Protección contra DIRECCIÓN REGIONAL CONCEPCIÓN DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

C.A. Concepción.

Concepción, ocho de noviembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece nombre reservado, abogado actuando por nombre reservado, empresario, recurriendo de protección en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL CONCEPCIÓN DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, y en contra del DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONCEPCIÓN DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, por cuanto este organismo público, a través del Departamento ya indicado, ha incurrido en actos y omisiones arbitrarios e ilegales que han afectado sus garantías constitucionales.

Puntualiza que el acto recurrido es la resolución ex. N° 183.017 de 24.08.2023, dictada en expediente Rol N° 72.378-2023, por el Departamento de Procedimientos Administrativos y Tributarios, de la VIII Dirección Regional Concepción, que no hace lugar a una solicitud de Revisión de la Actuación Fiscalizadora, de la Liquidación N° 507, de 23 de septiembre de 2022, emitida por el Jefe (S) del Departamento de Fiscalización, por concepto de Impuesto Global Complementario en relación al año tributario 2021, y de los Giros Folios N° 9039673 y N° 9039657, ambos de fecha 15 de mayo de 2023, actuando la Jefatura del Departamento de Procedimientos Administrativos y Tributarios en ejercicio de la facultad que le fuera delegada por el Director Regional a través de la RES. EX. N° 1574 de 16.02.2012 y RES EX. N° 246/618 de 04.11.2021.

Indica que la autoridad recurrida confunde la cuestión planteada, ya que contradice sus propios argumentos y validando el cobro de un impuesto, en circunstancias que no existe hecho gravado alguno, no hay impuesto, no hay un acto que refleje una capacidad contributiva, por lo que esta decisión deviene en irracional y se ha dictado carente de toda justificación, por el solo capricho o mera voluntad del órgano administrativo, que, por una parte, desconoce y no se hace cargo de los antecedentes aportados tendientes a demostrar que acá no hubo inversión, desembolso o gasto alguno, y, por otra parte, desconoce los efectos jurídicos/tributarios de una resciliación válidamente celebrada.

Explica que el 28 de febrero de 2020, su representado suscribió con su hermano nombre reservado, ante la Notario Público de Santiago doña nombre reservado, una escritura de compraventa, en cuya virtud éste le habría transferido el dominio de un inmueble, estipulándose un supuesto pago al contado de un precio ascendente a $ 250.000.000, SIN QUE HAYA EXISTIDO EN LOS HECHOS LA VOLUNTAD REAL DE LOS COMPARECIENTES, por una parte, de transferir/adquirir el dominio, ni, por otra parte, DE PAGAR PRECIO O VALOR ALGUNO. Dicho inmueble correspondía a la casa habitación y lugar de residencia de la familia del hermano de su representado, y con el objeto de evitar fuera privado del mismo, como consecuencia de embargos y enajenaciones forzadas producto de diversos y numerosos procesos judiciales y extrajudiciales de cobranza a que se viera enfrentado a fines del año 2019 y principios del año 2020, es que ambos hermanos consintieron, en los hechos, en celebrar el contrato a fin de sustraer el inmueble del patrimonio de don nombre reservado, sin que existiera, la voluntad real de suscribir tal contrato y menos de pagar el precio de $ 250.000.000 allí estipulado.

A principios del año 2020 registraba una deuda superior a 48 millones de pesos con más de 20 documentos impagos, lo que refuerza el enorme riesgo que él tenía de verse privado de su casa habitación y que motivó a celebrar la compraventa ficticia, no habiendo pago de precio alguno. Una vez “normalizada” la situación financiera, económica y judicial del hermano de su representado, nombre reservado, en conjunto con su representado, acordaron retrotraer la situación jurídica del inmueble en cuestión al estado previo a la celebración de la supuesta Compraventa, decidiendo que la solución apegada a Derecho era celebrar una resciliación, habida consideración que, no obstante lo expresado en la escritura de compraventa referida, material y jurídicamente no había existido pago de precio alguno y procedía resciliar dicho Contrato. Con fecha 6 de octubre de 2021, ante el Notario Público de Santiago, don nombre reservado, se firmó una Escritura Pública de resciliación de la compraventa y una Contraescritura de la escritura original que daba cuenta de este supuesto Contrato. El 2 de noviembre de 2021 la resciliación se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago a Fjs. 85.519, N° 124.543, del Registro de Propiedad del año 2021, inscripción que consigna expresamente que el hermano de su representado, don nombre reservado, es dueño del inmueble.

Estima que para efectos tributarios, se encuentra acreditado que el contribuyente don nombre reservado no efectuó ni pudo efectuar transferencia, inversión, desembolso o gasto alguno, como se quiera que lo consignado en la citada escritura respecto del pago del precio no es efectivo, sin perjuicio de reiterar que no disponía de manera alguna de ingresos o fondos para solventar tal operación. Lo cual se encuentra expresamente reconocido y explicado en Declaración Jurada de fecha 25 de mayo de 2023 de don nombre reservado, en la que ratifica todo lo dicho, en especial y en particular que su hermano nombre reservado no efectuó pago de precio alguno, desembolso, inversión o transferencia alguna en relación con la aparente compraventa de fecha 28 de febrero de 2020, celebrada entre nombre reservado, y su hermano, nombre reservado.

Refiere que su representado sólo pudo exponer esta situación ante el SII mediante una solicitud RAF presentada el 22 de febrero de 2023, resolviéndose por parte del órgano fiscalizador, mediante la Resolución Ex. N° 176.792 de fecha 28 de abril de 2023, dictada en expediente Rol N° 69-207-2023, del DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS, de la VIII DIRECCION REGIONAL CONCEPCION que “NO HA LUGAR a lo solicitado por el contribuyente nombre reservado, en relación a la Liquidación N° 507, de fecha 23 de septiembre de 2022, emitida por la VIII Dirección Regional, Concepción del Servicio de Impuestos Internos” siendo los principales argumentos utilizados para no hacer lugar a la solicitud RAF los siguientes: La referencia a normas propias del sistema de la prueba legal o tasada, como los artículos 1700 y 1876 del Código Civil y el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil, sistema inaplicable a este tipo de procedimientos conforme la Circular 12 de 2021 del Servicio de Impuestos Internos. Y que la contraescritura, NO CONSTA HABERSE TOMADO RAZÓN DE SU CONTENIDO AL MARGEN DE LA ESCRITURA MATRIZ, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1707 DEL CÓDIGO CIVIL, correspondiendo tener por efectivo lo establecido en la escritura de compraventa legalmente celebrada el 28 de febrero de 2020 y respecto de la cual, además, ya se encontraban extinguidas las obligaciones emanadas de ella.

Posteriormente, el 30 de mayo de 2023 se presenta una nueva solicitud RAF, la que se funda en nuevos antecedentes y se hace cargo de todos los argumentos considerados por el SII para no hacer lugar a la solicitud RAF, de fecha 22 de febrero de 2023, cuestión que ni siquiera fue considerada por el SII, incorporando más y nuevos argumentos para mantener y sostener este cobro ilegal, injusto y arbitrario.

Sostiene que el actuar de la recurrida es ilegal por cuanto en materia de justificación de inversiones, para que se produzca el devengo del impuesto, lo que debe existir y acreditar el ente fiscalizador es una inversión, desembolso o gasto en que no se acredite el origen de los fondos con que esto se efectuó, no la existencia, o no, de un Contrato de Compraventa, es absolutamente irrelevante lo que se sostiene por el SII en cuanto a que no es necesario que para que exista compraventa se pague o entregue el precio. No es la existencia del contrato de compraventa el hecho gravado en materia de justificación de inversiones, sino que la existencia de una inversión, desembolso o gasto en que no se acredite el origen de los fondos con que esto se efectuó, cuestión que el SII derechamente confunde.

Indica que, el conjunto de documentos y antecedentes aportados en su oportunidad, y que se acompaña, demuestran inequívocamente, más allá de formalismos legales, que no hubo pago de precio alguno, no hubo inversión, gasto o desembolso, y, por tanto, no hubo inversión alguna que justificar, ingresos no declarados y diferencias de impuesto que determinar por parte del SII, siendo inaplicable la norma del artículo 70 de la ley de impuesto a la renta, norma que requiere la existencia de una inversión, gasto o desembolso, circunstancia que, por lo demás, debe acreditar el SII, ya que lo que se presume es un ingreso no declarado y tributado, pero no la existencia de la inversión, gasto o desembolso.

Manifiesta que las acciones y omisiones de la recurrida son arbitrarias e ilegales y conculcan las garantías constitucionales, contempladas en los números 2, 22, 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, esto es, la igualdad ante la ley, la no discriminación en materia económica y el derecho de propiedad, todo ello en relación al N° 26 del citado artículo 19.

Termina solicitando se deje sin efecto la RESOLUCIÓN EX. N° 183.017 de 24.08.2023, dictada en expediente Rol N° 72.378-2023, por el DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS, de la VIII DIRECCION REGIONAL CONCEPCION, que no hace lugar a una solicitud de Revisión de la Actuación Fiscalizadora, de la Liquidación N° 507, de 23 de septiembre de 2022, emitida por el Jefe (S) del Departamento de Fiscalización, por concepto de Impuesto Global Complementario en relación al año tributario 2021, notificada por cédula con fecha 27.09.2022, y de los Giros Folios N° 9039673 y N° 9039657, ambos de fecha 15 de mayo de 2023, con costas.

Informa nombre reservado, Directora Regional (S) de la VIII Dirección Regional de Concepción, del Servicio de Impuestos Internos que en el marco del programa de fiscalización denominado “Justificación de inversiones, gastos y/o desembolsos AT 2021”, se requirió al contribuyente mediante Notificación N°1089319 de 23 de septiembre de 2021, para que acreditara el origen de los fondos con los cuales habría solventado los gastos, desembolsos e inversiones realizados el año comercial 2020 (año tributario 2021) debido a que los ingresos declarados en su Formulario 22, Folio 304213771, sobre declaración de impuesto a la renta del Año Tributario 2021, eran inferiores a ellos. (Compra Bien Raíz Rol 897-39 de la comuna de Colina, inscrito a fojas 26616 Número 37746 del año 2020 del Registro de Propiedad del CBR de Santiago, por un valor de $250.000.000, de fecha 28 de febrero de 2020, Compra Bien Raíz Rol 338-15 de la comuna de Pelluhue, inscrito a fojas 289 Número 353 del año 2020 del Registro de Propiedad del CBR de Chanco- Pelluhue, por un valor de $10.000.000, de fecha 07 de febrero de 2020; Compras Autos Usados por $46.397.707; Contribuciones pagadas bienes raíces agrícolas y no agrícolas $855.750; Compras según documentos tributarios electrónicos por $13.016.805)

Con fecha 29 de noviembre de 2021, el contribuyente presentó carta explicativa, informe de boletas de honorarios emitidas, facturas por compras de vehículos, contraescritura pública de fecha 06 de octubre del 2021 y certificado de inscripción, indicando que como los bienes personales de su hermano nombre reservado, habían sido embargados por los acreedores de la Sociedad de Transportes Titán SA., de la que éste era socio, decidieron simular la compra de los inmuebles mediante la compraventa de 28 de febrero de 2020, la que posteriormente resciliaron.

Sostiene que conforme al artículo 63 del Código Tributario, considerando, que la respuesta y antecedentes presentados, no fueron suficientes, el Servicio emitió la Citación N°25 de fecha 18 de febrero de 2022, requiriéndole para que justificara el origen de los fondos con los que efectuó la compra de los bienes raíces, ya que las otras inversiones, gastos o desembolsos, se tuvieron por justificadas. El 20 de marzo de 2022, el contribuyente, solicitó aumento del plazo para responder a la Citación lo que le fue concedido por un mes. Sin embargo, vencido dicho plazo, no dio respuesta a la Citación.

Por lo anterior, no acreditó el origen de los fondos con los cuales efectuó las inversiones, gastos o desembolsos y se procedió a emitir las Liquidaciones N°s. 507 y 508, de 23 de septiembre de 2022, por concepto de Impuesto Global Complementario del año tributario 2021 y Reintegro del artículo 97, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Y habiendo transcurrido el plazo de 90 días que tenía el contribuyente para reclamar en contra de estas Liquidaciones, ante el Tribunal Tributario y Aduanero, se procedió, en conformidad a los artículos 24 y 124 del Código Tributario, a emitir los Giros Folios N°s. 9039673 y 9039657, de fecha 15 de mayo de 2023.

Añade que posteriormente, el 22 de febrero de 2023, el recurrente solicitó al Departamento de Procedimientos Administrativos y Tributarios, de la VIII Dirección Regional del SII, la “Revisión de la Actuación Fiscalizadora” (RAF) respecto de la Liquidación N°507 y, específicamente, en relación con la inversión en el bien raíz Rol 897-39 de la comuna de Colina, afirmando que el contrato de compraventa fue un “contrato simulado” con su hermano, nunca se pagó el precio y por ello, fue posteriormente resciliado para que recobrara el inmueble, por lo que no existió una inversión cuyo origen de fondos debía justificarse ante el SII, de modo que la liquidación generaría un enriquecimiento sin causa para el Fisco.

Mediante Resolución Exenta N°176.792 de fecha 28 de abril de 2023, no se dio lugar a la solicitud del contribuyente, atendido que la liquidación no adolecía de vicio o error manifiesto, por cuanto la existencia de la inversión fue acreditada con la escritura pública de compraventa del inmueble, pero no se justificó el origen de los fondos con los que se habría efectuado.

Posteriormente, el recurrente, a través de su mandatario, don nombre reservado, presentó el 30 de mayo de 2023, una nueva solicitud de Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) respecto de la Liquidación N°507 y de los Giros Folios N°s. 9039673 y 9039657; mediante Resolución Exenta N°183.017 de 24 de agosto de 2023, no dio lugar a la solicitud por estimar que la liquidación no adolecía de vicio o error manifiesto, por cuanto los antecedentes tenidos a la vista, no resultaban suficientes para dejar sin efecto las diferencias impositivas en relación a la justificación de los fondos por la compra del bien raíz Rol 897-39, de la comuna de Colina. Además, respecto a la compra del bien raíz Rol 338-15, de la comuna de Pelluhue, por la suma de $10.000.000, nada se fundamentó ni aportó, correspondiendo también mantener lo establecido en la Liquidación. Luego el 12 de septiembre de 2023, el contribuyente interpuso la presente acción de protección.

Refiere que debido a la falta de diligencia del contribuyente para responder oportunamente la Citación, aportar antecedentes al proceso de fiscalización y utilizar las vías de impugnación especiales que contempla la normativa tributaria, ha tenido que solicitar la Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) con las restricciones que esta tiene, porque solo se pueden dejar sin efecto las liquidaciones y los giros, respectivos, cuando ha existido un vicio o error manifiesto, carácter que no está presente en su alegación de que la compraventa fue un acto totalmente simulado para transferir el dominio de un inmueble en perjuicio de terceros, que luego de rechazada por la autoridad administrativa.

Afirma que en el caso de autos no existe un error o vicio manifiesto, en cuanto el asunto sometido a discusión, que dice relación con una forma de interpretar la ley, en particular, los efectos de las escrituras públicas, resciliación y contraescrituras, lo que evidentemente, excede la finalidad de la RAF, que supone la existencia de un vicio o error manifiesto del acto sometido a revisión. Además las actuaciones del Servicio se enmarcan dentro de las facultades legales que le son propias y que le permitieron conocer y resolver la solicitud de Revisión de la Actuación Fiscalizadora, no habiendo incurrido en acto ilegal y/o arbitrario alguno al rechazar la pretensión del contribuyente en orden a dejar sin efecto por vicio o error manifiesto la Liquidación N°507, de fecha 23 de septiembre de 2022 y los Giros Folios N°s. 9039673 y 9039657, ambos de fecha 15 de mayo de 2023.

Finaliza señalando no se advierte de que manera la actuación del Servicio atentaría contra los elementos esenciales de la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria en materia económica y el derecho de propiedad, ya que la valoración de los diversos antecedentes de hecho y de derecho conforme a los cuales el Departamento de Procedimientos Administrativos y Tributario resolvió rechazar la solicitud del contribuyente, se hizo conforme a las limitaciones probatorias impuesta por la legislación vigente, los criterios jurisprudenciales establecidos por los Tribunales Superiores de Justicia y la interpretación administrativa del Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos a quien el legislador ha encomendado privativamente dicha labor.

En folio 7, JOSÉ MANUEL CORVALÁN DURÁN, Abogado, Jefe del Departamento Jurídico de la VIII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, acompaña el Oficio Ord. N°273 de 05 de octubre de 2023, del Director Regional de la VIII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1.- El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2.- El recurrente, nombre reservado ha tildado de ilegal y arbitraria la Resolución Exenta 183.017, dictada por el Departamento de Procedimientos Administrativos de la Dirección Regional Concepción del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 24 de agosto de 2023, que no hizo lugar a la Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) presentada por el contribuyente respecto de la liquidación 507, de 23 de septiembre de 2022 y los giros que indica, sosteniendo que confundió la cuestión planteada y validó el cobro de un impuesto, en circunstancias que no existe hecho gravado alguno, o sea que no hay un acto que refleje una capacidad contributiva. Afirmó que la decisión es irracional y carente de toda justificación, sin hacerse cargo de los antecedentes aportados, desconociendo los efectos jurídicos/tributarios de una resciliación válidamente celebrada.

3.- Por su parte, el órgano recurrido sostuvo que actuó dentro del ámbito de sus facultades fiscalizadoras, realizando las actividades propias relativas a la justificación de inversiones, gastos y/o desembolsos, requiriendo al contribuyente información al efecto, citándolo y liquidando los respectivos impuestos. Luego, transcurridos los plazos legales sin que se hubiere reclamado, se emitieron los giros correspondientes.

Agrega que el contribuyente presentó dos RAF relativas a la liquidación 507 y los giros respectivos, las que fueron rechazadas con del debido fundamento, atendido que la liquidación no adolecía de vicio o error manifiesto, por cuanto la existencia de la inversión fue acreditada con la escritura pública de compraventa del inmueble, pero no se justificó el origen de los fondos con los que se habría efectuado.

4.- La decisión administrativa impugnada fue dictada por el ente recurrido en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° letra B, numeral 5° del Código Tributario 5°, que lo faculta para resolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario que se promuevan, incluso corregir de oficio, en cualquier tiempo, los vicios o errores manifiestos en que se haya incurrido en las resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos. Sin embargo, el Director Regional no podrá resolver peticiones administrativas que contengan la misma causa de pedir y se funden en los mismos antecedentes presentados previamente por el contribuyente en sede jurisdiccional o administrativa, salvo el caso previsto en el artículo 132.

Añade el mismo numeral que el procedimiento se llevará en un expediente electrónico, deberá promover la solución de vicios o errores manifiestos y evitar dilaciones innecesarias, independientemente de si los vicios o errores fueron oportunamente alegados o no por el contribuyente. Obliga a recibir todos los antecedentes que se acompañen durante la tramitación del procedimiento y darse audiencia al contribuyente para que diga lo propio a sus derechos.

El Servicio debe resolver fundadamente dentro del plazo de sesenta días contados desde la presentación de la petición administrativa y de estimarlo necesario requerirá, por la vía más expedita, antecedentes adicionales que le permitan resolver. La prueba rendida deberá apreciarse fundadamente y lo resuelto no será susceptible de recurso o reclamación.

5.- En razón de lo recién consignado, las alegaciones efectuadas por el contribuyente en la RAF y en la presente acción constitucional, exceden la naturaleza del tipo de acciones ejercidas, en el primer caso, de revisión administrativa, por promover un debate relativo a la correcta determinación de los de hechos, contratos y voluntades expresadas, conjuntamente con la determinación de la norma aplicable y su recta interpretación, lo que supera la competencia del Servicio de Impuestos internos, otorgada legalmente para corregir vicios o errores manifiestos cometidos en las resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos. En el segundo caso, no existe una situación fáctica clara ni derechos indubitados, de modo que la acción de protección no es la vía para resolver el conflicto, al tratarse de un procedimiento breve y urgente, que no permite una discusión amplia, con una completa potencialidad probatoria adversarial.

Todo ello nos conduce a la desestimación de la acción constitucional intentada.

Con lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, SE RECHAZA sin costas, el recurso de protección presentado por nombre reservado en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL CONCEPCIÓN DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, y en contra del DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS DE LA MISMA DIRECCIÓN.

Redacción del Ministro Rodrigo Cerda San Martín.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol Protección N° 17.695-2023.