crédito del sector público, un crédito estudiantil, careciendo del carácter tributario, siéndole inaplicable la compensación, agregando que la única herramienta efectiva y legal entregada a la Tesorería para asegurar el pago, es la retención y compensación respecto de la devolución de impuesto a la renta, procedimiento que al ser excepcional no admite una interpretación amplia o su aplicación por analogía a otro tipo de deudas.

Respecto del crédito donde se pretende compensar la deuda, al tener este un origen distinto a la devolución de impuesto, este no se puede retener ni compensar; en este caso es un pago ordenado por el propio Fisco en beneficio de una persona que no actúa como contribuyente, sino que como acreedora, en virtud de una sentencia definitiva firma dictada por un Juzgado del Trabajo.

En ese sentido, asevera que el actuar de la recurrida contraviene el artículo 17 de la citada Ley N° 20.027, reproducido más arriba, ya que dicha disposición solo admite retener de la devolución de impuestos a la renta anual del deudor, los montos que se encontraren impagos por la deuda del CAE, lo que no ocurre en la especie, al ser el monto retenido y compensado el pago a la recurrente de una indemnización obtenida al término de un juicio laboral. Por su parte, añade, el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027, previene: “La Tesorería General de la República, en representación del Fisco, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía, sea total o parcialmente, y que hayan sido otorgados de acuerdo a la presente ley.

Las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República, por sí o a través de terceros, se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo, de los títulos en que constan las obligaciones y créditos otorgados al amparo de esta ley.

Para efectos de lo establecido en el inciso anterior, la Tesorería General de la República podrá delegar en terceros las acciones de cobro. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el número 10 del artículo 22”.

Afirma que de lo anterior se desprende que la recurrida puede retener para el recupero de los montos impagos por las deudas del CAE, la devolución de impuesto por renta anual y, solo para el caso de haberse hecho efectiva la garantía estatal, estará facultada para exigir el cobro de mediante acciones de cobranza judicial o extrajudicial, lo cual que no ocurre en la especie, por ello, para que la recurrida retenga el pago de la indemnización y posteriormente la aplique compensado con ello la deuda del CAE de la recurrente, se requiere de una resolución judicial que así lo autorice.

En tercer lugar dice que no se debe desconocer el origen, alcance y eficacia de la sentencia definitiva, donde el Fisco de Chile, al no concretar el pago ordenado, está incumpliendo un dictamen judicial; además, en ninguna parte o actuación del juicio, se argumentó o interpuso excepción alguna donde el Fisco señalara ser titular de un crédito contra la recurrente -entonces demandante-, tampoco opuso la excepción de compensación, lo que es importante porque en doctrina se acepta la renuncia, expresa o tácita a la compensación; será tacita cuando el demandado por su acreedor, teniendo conocimiento de existir un crédito en su favor y en contra del otro, no alegue la compensación. Como el Fisco de Chile no opuso la compensación al contestar la demanda, éste renunció tácitamente a su alegación, ya que el Fisco de Chile tiene conocimiento de sus deudores por lo que, si estimaba existía una deuda que podía ser compensada a la demandante y recurrente de autos, ello lo debió alegar en la contestación de la demanda, lo que no hizo, siendo improcedente que ahora el Fisco, pretenda hacerlo, ya que su derecho a para hacer valer la compensación precluyo.

Según lo expuesto, afirma que a través del acto denunciado, se afectó el derecho de propiedad de la recurrente, porque estando ordenado pagarle –por decreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- esto no se hizo, sino que se le retuvo la suma de $5.946.476, para compensarla y aplicarla al pago de una deuda CAE, siendo ello del todo improcedente.

Asimismo, el acto arbitrario e ilegal denunciado afectó el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a no ser discriminada de la actora, previsto en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, ello porque el trato que le brindó el órgano recurrido fue arbitrario, al someterla a un procedimiento antojadizo, en donde se desconocieron sus derechos.

Acompañando los documentos que señala en el primer otrosí de su recurso, solicita a esta Corte que, previo informe de la recurrida, se deje sin efecto la retención y compensación decretada por la Tesorería y se ordene el pago íntegro de la suma de $5.946.476, obtenida por concepto de indemnización laboral que le adeuda el Fisco, o la que se determine, disponiendo de cualquier otra medida que sea necesaria para restablecer el imperio del derecho, con costas.

2°) Por la Tesorería Provincial de Los Ángeles informó nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción, ya que esa repartición recepcionó la Resolución Exenta N° 1340, de 6 de mayo de 2024, emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la cual se disponía que el Servicio de Tesorerías pagara a la actora nombre reservado la suma única y total de $5.949.476 cinco millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis pesos). Dicho pago se originó en la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de Los Ángeles el 3 de junio de 2023.

A su vez, la recurrente era y es deudora fiscal de acuerdo al formulario 34, correspondiente a Crédito con Aval del Estado, que es aquel que garantiza los créditos de las Instituciones Financieras destinados a financiar estudios de educación superior; esa deuda, dentro de sus características y naturaleza, es compensable, lo que se practicó, operando sobre los fondos disponibles que se debían entregar a la señora nombre reservado.

Explica que la compensación tiene lugar cuando el Fisco y el contribuyente son acreedores y deudores recíprocos por aplicación de obligaciones tributarias, siempre que las deudas sean líquidas y exigibles -como aconteció en este caso-. Así, la compensación funciona como un doble pago cruzado, dado por la existencia de deudas recíprocas entre dos personas -entiéndase Fisco y contribuyente- que reúnen simultáneamente, entre sí, el carácter de deudor y acreedor, extinguiendo las obligaciones hasta la concurrencia de la menor de las deudas. Esto último, fue lo que aconteció con la deuda que, por concepto de crédito con aval del estado, mantenía y mantiene la recurrente.

Señala que la posibilidad de compensar la deuda por el Servicio de Tesorerías, se funda en el artículo 6° del D.F.L. N° 1/1994, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, el que autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor. Por otro lado, el artículo 1 del mismo texto legal dispone: “El Servicio de Tesorerías dependerá del Ministerio de Hacienda, y estará encargado de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales, y en general, los de todos los servicios públicos. Deberá, asimismo, efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y otros que le encomienden las leyes.” Afirma que de acuerdo a las normas expuestas se advierte que el Servicio de Tesorerías tiene la facultad de compensar toda deuda de los contribuyentes -como acontece con el Crédito con Aval del Estado- con créditos que estos tengan contra el Fisco, como fue en este caso, con los fondos que la actora obtuvo con la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles y refrendada en Resolución del Ministerio de Justicia.

En consecuencia, dice, el Servicio no cometió acto arbitrario o ilegal alguno, que admita la procedencia del presente recurso, ya que no haber procedido con la compensación reclamada habría incumplido con las normas del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías señaladas, en relación con el artículo 1º del mismo.

Acompañando los documentos que señala en el primer otrosí de su presentación, solicita tener por evacuado el informe solicitado en los términos expuestos.

El informe anterior fue complementado por Cristian Baeza Olea, abogado Provincial de Los Ángeles, señalando que el Estado, por intermedio del Fisco, garantiza los créditos destinados a financiar estudios de educación superior, siempre que éstos hayan sido concedidos en conformidad con las normas de la Ley N° 20.027, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior- y su reglamento. El artículo 1° de esa ley crea la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (en adelante Comisión INGRESA), cuyo objetivo es definir y evaluar políticas para el desarrollo e implementación de instrumentos de financiamiento para estudios de educación superior; celebrar los convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, necesarios para su puesta en marcha, y administrar el sistema de créditos de educación superior con garantía estatal. Corresponde a tal Comisión mantener comunicación y actualizar los pagos practicados por los alumnos con las diferentes instituciones financieras donde ellos suscribieron sus créditos, de manera tal que si bien el pago de las garantías y la cesión de las carteras de cobro recae en el Fisco de Chile, la Tesorería no cuenta con la información solicitada, la que se debe requerir a la Comisión INGRESA.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal.

Requiere para su procedencia la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria; que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; que quien lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado; que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección y que la acción constitucional se dirija en contra de quien ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

SEGUNDO: La recurrente tilda de arbitrario e ilegal, el hecho que la Tesorería Provincial de Los Ángeles le haya retenido la suma de $5.946.476, correspondiente a la indemnización que obtuvo en sentencia dictada el 3 de junio de 2023, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles, en la causa laboral RIT O-337-2022, caratulada “nombre reservado con FISCO DE CHILE - C.D.E”; en la etapa de ejecución de dicha causa se recibió en el Tribunal de Cobranza Laboral, la Resolución Exenta N° 1340, dictada el 6 de mayo de 2024 por la Subsecretaría de Justicia, que instruía al Servicio de Tesorerías proceder al pago de la suma señalada; que el 7 de junio siguiente la recurrente concurrió a la Tesorería General de la República a materializar el pago, oportunidad en que una funcionaría le entregó un comprobante de retención que señalaba que dicho pago se encontraba retenido en su totalidad, y que el motivo de ello era una compensación por deuda de crédito con aval del Estado.

La Tesorería General de la República justificó la retención y la compensación reclamada por esta vía, señalando que ello se debía a que por aplicación de los artículos 6° y 1° de su Ley Orgánica, el Servicio estaba habilitado para retener las sumas a pagar a los contribuyentes cuando estos son, a su vez, deudores del Fisco.

Cabe agregar que la recurrente rechaza tal justificación, aduciendo que dicha compensación legal opera sólo respecto de las deudas de origen tributario y cuando los fondos sobre los cuales se hace efectiva la compensación corresponden a devoluciones de impuestos, no a indemnizaciones otorgadas por los Tribunales de Justicia.

TERCERO: Los artículos 1° y 6° del DFL 1/1994 de Hacienda, que Fijó el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, señalan:

“Artículo 1°. El Servicio de Tesorerías dependerá del Ministerio de Hacienda, y estará encargado de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales, y en general, los de todos los servicios públicos. Deberá, asimismo, efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y otros que le encomienden las leyes.”

“Artículo 6°. Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.”

Efectivamente las disposiciones reproducidas facultan al Servicio de Tesorerías, tanto para hacer la recaudación de los fondos fiscales, como para hacer efectiva la compensación de las deudas de los contribuyentes, con créditos que estos tengan contra el Fisco.

CUARTO: La regulación normativa señalada ha sido reconocida por la Excma. Corte Suprema en sentencia dictada en una causa similar a la presente el pasado 6 de noviembre de 2023, en la causa Rol de Protección 195.138-2023.

En dicho fallo, luego de exponer la cuestión fáctica que sustentó la interposición de aquella acción cautelar, en el segundo párrafo del considerando cuarto del fallo en cuestión, el Máximo Tribunal señala: “Así, existiendo posiciones contrapuestas al respecto, no es posible sostener la existencia de un derecho indubitado susceptible de ser protegido en esta sede a favor del recurrente.”

Más adelante, y luego de reproducir el artículo 6° de la Ley Orgánica del Servicio de Tesorerías, el considerando sexto del citado laudo concluye: “Sexto: Como se puede advertir, del claro tenor de la norma transcrita, en el considerando precedente las compensaciones que realiza la Tesorería General de la República constituyen el legítimo ejercicio de una facultad que le ha sido otorgada legalmente por lo que no se visualiza un actuar ilegal o arbitrario de la recurrida.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la presente acción constitucional de protección no puede prosperar, sin perjuicio de otros derechos y acciones que pudieran hacer valer las partes ante quien corresponda.”

QUINTO: A su turno, el inciso 1° del artículo 17 de la Ley N° 20.027, que Establece Normas para el Financiamiento de Estudios de Educación Superior dispone que: “La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda”.

Del tenor de la disposición reproducida, se aprecia que la misma ley –cuya finalidad es, precisamente, definir, evaluar e implementar políticas para el financiamiento de los estudios de educación superior-, contempla, como mecanismo para asegurar el cobro del crédito adeudado, la retención de los montos por devolución de impuestos a que tuviera derecho el contribuyente deudor del llamado CAE.

SEXTO: En consecuencia, tanto normativamente como jurisprudencialmente, la decisión adoptada por el Servicio de Tesorerías, en cuanto a retener la suma de dinero obtenida por la recurrente en la causa laboral antes señalada, aparece revestida de fundamento plausible, sobre todo si se considera que, en la especie, se cumplen las condiciones y requisitos contemplados en el artículo 1655 y siguientes del Código Civil para que opere la compensación.

En efecto, según el citado artículo 1655, “Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas…”. A la regla anterior se agrega lo dispuesto en el artículo siguiente que dispone:”Art. 1656. La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aun sin conocimiento de los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes:

1a. Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad;

2a. Que ambas deudas sean líquidas;

3a. Que ambas sean actualmente exigibles…”

Finalmente, el artículo 1657 de la codificación civil sustantiva, reitera que las dos partes deben ser recíprocamente deudoras, como exigencia para que entre ellas opere la compensación.

SÉPTIMO: De lo dicho, esta Corte no advierte que el Servicio recurrido haya cometido alguna ilegalidad o arbitrariedad en perjuicio de la contribuyente, al retener el pago de la suma obtenida en el juicio laboral señalado antes. Asimismo, la existencia de posturas contrapuestas entre la recurrente y el Servicio recurrido, impide sostener que la actora sea titular de un derecho indubitado, susceptible de ser protegido mediante el ejercicio de esta acción de protección.

En razón de lo señalado, el presente arbitrio habrá de resolverse como se dirá en continuación.

Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado dictado por la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Paulo Francisco Romero Vásquez, en favor de nombre reservado, y en contra de la Tesorería General de la República, Tesorería Provincial del Biobío, Fisco de Chile.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del ministro Waldemar Koch Salazar.

Rol N° 17.888-2024, Protección.