nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

ari C.A. de Concepción.

Concepción, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.

VISTO:

Que comparece don nombre reservado, soltero, trabajador, con domicilio en domicilio reservado, a y expone que viene en interponer recurso de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en la Región del BioBío por su Director Regional, Cristian San Martín Carrasco, ignora profesión u oficio, con domicilio en domicilio reservado.

Se funda en que fue condenado en la causa rol 198-2017, como autor de la falta penal de lesiones leves, prevista y sancionada en el artículo 494 N° 5 del Código Penal, en grado de consumado, cometida en Chiguayante, con fecha 13 de julio de 2019 (sic), certificándose por el Juzgado de Garantía de Chiguayante con fecha 08/01/2021, se encuentran cumplidas la multa y las penas accesorias impuestas. Además, también fue condenado en la causa rol 1216 – 2019, como autor de la falta penal de lesiones leves, prevista y sancionada en el artículo 494 N° 5 del Código Penal, en grado de consumado, cometida en Chiguayante, con fecha 02 de febrero de 2019, certificándose, también, por el Juzgado de Garantía de Chiguayante, con fecha 09/01/2021 el efectivo cumplimiento del pago tanto la multa impuesta como de las sanciones accesorias. Por último, dice que fue condenado en causa rit 1962 – 2019 del Juzgado de Garantía de Chiguayante, igualmente, por la falta penal de lesiones leves, prevista y sancionada en el artículo 494 N° 5 del Código Penal, en grado de consumado, cometida en Chiguayante, con fecha 13 de julio de 2019, certificando el Juzgado de Garantía de Chiguayante, con fecha 08/01/2021, el efectivo pago tanto la multa como el cumplimiento de las sanciones accesorias.

En base a lo anterior, con fecha 25 de marzo aproximadamente del presente año, dice, consultó el sistema integral de atención del Registro Civil, todo esto por estar en cuarentena, en donde se generó el número de consulta N° 1164322, del que no se le ha dado respuesta, estimando que ha sido un tiempo excesivo, dado su necesidad de encontrar un trabajo formal para alimentar a su familia, ya que se le pide papeles de antecedentes y éstos están manchados.

Cita normas legales que regulan la omisión y eliminación de antecedentes penales que es lo que pretende lograr.

Aclara que la conducta desplegada por la recurrida, consistente en omitir respuesta respecto a la eliminación de la anotación prontuarial en tiempo y forma por medio de la solicitud N°1164322, constituye un actuar ilegal y arbitrario, toda vez que carece de cualquier atisbo de fundamentación.

Estima que se ha vulnerado la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el derecho de propiedad; de la forma que explica.

Por lo que en mérito de lo expuesto, pide se tenga por interpuesto el recurso de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, acogerlo y que se adopten todas las medidas conducentes a resguardar los derechos amenazados y al restablecimiento del imperio del derecho, y en especial, se ordene al Registro Civil e Identificación que proceda a la eliminación de la anotación prontuarial omitida hasta el día de hoy en las causas señaladas.

Informa el recurrido Servicio de Registro Civil e Identificación, señalando que revisada la base de datos del Registro General de Condenas, en las causas rit 198-2017 y 1216-2019, el recurrente registra omisión de antecedentes respecto de certificados para fines particulares y especiales, de conformidad al artículo 21 de la Ley 19.628 de Protección a la Vida Privada; en tanto, en la causa rit 1962-2019, no figura pagada la multa.

Afirma que revisado el mismo registro no existe solicitud de evaluación de antecedentes penales.

Agrega que, en todo caso, la eliminación de antecedentes no procedería en su caso porque no reúne los requisitos de la Ley 18.216, ni la del Decreto Supremo 64, pudiendo optar a lo dispuesto en el Decreto Ley 409 para lo cual requiere ir a Gendarmería de Chile.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aún en grado de amenaza, los derechos y las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, y protegidos por artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes para lograr que cese la vulneración de tales derechos o garantías. Consecuencialmente, es necesaria la existencia de un acto u omisión, ilegal y/o arbitrario que provoque tal privación, perturbación o amenaza.

SEGUNDO: Que, en la especie, el recurrente señala que habiendo solicitado vía plataforma internet la eliminación de sus antecedentes penales, el Servicio recurrido no le ha dado respuesta, siendo que ello le es necesario para encontrar un trabajo formal y alimentar a su familia.

TERCERO: Que, por su parte, el recurrido sostiene que carece de solicitud de eliminación de antecedentes del recurrente en el Registro General de Condenas; no obstante, que al respecto en dos de las causas que se mencionan para la eliminación se ha procedido a aplicar la Ley sobre la Protección a la Vida Privada ya que consta que la pena impuesta fue cumplida; en relación a la tercera manifiesta que no tiene antecedentes de cumplimiento; siendo en todo improcedente la eliminación que se pretende.

CUARTO: Que, conforme a la discusión planteada, se hace propicio recordar que el artículo 38 de la Ley 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas y restrictivas de libertad, señala que "La imposición por sentencia ejecutoriada de alguna de las penas sustitutivas establecidas en esta ley a quienes no hubieren sido condenados anteriormente por crimen o simple delito tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que diere origen la sentencia condenatoria. El tribunal competente deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación al efecto. Para los efectos previstos en el inciso precedente no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito. El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación. Exceptúanse de las normas de los incisos anteriores los certificados que se otorguen para el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a Gendarmería de Chile, y los que se requieran para su agregación a un proceso criminal". De conformidad al artículo 1 las penas sustitutivas son la remisión condicional de la pena, reclusión parcial, libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, expulsión, prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

Por su parte, el Decreto Supremo 64, que Reglamenta la Eliminación de Prontuarios Penales, de Anotaciones y el Otorgamiento de Certificados de Antecedentes, dispone en su artículo 1° que el prontuario penal "es un documento público que da fe de la identidad de una persona y de las anotaciones judiciales que registra". Luego, su artículo 8, en lo que interesa al recurso, preceptúa: "Se eliminará una anotación prontuarial: (...) f) cuando se trate de faltas, respecto de las cuales han transcurrido tres años desde el cumplimiento de la condena; g) Cuando se trate de personas sancionadas por cuasidelito, simple delito o crimen, con multa o con pena corporal o no corporal hasta de tres años de duración y hayan transcurrido diez años, a lo menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años o más, en los casos restantes". Los incisos tercero y cuarto agregan: "En todos los casos relacionados con las letras f), g) y h) se otorgará el beneficio por resolución fundada, sólo a aquellas personas que acrediten irreprochable conducta anterior, mediante los antecedentes que el Director exija, y siempre que la anotación de que se trate sea la única que exista en el prontuario del interesado. Sin embargo, transcurridos 20 años o más desde el cumplimiento de la pena el Director del Servicio podrá eliminar de oficio la anotación referente a alguna de las condenas indicadas en las letras f), g) y h) siempre que se cumpla con la última condición indicada en el inciso anterior".

A su turno, el artículo 9 del citado Decreto Supremo establece que "El prontuario penal sólo se eliminará: a) Cuando todas las anotaciones registradas en él se hallen en algunas de las condiciones indicadas en el artículo precedente; b) Cuando el prontuariado sea favorecido con los beneficios del decreto ley 409, de 12 de agosto de 1932; c) Por muerte de la persona prontuariada. La eliminación se ordenará por resolución fundada del Director General del Servicio y se cumplirá mediante la destrucción material del prontuario".

Por último, el artículo 10 consigna que "La eliminación de anotaciones prontuariales y de prontuarios se hará a petición de parte. Sin embargo, si los Tribunales o autoridades pertinentes no hubieren transcrito al Servicio las resoluciones correspondientes, o por cualquiera otra causa no dispusiere de los antecedentes necesarios para efectuar la eliminación, el interesado podrá requerirla, acompañando los certificados que la justifiquen, por medio de una solicitud dirigida al Director y presentada en el Gabinete local del lugar de su domicilio".

También se debe considerar lo establecido en el Decreto Ley 409 que establece normas relativas a los reos, cuyo artículo 1° señala que "Toda persona que haya sufrido cualquier clase de condena y reúna las condiciones que señala esta ley, tendrá derecho después de dos años de haber cumplido su pena, si es primera condena, y de cinco años, si ha sido condenado dos o más veces, a que por decreto supremo, de carácter confidencial, se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos y se le indulten todas las penas accesorias a que estuviere condenado". El artículo 2 agrega que "Para tener derecho a estos beneficios se requiere que el ex condenado reúna las siguientes condiciones: a) Haber observado muy buena conducta en la prisión o en el lugar en que cumplió su condena, cuando se trate de pena de prisión, presidio, reclusión o relegación; b) Conocer bien un oficio o una profesión; c) Poseer conocimientos mínimos de cuarto año de escuela primaria; d) Haber estado en contacto con el Patronato de Reos durante dos años, por lo menos, si es primera vez condenado, y cinco años si ha sido condenado dos o más veces, y ser recomendado por este organismo".

QUINTO: Que, del examen de las disposiciones legales y reglamentarias transcritas, se hace necesario distinguir para los efectos de la presente acción cautelar, entre dos tópicos fundamentales: (i) la eliminación y la omisión de antecedentes penales; y (ii) el prontuario penal y el certificado de antecedentes.

En cuanto a la primera de las distinciones, la omisión de antecedentes no conlleva la destrucción permanente de las anotaciones prontuariales o del prontuario, sino que opera al momento de solicitar el interesado un certificado de antecedentes penales, y permite que el documento no contenga una o más anotaciones prontuariales, las que seguirán existiendo en el prontuario penal.

Por su parte, la eliminación de antecedentes no es definida en el Decreto Supremo 64, sino que en el artículo 2 letra h) de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada de las Personas, como "la destrucción de los datos almacenados en registros o bancos de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello"; la que, además, en su artículo 21 dispone que “los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena”, agregando en su inciso segundo que de ello se deben exceptuar “los casos en que esa información les sea solicitada por los tribunales de justicia u otros organismos públicos dentro del ámbito de su competencia, quienes deberán guardar respecto de ella la debida reserva o secreto y, en todo caso, les será aplicable lo dispuesto en los artículos 5, 7, 11 y 18”.

En este sentido, ya sea que la eliminación se refiera a una anotación judicial o a la destrucción íntegra del prontuario, es patente que la acción de eliminar o destruir tiene efectos permanentes en los antecedentes de la persona, puesto que ellos desaparecen. Es preciso subrayar que el D.S. 64 emplea indistintamente los términos «destruir», «eliminar» o «borrar», por lo que debe entenderse que su significado y efectos son equivalentes.

En lo relativo a la segunda de las distinciones, el prontuario penal es un documento público que da fe de la identidad de una persona y de sus anotaciones judiciales, mientras que el certificado de antecedentes es un instrumento público que acredita si una persona determinada registra anotaciones judiciales en su prontuario (art. 11 D.S. N° 64).

El legislador distingue entre cuatro tipos de certificados de antecedentes: a) Certificado de antecedentes para conducir vehículos motorizados; b) Certificado de antecedentes para ingresar a la Administración Pública, Municipal, Semifiscal, Instituciones de Administración Autónoma, Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Servicios de Prisiones; c) Certificado de antecedentes para fines particulares; y d) Certificado de antecedentes para fines especiales (art. 12 D.S. N° 64). Este último certificado deberá contener copia íntegra del prontuario penal del solicitante y se otorgará en el evento que leyes especiales o reglamentos exijan que el postulante a algún beneficio que ellos contemplen deba acreditar su conducta anterior (art. 12 letra d) D.S. N° 64).

SEXTO: Que, del examen del extracto de filiación y antecedentes del recurrente se evidencia que éste tiene 3 causas en su contra, siendo condenado en una por simple delito a una multa (rol 198-2017); y dos condenas por faltas, a las que igualmente fue condenado a una pena de multa (roles 1216-2019 y 1962-2019); las 3 condenas conforme a los certificados acompañados se encuentran cumplidas, la primera en el año 2017 y las otras dos en el año 2019; teniendo presente que de conformidad a lo previsto en el artículo 21 del Código Penal, la pena de multa es una pena principal.

SÉPTIMO: Que, con las precisiones que anteceden, más la consideración de las penas a que fue condenado el recurrente y la época de su cumplimiento, resulta posible abordar, ahora, el conflicto planteado en esta sede proteccional.

Al efecto, no se aprecia que el recurrente fuere condenado a pena sustitutiva alguna; de modo que, a su respecto, como bien lo sostiene el Servicio recurrido, resulta improcedente la aplicación del artículo 38 de la Ley 18.216.

Por otro lado, al tenor de las letras f) y g) del artículo 8 del Decreto 64 desde el cumplimiento de las penas impuestas, por un lado, no han transcurrido 3 años en el caso de las faltas ni 5 años en el caso del simple delito; por lo que igualmente lleva razón el recurrido en orden a que el recurrente no reúne los supuestos que la norma contempla para la eliminación que pretende.

Además, no existen antecedentes en autos de que se haya hecho uso de lo dispuesto en el Decreto Ley 409, como lo incentiva el recurrido.

OCTAVO: Que, por cierto, conforme al pantallazo acompañado por el recurrente éste dice haber efectuado una solicitud en el Sistema Integral de Atención Ciudadana, pero éste es un sistema de gestión, por ende, un instrumento de derivación, donde las solicitudes ciudadanas dicen relación con consultas, opiniones, reclamos, sugerencias o felicitaciones que realiza una persona ante la Administración del Estado (Guía 2 Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana, SIAC). Luego, si se observa la página web del Servicio de Registro Civil e Identificación, no aparece como trámite el línea la eliminación de antecedentes penales.

NOVENO: Que, en tales condiciones, no se divisa actuación u omisión ni ilegal ni arbitraria del Servicio recurrido, razón por la que el recurso deberá desestimarse; no obstante, dicho Servicio tendrá presente que en las tres causas que le aparecen en el extracto de filiación y antecedentes al recurrente la pena se encuentra cumplida; y, por ende, en todos ellas debe dar aplicación a lo prevenido en el artículo 21 de la Ley 19.628.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, no obstante éste tendrá presente lo consignado en la parte final del motivo noveno.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Suplente Margarita Sanhueza Núñez.

Rol 1686 – 2021 – Protección.