BIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA con COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS FINANCIEROS SPA
- Fecha
- 31 de marzo de 2023
- Sala
- Tercera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 1715-2023, sentencia de 31 de marzo de 2023
Resumen
Se rechaza el recurso de protección de BIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA contra Servicios Equifax Chile Limitada y otras, por publicarla como deudora morosa: no hay derecho indubitado, pues la existencia de la deuda debe debatirse en juicio de lato conocimiento.
Texto íntegro
C.A. de Concepción Concepción, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés.
VISTOS:
Comparece el abogado Felipe Ananías Lama, en representación de BIO INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN LIMITADA, interponiendo recurso de protección en contra de SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, en adelante e indistintamente “EQUIFAX”, representada por nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario cometido en contra de su representada, al haber sido publicada de manera arbitraria e ilegal en boletín comercial como deudor moroso de la factura número 141, emitida 7 de septiembre de 2022, por nombre reservado Y CORTE E.I.R.L., contra quien también se recurre de protección a través de este recurso.
Precisa que la factura fue cedida finalmente a COMERCIAL DE VALORES FACTORING SpA, RUT N° RUT reservado, en adelante “nombre reservado”, domiciliada en domicilio reservado, en contra de quien también presenta el recurso de protección, al haber solicitado la publicación en el Boletín Comercial “Equifax” de su representada Bio Ingeniería, por encontrarse en mora de la factura 141 referida.
Añade que su representada fue incorporada en el boletín comercial con fecha 6 de enero de 2023, a propósito de una factura impaga emitida por la empresa nombre reservado Y CORTE E.I.R.L., y que posteriormente fue cedida a una empresa de factoring, denominada COMERCIAL DE VALORES FACTORING SpA, ambos recurridos en estos autos.
Agrega que la factura referida supuestamente da cuenta de unos servicios de topografía prestados por el emisor nombre reservado Y CORTE E.I.R.L., por la suma de $4.039.205. Posteriormente, el emisor nombre reservado Y CORTE E.I.R.L. realizó una operación de factoring con la empresa COMERCIAL DE VALORES FACTORING SpA, recurrida de autos, cediendo en consecuencia la factura y obteniendo de parte de esta última el “pago” de la misma. Sin embargo, precisa, los servicios referidos en la factura referida JAMÁS HAN SIDO PRESTADOS; de hecho Bio Ingeniería jamás encargó dicho trabajo, el cual por supuesto tampoco fue recibido; YA QUE NO EXISTE.
Precisa que una vez transcurridos los plazos para pagar la factura, sin cancelar dicha deuda, la empresa de factoring recurrida solicitó a Equifax publicar la deuda en el Boletín Comercial, afectando gravemente su puntaje en dicho boletín, lo que consecuencialmente afecta su posibilidad de postular y ganar licitaciones, obtener financiamiento bancario y, en definitiva, afecta y vulnera gravemente su derecho constitucional a desarrollar libremente una actividad económica, sin perjuicio de las demás garantías constitucionales vulneradas por la publicación de la factura en el Boletín Comercial. La factura indicada fue recepcionada y no fue objeto de reclamo por parte de su representada.
Precisa que la cesión de la factura emitida por la empresa nombre reservado Y CORTE E.I.R.L., fue aceptada exclusivamente porque la única persona que estaba al tanto de su emisión era el señor nombre reservado (a quien se refiere latamente), quien en forma dolosa y actuando en conjunto con la empresa emisora, autorizó la factorización del documento tributario y también es responsable de no haber rechazado la factura oportunamente en los sistemas del Servicio de Impuestos Internos.
Expone que las actuaciones de las recurridas constituyen una clara perturbación, amenaza o privación del legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que el Artículo 19° de la Constitución Política. Específicamente las contenidas en los N° 3 (no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho y la igual protección de la ley); N°4 (respeto y protección a la vida privada y pública, y a la honra de la persona y de su familia) y N°21 (desarrollar cualquier actividad económica, que no sea contraria a la moral, orden público y seguridad nacional); cada una de las cuales es desarrollada en su recurso.
Solicita que se acoja el recurso de protección, por haber actuado las recurridas en forma ilegal o arbitraria, perturbando, amenazando o privando una o más de las garantías constitucionales invocadas en el presente recurso; que se ordena a Equifax eliminar a la recurrente de sus registros o base de datos respecto a la morosidad de la factura 141 de fecha 7 de septiembre de 2022 por nombre reservado Y CORTE E.I.R.L. y a Equifax abstenerse de continuar publicando en sus registros o bases de datos a la recurrente como morosa, respecto de la factura ya singularizada. Asimismo, pide que se ordene a Comercial de Valores Factoring SpA, solicitar el retiro de la publicación por morosidad asociada a la factura 141, ya referida y a la empresa nombre reservado Y CORTE E.I.R.L. su anulación; todo con costas.
Informó nombre reservado y CLAUDIA CONCHA MUÑOZ, abogados, ambos en representación de SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, indicando que dentro del giro de su representada se procesa información aportada por comerciantes, industriales o profesionales asociados a la base de datos Boletín Electrónico Dicom. Esta base de datos se confecciona con antecedentes proporcionados por los propios aportantes al sistema, como ocurre en el caso sub-lite. Asimismo, los aportantes deben informar a Equifax, en el instante que ello ocurra, los pagos, y/o regularizaciones de los registros, utilizando el portal BED. Para tales efectos, el aportante dispone de una clave de acceso o password secreta, de su exclusivo conocimiento y administración. Todo lo anterior consta en un contrato que Equifax suscribe con los aportantes de la información, el que detalla y establece contractualmente las obligaciones que asume cada una de las partes contratantes. De esta manera, el aportante de información asume la obligación de no ingresar al BED morosidades respecto de las cuales exista concesión de esperas, prórroga de plazo; contienda, recursos o acciones anteriores o posteriores a la entrega de la información; que consten en documentos reclamados o con más de 5 años contados desde la fecha de su exigibilidad. A mayor abundamiento, se estableció que el suscriptor o aportante de la información debe comunicar inmediatamente a Equifax las aclaraciones de las deudas morosas.
No obstante, lo ya señalado, le fueron solicitados los respaldos de las publicaciones al Aportante COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS FINANCIEROS SPA, resultando que estos fueron enviados dentro de los plazos establecidos para tal efecto, adjuntando copia de la factura aludida, copia del certificado de anotación en el registro (cesión) y copia de Registro de aceptación o reclamo de DTE emitido por el Servicio de Impuestos Internos, donde consta que la factura no fue reclamada dentro del plazo de 8 días de acuerdo a la Ley 19.983, estando irrevocablemente aceptada cumpliendo así, al menos formalmente, con los requisitos para su publicación. Adicionalmente no se acompaña antecedente alguno que dé cuenta de forma indubitada que se trata de un título falso, como sería una sentencia judicial en ese sentido.
Concluye que no existe acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputarse a su representada, por cuanto Equifax ha obrado en todo momento, con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales motivos por los cuales, el recurso de protección deberá ser rechazado. Adicionalmente las supuestas infracciones denunciadas por el recurrente están basadas en un estatuto legal que no le es aplicable en su calidad de persona jurídica.
Informó JAVIER VALENZUELA FARIAS, abogado, en representación de COVAL SERVICIOS FINANCIEROS SPA, indicando que por cesión de crédito efectuada el día 13 de septiembre de 2022 entre Comercial de Valores Servicios Financieros Spa (CESIONARIA) y nombre reservado y Corte E.I.R.L (CEDENTE), puesta en conocimiento por la anotación en el registro de cesiones electrónicas llevado por el SII, en cumplimiento del artículo 7° y 9° de la Ley N° 19.983, del artículo 1902 del Código Civil y de los artículos 162 y 163 del Código de Comercio, su representada y cesionaria de dicho crédito resulta ser dueña de la factura que lo contiene, la cual fue emitida en razón de servicios prestados por la empresa nombre reservado y Corte E.I.R.L a la Sociedad Bio Ingeniería y Construcción Limitada, RUT N° RUT reservado, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, RUT N° RUT reservado, ingeniero civil, ambos con domicilio en domicilio reservado. La factura fue anotada en el Registro que para estos efectos lleva el Servicio de Impuestos Internos, conforme a “Certificado de Anotación en el Registro”, folio N° 22443116, donde consta la cesión de la factura electrónica N°141, de fecha 07 de septiembre de año 2022, con vencimiento para el día 07 de octubre de 2022, por un monto de $4.039.205 (cuatro millones treinta y nueve mil doscientos cinco pesos). Conforme al Registro de Aceptación o Reclamos de un DTE (Documento Tributario Electrónico), donde se individualiza tanto el emisor como el receptor del documento, teniendo por este último al recurrente de autos, BIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA.
Precisa que dicha factura se encuentra debidamente recepcionada electrónicamente y fue recibida por el SII, cumple con todos y cada uno de los requisitos que establece el artículo 5° de la Ley N° 19.983, y se encuentra irrevocablemente aceptada, en los términos a que se refiere el artículo 3° de la misma ley, como asimismo, en conformidad a la Circular N°4 de año 2017 del Servicio de Impuestos Internos, por cuanto no fue devuelta al momento de su entrega ni fue reclamada dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción. La factura queda apta para su cesión al haber cumplido con los requisitos del artículo 4° de la Ley N°19.983, razón por la cual la contraria no podría defenderse alegando que los servicios a los que aluden la factura no se efectuaron.
Añade que demás está señalar la inseguridad jurídico-comercial que causaría a los compradores de facturas si, pese a anteriormente haberse reconocido por la deudora que recibió la prestación como consta al final de la factura, luego alegare que no los recibió.
Se trajeron los autos en relación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma disposición se señalan, producidas por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.
Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción de cautela la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene y que provoque afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente en la forma establecida en norma antes citada.
SEGUNDO.- Que, mediante la presente acción de protección el recurrente, BIO INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN LIMITADA, reprocha su publicación en el boletín comercial, de manera arbitraria e ilegal, como deudor moroso de la factura número 141, emitida 7 de septiembre de 2022 por nombre reservado Y CORTE E.I.R.L., la cual fue cedida finalmente a COMERCIAL DE VALORES FACTORING SpA.
TERCERO.- Que, las recurridas SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA y COMERCIAL DE VALORES FACTORING SpA., argumentan en sus respectivos informes que la publicación se ha efectuado cumpliendo con todas las exigencias legales, siendo la primera de éstas una entidad meramente receptora de la información proporcionada por la segunda. Añaden que la factura en comento fue cedida, no siendo, en su momento, reclamada oportunamente por la parte recurrente quedando, por ello, como irrevocablemente aceptada y apta para su cesión.
La primera de las recurridas precisa, además, que las supuestas infracciones denunciadas por el recurrente están basadas en un estatuto legal (ley 19.628) que no le es aplicable en su calidad de persona jurídica.
CUARTO.- Que, asimismo, la recurrente señala que dicha factura no fue reclamada por Bioingeniería, aun cuando sostiene que los servicios nunca fueron prestados y que esto se debería a la intervención de un antiguo colaborador de la empresa, quien habría informado sobre la correcta emisión y cesión de la factura 141, no siendo informado a la gerencia. Y que el empleado en referencia habría sido desvinculado de la empresa atendida “sus malas prácticas, irresponsabilidad e incumplimiento de sus obligaciones como trabajador”, todo lo cual, a entender de estos sentenciadores, debe ser acreditado y resuelto en un juicio de lato conocimiento y no en esta instancia judicial.
QUINTO.- Que, así las cosas, resulta de toda evidencia que no existe un derecho indubitado a favor del recurrente, que pueda ser amparado por la vía de esta acción constitucional de cautela de garantías, con lo cual el recurso de protección no podrá prosperar ya que no persigue como finalidad que la Corte haga en esta sede declaración de derechos controvertidos, como sucede en la especie, cuestión que debe ser necesariamente dilucidada en un juicio de lato conocimiento ante el tribunal competente y con las garantías procesales del caso.
Por lo demás, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de tutela destinada a evitar las posibles consecuencias perniciosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias y/o ilegales, que priven, perturben o amenacen alguna de las garantías constitucionales expresamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del Derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado; lo que no ocurre en la especie.
SEXTO.- Que, concordante con lo expresado precedentemente, no es posible determinar en las condiciones planteadas alguna ilegalidad o arbitrariedad en la forma de proceder de las recurridas, de modo tal que el recurso de protección intentado no puede prosperar.
Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado Felipe Ananías Lama en representación de BIO INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN LIMITADA, planteada en contra de SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, de nombre reservado Y CORTE E.I.R.L. y de COMERCIAL DE VALORES FACTORING SpA.
Regístrese y archívese, en su oportunidad.
Redactó el abogado integrante Sr. Ortiz.
N°Protección-1715-2023.