nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y OTRO

C.A. de Concepción xsr Concepción, veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En folio 1, comparece doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, de Talcahuano, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad haitiana, domiciliada en domicilio reservado, de Coronel, deduciendo acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, con domicilio en domicilio reservado, de Santiago, y de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, con domicilio en domicilio reservado, de Santiago. Ello, por la excesiva dilación en emitir pronunciamiento respecto a la Solicitud de Nacionalización N°58847543, efectuada por la recurrente el 06 de diciembre de 2022, lo que carece de justificación razonable en atención al tiempo transcurrido, configurándose dicha omisión como arbitraria e ilegal y vulnera el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la Republica.

Señala que doña nombre reservado, con intenciones de desarrollarse y de aprovechar las oportunidades que ofrece nuestro país, como también la vida fructífera y amena que ha logrado encontrar en nuestro territorio, ingresó una Solicitud de Nacionalización con fecha 06 de diciembre de 2022 (Número de solicitud N°58847543). Que, hasta la fecha, no ha obtenido pronunciamiento alguno por parte del servicio recurrido, habiendo transcurrido más de 6 meses desde su presentación, plazo fijado por la ley para resolver los actos administrativos, lo cual la mantiene en un constante estado de tensión e incertidumbre, dada la dilación excesiva de dicho trámite administrativo.

Estima que no dar avance a la solicitud de nacionalización efectuada ni haber emitido pronunciamiento alguno, constituye una omisión que vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, en cuanto se configura una discriminación respecto a otros solicitantes que han podido tramitar debidamente sus beneficios migratorios.

Respecto al plazo de interposición de la acción de protección, indica que, en el caso de autos, la omisión que vulnera las garantías constitucionales se configura respecto a cada día que la administración no emite el pronunciamiento respecto de la solicitud de nacionalización formulada, habiendo ya transcurrido el plazo legal establecido para ello. En consecuencia, esta acción ha sido interpuesta dentro de plazo y se cumple así con el requisito establecido por el Auto Acordado sobre la materia.

Agrega que la recurrente vive en un estado de permanente angustia y desesperación, ocasionando un gran detrimento en su integridad psíquica, dado que la actual falta de pronunciamiento sobre la solicitud de nacionalización que tiene en curso por parte del servicio recurrido, no le permite efectivamente ejercer en el país ninguno de los legítimos derechos que se encuentran consagrados en la Constitución Política de la República y Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile.

Explica las ventajas de obtener la nacionalidad chilena, tales como mejorar la empleabilidad del interesado, ya que el hecho de ser ciudadano chileno aumenta su valoración para optar a otros puestos de trabajo tanto en el sector público como en el privado; se puede postular a cargos de elección popular; el procedimiento para realizar trámites resulta más sencillo y ya no es necesario renovar visados o documentación de residencia, dando certidumbre al solicitante. En consecuencia, la consecución de estos beneficios se está viendo injustamente suspendida en beneficio de la recurrente, a raíz de la demora injustificada en la que actualmente incurre la autoridad administrativa recurrida, a la hora de tramitar la correspondiente solicitud de nacionalización que ha sido ingresada.

Sostiene que la demora de 18 meses en la tramitación de la solicitud de nacionalización, constituye una ilegalidad, por exceder el plazo de 6 meses que fija el artículo 27 de la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen Los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, para resolver las solicitudes de los administrados.

Solicita tener por interpuesta acción de protección a favor de doña nombre reservado, disponiendo que el recurrido Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Subsecretaría del Ministerio del Interior, resuelvan la solicitud de nacionalización efectuada con fecha 06 de diciembre de 2022, dentro de un plazo razonable, que no exceda de 30 días hábiles o lo que esta Corte estime, de conformidad con los principios impuestos y establecidos por su reglamentación en los artículos 37 de la Ley N° 21.325 y 46 de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo 296 de 2022.

En folio 5, informó Chrystián nombre reservado, Jefe de la Prefectura Provincial Concepción de la Policía de Investigaciones de Chile, dando cuenta respecto de la ciudadana extranjera de nacionalidad haitiana nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, que aquella registra como único movimiento migratorio una entrada a nuestro país, con fecha 28.SEP.014, por el Aeropuerto nombre reservado, en calidad de turista. Lo anterior por pasos fronterizos habilitados.

Que, consultada la persona en comento, en el Sistema Institucional GEPOL, no registra órdenes de detención pendientes, ni encargos judiciales vigentes en su contra y en el Sistema B3000, del Servicio Nacional de Migraciones, registra como última actuación, una solicitud de carta de nacionalización con fecha 26.JUN.024, registrando un domicilio ubicado en domicilio reservado, Región Metropolitana. En ese sentido, la extranjera no ha actualizado su domicilio en esa institución.

Añade que, en el Sistema Residentes Extranjeros, acápite “Residentes”, de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional (JENAMIG), la recurrente registra como domicilio domicilio reservado, Región Metropolitana y en la Base Relacional para Análisis e Información “BRAIN” de la Policía de Investigaciones de Chile, no registra antecedentes.

En folio 6, informó nombre reservado José Sotomayor Bueno, abogada, en representación de la Subsecretaría del Interior, quien señala que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley, según lo dispuesto en los artículos 84 de la Ley 21.325; 1° y 2° del decreto supremo N° 5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; y 1, apartado IV, N° 4, de la Ley 16.436, en virtud de los cuales se otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de conceder cartas de nacionalización, deponiéndola en términos potenciales, al indicarse que “podrá” otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos allí señalados.

Refiere que el artículo 157, N° 8, de la Ley 21.325, dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ello, en la práctica, implica que es dicho Servicio quien recibe tales solicitudes, a fin de revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago -aspecto último que se desprende de lo dispuesto en el artículo 12 del decreto supremo N° 5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, en concordancia con lo establecido en el artículo 178 de la Ley 21.325-, para luego proponer su resolución a la autoridad superior del referido Ministerio, la cual concederá o rechazará la petición a través de la dictación del respectivo decreto exento.

Señala en relación con el caso de autos, que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la recurrente se encuentra en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, lo cual, es una etapa previa a la entrega de los antecedentes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para su posterior resolución, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Sin perjuicio de lo anterior, considera que la acción de autos no solo debe ser rechazada totalmente, sino que, además, procede la expresa condena en costas para la parte recurrente, por cuanto, no existen motivos plausibles para litigar.

Alega que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, lo cual, en ocasiones, significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan, haciendo presente que el referido análisis se encuentra plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar una carta de nacionalización a una persona extranjera.

Destaca que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N° 14, de la Constitución Política de la República, lo que significa que este tipo de solicitudes son requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos, siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos. En ese contexto, precisa, que solo entre enero y marzo de 2024 se han presentado -en promedio- 3.400 solicitudes mensuales de otorgamiento de cartas de nacionalización. Sin embargo, dicha cifra debe contextualizarse en el total de solicitudes relacionadas con nacionalizaciones que, anualmente, se han ingresado en los últimos años: el 2021, se contabilizaron más de 10.000; el 2022, más de 30.000; y el 2023, más de 40.000.

Sostiene que corresponde desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez que aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años.

Argumenta que en relación con una supuesta ilegalidad en la no dictación del acto administrativo terminal en comento dentro de un determinado plazo, que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la Ley 19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo, tal como ambos organismos han razonado, citando fallos al efecto.

Estima que incluso cuando se pudiese considerar que se está ante una omisión arbitraria o ilegal, corresponde recordar que las hipótesis normativas de procedencia de la acción de protección se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En ese contexto, es la parte recurrente quien no solo debe probar la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, sino, además, que aquello le significa una privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos o garantías a que se refiere el referido artículo, para efectos de que su acción de protección sea admisible y, eventualmente, acogida. De ahí que sea improcedente que la recurrente considere que el solo hecho de que su solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización no se encuentre resuelta es, por sí mismo, una circunstancia que implica una vulneración de derechos fundamentales. Por el contrario, debe explicar por qué, en este caso, la no dictación del acto administrativo terminal es ilegal o arbitraria, además de señalar cuál o cuáles derechos o garantías tuteladas se encontrarían privadas, perturbadas o amenazadas por esa circunstancia y la relación de causalidad entre la supuesta omisión antijurídica y el agravio a dichos derechos o garantías.

Explica que el solo hecho de solicitar el otorgamiento de carta de nacionalización significa que la persona extranjera se encuentra en situación migratoria regular, sin órdenes de abandono o expulsiones pendientes, y con permanencia definitiva vigente en nuestro país, lo que se traduce en que puede ejercer sus derechos sin limitación alguna. De ahí que sea improcedente afirmar que una eventual demora en la tramitación de su solicitud sea lesiva de derechos.

Manifiesta que el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente, sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud, además de atentar contra la propia naturaleza de la acción de protección, al no ser el medio idóneo para obtener la aceleración en la tramitación de este tipo de procedimientos.

Enfatiza que no procede instrumentalizar un requerimiento de otorgamiento de carta de nacionalización mediante una acción de protección, al corresponder su otorgamiento única y exclusivamente al Presidente de la República, por medio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esto, por cuanto el otorgamiento de cartas de nacionalización es, por su naturaleza jurídica, una concesión que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, y siempre que la autoridad facultada para ello así lo estime pertinente, toda vez que el Decreto Supremo N° 5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, indica los requisitos mínimos para solicitar la carta de nacionalización, así como el procedimiento que debe seguirse para resolver dicha solicitud, pero no contiene artículo alguno que altere la naturaleza de concesión potencial de su otorgamiento, siendo entonces evidente que se trata de una facultad y no de una obligación, debiendo, en todo caso, respetarse los impedimentos establecidos en el artículo 86 de la Ley 21.325.

Pide tener por evacuado el informe requerido a la Subsecretaría del Interior, resolviendo el rechazo de la acción de protección por las razones expuestas, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

En folio 22, informó doña nombre reservado, mandataria judicial de la Dirección Regional del Biobío del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes de la presente acción, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Indica sobre la situación migratoria de la recurrente nombre reservado, que con fecha 6 de diciembre de 2022, ingresó a través de la plataforma de ese Servicio solicitud de nacionalización id 58847543, siendo informada el 4 de agosto de 2023, mediante Folio: 43755550, que su solicitud de Carta de Nacionalización no reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente, ya que, con respecto a la documentación presentada: Certificado de antecedentes del país de origen: No Contiene La Información Necesaria: La información contenida en el documento es insuficiente; Documento que acredite obligaciones tributarias al día: No Presentó El Documento Requerido: El documento presentado no era el que se le estaba solicitando.

Agrega que, para continuar con la tramitación, se le informó que debía presentar Certificado de Antecedentes Penales vigente y legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o Apostillado y Certificado de deuda emitido por Tesorería General de la República, correspondiente al solicitante o Carpeta Tributaria del SII. Por lo señalado, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 19.880, de Procedimientos Administrativos, se le otorgó un plazo de 60 días hábiles, a partir de la fecha de recepción de esa notificación, para subsanar la falta o acompañar los documentos respectivos, actualizados y vigentes a la fecha de su envío, con el objeto de continuar con la tramitación de su solicitud. Una vez que hubiere adjuntado los archivos, debía finalizar el trámite para que la solicitud sea recepcionada por el Servicio Nacional de Migraciones y si no lo hiciere en el plazo indicado, se le tendría por desistida de su petición.

Refiere que la extranjera subsanó con fecha 21 de octubre de 2023, siendo el 12 de julio de 2024, entrevistada por la Policía de Investigaciones, quien remitió el informe respectivo y que actualmente la solicitud de la recurrente se encuentra en etapa de análisis estado pendiente.

Hace presente que la actora cuenta con un permiso de permanencia definitiva vigente, por lo que mantiene situación migratoria regular en el país. Así, la situación de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de alguna de sus garantías fundamentales.

Sostiene en cuanto a las causales y requisitos legales para dictar el decreto recurrido, que los requisitos legales para solicitar la carta de nacionalización se encuentran consagrados en el artículo 2 del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, que señala los requisitos mínimos que los migrantes deben cumplir para presentar dicha solicitud ante la autoridad competente, agregando la forma y requisitos que la petición de nacionalización debe cumplir al ser presentada, lo que se encuentra contemplado en los artículos 4° y 5° del D.S. N°5.142, ya señalado. Asimismo, el artículo 3° del mismo cuerpo legal señala los casos en los que no se podrá obtener esta gracia.

Explica que la nacionalización, es por su naturaleza jurídica, una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón al mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia, vale decir, se trata de un privilegio o dispensa concedida por la autoridad competente.

Menciona que la solicitud de nacionalización se encuentra consagrada en el artículo 10 N°3 de la Constitución Política, que señala que “Son chilenos: 3. Los extranjeros que obtuvieron la carta de nacionalización en conformidad a la Ley. (…)” Y agrega en el inciso final del mismo artículo, que: “La Ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad Chilena; de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, y la formación de un registro de todos estos actos.”. Lo expresado hace referencia al Decreto N°5.142 de 29 de octubre de 1960, del Ministerio del Interior, el que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros, que contempla en su artículo 2° los requisitos que deben ser cumplidos por los solicitantes para obtener la carta de nacionalización.

Alega que según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permisos de residencia, como también toda otra solicitud de trámites de naturaleza migratoria, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación para acreditar dicha condición en el país.

Esgrime que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. En consecuencia, es un plazo referencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado.

Afirma que la tramitación de la solicitud de carta de nacionalización de la extranjera sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país, sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

Termina solicitando el rechazo de la presente acción en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a ese Servicio.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho. Es entonces, requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más garantías protegidas.

2.- Que la recurrente hace consistir la ilegalidad y/o arbitrariedad denunciada en la falta de pronunciamiento de las recurridas acerca de la solicitud de nacionalización de la extranjera en cuyo favor acciona, no obstante que han transcurrido 19 meses desde su presentación, -6 de diciembre de 2022-.

3.- Que, la recurrida, por su parte, pidió el rechazo del recurso por no haber incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno que vulnere alguna de las garantías constitucionales que establece nuestra Carta Fundamental, por cuanto el plazo que establece el artículo 27 de la Ley 19.880 no es fatal y la solicitud de la actora se encuentra actualmente en etapa de “Análisis”, estado “Pendiente”.

4.- Que, son hechos que constan en el recurso, conforme a lo expuesto por las partes e informes allegados al mismo, así como de los documentos acompañados, los siguientes: a) El 6 de diciembre de 2022, la extranjera solicitó carta de nacionalización ante el Servicio Nacional de Migraciones, la que lleva el número 58847543; b) El 4 de agosto de 2023, el mismo Servicio, le informa que la solicitud se encuentra incompleta o insuficiente y le otorga un plazo de 60 días hábiles a partir de su recepción, para subsanar la falta o acompañar los documentos respectivos; c) El 21 de octubre de 2023, la recurrente subsanó las faltas antes referidas; d) El 12 de julio de 2024, doña nombre reservado es entrevistada por la Policía de Investigaciones, quien luego remitió el informe correspondiente; e) La recurrida informa que la solicitud de autos se encuentra en etapa de análisis, estado Pendiente.

5.- Que, para una adecuada decisión del asunto planteado, cabe recordar que la normativa sectorial no establece los plazos dentro de los cuales la autoridad administrativa debe pronunciarse, ya sea en relación a la permanencia de extranjeros en Chile o al otorgamiento de visa o carta de nacionalización. Así las cosas, resulta ineludible recurrir a la ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, la que en su artículo 24 prescribe que las decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los veinte días siguientes, contados desde que, a petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse. Por su parte, el artículo 27 del citado cuerpo normativo señala que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

6.- Que, conforme a lo reseñado, cabe destacar que la recurrida ha demorado en exceso la revisión de los antecedentes de la actora, manteniendo en suspenso su petición mucho más allá de lo que resulta razonable, dilatando la respuesta primaria, toda vez que tardó varios meses sólo en señalar cuáles eran los documentos faltantes. Así las cosas, efectivamente resultan vulnerados los derechos de la solicitante, afectando de manera importante su vida, toda vez que, al carecer de certezas sobre la calidad de su permanencia en territorio nacional, se ve también impedida de tomar decisiones sobre su futuro, encontrándose en situación de absoluta incertidumbre.

7.- Que, así las cosas, no cabe absolutamente ninguna duda que la recurrida ha incurrido en una conducta omisiva ilegal y arbitraria, que vulnera la garantía de igualdad ante la ley, debiendo esta Corte adoptar las medidas que aseguren el restablecimiento del imperio del derecho.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, se acoge, sin costas el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en favor de doña nombre reservado, y se ordena a los recurridos, Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, resolver o adoptar las medidas que sean necesarias para que se resuelva la solicitud de nacionalización de la recurrente dentro del plazo máximo de sesenta (60) días hábiles administrativos, desde que quede ejecutoriada la presente sentencia, debiendo comunicar a esta Corte el debido cumplimiento de lo resuelto.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Oportunamente dese cumplimiento con lo previsto en el numeral 14 del Auto Acordado más arriba aludido, comunicándose la sentencia a las partes.

Redacción de la ministra Vivian Toloza Fernández.

N°Protección-17663-2024.