nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES Y OTRO

C.A. de Concepción Concepción, veinticuatro de enero de dos mil veinticinco.

VISTO:

1.- Comparece nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección contra de la Superintendencia de Pensiones y de la Comisión Médica Central (CMC), por haber incurrido en actos arbitrarios e ilegales al dictar la resoluciones CMC Nº 6428/2024 de 13/05/2024; CMC Nº6490/2023 de 13/06/2023 y CMC Nº 3357/2023 de 22/03/2023.

Indica que la Resolución N° C.M.C 6428/2024 le fue notificada a través de su correo electrónico el 31 de mayo de 2024, por lo que de esa fecha tuveo conocimiento real y cierto de lo resuelto por la CMC en cumplimiento de lo ordenado en sentencia de 23 de febrero de 2024, por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción.

Refiere que tanto la CMC, y la Superintendencia de Pensiones, como órgano fiscalizador, han incurrido en una serie de actos arbitrarios, ilegales e infundados, contraviniendo las disposiciones legales que la rigen, vulnerando su garantías constitucionales desde la dictación de la Resolución C.M.C. Nº 3357/2023 de 22/03/2023 hasta la fecha.

Señala, respecto a la Resolución C.M.C. Nº 6428/2024 de 13/05/2024, que ella es consecuencia de lo ordenado en sentencia de Protección Rol 20.085-2023 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 23 de febrero de 2024, en ella se resolvió “SE ACOGE, sin costas,la acción de protección interpuesta por nombre reservado, en contra de la Comisión Médica Central y la Superintendencia de Pensiones, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Nº C.M.C. 12164/2023 que rechazó un recurso de revisión presentado por el recurrente, emanado de la Comisión Médica Central y en su lugar se ordena que la mencionada Comisión se pronuncie respecto del fondo del recurso extraordinario de revisión presentado por el recurrente, dentro del plazo de 15 días, fundando debidamente sus conclusiones”. Agrega Argumenta que la Resolución Nº C.M.C 6428/2024, de fecha 13/05/2024 , anuló la Resolución Nº C.M.C 12164/2023, de 05/10/2023 y rechazó el Recurso Extraordinario de Revisión, confirmando la Resolución Nº C.MC. 6490/2023 y Resolución Nº C.M.C 3357/2023, declarando que no procede otorgar la invalidez. por lo nuevamente es arbitraria, ilegal e infundada, toda vez no cumple lo ordenado por este tribunal en sentencia de 23 de febrero de 2024, por cuanto carece de fundamentación y no se hace cargo de los argumentos planteados en el Recurso Extraordinario de Revisión, omitiendo el hecho puntual en el que se sustenta dicho recurso, esto es el error de hecho en el que ha incurrido tanto la Compañía de Seguros como la Comisión Médica Central, ya que la invalidez que se le fue otorgada, no se basaba en los criterios establecidos en la página número 20 de normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores al nuevo sistema previsional sino en las normas especiales contempladas en la páginas 7,8 y 22 configurando un menoscabo por intensidad y frecuencia de compromiso de síntomas y signos de las actividades de la vida diaria.

En cuanto a la segunda resolución recurrida, la Resolución Nº C.M.C. 6490/2023, indican esta confirma la Resolución Nº3357/2023 de 22/03/2023 en el sentido de que no procede otorgar invalidez, por cuanto la(s) enfermedad(es) alegada(s) como invalidante(s) no alcanza(n)a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos cincuenta por ciento. Refiere, que la es arbitraria e ilegal, ya que ratifica una vez más lo establecido en Resolución Nº C.M.C Nº 3357/2023 de 22/03/2023 que aceptó el reclamo de la compañía de seguro del contrato nº9 resolviendo no otorgar invalidez.

Argumenta que estos actos son contrarios a derecho, y carecen de todo fundamento, ya que la C.M.C resuelve sin considerar los antecedentes que constan en su expediente, y los argumentos en que se funda la Comisión Médica Regional para concluir que su invalidez si era procedente, accediendo de forma arbitraria a lo expuesto por la aseguradora, quien sustenta su reclamo en que el porcentaje de mi invalidez es sobrevalorado ya que no cumplo con sello de clase 3, que es el déficit neurológico clínico distal contemplado en la página 20 de las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema Previsional.

Agrega (ya refiriéndose además a la tecera resolución recurrida, la CMC Nº 3357/2023 de 22/03/2023), que la C.M.C. al emitir las Resoluciones Nº6490/2023 y Nº3357/2023 negándole la invalidez otorgada por la C.M.R. de Concepción, no funda sus resoluciones en ningún argumento plausible ni razonable, toda vez que lo argumentado por la Compañía de Seguro no era aplicable a su situación en particular, de esta manera el comportamiento de la C.M.C devienen en arbitrario por carecer de la debida fundamentación y racionalidad, e importa una discriminación hacia mi , toda vez que otras personas en condiciones jurídicas equivalentes, han sido favorecidos con procedimientos de calificación de invalidez racionales y justos.

Indica, que la C.M.C. no estudio de forma detallada el informe de evaluación por interconsultor especialista en ortopedia y traumatología emitido por don nombre reservado el 15/11/2022, en el que se configuró el impedimento Nº1 Raquialgia crónica por alteraciones degenerativas discofacetarias, produciendo en consecuencia un “MENOSCABO POR INTENSIDAD Y FRECUENCIA DE COMPROMISO DE SINTOMAS Y SIGNOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA”, por lo tanto Impedimento Nº1 clase III rango alto, de acuerdo a las páginas 7, 8 y 22 de las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema Previsional”.

Concluye, que el actuar de la C.M.C. deviene en arbitrario e ilegal, ya que acepta la apelación interpuesta por la Compañía de Seguros sin fundamento alguno y lo que es peor no ordena ninguna reevaluación de su estado de salud, simplemente accede a las alegaciones sin ningún reparo, sin siquiera evaluar los antecedentes que constan en su expediente de manera minuciosa y detallada, por lo que las resoluciones que se impugnan, Resolución C.M.C Nº 6428/2024 de 13/05/2024, Resolución C.M.C Nº6490/2023 de 13/06/2023 y Resolución CMC Nº 3357/2023 de 22/03/2023, son todas consecuencias del actuar ilegal y arbitrario de la C.M.C y de la Superintendencia de Pensiones.

Denuncia infringidos el derecho a la integridad física y psíquica contemplado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República; el derecho a la igualdad ante la ley (art.19 N°2 CPR); y derecho de propiedad (art.19 N°24 CPR). Solicita declarar arbitrario e ilegal la decisión adoptada y comunicada en Resolución N° C.M.C 6428/2024 de 13/05/2024; Declarar arbitrarias e ilegales las Resoluciones de C.M.C Nº6490/2023 de 13/06/2023 y Resolución CMC Nº 3357/2023 de 22/03/2023; que este tribunal ordene dejar sin efecto las resoluciones 6428/2024 de 13/05/2024, Resolución C.M.C Nº6490/2023 de 13/06/2023 y Resolución CMC Nº 3357/2023 de 22/03/20233; retrotraer el procedimiento de calificación del grado de invalidez al Dictamen Invalidez N°010.6986/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, manteniendo lo resuelto por Comisión Médica Regional de Concepción.

2.- Informó por la CMC, la médico nombre reservado, Presidente (S) Comisión Médica Central, quien, en primer lugar viene en hacer presente la improcedencia de la acción deducida en autos por cuanto la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, citando al efecto fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictada en autos sobre Recurso de Protección interpuesto en contra de la Comisión Médica Central, Rol Ingreso N°10.045-2023; Corte de Apelaciones de Iquique, Rol 2540-2023 y Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol 22.497-2023.

En cuanto al informe del recurso interpuesto, indica que la CMC, el 2 de mayo de 2024, en Sesión N°319, procedió a realizar la revisión del expediente de invalidez del recurrente, estando a cargo de la Dra. nombre reservado, presidenta subrogante, determinando “1.- Anular la Resolución N° C.M.C. 12164/2023, de 05/10/2023.

2.- Rechazar el Recurso Extraordinario de Revisión y confirmar la Resolución N° C.M.C. 6490/2023 y la Resolución N° C.M.C. 3357/2023, que declara que no procede otorgar invalidez. Incapacidad global 34%.”

En cuanto a los antecedentes de derecho expone que el sistema de Pensiones de Capitalización Individual, como el procedimiento de evaluación y calificación de invalidez, se encuentran regulados por el D.L. N03.500 de 1980; su Reglamento, contenido en el D.S. N057 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; las normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones; y las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema Previsional.

Agrega, que respecto de las Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones, cabe señalar que el recurrente funda su recurso en una errónea aplicación de dichas normas, sin embargo, el Acta de la Sesión es clara en sus fundamentos, en el sentido que al Sr. nombre reservado le corresponde que se le aplique las normas de la página 20 y no las de la página 22, como erróneamente consignó en el informe quien lo suscribió (Dr. nombre reservado); que cabe hacer presente, que el propio médico señala en su informe, que respecto de las extremidades superiores del Sr. nombre reservado, que éstas no tiene alteraciones de ejes, ni deformidades, que tiene amplia movilidad e indolora de articulaciones de hombro, codo, muñecas y manos; De lo expuesto queda en evidencia que, para el caso de afectaciones de la columna vertebral, como es el caso de la raquialgia, se debe seguir lo dispuesto en la página 20 y siguientes de las normas técnicas; que, independientemente de si se toma en consideración la página 20 o la página 22, (la cual no procede aplicar) al Sr. nombre reservado no corresponde que se le asigne clase III, rango alto, ya que para esta clase es necesaria, como requisito sine qua non, que exista compromiso neurológico, cuestión que no ocurre en autos y este es el motivo por el cual no se acoge el recurso de revisión extraordinario, puesto que se evaluaron todos sus impedimentos y no se pudo objetivar ni demostrar un menoscabo de la capacidad de trabajo igual o superior al 50%, que afecte de mayor manera las actividades de la vida diaria del recurrente.

Argumenta, que no existe vulneración de ningún derecho fundamental del recurrente, ya que el órgano técnico médico, la CMC, siguió todos los lineamientos establecidos por el D.L. N°3.500; las Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones; el D.S. N. ° 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, dictado por la Superintendencia de Pensiones; que por otra parte, la principal norma que las Comisiones Médicas deben observar al momento de efectuar la evaluación y calificación del grado de invalidez, es la Norma para la evaluación y calificación de invalidez para los afiliados al nuevo sistema de pensiones, establecida en el artículo 11 del D.L. N°3.500 de 1980, y que de acuerdo con esta normativa es perentorio atender a los criterios de: consistencia, es decir, que el impedimento tenga respaldo objetivos en informes, exámenes e imágenes; concordancia, acuerdo entre los profesionales que integran las Comisiones Médicas, con apoyo en las evaluaciones efectuadas por uno de ellos; coherencia, la persona evaluada se desenvuelve en forma lógica y consecuente con el resultado; certeza, la condición física y mental de la persona evaluada se encuentra señalada en forma clara y expresa, ciencia: ell dictamen debe ser elaborado conforme a criterios normativos pertinente y al estado del arte de la práctica médica.

3.- Informó por la Superintendencia de Pensiones, el fiscal de la referida repartición nombre reservado. En primer lugar, refiere la parte recurrente ha efectuado una presentación ante el organismo que informa, respecto de la sentencia de 23 de febrero de 2024, en causa sobre recurso de protección Rol N°20.085-2023, en el que esta Corte de Apelaciones, ordenó a la Comisión Médica Central que dejara sin efecto su Resolución C.M.C. N° 12.164/2023, que resolvía un recurso de revisión extraordinario presentado por el recurrente y que, en su lugar, debía pronunciarse sobre el fondo del referido medio de impugnación; que respecto del cumplimiento del fallo, cabe dar cuenta de que el órgano encargado de la ejecución de lo ordenado es, precisamente, la Comisión Médica Central. En este sentido debe tenerse presente que, el 27 de mayo de 2024, la CMC remitió a la Superintendencia el Oficio Ordinario N°161/2024, dando a conocer el cumplimiento total de la sentencia y su notificación al recurrente, con lo que se finalizó el proceso de calificación de invalidez del Sr. nombre reservado ante la CMC.

En cuanto a la acción de autos, indica que la Superintendencia de Pensiones no tiene incidencia en las decisiones que tomen o puedan tomar las Comisiones Medicas, ya sea Regional o Central, toda vez que éstas gozan de autonomía en el conocimiento y fallo de las solicitudes de invalidez sometidas a consideración de ellas y que cabe señalar que, tales Comisiones Médicas, no dependen de esta Superintendencia de Pensiones, ni forman parte de su estructura orgánica, para efectos de emitir sus pronunciamientos, y que más aún, por expresa disposición del artículo 18 del reglamento del D.L. N°3.500 (contenido en el D.S. N°57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), estas Comisiones gozan de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración. Agrega, que el inciso tercero del artículo 19 del Reglamento, del Decreto Ley 3500, prescribe que la Superintendencia tendrá la supervigilancia administrativa de estas Comisiones e impartirá las normas operativas que se requieran para calificar la invalidez. Seguidamente, si bien por expresa disposición del inciso tercero del artículo 11 del D.L. N°3.500, la Superintendencia de Pensiones debe designar por intermedio de concurso público, la contratación de los médicos integrantes de las referidas Comisiones Médicas, la norma que reglamenta esa disposición es el artículo 20 del D.S. N°57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que prescribe que debe hacerlo sobre la base de honorarios y no serán funcionarios dependientes de aquélla. Reitera que las Comisiones Médicas no forman parte de la estructura Orgánica del servicio que representa, porque este Organismo Fiscalizador no tiene la representación judicial, ni extrajudicial de las Comisiones Médicas Regionales, ni de la Comisión Médica Central, bastando señalar que, las facultades de la Superintendencia de Pensiones son potestades de derecho estricto, que se encuentran contenidas en los artículos 94 del DL N°3.500, de 1980; 3° del DFL N°101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en el artículo 47 de la ley 20.255, catálogos de atribuciones que en ninguna parte conceden a la Superintendencia de Pensiones la prerrogativa de representar, a las Comisiones Médicas, Central o Regional. En tal sentido cita doctrina (Bermudez, 2011), jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en el recurso de protección Rol nº952-2021, dictámenes del Consejo para la Transparencia en la Decisión Amparo Rol C-3183-21, del año 2021.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, la recurrente sostiene que el acto arbitrario e ilegal que atribuye a las recurridas, es haber incurrido en actos arbitrarios e ilegales al dictar la resoluciones CMC Nº 6428/2024 de 13/05/2024; CMC Nº6490/2023 de 13/06/2023 y CMC Nº 3357/2023 de 22/03/2023.

TERCERO: Que, las recurridas han evacuado sus respectivos informes, argumentándose por parte de la CMC que tal organismo, de carácter técnico médico, al dictar las resoluciones recurridas obedeció el sistema normativo al cual se encuentra sujeto, desde que siguió todos los lineamientos establecidos por el D.L. N°3.500, en las Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones, en el D.S. N. ° 57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, dictado por la Superintendencia de Pensiones, y muy especialmente la Norma para la evaluación y calificación de invalidez para los afiliados al nuevo sistema de pensiones, establecida en el artículo 11 del D.L. N°3.500 de 1980; la Superintendencia de Pensiones, afinca su posición argumentado que no corresponde reproche alguno hacia ella, por cuanto la CMC goza de autonomía en el conocimiento y fallo de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración, no dependen de la Superintendencia de Pensiones, ni forman parte de su estructura orgánica, para efectos de emitir sus pronunciamientos CUARTO: Que, el presente es un procedimiento especial, breve y de urgencia, destinado a obtener protección de ciertas garantías constitucionales que son señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que requiere la existencia de una situación de hecho que amerite otorgar la protección solicitada. Es decir, debe justificarse plausiblemente la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que justifique el otorgamiento del amparo constitucional que se pide.

QUINTO: Que, en estas condiciones, y respecto de la CMC en cuanto recurrida, no cabe sino concluir que se está ante una actuación (las resoluciones CMC Nº 6428/2024 de 13/05/2024; CMC Nº6490/2023 de 13/06/2023 y CMC Nº 3357/2023 de 22/03/202), que fueron dictadas de manera acorde a la normativa que le sirve de sustento, por un Organismo con facultades suficientes, en el marco de sus atribuciones específicas, con lo que no es posible atribuir ilegalidad o arbitrariedad alguna a su actuar.

Respecto de la Superintendencia de Pensiones, no es posible atribuirle actuación alguna que merezca la corrección a través de la presente acción, por cuanto no ha sido este Organismo quien ha emitido las recurridas resoluciones, careciendo entonces de responsabilidad alguna en el caso de autos Con lo anterior, no existiendo en la especie un acto ilegal o arbitrario que reparar, procede el rechazo del recurso presentado.

SEXTO: Que, así las cosas, resulta razonable concluir que no puede establecerse la existencia de alguna actuación arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, como tampoco la existencia de alguna vulneración de una garantía constitucional que esta Corte deba proteger por esta vía cautelar.

SÉPTIMO: Que, por consiguiente, no concurriendo los presupuestos para que pueda prosperar la presente acción constitucional, ella será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección contra de la Superintendencia De Pensiones y de la Comisión Médica Central.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Maximiliano Escobar Saavedra.

N°Protección-17719-2024.