nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Y OTRO

C.A. de Concepción Concepción, dos de abril de dos mil veinticinco.

VISTO:

En folio 1 de estos autos Rol Corte N°Protección-17550-2024, comparece patrocinada por la abogada Carolina Inés García Ruiz, con domicilio en domicilio reservado, en Concepción, nombre reservado, administradora, del mismo domicilio para estos efectos, en representación de la Comunidad de Copropietarios del edificio ubicado en domicilio reservado, en Concepción.

Deduce recurso de protección en contra de 1) la Municipalidad de Concepción, representada por su alcalde, domiciliados en domicilio reservado, en Concepción, y de 2) Carabineros de Chile, nombre reservado°18, domiciliada en domicilio reservado, en Concepción.

Como fundamento del recurso denuncia las omisiones ilegales de ambas recurridas consistentes en no adoptar medidas concretas y efectivas que impidan el ejercicio ilegal del comercio ambulante en la intersección de las calles Freire con Colo Colo en Concepción, frente al edificio Freire 801, cuya comunidad administra la recurrente. La Municipalidad no ha tomado las medidas apropiadas para precaver la instalación del comercio ambulante no autorizado, y Carabineros de Chile, siendo la institución pública llamada a la protección de la seguridad y el orden público, ha despreocupado sus labores de prevenir la comisión de delitos, en este caso, el de comercio ambulante ilegal, y de proteger a las personas que ejercen una actividad económica lícita, descuidando ambas recurridas sus obligaciones legales.

En cuanto a los hechos que fundan el recurso, dijo que el edificio ubicado en domicilio reservado, en Concepción, cuya comunidad de copropietarios administra la recurrente, se encuentra en la esquina de las calles Freire y Colo Colo y en él funcionan catorce locales comerciales de diversos rubros, con acceso por calle Colo Colo y uno por calle Freire. En esta esquina, comerciantes ambulantes que ejercen ilegalmente la actividad se han tomado la vereda completamente, instalando todos los días puestos con infraestructura de madera, toldos azules, carros de supermercado y otros carros de mayor tamaño. Las infraestructuras y las mercaderías diariamente son llevadas por los camiones patentes LRJH-84 y CYDJ-51, que se colocan en doble fila hasta montar todas las infraestructuras, ordenar las mercaderías, dejando luego personas allí a cargo de venderlas, es decir, ejerciendo el comercio ilegal. Otras veces estos vehículos estacionan por Colo Colo justo en esa esquina y directamente venden los productos desde los camiones. Ese comercio irregular permanece todo el día, hasta que al caer la tarde, desmontan las estructuras y las suben a los mismos camiones, ante la pasividad del municipio y Carabineros.

Agrega la recurrente que al instalarse estos comerciantes irregulares en la vereda lo hacen tanto en el lado que da a la calzada como por las mismas vitrinas de los locales, impidiendo la circulación de personas, la visibilidad de las vitrinas y la entrada a los locales. Los locatarios y la recurrente les han reclamado, recibiendo insultos y amenazas, y hasta la fecha de interposición del recurso los ambulantes siguen en el lugar.

Como los hechos descritos suceden a diario, han efectuado las denuncias llamando al 133 de Carabineros y también a la Municipalidad de Concepción, requiriendo que se apersonen en el lugar, quienes no han hecho nada para solucionar el conflicto. Incluso, el 17 de junio de 2024, llegaron a la intersección funcionarios fiscalizadores del municipio, pero en vez de controlar a los vendedores ambulantes que se desempeñaba de modo flagrante, fiscalizaron el pago de los derechos correspondientes por sus letreros a los comerciantes que formalmente ejercen su actividad en los locales comerciales del edificio ubicado en Freire 801.

Estima que la situación favorece la comisión de delitos y pone en riesgo a los transeúntes y locatarios, pues impide su paso y el acceso a los locales de comercio establecidos, dificultando enormemente el ejercicio de la actividad comercial lícita de los recurrentes. Menciona, asimismo, aspectos de higiene y salud aparejados.

Reprocha a la municipalidad recurrida haber transgredido los derechos de la comunidad recurrente al no fiscalizar ni desalojar al comercio ambulante en uso de las facultades que tiene, lo que provoca un menoscabo en sus actividades económicas, infringiendo el municipio su propia Ordenanza N°5, de 20 de diciembre de 2007, que en su artículo único establece “Conforme a las atribuciones y funciones que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de apoyar y fomentar la seguridad ciudadana, todo aquel que, como consecuencia del ejercicio de actividades comerciales no autorizadas en Bienes Nacionales de Uso Público, altere, perturbe, dificulte, obstaculice o impida, en cualquier forma el libre tránsito vehicular o peatonal en esta clase de bienes, sea promocionando, ofertando, comprando, vendiendo, gestionando o realizado cualquier otra transacción de mercaderías o productos a través de estas actividades, será sancionado con una multa (1) una a (3) tres Unidades Tributarias Mensuales.” La municipalidad tampoco ha efectuado la denuncia formal ante el Juzgado de Policía Local.

Respecto de Carabineros de Chile, le reprocha la recurrente la no fiscalización de los múltiples ilícitos cometidos en forma permanente y en flagrancia en los espacios señalados (la intersección de calles Freire y Colo Colo), no actuar conforme les ordena la ley contra quienes cometen el delito de comercio ilegal y su grupo de apoyo, a pesar de la visibilidad de sus ilícitos, discriminado con respecto a los ilícitos que se cometen o se intentan cometer en otros lugares a los que sí acude Carabineros, en desmedro de proteger a los locatarios recurrentes del edificio ubicado en Freire 801.

Denuncia afectadas las garantías de los numerales 1, 3 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja este recurso de protección, con costas, disponiendo que los recurridos deberán enviar el personal correspondiente ante los llamados de emergencia al edificio ubicado en domicilio reservado Concepción y actuar conforme les ordena la ley en casos de ilícitos fragantes que presencien, cometidos en la vereda fuera de dicho edificio tanto por calle Colo Colo como por calle Freire, disponiendo además la concurrencia diaria al lugar de personal y/o funcionarios de las recurridas a fin que actúen conforme a derecho ante los ilícitos que presencien se estén cometiendo, sin perjuicio de las demás medidas que la Corte estime pertinentes para mantener y restablecer el imperio del derecho.

Acompañó al recurso set de fotografías Por escritos de folios 12, 23, 36 y 41 la abogada recurrente acompañó fotografías tomadas en la intersección de calle Freire con calle Colo Colo durante diversos días (trece el día 13 de julio de 2024, ocho el día 8 de agosto de 2024, cinco el día 17 de octubre de 2024 y cinco el día 2 de enero de 2025, respectivamente).

En folios 9 y 27 evacuó respuesta la recurrida Municipalidad de Concepción, por medio de la abogada Vinett Alejandra Cortés Mora.

En folio 9 remitió un informe evacuado por la Dirección de Seguridad Pública del municipio el 4 de julio de 2024, acerca de las acciones impulsadas por la Municipalidad de Concepción a fin de controlar, fiscalizar y erradicar el comercio informal. En él se explica que la problemática de comercio ilegal le compete no sólo al municipio y a Carabineros, sino a distintos organismos y servicios fiscalizadores, para la ejecución de una cadena de funciones de acuerdo al área de competencia que cada institución involucrada posee. Si bien existe una ordenanza municipal que sanciona el comercio no autorizado, el cumplimiento de dicha normativa está supeditado a la colaboración de Carabineros en cada procedimiento, puesto que el inspector municipal no puede generar un control de identidad para cursar la infracción, no tiene herramientas para enfrentar una situación que ponga en riesgo su integridad ni tampoco tiene las atribuciones para realizar decomisos.

En cuanto a la labor del municipio, con miras a la coordinación antes aludida, la Corporación impulsó la creación de una mesa táctica - operativa de comercio ilegal que actualmente lleva la Delegación Presidencial, para abordar específicamente la problemática y sus ramificaciones con la participación de distintos servicios locales (Extranjería de Policía de Investigaciones, Seremi de Salud, Servicio de Impuestos Internos, Aduanas). En esa línea, se materializan operativos en coordinación con Carabineros, Seremi de Salud, entre otros; además de intervenciones propias coordinadas directamente por el municipio con Carabineros, Policía de Investigaciones y Seremi de Transportes. Añadió que han remitido en reiteradas oportunidades y también recientemente, una nueva propuesta a la Delegación Presidencial para materializar intervenciones semanales en aquellos puntos de mayor concentración de esta actividad informal, lo que incluye la intersección de calles materia de este recurso, con equipos de acción rápida, labores de copamiento, integración de nuevos servicios al trabajo, entre otras medidas estratégicas.

El municipio viene trabajando la materia hace bastantes años, generando distintas iniciativas que contribuyan a su abordaje, como detalla. Por ejemplo, el envío de modificaciones a Ley de Comercio Ilegal al Ministerio del Interior para considerar nuevos tipos penales que permitan radicar el conocimiento de las causas por infracciones a dicha ley a los Juzgados de Garantía, para evitar la acumulación de multas impuestas por los Juzgados de Policía Local que son imposibles de hacer cumplir, asimismo, permitir la querella por parte de los municipios, sin la necesidad de la existencia previa de querella por parte del Servicio de Impuestos Internos; dotar al Ministerio Público de una unidad especializada en la materia, que permita perseguir eficazmente a quienes abastecen el comercio ilegal; establecer la obligatoriedad del trabajo articulado en relación con la fiscalización conjunta de los distintos órganos públicos con competencia en la materia, y dotar de fondos a los municipios dirigidos a la recuperación y ocupación del espacio público. También generó una causa en Fiscalía por asociación ilícita en contexto de comercio ilegal, con entrega de antecedentes recabados por equipo de Seguridad Pública en mayo de 2022. En tercer lugar, ha fomentado la revisión de nómina de antecedentes de comerciantes ilegales realizando cruce de información con Registro Social de Hogares y antecedentes policiales. En cuarto término, ha convocado a diversas reuniones y dirigido oficios de solicitud al Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior, Subsecretaría de Prevención del Delito, Delegación Presidencial Regional y otros servicios fiscalizadores involucrados en la materia. Asimismo, y en quinto lugar, se ha implementado e invertido en la recuperación de la acera oriente de la calle Caupolicán entre Maipú y Los Carrera. También ha prestado asesoría técnica a Cámara de Comercio en la postulación de recursos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para trabajar campañas educativas y de concientización respecto al daño que genera el comercio ilegal. Ha habido también otras campañas comunicacionales impulsadas con Diario de Concepción, la entonces Gobernación Provincial, Subsecretaría de Prevención del Delito, además de campañas municipales, partes de cortesía, identificación “comercio autorizado”, entre otros. En octavo lugar, ha solicitado al Consejo Regional de Crimen Organizado a través de Delegación Presidencial Regional, la inyección de recursos humanos y logísticos a los distintos servicios fiscalizadores de comercio ilegal para aumentar la dotación de funcionarios que puedan abordar tareas de fiscalización. En noveno lugar, el municipio ha preparado informes de comerciantes ilegales y proveedores como resultado de monitoreo exhaustivo de cámaras de televigilancia y el monitoreo constante de personas identificadas y sus recorridos, con la finalidad de aportar a investigación en la materia. En décimo término, ha promovido planes de control y fiscalización en el marco de la ejecución del programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito “Somos barrio comercial”. Ha impulsado también una propuesta de intervención intersectorial focalizada, con el despliegue periódico de equipos destinados sólo a cubrir la labor de comercio ilegal, establecidos en todos los servicios involucrados en la fiscalización y la creación de la Mesa Casco Histórico. Ha promovido focos investigativos en coordinación con Fiscalía y Policía de Investigaciones en sector de Universidad de Concepción y el centro, por tráfico de drogas, porte ilegal de armas y otros delitos asociados. Ha efectuado charlas educativas/preventivas en coordinación con PDI, Fiscalía y Carabineros a socios de la Cámara de Comercio, locatarios en general y sindicatos. Ha gestionado con la Dirección de Asesoría Jurídica que se hagan parte de las causas por comercio ilegal y apoyar acciones legales contra reincidentes y casos emblemáticos. Se ha gestionado con los Juzgados de Policía Local y la Corte de Apelaciones, por comerciantes ilegales de mayor relevancia, solicitando fortalecer las acciones posteriores a la infracción, las notificaciones a quienes son multados y que se cumpla la sanción con orden de arresto correspondiente. Por último, dice que ha solicitado al Subsecretario del Interior poder abordar problemáticas de seguridad ante un Comité Policial Nacional, entre ellas el abordaje de comercio ilegal. Agregó que el enero de 2024 solicitaron a la Delegación Presidencial emitir un informe con antecedentes concretos del trabajo realizado por los equipos en el marco del servicio policial Casco Histórico Concepción año 2023 (barrio comercial). A parte de lo dicho, se han realizado fiscalizaciones en la intersección de calle Freire con Colo Colo, cursando citaciones y generando el decomiso respectivo de Carabineros.

Acompañó a este primer informe, los documentos que obran en folio 8, consistentes en 1.- Certificado o boleta de fiscalización de fecha 27 de mayo del año 2024 y 2.- Set de fotografías que dan cuenta de la Fiscalización realizada por funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública y retiro de bienes de venta no autorizada.

En folio 27, la abogada de la municipalidad evacuó el informe complementario requerido, alegando la inexistencia de acto ilegal o arbitrario de su parte, por haber ejercido el municipio su función fiscalizadora de manera permanente, actuando con las facultades y dentro de los márgenes que la ley establece.

Dijo que el 21 de agosto del 2024, la Directora de Seguridad Pública de la Corporación remitió, mediante de Ordinario Nº370, unas fotografías y citación Nº68499, de 20 de agosto de 2024, que dan cuenta de la fiscalización efectuada por funcionarios municipales a nombre reservado, por efectuar actividad comercial no autorizada en domicilio reservado, en la esquina Freire, en Concepción. Con ello queda demostrado, dice la abogada, que no existe acto arbitrario e ilegal, ya que la municipalidad ha ejercido su función fiscalizadora permanentemente, con la periodicidad que los recursos municipales permiten, de conformidad a los planes que para ello efectúa la Dirección de Seguridad Pública, la Dirección de Rentas y Patentes y otras que actúan de forma conjunta, Hace presente que el infractor señor nombre reservado fue citado para comparecer al Primer Juzgado de Policía Local el día 27 de agosto de 2024, donde se aplicarán las multas y sanciones que indique la ley.

Acompañó a este segundo informe copias de 1.- Ordinario Nº370, de 21 de agosto de 2024, emanado de la Directora de Seguridad Pública; 2.- Set de tres fotografía que dan cuenta del hecho; 3.- Citación Nº68499 de 20 de agosto del 2024, emanada del Fiscalizador Municipal Nº191.

Por escrito folio 39, la abogada de la municipalidad acompañó fotografías y comprobante de fiscalización de fecha 25 de octubre de 2024.

En folio 20 informó Carabineros de Chile, nombre reservado°18, por medio de la abogada Silvana Andrea Vargas Villegas.

Dijo que la comunidad de copropietarios recurrente corresponde a los del edificio ubicado en domicilio reservado, intersección de las calles Freire y Colo Colo, emplazado en el sector céntrico de la ciudad de Concepción, que diariamente cuenta con una población flotante aproximada de quinientas mil personas, conforme antecedentes estadísticos otorgados por la Municipalidad de Concepción.

Argumentó que el ejercicio de la función policial no obedece a factores o criterios subjetivos de parte del personal que cumple servicios operativos en la población, en términos que den margen a actuaciones antojadizas, arbitrarias o caprichosas, sino que se inserta en una planificación general del servicio, en el marco de los roles que les corresponde cumplir a Carabineros de Chile. En este cometido, la Primera Comisaría Concepción planifica diariamente sus servicios con un despliegue de 40 funcionarios, fraccionados por turnos, que realizan servicios preventivos de orden y seguridad, fiscalizaciones y controles preventivos en el sector céntrico de la ciudad.

Respecto del caso en concreto que se describe en el recurso de protección, la Primera Comisaría Concepción efectuó un levantamiento de la labor preventiva que se ha realizado desde el enero del 2024 al 27 de junio de 2024 en la intersección de las calles Freire y Colo Colo, y de las infracciones y detenciones registradas en dicho periodo. Consultado el Sistema de Análisis de Información Territorial (SAIT) en el módulo Cenco, no registra llamadas al 133, entre los días 11 y 27 de junio 2024, sobre comercio informal en la intersección de las calles mencionadas. La aludida intersección se encuentra en constante y permanentemente vigilancia, fiscalización y patrullajes de personal de Carabineros, con la finalidad de evitar la comisión de ilícitos en el lugar y la instalación de comerciantes ambulantes, que impidan las garantías constitucionales de los comerciantes establecidos.

Termina diciendo que para aumentar la percepción de seguridad y para evitar que comerciantes ambulantes y vehículos de carga entorpezcan o impidan el normal desarrollo de las actividades tanto de los locatarios recurrentes como de todos los comerciantes debidamente establecidos en dicho sector, el Prefecto de la Prefectura de Carabineros Concepción impartirá las instrucciones necesarias tendientes a prevenir situaciones como las que dieron origen este recurso.

Acompañó al informe copias de 1.- minuta informativa emitido por la Primera Comisaría Concepción; 2.- Plan operativo N°79 “copamiento comercio ambulante”; 3.- Plan operativo N°102 “copamiento comercio informal”; 4.- Certificado de la Primera Comisaría Concepción que da cuenta de las distintas acciones realizadas entre los días 11 al 27 de junio de 2024 en la intersección de calles Freire y Colo Colo en Concepción.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto proteger a las personas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho. Es requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más garantías protegidas.

SEGUNDO: Que, como se consignó en lo expositivo, la recurrente interpone este recurso en representación de la comunidad de copropietarios del edificio ubicado en domicilio reservado, denunciado las omisiones ilegales de ambas recurridas, consistentes en no adoptar medidas concretas y efectivas que impidan el ejercicio ilegal del comercio ambulante en la intersección de las calles Freire con Colo Colo en Concepción, frente al edificio Freire 801, cuya comunidad administra la recurrente, que los mantienen en un completo abandono. Reprocha a la municipalidad recurrida la absoluta falta de fiscalización a través de los inspectores municipales que persigan y contribuyan a erradicar e impedir el comercio ambulante en la aludida esquina, y a Carabineros de Chile, el no hacerse cargo de sus labores de prevenir la comisión de delitos, en este caso, el de comercio ambulante ilegal, y de proteger a las personas que ejercen una actividad económica lícita, sin que resulte jurídicamente aceptable que las recurridas se desliguen de sus obligaciones TERCERO: Que, evacuando sus informes, las recurridas se han referido sucintamente a la situación concreta descrita en el recurso.

Por una parte, la Municipalidad, se ha defendido diciendo que en el caso del comercio ilegal, no sólo a ella le corresponde un rol fiscalizador, sino que a otros organismos públicos, tales como la Delegación Presidencial Regional, el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile y otras instituciones públicas, las que están llamadas al resguardo de la protección de la seguridad y el orden público. Añadió que el municipio cumple con hacer fiscalizaciones, con la periodicidad que los recursos municipales le permiten, de conformidad a los planes que para ello efectúa la Dirección de Seguridad Pública, la Dirección de Rentas y Patentes y otras que actúan de forma conjunta, pero que, en definitiva, como también existen otros organismos llamados por ley para dichos efectos, la municipalidad pasaría a ser sólo una especie de cogestor o coordinadora de política pública comunal, y en ese cometido, para abordar la problemática, el municipio ha impulsado la creación de una mesa táctica operativa de comercio ilegal, que actualmente lleva la Delegación Presidencial. Menciona también las iniciativas que hace años promueve el municipio con miras a erradicar el comercio ambulante ilegal en la comuna, que pasan por enviar al Ministerio del Interior una propuesta de modificaciones legales, revisión con cruce de información de la nómina de antecedentes de comerciantes ilegales; reuniones con otros servicios fiscalizadores involucrados en la materia, como ser Ministerio del interior, Subsecretaría del interior, Subsecretaría de Prevención del Delito y Delegación Presidencial Regional; campañas comunicacionales con diarios de Concepción; solicitud de recursos para aumentar la dotación de funcionarios fiscalizadores, etcétera. En un informe complementario, sobre los hechos puntuales denunciados en este recurso de protección, dijo que ha efectuado una fiscalización a la esquina en cuestión, el 20 de agosto de 2024, citando al Juzgado de Policía Local al comerciante ambulante que ejercía la labor ilegalmente.

A su turno, Carabineros de Chile de la Primera nombre reservado dijo que su dotación planifica diariamente el despliegue para realizar servicios preventivos de orden y seguridad, fiscalizaciones y controles preventivos en el centro de Concepción. Agregó que consultado el Sistema de Análisis de Información Territorial (SAIT) en el módulo Cenco, no es efectivo que en junio de 2024 se hubiere recibido algún llamado al 133, denunciando comercio informal. Que la intersección de las calles Freire y Colo-Colo se halla en permanente vigilancia, fiscalización y patrullajes de personal de Carabineros, tanto para evitar comisión de ilícitos en general como el de comercio ambulante ilegal en particular. Terminó diciendo que a fin de aumentar la percepción de seguridad y para evitar que comerciantes ambulantes entorpezcan el comercio formal, impartirá las instrucciones necesarias al personal de esta dotación, tendientes a prevenir que situaciones como las descritas en el recurso.

CUARTO: Que, es posible advertir que la situación reclamada por la parte recurrente, consistente en el desarrollo ilegal del comercio ambulante instalado en la esquina donde se ubica el Edificio Freire N°801 ya mencionado, es reconocida expresamente por la propia municipalidad recurrida en su informe, quien se limita a señalar que no es ella la única encargada de velar por la seguridad pública del sector, sino en colaboración de otros organismos del Estado, y también es reconocida por la Primera Comisaría Carabineros de la comuna, quien se compromete en el informe a impartir las instrucciones necesarias al personal de su dotación tendientes a prevenir que se repitan situaciones como las descritas.

QUINTO: Que, de conformidad al artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, “Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: (…) b) La salud pública y la protección del medio ambiente; (…) f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; (…) h) El transporte y tránsito públicos; (…) j) El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, (…) así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad (…)”.

El artículo 5 de la misma ley, a su vez, establece que “Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales: c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado (…); l) Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el plan comunal de seguridad pública. Para realizar dichas acciones, las municipalidades tendrán en consideración las observaciones efectuadas por el consejo comunal de seguridad pública y por cada uno de sus consejeros.”

Luego, el artículo 6 del precitado cuerpo legal, en relación con el artículo 56 inciso segundo, indica que “La gestión municipal contará, a lo menos, con los siguientes instrumentos: (…) e) El plan comunal de seguridad pública.”

Relacionado con lo anterior, el artículo 63 de la ley prescribe: “El alcalde tendrá las siguientes atribuciones: (…) f) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna que correspondan en conformidad a esta ley; (…) p) Requerir de la Fiscalía del Ministerio Público y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que ejerzan sus funciones en la comuna respectiva, los datos oficiales que éstas posean en sus sistemas de información, sobre los delitos que hubiesen afectado a la comuna durante el mes anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a la función establecida en la letra j) del artículo 4 de la presente ley”; mientras que el artículo 65 establece que corresponderá al Alcalde, previo acuerdo del Concejo Municipal, “c) Aprobar el plan comunal de seguridad pública y sus actualizaciones”.

Adicionalmente, el Título IV A de la ley, introducido por la Ley Nº 20.965, de 2016, trata “Del Consejo Comunal de Seguridad Pública y el Plan Comunal de Seguridad Pública”, definido -el primero- en el artículo 104 A como “un órgano consultivo del alcalde en materia de seguridad pública comunal”, que será, además, “una instancia de coordinación interinstitucional a nivel local”, cuyas funciones y atribuciones en materia de seguridad comunal se contemplan en el artículo 104 E. El artículo 104 F, a su vez, establece:

El plan comunal de seguridad pública será el instrumento de gestión que fijará las orientaciones y las medidas que la municipalidad y los órganos y organismos señalados en el artículo 104 B dispongan en materia de seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones y facultades que la Constitución y la ley confieren al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y al Ministerio Público.

Este instrumento contendrá un diagnóstico de la situación de seguridad de cada comuna y establecerá objetivos, metas, acciones y mecanismos de control de gestión conforme a los compromisos que cada integrante del consejo comunal de seguridad pública realice, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y en el ámbito de sus respectivas competencias.”

SEXTO: Que, por todo lo señalado, resulta evidente que a la Municipalidad de Concepción le corresponde por ley el deber de velar por la seguridad pública comunal, y cuenta con las atribuciones para ello, sin perjuicio de las funciones y facultades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y del Ministerio Público; y por lo mismo, mal puede el municipio excusarse de su obligación en tal sentido, a pretexto de existir también otras instituciones llamadas a resguardar de manera eficiente, oportuna y constante dicho bien jurídico público, pues no obstante ser cierto que las labores de control pueden ser ejercidas por otras entidades, la municipalidad es la primera llamada a hacerlo, en tanto es la primera autoridad comunal.

SÉPTIMO: Que, por su parte, el artículo 160 de la ley Nº18.290, Ley de Tránsito, señala: “Las vías públicas deberán destinarse a cumplir su objetivo. Prohíbese en las vías públicas: 1.- Destinar las calzadas de calles o caminos a otro uso que no sea el tránsito de vehículos; (…); 3.- Ejercer el comercio ambulante en calzadas y bermas o el comercio estacionado sin permiso municipal o sin autorización del Ministerio de Obras Públicas, en su caso; 4.- Construir o colocar quioscos, casetas y toda otra instalación similar, sin permiso del Ministerio de Obras Públicas o de la municipalidad, en su caso; 5.- Colocar, cargar, arrastrar o hacer rodar bultos, canastos u otros, cuyo tamaño o forma moleste a los peatones o entorpezca el tránsito; 6.- Colocar propaganda y otros objetos que puedan entorpecer el tránsito de peatones o vehículos; (…)”.

El artículo 4 inciso primero de la misma Ley, a su vez, preceptúa que “Carabineros de Chile y los Inspectores Fiscales y Municipales serán los encargados de supervigilar el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere la presente ley, sus reglamentos y las de transporte y tránsito terrestre que dicte el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o las Municipalidades, debiendo denunciar, al Juzgado que corresponda, las infracciones o contravenciones que se cometan (…)”.

Adicionalmente, con fecha 12 de febrero de 2022 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.426, “Sobre comercio ilegal”, establece en su artículo 4, inciso 1º: “Las policías, los inspectores municipales y los funcionarios autorizados del Servicio de Impuestos Internos conforme a lo dispuesto en el artículo 86 del Código Tributario, podrán fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente respecto de quienes ejercen el comercio, sea ambulante o establecido. Al efecto, estarán facultados para requerir la exhibición de los permisos municipales o sanitarios respectivos, así como los documentos que acrediten el origen de las especies que comercializan.”

El artículo 5 de la misma ley N°21.426 dispone, además: “Las municipalidades deberán establecer en sus respectivas ordenanzas los lugares donde se podrá ejercer el comercio ambulante, las que deberán contener, a lo menos, un sistema único de identificación personal, con registro fotográfico de la persona autorizada para ejercer dicho comercio.”

Por último, resulta pertinente traer a colación lo señalado sobre esta materia por la Contraloría General de la República, en su Dictamen NºE240684, de 29 de junio de 2022: “(…) se advierte que el legislador ha establecido como una de las atribuciones esenciales de las entidades edilicias y, en específico de sus alcaldes, la de administrar, en lo que interesa, los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, los cuales pueden ser objeto de permisos. Luego, es posible colegir que las entidades edilicias, en la administración de los referidos bienes existentes en la comuna, cuentan con atribuciones para autorizar en ellos, entre otras acciones, el desarrollo de actividades comerciales”, agregando luego que “el comercio desarrollado en un bien nacional de uso público supone el permiso de ocupación del mismo, y el alcalde, conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 5°, letra c); 36, y 63, letras f) y g), ya citados, está facultado para otorgar, renovar y poner término a las antedichas autorizaciones, las que serán esencialmente precarias, pudiendo ser modificadas o dejadas sin efecto, sin derecho a indemnización.” Cita también lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del decreto ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y agrega que “el comercio desarrollado en un bien nacional de uso público supone el permiso de ocupación de éste y, además, el pago de la patente que grava y ampara la actividad ejercida por el contribuyente en dicho bien (aplica dictámenes N°s. 26.186, de 2012, y 9.109, de 2016) (...). Luego, en mérito de lo expuesto, es posible concluir que el ordenamiento jurídico entrega herramientas a los inspectores municipales, entre otros servidores, para fiscalizar el cumplimiento de la normativa que regula el comercio ambulante”.

De lo expuesto se desprende, en suma, que el municipio de Concepción tiene también la obligación y las facultades legales para prevenir, fiscalizar, sancionar y en su caso denunciar el ejercicio del comercio ambulante ilegal en la comuna, por lo que nuevamente las alegaciones que formula en su informe no resultan pertinentes ni plausibles para eximirse del cumplimiento de tales deberes, sin que sea óbice para que aborde el asunto con todos los medios que disponga y actuar de forma efectiva, la circunstancia que las labores de control del comercio ambulante puedan ser ejercidas también por otras entidades, como Carabineros de Chile.

OCTAVO: Que, las omisiones descritas en los fundamentos precedentes configuran un cuadro de ilegalidad en el actuar de la municipalidad recurrida, que afecta la garantía constitucional contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues la comunidad de copropietarios recurrente ha recibido un trato desigual ante la ley por parte de la recurrida, respecto de aquellos comerciantes establecidos, vecinos y residentes de otros sectores de la comuna que no se ven afectados por el fenómeno del comercio ambulante.

Se afecta además las garantías constitucionales de los numerales 21 y 24 del señalado artículo 19, desde que el derecho a ejercer la actividad lícita de comercio por parte de los recurrentes, respetando las normas que la regulan, se ve gravemente mermado por la omisión de la municipalidad recurrida, con el consiguiente perjuicio de su derecho de propiedad sobre los derechos que le confiere la respectiva patente comercial, que los habilitan para explotar sus establecimientos de comercio sin la carga que actualmente deben asumir a consecuencia de la omisión ilegal de la recurrida.

NOVENO: Que, como corolario, al evidenciarse claras falencias en la función fiscalizadora de la Municipalidad de Concepción, consistente en omitir medidas efectivas que propendan a la sana convivencia vecinal, quebrantada con ocasión del comercio informal instalado en las inmediaciones del Edificio Freire N°801 de esta ciudad, se procederá a acoger el presente recurso de protección, como se dirá.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide que:

SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación de la Comunidad de Copropietarios del Edificio ubicado en domicilio reservado, en Concepción, en contra de 1) la Municipalidad de Concepción y de 2) Carabineros de Chile, solo en cuanto, a) la Municipalidad de Concepción deberá adoptar, coordinar e implementar, dentro de un plazo de diez días una vez que quede firme la sentencia, las medidas inmediatas tendientes a prevenir, y en su caso, a revertir y sancionar, la actividad comercial ambulante e informal denunciada en el recurso, ejecutada en particular en la intersección de calles Freire y Colo Colo de Concepción; controlar la expedita circulación de vías peatonales y de tránsito en la aludida intersección; así como requerir debida y oportunamente por los canales oficiales, la actuación de las demás autoridades competentes en las labores de inspección y ejercicio efectivo de sus atribuciones, con estricta sujeción al derecho público que las regula; b) Carabineros de Chile, a través de sus unidades operativas en el territorio afectado, deberán no solo ejercer sus funciones de prevención de actividades delictuales, sino que además, prestar efectiva colaboración para el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria que sanciona el ejercicio ilegal del comercio ambulante en la zona.

Las medidas que, para el cumplimiento de lo resuelto en este fallo sean adoptadas por las recurridas, deberán ser informadas a esta Corte, así como los resultados de las mismas, tan pronto como ellas se implementen.

Regístrese, notifíquese, comuníquese una vez que este fallo quede firme y en su oportunidad archívese.

Redacción del ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina.

No firma la fiscal judicial señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

N°Protección-17550-2024.