SERGIO CERVA S.A. con TESORERÍA PROVINCIAL DE LEBU

CONCEPCIÓN, cinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

1°) Compareció el abogado Mario Martín Pucheu Muñoz, domiciliado en domicilio reservado, en representación de la sociedad “Sergio Cerva S.A.”, del giro obras civiles, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Tesorería Provincial Arauco Lebu (en adelante la Tesorería o la TGR), representada por su Tesorero Provincial (S) nombre reservado, o por quien le reemplace o subrogue legalmente, todos domiciliados en domicilio reservado, señalando que su representada, en el marco de la Operación Renta 2024, el 8 de mayo último presentó a través de internet, Formulario 22, de Declaración de Impuesto a la Renta año 2023, solicitando la devolución de $22.156.569., lo que el Servicio de Impuestos Internos (en adelante SII), autorizó con fecha 22 de mayo siguiente, sin embargo, el día 28 del mismo mes, la Tesorería General de la República (en adelante TGR) hizo una compensación por $21.178.861, sobre el monto autorizado por el SII, depositando en la cuenta de la recurrente la suma de $1.332.213.​ Señala que al revisar sus estados financieros, su representada tomó conocimiento de este hecho el 29 de mayo último, ingresando a la página web del SII, donde se indicaba textualmente lo siguiente:

“Situación Renta Actual.

Tu declaración no presenta diferencia con respecto a la información que el SII tiene en sus sistemas, por lo tanto, se autorizó a la Tesorería General de la República a que deposite o emita cheque por $22.156.569. Posteriormente, la Tesorería efectuó una rebaja de $21.178.861 por concepto de compensación, por lo que no se emitirá cheque o depósito. Para mayor información, consulta los eventos que se detallan más abajo en la sección Historial.”. Agrega que hasta la fecha no recibió notificación administrativa desde la TGR, explicando esa “rebaja por compensación” del monto que el SII autorizó devolver.

Sobre la situación de las obligaciones tributarias que la actora, señala que el 14 de mayo del año en curso, su representada registra fue notificada y requerida de pago personalmente, respecto de una supuesta deuda caratulada “nombre reservado”, que tendría como fecha de vencimiento 26 de marzo de 2021, por la suma de $16.295.500, ante lo cual, el 24 de mayo último, su parte presentó en la Tesorería Provincial de Lebu, escrito oponiendo excepción de prescripción, la que fue declarada admisible el 18 de junio de 2024 por nombre reservado, Juez Sustanciador y Tesorero Provincial (S) de Arauco Lebu, siendo acogida a tramitación administrativa y pasando los antecedentes al señor abogado de la Tesorería Provincial de Arauco Lebu para su conocimiento y resolución, suspendiéndose la ejecución de autos respecto del Formulario 117, Folio N° 116754, hasta la resolución definitiva de la ejecución.

En cuanto al derecho refiere que la compensación, como modo de extinguir de la obligación tributaria, se somete al cumplimiento de diversos requisitos que la hacen autónoma y diversa de la compensación que reconoce el derecho común, pese a que presentan similitudes, agregando que según los artículos 177 del Código Tributario, 6° y 7° del DFL N° 1/1994, del Ministerio de Hacienda, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías y 1655 y 1656 del Código Civil, para que ella proceda se exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: Ambas obligaciones deben ser en dinero; las dos partes (contribuyente y Fisco) deben ser recíprocamente acreedoras y deudoras; ambas deudas deben ser líquidas y exigibles. Opera previa actuación del Tesorero General de la República, aun cuando sea el propio contribuyente quien la solicite, por ello, para determinar si la actuación de TGR, en orden a compensar ambos créditos, se ajusta o no a derecho, se debe analizarse si al momento de que el Tesorero General aplique ese modo de extinguir obligaciones, se cumplían o no los requisitos para su procedencia, considerando para ello que en materia tributaria, la compensación no opera por el sólo ministerio de la ley, sino que requiere pronunciamiento del Tesorero General, tal como lo han sostenido la jurisprudencia y la doctrina que reproduce en lo pertinente.

Sostiene que lo anterior lleva a descartar la posibilidad de que en materia tributaria, la compensación opere por el ministerio de la ley, debiendo exigirse resolución del Tesorero General, donde se acredite el cumplimiento de todos los requisitos que permitan darla por establecida; además, esta resolución debe ser válidamente notificada al contribuyente para que produzca efectos, circunstancias no se han cumplido en la especie, ello determina que la compensación efectuada por la TGR, devenga en un acto ilegal y arbitrario.

En efecto, como se dijo, la compensación en materia tributaria no opera por el sólo ministerio de la ley, ya que exige que haya una resolución de la Tesorería que la autorice, sea porque lo solicito el contribuyente (según el artículo 177 del Código Tributario), sea porque lo decidió unilateralmente la administración, sin embargo, a la fecha su parte carece de antecedentes que permitan concluir que la compensación se dispuso mediante un acto administrativo escrito y notificado, reproduciendo los artículos 3, 11 y 41 de la Ley N° 19.880 , disposiciones de las que emana la necesidad de dictar un acto administrativo, escrito y fundado, cuando la decisión de la administración afecte derechos de los administrados, resolución que no se ha dictado para este asunto. Además, y de acuerdo al artículo 45 de la misma ley N° 19.880, ese acto se debe notificar legalmente, lo que tampoco se ha producido.

En consecuencia, afirma que la omisión de las formalidades legales señaladas, conllevan la ilegalidad de la compensación que se reclama, con el agregado que el desconocimiento del acto y sus fundamentos, priva a su representada de poder defenderse frente al actuar de la autoridad, tesis que sostiene en base a fallos de los Tribunales Superiores de Justicia que cita.

Asimismo, la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de la Tesorería se plasma en el hecho que al momento de hacer efectiva la compensación, ésta carecía de créditos susceptibles para efectuarla, ya que previamente la TGR había deducido y notificado demanda ejecutiva contra la recurrente, oponiendo su parte, dentro de plazo legal, excepción de prescripción, que se admitió a tramitación por la Tesorería, por lo que, estando controvertida, en sede administrativo-judicial, la exigibilidad del crédito, mediante la excepción presentada el 14 de mayo de 2024 y que después se declaró admisible, la TGR no podía efectuar la compensación, al estar en discusión la exigibilidad de la deuda, ya que siendo la compensación un doble pago abreviado, para que éste pueda pedirse es necesaria la exigibilidad de la obligación, según doctrina autorizada y decisiones judiciales que reproduce.

En definitiva, afirma que faltando las formas que exige el ordenamiento jurídico para afectar derechos del administrado y, no concurriendo las condiciones de fondo requeridas para que opere la compensación, el actuar de la TGR se debe considerar ilegal, procediendo restablecer el imperio del derecho, mediante el pago de la devolución ordenada por el SII, ya que la conducta denunciada afecta el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, o sea, el dominio de su representada sobre las sumas compensadas.

Acompañando los documentos que menciona en el primer otrosí de su recurso, solicita a esta Corte hacer lugar al mismo, disponiendo dejar sin efecto la compensación antes señalada, ordenando el pago de $21.178.861, debidamente reajustado desde la fecha de la compensación hasta su pago efectivo, con costas.

2°) Por la Tesorería Provincial de Lebu, informó su Tesorero Provincial (S), nombre reservado, solicitando el rechazo de la presente acción, ya que el recurrente es demandado por cobro de obligaciones tributarias. En efecto, el 8 de mayo último se despachó mandamiento de ejecución y embargo contra la sociedad Sergio Cerva S.A., representada por nombre reservado, practicándose notificación y requerimiento de pago en los autos Administrativos Rol N° 10167-2024, LEBU, el 14 de mayo siguiente. Luego, el 22 de mayo de 2024, se procedió a compensar las siguientes deudas pendientes de pago: i) Formulario 117; N° de Folio 116754; Fecha de vencimiento: 26-03-2021; Monto compensado: $21.146.270; Fecha liquidación: 20-05-2024; Monto liquidado: $21.146.270; ii) Formulario 21; N° de Folio 10660757; Fecha de vencimiento: 00-00-0000; Monto compensado: $32.591; Fecha liquidación: 20-05-2024; Monto liquidado: $32.591.

La sociedad deudora opuso excepción de prescripción el 24 de mayo de 2024, la que se declaró admisible el 18 de junio último, para el solo efecto de ser acogida a tramitación administrativa, en lo que respecta al formulario 117, Folio N° 116754, resolución que fue notificada el 19 de mayo (sic) de 2024.

En cuanto a la legalidad de la compensación, sostiene que el SII autorizo la devolución de impuesto solicitada en formulario 22, de declaración de impuesto a la Renta del año 2024 a favor de la recurrente, sociedad Sergio Cerva S.A., RUT RUT reservadoNo obstante ello, el 22 de mayo de 2024, la TGR compensó por la suma de $21.178.861, actuación que, según el recurrente, no operaría por el sólo ministerio de la ley, sino que, además de cumplir con los requisitos legales, requeriría de un pronunciamiento del Tesorero General, mediante resolución fundada y debidamente notificada al contribuyente para que produzca efectos, circunstancias que no se han cumplido, y que hacen que la compensación sea un acto ilegal y arbitrario, que vulneraría su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de La República.

Refiere que la compensación, como modo de extinguir obligaciones, es excepcional en el derecho público, ya que el modo normal de extinguir las obligaciones tributarias en favor del Fisco, es mediante el pago efectivo de ellas en el Servicio de Tesorerías, de acuerdo con los artículos 1° y 2° del DFL N° 1/1994 del Ministerio de Hacienda; del artículo 30 del DFL N°1263/1975 y articulo 38 del Código Tributario. Agrega que al ser la compensación un modo extraordinario de extinguir obligaciones tributarias, el legislador autorizo expresamente a la TGR, en el artículo 6 del citado DFL N° 1/1994, “…para compensar deudas de contribuyentes con créditos de estos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagadas, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.”.

Luego, establecida legalmente la facultad de la TGR de compensar deudas y dado que la hipótesis contenida en el artículo 177 inciso 4° y siguientes del Código Tributario, sólo se refiere a los casos en que es el contribuyente quien solicita administrativamente compensar la deuda, se debe concluir que, “…en el ejercicio de dicha potestad al Tesorero General de la Republica, le son plenamente aplicables las normas que regulan esta institución contenidas en el Código Civil, tanto por no existir norma que lo prohíba como por lo previsto en el artículo 2 del Código Tributario, que expresa: “En lo no previsto por este Código y, demás leyes tributarias, se aplicaran las normas del derecho común contenidas en las leyes generales o especiales.”, ello significa que para ejercer dicha potestad, la TGR sólo requiere cumplir con los requisitos señalados en el artículo 1656 del Código Civil, que reproduce, añadiendo que en este caso se cumplían todos y cada uno de los requisitos contenidos en esa norma, ya que la deuda del ejecutado era de dinero, liquida y actualmente exigible, no existiendo ninguna causal de suspensión que impidiera operar a la compensación. Además, de acuerdo con el artículo 6 del DFL N° 1/1994, del Ministerio de Hacienda, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, cumpliéndose los requisitos del artículo 1656 del Código Civil, es obligatorio que la TGR cobre todas las deudas que registre el contribuyente en su cuenta única tributaria, antes de hacer las devoluciones de impuestos a que éste tenga derecho.

Sobre la alegación del recurrente acerca de que la compensación se verificó sin que mediara un acto administrativo, fundado y debidamente notificado, para desestimarla basta reiterar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1656 del Código Civil, ella opera por el sólo ministerio de la ley, agregando que esa parte conocía la existencia de la deuda compensada, ya porque ella le fue cobrada en cuadernos administrativos, ya porque tal información la puede obtener ingresando a la página de internet de la TGR.

En consecuencia, asevera que el presente recurso no puede prosperar, ya que el Tesorero actuó en pleno uso de las atribuciones legales con que cuenta y el cobro judicial del tributo no estaba suspendido a la fecha de la compensación, en los términos del artículo 147 del Código Tributario, citando una sentencia de esta Corte que reconoce que la compensación en materia tributaria opera por el sólo ministerio de la ley, por ello, afirma que la actuación del Servicio de Tesorerías y la propia como Tesorero Provincial (S) al compensar las deudas de la sociedad recurrente, correspondió al cumplimiento de un mandato legal expreso, establecido en el artículo 6 del citado DFL N° 1/1994, lo que se encuentra suficientemente acreditado, y que determina que la compensación efectuada no constituya un acto arbitrario e ilegal que vulnere la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, como alega el recurrente.

Refiriéndose a la improcedencia del presente recurso de protección, señala que esta vía se instituyó como un medio procesal rápido y eficaz destinado a restaurar el imperio de derecho, cuando éste se ve afectado por un acto u omisión ilegal o arbitrario; este recurso no fue creado para solucionar conflictos específicos entre partes, ni entre éstas y la autoridad pública, cuando dicho conflicto está sometido al conocimiento de los tribunales, de autoridad u organismo correspondiente, porque el asunto, con la intervención de ellos, se encuentra bajo el imperio de la autoridad del derecho, permitiendo que los actos reprochados pueden ser corregidos por los medios que la ley franquea, agregando que quien recurre de protección debe estar afectado en el legítimo ejercicio de derechos contemplados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, teniendo pleno y legal ejercicio de ellos; luego, si el derecho alegado no es indubitado, esta vía no es la idónea ya que no constituye una instancia declarativa de derechos. Así, para el presente caso, el recurrente debió discutir la procedencia o no de la compensación en un juicio declarativo de lato conocimiento.

Acompañando el documento que menciona en el otrosí de su informe, solicita el rechazo del presente recurso de protección, por ser este improcedente, tanto en la forma como en el fondo.

3°) Por el Servicio de Impuestos Internos informó su Director Regional Luis Hermosilla Mansilla, señalando que el 8 de mayo de 2024, la sociedad Sergio Cerva S.A. RUT RUT reservado, presentó a través de internet Formulario 22, Declaración de Impuesto a la Renta del año comercial 2023, solicitando la devolución de $22.156.569, luego, el 22 de mayo de 2024, el SII autorizó dicho reintegro, sin embargo, el 28 de mayo siguiente, la TGR hizo una compensación por $21.178.861, sobre el monto autorizado a devolver por el SII, depositándose esa misma fecha, la suma de $1.332.213.

Sobre la declaración de impuesto a la renta F22, año tributario 2024, cuya compensación del monto a devolver motivó este recurso, refiere que el contribuyente Sergio Cerva S.A., inició actividades de explotación de bosques, cultivo de frutales en árboles, arbustos, forraje, con un capital de $6.510.000 y domicilio en domicilio reservado, Arauco el 2 de noviembre de 2010; que del análisis de los antecedentes disponibles en los sistemas del SII, es posible indicar que el 8 de mayo de 2024, la recurrente presento en la plataforma del sitio web del SII, su declaración de impuesto a la renta del año tributario 2024, determinando una devolución de impuesto ascendente a $22.156.569, la que se autorizó el 22 de mayo siguiente. En relación con la compensación registrada en los sistemas del servicio, dice que el 28 de mayo último, se advierte una operación de esa naturaleza por $21.178.861. Asimismo, el 19 de abril de este año, se emitió giro Formulario 21 folio 10660757, correspondiente a multa por presentación fuera de plazo de Declaración Jurada F1948 N° Folio 7539539, en al año tributario 2024, por un monto a pagar de $32.591, el que se compensó con fecha 24 de mayo último, sin que se adviertan otros pagos por compensaciones en los sistemas del SII.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza tutelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

Desde luego para la procedencia de este recurso, se requiere de una acción u omisión arbitraria o ilegal de persona o autoridad, es decir que sea infundada, caprichosa, carente de razonabilidad, o contraria a la legalidad vigente. Además, se requiere que esa acción u omisión arbitraria o ilegal, afecte a un tercero en el goce de aquellos derechos y garantías indubitadas expresamente contempladas en el catálogo del artículo 20 de la Carta Fundamental. Asimismo, la naturaleza sumaria, concentrada y desformalizada de esta acción tutelar, en modo alguno admite que ella sea una instancia declarativa de derechos, de modo tal, que existiendo controversia sobre la existencia, vigencia o validez del o los derechos reclamados, tal cuestión debe someterse al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, donde cada parte podrá plantear sus acciones y excepciones y rendir prueba para acreditar sus alegaciones y desacreditar las contrarias.

En consecuencia, si no hay acción u omisión arbitraria o ilegal, o ella no afecta a las garantías y derechos señalados en el citado artículo 20, o existiendo controversia sobre el carácter indubitado de aquellos, la acción constitucional de protección no puede prosperar.

SEGUNDO: La sociedad recurrente tilda de arbitrario e ilegal, el hecho que la Tesorería Provincial de Lebu le haya compensado la suma de $21.178.861, correspondiente a la devolución de impuestos derivada de su declaración de impuesto a la renta correspondiente al año comercial 2023, autorizada por el SII el 22 de mayo de 2024 y compensada por la TGR el 28 de mayo siguiente.

Sostiene la recurrente que no correspondía hacer tal compensación, porque tal forma de extinción de obligaciones opera, en materia tributaria, de una forma distinta como ocurre en el derecho común, ya que precisa de la dictación de una resolución del ente administrativo, la que, conforme a las disposiciones de la Ley 19.880 que cita debe estar debidamente fundada y ser legalmente notificada al contribuyente, requisitos que no se cumplen en la especie. Asimismo, y en cuanto a los requisitos legales exigidos para que opera la compensación, señala la sociedad recurrente que la deuda compensada debe ser exigible y, ocurre, que tal obligación está sometida a cobranza judicial administrativa, respecto de la cual su parte opuso excepción de prescripción, la que fue declarada admisible por el juez sustanciador. En consecuencia, al no cumplirse ni los requisitos generales ni los especiales, el accionar de la TGR constituye tanto una arbitrariedad como una ilegalidad.

TERCERO: Tanto la TGR, como el SII, justifican la compensación efectuada, porque al obrar de esa forma la autoridad del Servicio de Tesorerías hizo efectivas las facultades legales con que cuenta para materializar la compensación de deudas tributarias. En efecto, los artículos 1° y 6° del DFL 1/1994 de Hacienda, que Fijó el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, señalan: “Artículo 1°. El Servicio de Tesorerías dependerá del Ministerio de Hacienda, y estará encargado de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales, y en general, los de todos los servicios públicos.

Deberá, asimismo, efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y otros que le encomienden las leyes.”

“Artículo 6°. Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.”

CUARTO: A su turno el inciso 1° del artículo 147 del Código Tributario señala: “Salvo disposición en contrario del presente Código, no será necesario el pago previo de los impuestos, intereses y sanciones para interponer una reclamación en conformidad a este Libro, pero la interposición de ésta no obsta al ejercicio por parte del Fisco de las acciones de cobro que procedan.”

Por su parte, el artículo 177 de la misma codificación dispone, en lo pertinente:

“Artículo 177. La oposición del ejecutado sólo será admisible cuando se funde en alguna de las siguientes excepciones:

1°.- Pago de la deuda.

2°.- Prescripción. (…)

Las demás excepciones del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil se entenderán siempre reservadas al ejecutado para el juicio ordinario correspondiente, sin necesidad de petición ni declaración expresa. (…)

Sin perjuicio de las excepciones enumeradas en este artículo, el ejecutado que fuere a su vez acreedor del Fisco podrá solicitar administrativamente la compensación de las deudas respectivas extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.

Para solicitar esa compensación, será necesario que se haya emitido la orden de pago correspondiente.

La Tesorería Regional o Provincial practicará una liquidación completa de las deudas cuya compensación se solicita. Si la deuda en favor del contribuyente fuera inferior a la del Fisco, aquél deberá depositar la diferencia.

Si efectuada la compensación quedare un saldo a favor del ejecutado se le pagará en su oportunidad o se le abonará en cuenta según lo solicite.

Se entenderá en todo caso causal justificada para solicitar ante quien corresponda la suspensión de los apremios hasta por sesenta días, la circunstancia de ser el ejecutado acreedor del Fisco y no poseer los demás requisitos que hacen procedente la compensación.”

QUINTO: De las disposiciones reproducidas en los dos considerandos anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones: i) El Servicio de Tesorerías, está facultado tanto para proceder a la recaudación de los fondos fiscales, como para hacer efectiva la compensación de las deudas de los contribuyentes, con créditos que estos tengan contra el Fisco; ii) Para que opere la compensación de obligaciones tributarias, no es necesario que la TGR dicte algún acto administrativo, ello será necesario en la medida que sea el contribuyente quien solicite administrativamente compensar las deudas respectivas, sin que se advierta otra limitación para que la autoridad de dicho Servicio ejerza las facultades que le otorgan los artículos 1° y 6° antes citados y; iii) Que la oposición de excepciones a la cobranza judicial administrativa de tributos, no inhibe a la TGR para ejecutar las acciones tendientes al cobro de lo adeudado por el contribuyente, quien, para paralizar la cobranza, debe solicitar la suspensión de los apremios en la sede administrativa.

SEXTO: Asimismo, se puede apreciar que existe absoluta controversia entre la sociedad recurrente y el Servicio recurrido, acerca de la procedencia o no de la compensación efectuada. En relación a lo anterior, cabe traer a colación lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en sentencia dictada el 6 de noviembre de 2023, en el Rol de Protección 195.318-2023, donde luego de exponer la cuestión fáctica que sustentó la interposición de aquella acción cautelar, el Máximo Tribunal señaló en el segundo párrafo del considerando cuarto de ese fallo lo siguiente: “Así, existiendo posiciones contrapuestas al respecto, no es posible sostener la existencia de un derecho indubitado susceptible de ser protegido en esta sede a favor del recurrente.”

Más adelante, y luego de reproducir el artículo 6° de la Ley Orgánica del Servicio de Tesorerías, el considerando sexto del citado laudo concluye: “Sexto: Como se puede advertir, del claro tenor de la norma transcrita, en el considerando precedente las compensaciones que realiza la Tesorería General de la República constituyen el legítimo ejercicio de una facultad que le ha sido otorgada legalmente por lo que no se visualiza un actuar ilegal o arbitrario de la recurrida.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la presente acción constitucional de protección no puede prosperar, sin perjuicio de otros derechos y acciones que pudieran hacer valer las partes ante quien corresponda.”.

SÉPTIMO: En consecuencia, tanto normativamente como jurisprudencialmente, la decisión adoptada por el Servicio de Tesorerías, en cuanto a compensar la cantidad de dinero cuya devolución al contribuyente había sido autorizada por el SII, aparece revestida de fundamento plausible, sobre todo si se considera que, en la especie, se cumplen las condiciones y requisitos contemplados en el artículo 1655 y siguientes del Código Civil para que opere la compensación.

En efecto, según el citado artículo 1655, “Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas…”. A la regla anterior se agrega lo dispuesto en el artículo siguiente que dispone: “Art. 1656. La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aun sin conocimiento de los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes:

1a. Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad;

2a. Que ambas deudas sean líquidas;

3a. Que ambas sean actualmente exigibles…”.

Finalmente, el artículo 1657 de la codificación civil sustantiva, reitera que las dos partes deben ser recíprocamente deudoras, como exigencia para que entre ellas opere la compensación.

OCTAVO: Por lo dicho, esta Corte no advierte que el Servicio recurrido haya cometido alguna ilegalidad o arbitrariedad en perjuicio de la sociedad contribuyente, al haber compensado de la suma de $22.156.569, cuya devolución a la recurrente fue autorizada por el SII. Asimismo, la existencia de posturas contrapuestas entre la sociedad Sergio Cerva S.A y el Servicio recurrido, impide sostener que esa recurrente sea titular de un derecho indubitado, susceptible de ser protegido mediante el ejercicio de esta acción de protección.

En razón de lo señalado, el presente arbitrio habrá de resolverse como se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado dictado por la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, SIN COSTAS, el recurso de protección interpuesto por el abogado Mario Martín Pucheu Muñoz, en representación de la sociedad Sergio Cerva S.A., del giro obras civiles, representada legalmente por nombre reservado, y en contra de la Tesorería Provincial Arauco Lebu.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del ministro Waldemar Koch Salazar.

Rol N° 17.585-2024, Protección.