nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

C.A. de Concepción Concepción, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparecen Vladimir González Segovia y Diego Maldonado Moraga, abogados, en beneficio de nombre reservado e interponen recurso de protección en contra de la Municipalidad de Santa Bárbara, representada por su alcalde Daniel Salamanca Pérez, por la vulneración de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19° de la Constitución Política de la República en sus numerales 3° y 24°.

Explican que su representada es psicóloga y forma parte de la dotación de personal de atención primaria de Salud Municipal de Santa Bárbara desde el 1 de agosto de 2008. Que desde el año 2009 ha sido designada año tras año como encargada del programa de Salud Mental Integral del Departamento de Salud Municipal de Santa Bárbara (aun cuando el Decreto de nombramiento comenzó a regir en el año 2015), departamento que, bajo su supervisión ha cumplido con todas las metas de salud y a su vez es supervisado por el área de salud mental del Servicio de Salud Biobío y sus calificaciones anuales siempre han sido excelentes.

Arguyen que a partir del año 2019, la actora fue objeto de actos de hostigamiento laboral por parte del Médico Jefe del Equipo de Salud Rural, situación que se repitió en el tiempo hasta hacerse insostenible en junio de 2020, situación fue denunciada a la empleadora de la recurrente, sin obtener una solución por parte de la Municipalidad. Que hechos dieron lugar al proceso laboral de tutela de derechos fundamentales, RIT T-1-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Santa Bárbara, causa que se mantiene aún en tramitación con fecha de continuación de audiencia de juicio para el mes de noviembre de 2023.

Estiman que hechos descritos en dicho proceso son de carácter grave, sustentados en sendos informes de la ACHS, medios de prueba escritos que dan cuenta de la vulneración de derechos fundamentales en contra la recurrente, los que acompañan.

Añaden que por circunstancias ajenas a la recurrente no ha podido terminar el proceso judicial, toda vez que el juicio se ha prolongado más de lo esperado para este tipo de materias (1 año y 10 meses), pese a que la vulneración de derechos fundamentales en nuestra legislación goza de preferencia, conforme lo señala el artículo 488 del Código del Trabajo.

Afirman que al existir una afectación psicológica de origen laboral cuyo proceso para reparar dicha vulneración no concluye, la sintomatología diagnosticada en la recurrente se mantiene, quien, con bastante fundamento, ha materializado en el mes de julio de 2023 reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de las licencias médicas por parte de la COMPIN. Que, así las cosas, la afectación psicológica sufrida por causa de los hechos de hostigamiento y de la nula reacción de la recurrida, la señora nombre reservado hizo uso de licencias médicas a contar del primer semestre del año 2020 en forma intermitente la que se extendió, de esta forma, hasta junio de 2021, fecha en la cual y luego de la pertinente denuncia ante la Asociación Chilena de Seguridad, fue determinada de origen laboral con un diagnóstico de trastorno adaptativo, que en diciembre de 2021 sería precisado en un episodio depresivo grave y trastorno de estrés postraumático que la ha mantenido en reposo médico de forma ininterrumpida, desde el 7 de septiembre de 2021 hasta la fecha de esta presentación.

Aseveran que, el 25 de agosto de 2023, la Municipalidad de Santa Bárbara remitió un correo electrónico a la recurrente por el cual se le notificaba el Oficio N° 142 de 23 de agosto de 2023, por el cual se aprobaba el descuento de sus remuneraciones del valor correspondiente a diez licencias médicas rechazadas, comprensivas del período de 1 de diciembre de 2022 hasta el 18 de julio de 2023. El monto total a restituir, según el mismo oficio asciende a $18.457.271. Luego de citar las disposiciones legales y reglamentarias que en concepto de la municipalidad autorizarían la restitución, el documento concluye que “Corresponde que, teniendo conocimiento la Administración de la resolución de la Compin, resolviendo el recurso respectivo, manteniendo el rechazo o la modificación de la licencia médica, se haga efectivo el descuento de remuneraciones por los montos indebidamente percibidos”.

Afirman que en correo electrónico, de 29 de agosto de 2023, la recurrente agobiada por el mismo se limitó a señalar que los descuentos se realicen luego de pactar un acuerdo con su empleador, solicitando que no se inicien en el mes en curso, para organizar sus finanzas, en estos términos el correo hasta la fecha no tuvo respuesta, sin embargo, dicen que, el 30 de agosto de 2023, la recurrente recibió un nuevo correo electrónico, por el cual se le remite copia del Decreto Alcaldicio N° 516, de 25 de agosto de 2023, que aprueba descuentos de remuneraciones por concepto de rechazo de licencias médicas a la recurrente por el valor equivalente a las licencias médicas que indican en el libelo de protección. Que el mismo decreto dispone el calendario en que se realizarán los descuentos sobre las remuneraciones de la recurrente, sin que previamente haya mediado un acuerdo con la trabajadora.

Consideran que el acto administrativo que dispone el descuento es ilegal, puesto que el Reglamento Interno para la Tramitación de Licencias Médicas de la Municipalidad de Santa Bárbara, aprobado por Decreto Alcaldicio de 2 de agosto de 2017 y actualmente en vigencia, tiene por objeto establecer procedimientos para la tramitación de licencias médicas de los funcionarios municipales, servicios incorporados, programas especiales, trabajadores sujetos al Código del Trabajo, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los funcionarios a su cargo y el reglamento es aplicable a la tramitación de todas las licencias médicas que den origen a los beneficios sobre protección ante el riesgo de enfermedad e incapacidad temporal para los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad. Que, en particular, el mismo reglamento dispone qué ocurre en los casos en que la ISAPRE o la COMPIN rechace o reduzca la licencia médica, disponiendo que el trabajador debe interponer el reclamo correspondiente en el plazo que indica el mismo reglamento.

Citan el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y al respecto, manifiestan que la decisión del alcalde de Santa Bárbara que hoy se impugna se erige en un acto de autotutela proscrita por nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, afirman que aquel también es arbitrario, porque no existe una razón suficiente para que el órgano público no de cumplimiento a su propio reglamento que regula el procedimiento aplicable para este tipo de casos y al infringirlo abiertamente sin razón suficiente hace que su actuar a través del Decreto Alcaldicio N° 516 sea antojadizo e infieren que la recurrida conculca la propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, lo que causa un evidente daño patrimonial respecto de una obligación que está aún no determinada en cuanto a su exigibilidad y por otro lado se la priva de un procedimiento racional y justo.

Piden que se acoja este recurso, ordenando dejar sin efecto el descuento programado sobre la remuneración de su representada, o en su defecto, cualquier medida que se estime pertinente para restablecer el imperio del derecho, con costas en caso de oposición.

Informó Sebastián De La Puente Hervé, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, indicando que la Superintendencia aún no ha emitido pronunciamiento sobre la materia objeto del presente recurso, toda vez que la presentación formulada por la recurrente, de 22 de julio de 2023, aún se encuentra en estudio. Finalmente señala que acompaña documentación pertinente.

Informó nombre reservado, Presidente (S) COMPIN Delegación Bio Bio Secretaria Regional Ministerial de Salud Región del Bio Bio, expresando que la recurrente mantuvo reposo continúo autorizado, por el periodo desde 08 de marzo de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, por un total de 450 días contados. Que conforme al dictamen de su Contraloría Médica, afirma que se decidió rechazar la licencia médica folio N° 4- 12961603 con fecha de inicio 01 de diciembre de 2022 bajo la causal de R-102 "reposo prolongado para patología", posterior a lo cual se ha mantenido el rechazo de las licencias médicas de la referida bajo diagnósticos asociados a salud mental.

Asevera que las licencias médicas de nombre reservado, actualmente no cumplen con el rol terapéutico, en tanto no presenta reintegro laboral a la fecha y que en la apelación ingresada por las licencias médicas N° 14213542 y N° 85330668, la usuaria indicó que su patología sería de carácter laboral, por lo que no corresponde a COMPIN dar curso a dicho tipo de reposo, siendo ello materia de instituciones de seguridad laboral.

Expone en cuadro demostrativo los dictámenes asociados a dichas licencias médicas, motivo de rechazo evaluado por su contraloría médica.

Finalmente, hace presente que respecto de las licencias médicas que presentan recursos de reposición rechazados por la Sub COMPIN Biobío, la usuaria puede ingresar un reclamo en la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), a fin de que dicha entidad pueda revisar su caso.

Informó Álvaro Esteban Reyes Novoa, abogado, en representación de la Municipalidad de Santa Bárbara, señalando que la recurrente ingresó a la Municipalidad de Santa Bárbara, el 1 de agosto de 2008, en calidad de contratada, de la Dotación del Personal de Atención Primaria de Salud Municipal, nombrándola en carácter de indefinido en dicha dotación a partir de 1 de octubre de 2015, para el cargo de Psicóloga del Departamento de Salud Municipal, cuyas funciones consistían en la atención de pacientes en las Postas de Salud Rural y Estación Médico Rurales de la comuna. Que no es efectivo que la actora haya sido designada como “Encargada del Programa de Salud Mental” a partir del año 2009, ya que consta su designación mediante Decreto Alcaldicio únicamente por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021. Que para el año 2022 dicha designación, no es tal, asimismo, dice que tampoco es efectivo que las remuneraciones de la funcionaria asciendan a la suma de $1.841.593. En los últimos 6 meses variaron entre $1.663.823 en el mes de septiembre de 2021 a $1.008.617 en el mes de febrero de 2022, dando un promedio de $1.231.391.- Niega categóricamente que, en el ejercicio de sus facultades como empleador, su representada haya vulnerado los derechos fundamentales de la demandante y según las reglas del onus probandi será la contraria quien tendría la carga de probar los indicios relativos a los hechos que denuncia, en la causa RIT T- 1-2022, que se tramita en el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara. Que como se probará en dichos autos, los supuestos fácticos que fundan dicha demanda son falsos, han sido tergiversados y/o magnificados.

Sostiene que la recurrente mantuvo una relación profesional compleja con su jefatura desde que este último, el Sr. nombre reservado, asume como Jefe del Equipo de Salud Rural, en el mes de octubre de 2019. En ese contexto, dice que habría habido una serie de diferencias entre ambos. Que después de 3 meses de asumido el cargo de jefatura del Equipo de Salud Rural, con motivo del estado de Emergencia Sanitaria por pandemia del COVID-19, a fin de evitar contagios dentro del Departamento Municipal de Salud y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de las atenciones y prestaciones de salud en cada una de las postas de salud rural y estaciones médico rurales de la comunas se estableció un Plan de Trabajo, en el cual se adoptaron 3 modalidades de cumplimiento de jornada: a)teletrabajo, b) flexibilidad horaria y c)

sistema de turnos. En cumplimiento de lo anterior, refiere que la denunciante quedó designada como profesional esencial en el Grupo 1 con modalidad de trabajo sistema de turno, esto significaba, una semana confinada con teletrabajo y posteriormente una semana en trabajo presencial. Hace presente que las funciones del jefe del Equipo de Salud Rural son: 1) coordinar las actividades de salud de acuerdo con las instrucciones emanadas del Director Comunal y Servicio de Salud, 2) Liderar y coordinar permanentemente el equipo de salud rural respecto a las funciones técnicas y administrativas, 3) Coordinar y supervisar el desarrollo de las metas (IAAPS, sanitarias y locales) y la programación cualitativa y cuantitativas de los profesionales del equipo rural, 4) Coordinar reuniones técnicas y administrativas con Equipo de Salud Rural, 5) Participar de las reuniones del equipo gestor y las citadas por el Servicio de Salud Bio Bío, 6) Confeccionar el calendario de Rondas del año correspondiente, 7) Coordinar con el área de mantención los desperfectos de las Postas, 8) Velar por las condiciones de seguridad del desempeño del o los TENS y de las instalaciones de la posta, 9) Mantener el trabajo en equipo con otras unidades de apoyo a la atención de calidad de las postas, 10) Supervisar el cumplimiento de las funciones del personal a cargo, 11) Realizar la pre-calificación del personal a cargo.

Así las cosas, dentro de las funciones de la jefatura, según el punto 6) están la de confeccionar el calendario de rondas médicas del año correspondiente; y, según el punto 10) supervisar el cumplimiento de las funciones del personal a cargo. En dicho contexto, dice que se mantuvo un monitoreo continuo de las agendas de los profesionales del equipo rural, optimizando los espacios y horas médicas, de matrona, psicóloga, y demás profesionales. Que lo anterior disgustó de sobremanera a la señora nombre reservado, acusando de intrusismo en sus funciones bajo su errada interpretación, sintiéndose autónoma en su cargo.

En consecuencia, asevera que la señora nombre reservado, atribuyéndose facultades más allá de su cargo, acostumbraba a manejar la agenda del servicio de acuerdo a sus propias necesidades, modificando unilateralmente las rondas médicas de manera intempestiva, sin solicitar autorización previa a su jefatura, incumpliendo el conducto regular, generó problemas en la atención de los usuarios del sistema de salud municipal.

Arguye que contrario a lo sostenido en la denuncia, queda de manifiesto que es la actora quien a pocos meses de asumido el cargo de jefatura por el Sr. nombre reservado, en el mes de marzo de 2020, tiene un trato -a lo menos- poco adecuado e irrespetuoso con su jefatura, actuando en negativa de sus indicaciones y planes de trabajo. Esta forma de relacionarse provocó efectivamente un quiebre en la relación laboral, pues la actora le daba a entender a su jefatura que no conocía los procedimientos, protocolos, desautorizándolo y menoscabándolo, conforme detalla en su informe, actitud reiterada de la actora. Que su jefe directo, el señor nombre reservado, sostuvo conversaciones con ella siendo enfático en temáticas de disciplina y cumplimiento de las obligaciones funcionarias tales como: puntualidad en la hora de llegada, cumplimiento de las funciones que se le instruían, la necesaria utilización del conducto regular para solicitar permisos y/o bloqueos de agenda, pues es una obligación funcionaria de la jefatura directa supervisar el cumplimiento de las funciones del personal a cargo bajo su propia responsabilidad administrativa. Que, además, esto impactaba directamente en todos los profesionales del equipo y en la atención de los usuarios como Departamento de Salud Municipal.

Detalla que los incumplimientos ya señalados se manifiestan en que, por ejemplo, la actora mantiene un historial mensual de descuentos en sus liquidaciones de sueldo por atrasos en el horario de llegada. Esto se traducía en que todos los profesionales del equipo rural salieran atrasados a las rondas médicas. En los meses posteriores la actora, en su dinámica de cuestionar las instrucciones de su jefatura, reclamando, por un lado, que la municipalidad no le proporcionaba las herramientas tecnológicas para realizar teletrabajo, al no disponer en su casa de red de internet, computador y teléfono para hacer telemedicina. Que lo anterior es contradictorio con su solicitud del mes de junio del año 2020 cuando pide cambiar su modalidad de trabajo, sistema de turnos a teletrabajo en un cien por ciento y que conforme con el Plan de Trabajo del Equipo de Salud Rural, Decreto Alcaldicio y Dictamen de la Contraloría General de la República N° 3610, de fecha 17 de marzo de 2020, por ser profesional de salud esencial, sin factores de riesgo, su petición no fue acogida por la Dirección de Salud Municipal, situación que habría exacerbado estas diferencias con su jefatura directa. Tras la negativa, ésta reaccionó amenazando con presentar licencia médica, considerando que su lugar de trabajo cuenta con espacio suficiente y oficinas separadas destinadas para realizar trabajo sin riesgo de contagio ni aglomeraciones entre funcionarios.

Asegura que a la señora nombre reservado siempre se le dio las facilidades frente a aquellas solicitudes que fueran razonables en orden a las funciones que, como funcionaria del DSM, debía cumplir, como queda en evidencia en que ella es la única integrante del equipo que accedió a un horario de ingreso distinto del resto de sus compañeros, lo que es contradictorio con su denuncia. Decisión administrativa que ella reconoce y agradece en un correo electrónico que cita. Que incluso con estas facilidades otorgadas, la actora hizo uso indiscriminado de permisos administrativos, sin informar oportunamente a su jefatura directa, lo que legalmente trae consecuencias de responsabilidad administrativas para quienes deben ejercer el control de los funcionarios a su cargo, en este caso, el Dr. nombre reservado. Que con fecha 12 de mayo de 2021, la señora nombre reservado envió un correo a la directora de Salud Municipal exponiendo la situación que la estaría aquejando, citando esta última a una reunión para el 17 de mayo de 2021, donde se le propusieron, sin éxito a las partes involucradas, bases para una solución. Que se adoptaron de forma inmediata medidas a nivel institucional, a fin de contar con un instrumento que permitiera abordar las denuncias realizadas por funcionarios de salud municipal, aprobándose, con fecha 18 de mayo de 2021, el Manual de Procedimiento de denuncia y sanción de maltrato, acoso laboral y sexual del Departamento de Salud Municipal. Además, con fecha 30 de junio de 2021, es decir, a pocos días de enviado el correo que exponía dicha situación, se cambió al jefe del Equipo de Salud Rural mediante decreto Alcaldicio N° 413 de Salud. Asimismo, se aprobó el Procedimiento para la prevención del estrés en el trabajo, con fecha 11 de noviembre de 2021, teniendo presente que la atención primaria de salud en contexto de la crisis sanitaria por pandemia Covid- 19 fue uno de los trabajos con más alto nivel de estrés. En ese sentido en agosto 2020, don nombre reservado, Director Comunal de Salud, citó a una reunión de Equipo Rural, a solicitud del Dr. nombre reservado de la señora nombre reservado, la que fue postergada en varias oportunidades por motivo a alza en el número de contagios de casos confirmados de COVID-19, concretándose en diciembre 2020, instancia en la que el Sr. nombre reservado ofreció sus disculpas -por cualquier mal entendido ocurrido- a la recurrente, en presencia de la dirección del Departamento, de la Jefa de Personal y el Dr. nombre reservado. Posterior a ello, la señora nombre reservado se ausentó por licencias médicas prolongadas, con periodos de intermitencia asistencial donde mantenía las mismas conductas, menos preciando las labores y funciones del Sr. nombre reservado como coordinador del equipo, haciendo méritos a su antigüedad y experiencia laboral.

Asevera que es absolutamente falso que se haya maltratado y/o humillado a la actora, aseveración vaga, que no señala nada concreto, que ha sido ella quien ha tergiversado las instrucciones de su jefe directo, el Sr. nombre reservado, como una intromisión que no correspondía por asumir la actora que tenía libertades que no eran de su cargo. Que es absolutamente falso que no se haya tomado ninguna medida, cuando ella expone, por primera vez, con fecha 3 de agosto de 2020, su preocupación por el clima laboral, inmediatamente se instruye por el director del Departamento de Salud de la época generar una reunión con las partes involucradas, la cual no se concreta por motivo de encontrarse doña nombre reservado con licencia médica hasta diciembre de 2020.

Por otro lado, afirma que es efectivo que existen reclamos en contra de doña nombre reservado por parte de algunos pacientes, por lo que, como Departamento de Salud Municipal, se adoptaron decisiones en beneficio de los intereses de los usuarios, a fin de garantizar la continuidad de los servicios y garantizando el respeto por nuestro funcionarios y funcionarias, como, por ejemplo, modificar al profesional terapeuta en determinados casos, lo cual molestó a doña nombre reservado. Que a raíz de ello es que el 05 de mayo de 2021, en el marco de un caso clínico judicializado de salud mental, el cual era intervenido integralmente por profesional médico y psicóloga (nombre reservado) en la Posta de Salud Rural de Los Junquillos, se decidió por la jefatura derivar el caso al psicólogo don nombre reservado de la comuna, a fin dar continuidad a la intervención psicoterapéutica de la usuaria, quien es una menor de edad sujeta a intervención psicológica individual por diagnóstico de trastorno de ansiedad con agorafobia y crisis de pánico recurrentes y con intervención a nivel familiar por un programa de la red de infancia (PPF) decretado como medida de protección de este tribunal. Que se estimó necesario y pertinente realizar esta modificación del profesional terapeuta, atendido que las intervenciones psicológicas individuales de la niña no se estaban llevando a cabo por las prolongadas ausencias de la actora, y por sugerencia de los profesionales del programa PPF y curadora ad litem de la niña de la causa, lo que molestó de sobremanera a doña nombre reservado. Otra situación similar ocurrió con otro usuario de la Posta de Salud Rural de Los Junquillos (donde atiende doña nombre reservado), quien informa con fecha 07 de mayo de 2021 que realizará sesiones en Los Ángeles por la falta de compromiso de la psicóloga tratante.

Manifiesta que la Municipalidad de Santa Bárbara dio cumplimiento, mediante la dictación del Oficio Ordinario 142/2023 con lo dispuesto en el artículo 10 del reglamento de licencias médicas de la Municipalidad de Santa Bárbara, toda vez que se solicitó directamente a la recurrente, por correo electrónico y mediante el Oficio Ord. 142/2023, que se acercara a la Unidad de Finanzas para de encontrar el “mecanismo más adecuado para tales fines”, esto es, restituir el dinero indebidamente percibido por sus licencias médicas rechazadas.

Infiere que su representada no ha cometido acto arbitrario e ilegal que haya vulnerado las garantías constitucionales que señala la recurrente en su recurso y que lo que se discute ya se encuentra bajo el amparo del derecho, al existir un procedimiento impugnatorio en desarrollo, respecto del acto administrativo en que se funda esta acción, por lo que, a su criterio, no puede prosperar.

Informó Patricio Castillo Barrios, abogado, actuando en representación de la Asociación Chilena de Seguridad, precisando que la recurrente ingresó a las dependencias médicas de su representada, el 27 de mayo del año 2021, para un estudio por posible neurosis laboral, que atribuyó a las labores realizadas para su entidad empleadora, la Municipalidad de Santa Bárbara, razón por la cual fue incluida en el respectivo ciclo de estudio de enfermedad profesional (patología de salud mental). Que se aplicó el procedimiento de calificación instruido por la Superintendencia de Seguridad Social, contenido en el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su Libro III. Denuncia, Calificación y Evaluación de Incapacidades Permanentes; Título III. Calificación de enfermedades profesionales; C. Protocolo de enfermedades mentales.

Que, el 14 de junio del año 2021, el Comité de Calificación de Enfermedades Profesionales de Patologías Mentales, de su representada, concluyó que la patología de la recurrente, diagnosticada como trastorno adaptativo, es de origen laboral y se emitió la Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades Ley N°16.744 N° 703162514062021, cuya copia se acompaña, por intermedio de la cual se calificó el caso de la señora nombre reservado como una enfermedad profesional.

Asevera, finalmente, que su representada ha brindado a la recurrente todas las prestaciones de la Ley N°16.744 pertinentes y que su caso ha requerido, con motivo de la mencionada enfermedad profesional. A esta fecha, y con motivo de la aludida patología laboral, los facultativos de su representada han prescrito reposo médico a la recurrente por un total de doscientos dieciséis (216) días, en los períodos indicados en el Certificado de Término de Reposo Laboral, cuya copia acompaña.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°).- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes que en esta misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medida de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas;

2°).- Que en esencia, el acto ilegal y arbitrario que denuncia la recurrente es el Decreto Alcaldicio N°516 de 25 de agosto de 2023 de la I. Municipalidad de Santa Bárbara, que aprueba descuentos de remuneraciones por concepto del rechazo de diez licencias médicas, que alcanzan a un valor de $18.457.271, disponiéndose un cronograma para los descuentos. Ello fundado en la confirmación por parte de la COMPIN del citado rechazo de las licencias médicas, en circunstancias que se ha impugnado tal negativa ante la SUSESO, lo que se encuentra pendiente de resolución.

3°).- Que la recurrida si bien reconoce el acto denunciado, lo califica como una actuación jurídicamente permitida, desde que -en lo medular- se ajusta a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Licencias Médicas emitido por ese órgano edilicio, dictámenes de la Contraloría General de la República sobre la materia y al artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional.

4°).- Que, de los diversos informes aludidos en lo expositivo del fallo y de los antecedentes acompañados en autos, es razonable inferir que las licencias aludidas se extienden desde 1 de diciembre de 2022 al 18 de julio de 2023, las que fueron rechazas por FONASA, decisión que fue confirmada por COMPIN Subcomisión Biobío, y que la recurrente reclamó en contra de esta decisión última ante la SUSESO, pretensión que actualmente se encuentra en tramitación.

5°).- Que, de acuerdo a lo informado por la SUSESO dicha superintendencia aún no ha emitido pronunciamiento sobre la materia objeto del presente recurso.

6°).- Que, considerando que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica se materializa a través de un acto administrativo, en principio son aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. Así, el inciso primero del artículo 15 dispone: "Principio de impugnabilidad. Todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales". Por su parte, el artículo 57 establece: "Suspensión del acto. La interposición de los recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Con todo, la autoridad llamada a resolver el recurso, a petición fundada del interesado, podrá suspender la ejecución cuando el cumplimiento del acto recurrido pudiere causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse el recurso".

7°).- Que, si bien el artículo 63 del Reglamento de autorización de licencias médicas impone al empleador (en este caso la recurrida municipalidad) el deber de adoptar las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios por incapacidad laboral, ello sólo tiene lugar cuando tales subsidios han sido "indebidamente" percibidos por el trabajador. En consecuencia, la calificación jurídica sobre si un subsidio, fue percibido debida o indebidamente, sólo tendrá carácter definitivo e indubitado con la dictación del acto terminal que ponga fin al procedimiento administrativo. En el caso sub judice, el acto terminal es la resolución que dicte la Superintendencia de Seguridad Social conociendo del reclamo interpuesto por la actora en contra de la decisión de la COMPIN Subdivisión Biobío, arbitrio que se encuentra pendiente de resolver, como se ha informado por la Superintendencia.

8°).- Que, del análisis de las disposiciones transcritas, estando pendiente el reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, la normativa debe ser interpretada atendiendo a la finalidad del subsidio por incapacidad laboral, que consiste no sólo en otorgar reposo al trabajador para la superación de su dolencia, sino también garantizar el pago del subsidio, siempre que se reúnan las exigencias legales. La razón es que el subsidio por incapacidad laboral, de ordinario es la única fuente de ingresos del trabajador y su familia.

9°).- Que conforme a lo que se viene razonando, y en este particular caso, es pertinente concluir que la autorización del descuento de la remuneraciones de la recurrente por concepto de reintegro de licencias médicas otorgadas por el tramo de tiempo más arriba anotado, supuestamente rechazadas por las entidades competentes, revistió de ilegalidad por cuanto en ese momento no se encontraba afinado el procedimiento administrativo de reclamo en contra de la decisión de la COMPIN , más aun cuando existe una resolución de la Asociación Chilena de Seguridad que indica que la patología que dio pie a las licencias, son de carácter laboral (así consta de los antecedentes allegados en autos) y, en tales condiciones, no habiéndose dictado el acto terminal respectivo, no podía calificarse el pago de los subsidios por incapacidad laboral como indebido.

10°).- Que así las cosas, la recurrida, con su proceder, vulneró el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, lo que determina que el mismo sea acogido en la forma que se dispondrá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que SE ACOGE sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Municipalidad de Santa Bárbara, solo en cuanto, la recurrida municipalidad deberá de abstenerse de realizar los descuentos remuneracionales autorizados por el Decreto Alcaldicio N° 516, de fecha 25 de agosto de 2023 del citado órgano edilicio, por concepto de reintegro de licencias médicas, hasta que el procedimiento de reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social de las licencias médicas de la actora, se encuentre totalmente terminado, debiendo –en su oportunidad- obrar en consecuencia según sea su resultado.

Acordada con el voto en contra de la ministra suplente Jimena Troncoso Sáez, quien fue de opinión de rechazar el arbitrio constitucional, teniendo presente para ello:

1°).- Que el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, establece en lo pertinente que la devolución de los estipendios indebidamente recibidos por el beneficiario de una licencia médica rechazada es obligatoria, debiendo el empleador adoptar las providencias conducentes al inmediato reintegro de las mismas.

2°).- Que por su parte, la Contraloría General de la República ha dictaminado reiteradamente de un modo jurídicamente vinculante para los órganos estatales, que los Alcaldes se encuentran facultados para descontar directamente de las remuneraciones de los funcionarios de su dependencia, las sumas que hayan percibido indebidamente por el tiempo que no trabajaron amparados en licencias médicas que posteriormente fueron rechazadas por la institución de salud previsional respectiva, sin afectar la justa remuneración, facultad que deberá ser ejercida con pleno respeto al principio de juridicidad, el que lleva implícito la racionalidad y la proporcionalidad en el actuar, evitando todo abuso o exceso, esto es, sin superar el 50% de la remuneración del funcionario.

Racionalidad y proporcionalidad, que en el caso de marras se cumple a cabalidad, dada la programación de los descuentos de que da cuenta tanto el oficio que informa a la recurrente sobre la decisión que se adoptará, como el propio Decreto Alcaldicio que así lo ordena, deducciones que por lo demás no superan el porcentaje autorizado para ello; y, que le informan de su legítimo derecho a ejercer la facultad prevista en el artículo 67 de la Ley N°10.336, esto es, solicitar la condonación o facilidades de pago de las sumas que se han recibido indebidamente.

3°).- Que, de igual modo, y en cuanto a la oportunidad para la realización de los descuentos de remuneraciones en razón de licencias médicas rechazadas; el citado Decreto Supremo N° 3 de 1984, contempla la posibilidad para recurrir ante la COMPIN en el plazo de quince días hábiles, la que conocerá del reclamo en única instancia, y su resolución será obligatoria para las partes.

Luego, a fin de velar por la certeza de las relaciones jurídicas y la racionalidad de las actuaciones de la autoridad, la existencia de un procedimiento de revisión del rechazo o modificación de licencias médicas, supone la obligatoriedad de atender a la resolución del organismo competente para pronunciarse sobre la impugnación, o bien esperar el término del plazo otorgado para la presentación del recurso o reclamación, antes de hacer efectivo el descuento de remuneraciones por las sumas indebidamente percibidas, vale decir, resulta necesario contar con un acto definitivo adoptado por la COMPIN. En consecuencia, el descuento de remuneraciones originado por una licencia médica rechazada o reducida, solo puede efectuarse una vez que esa decisión sea ratificada por la COMPIN respectiva, o luego de transcurrido el correspondiente plazo de reclamo.

Así las cosas, de la normativa en comento, se advierte que, en lo que dice relación con algún reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, éste no se encuentra previsto en el citado Reglamento de Licencias Médicas, por lo que la interposición de dicha impugnación no puede producir el efecto de privar a los servicios de la facultad de efectuar los aludidos descuentos, una vez que se ha pronunciado el organismo competente en la materia, esto es, la COMPIN.

La intervención de dicha Superintendencia en este ámbito, se enmarca en su calidad de autoridad técnica de control de las entidades de salud como las COMPIN, las que están sujetas a las instrucciones y decisiones que aquella adopte en uso de sus atribuciones, por lo que el reclamo ante la Superintendencia no forma parte del procedimiento de impugnación señalado precedentemente.

De ahí, que el acto terminal en estos casos, no lo constituye el pronunciamiento de la SUSESO, sino el relativo a la COMPIN. Por lo mismo es que desde la existencia de éste último, el empleador respectivo se encuentra autorizado para realizar los descuentos correspondiente con las exigencias sublite referidas.

4°).- Que coherente con el escenario descrito y la situación fáctica de los antecedentes, el actuar de la I. Municipalidad de Santa Bárbara no puede ser catalogado de ilegal ni arbitrario, pues se encuentra facultada y obligada legalmente para obtener el reintegro de los subsidios indebidamente percibidos por sus funcionarios por licencias médicas rechazadas, entidad que como se verifica tanto del recurso impetrado como de lo informado por la recurrida, dictó un decreto Alcaldicio de alcances generales, en el cual desarrolla el procedimiento a utilizar para el reintegro, en el que se ajusta a los criterios jurisprudenciales administrativos emanados de la Contraloría General de la República, vinculantes –como ya se dijo- para la entidad recurrida, sin exceder en el descuento específico de que se trata y los límites normativos ya aludidos.

Argumentaciones todas, por las que estima esta disidente que no cabe acoger el recurso de protección impetrado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra suplente Jimena Troncoso Sáez.

Rol Protección N° 17.453-2023.-