nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURDAD SOCIAL

Concepción, viernes doce de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Compareció Mauricio Chacón Gómez, abogado, en representación de nombre reservado, recurriendo de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, REGION DEL BIOBIO (SUSESO), representada por nombre reservado, o por quien la remplace o subrogue, por vulneración de las Garantías Constitucionales.

Indica que el 7 de mayo de 2024, la SUCESO ratificó el dictamen del COMPIN de no pagar el subsidio por las licencias N°s. RUT reservado; RUT reservado y RUT reservado por no encontrarse justificado el reposo. Agrega que desde el 30 de noviembre de 2023, el recurrente ha estado con licencia con un diagnóstico de episodio depresivo grave, ideación suicida y trastorno adaptativo con ánimo depresivo, determinado por la unidad mental del Consultorio Dr. Víctor Manuel Fernández, en el cual se trata.

Puntualiza que las licencias que rechazadas por la SUSESO, son:

a)

No. 1665886 por 15 días desde el 30 de noviembre de 2023 hasta el 14 de diciembre de 2023.- b)

No. 16843142 por 30 días desde el 15 de diciembre de 2023 hasta el 13 de enero de 2024.- c)

No. 17091730 por 30 días desde el 14 enero de 2024 hasta el 12 de febrero de 2024.- En razón del rechazo de las licencias el recurrente tuvo que volver a su trabajo, ya que no tenía recursos para poder comer y vivir, por cuanto esos meses se pudo mantener gracias a familiares que lo ayudaban. Señala que el diagnóstico de su representado se ha mantenido, está en tratamiento con medicamentos, no obstante se ha tratado de suicidar 3 veces en los meses pasados. Añade que el recurrente trabaja como vendedor, teniendo a diario que lidiar con mucha gente, lo que puede desencadenar una crisis de pánico u otra peor, tratando de atentar contra su vida o de terceros.

Estima que el actuar de la recurrida ha vulnerado el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, esto es, “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.

Pide se acoja el recurso, se ordenándose el pago del subsidio por las licencias médicas s rechazadas por la SUSESO, con costas.

Informó nombre reservado, por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana (R.M.) y en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), señalando que la nombre reservado° RUT reservado, fue rechazada por cuanto el recurrente adjunto un informe médico no protocolizado, con diagnóstico asociado a salud mental en tratamiento médico con psicofármacos, sin mención a ajustes o adecuación de tratamiento, sin informe psicológico o intervenciones psicosociales, sin índice de escala de funcionalidad y sin plan de reintegro laboral, sobrepasando rango de días de reposo laboral estimados como adecuados para favorecer la recuperabilidad y reintegro laboral. Por su parte, la reposición fue desestimada porque el recurrente adjuntó informe de médico general no protocolizado, insuficiente para justificar la prolongación de su reposo laboral, sin derivación a especialista, sin interconsultas, sin constancia GES, sin escala de evaluación de actividad laboral, sin carnet de psicoterapia, sin pronóstico claro y sin fecha probable de alta.

En cuanto a la nombre reservado° RUT reservado, fue rechazada debido que el recurrente no contaba con antecedentes médicos que la justificaran, no contando con carnet de psicoterapia, fecha probable de alta, ingreso a AUGE y evaluación de psiquiatría protocolizada. Por su parte, la reposición fue desestimada porque el recurrente adjuntó informe médico, con diagnostico asociado a salud mental en tratamiento médico con psicofármacos, sin mención a ajustes o adecuación de tratamiento, sin informe psicológico o intervenciones psicosociales, sin índice de escala de funcionalidad y sin plan de reintegro laboral, sobrepasando rango de días de reposo laboral estimados como adecuados para favorecer la recuperabilidad y reintegro laboral.

nombre reservado° RUT reservado, fue rechazada por que el recurrente no contaba con antecedentes médicos que justificaran su reposo laboral. Por su parte, la reposición fue desestimada porque el recurrente adjuntó certificado médico del CESFAM de 15 de enero de 2024, el cual manifestaba estar en tratamiento por salud mental, con administración farmacológica de lamotrigina, no detallando su estado actual, sin evolución, sin pronóstico, sin escala de funcionalidad ni ejes, sin informe de psicoterapia, sin carnet de salud mental, sin constancia GES y sin derivación a profesional médico de especialidad.

Hace presente que el D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14, que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Agrega que la COMPIN es un organismo eminentemente técnico, se rige según lo establecido en el D. 7/2013, que “Aprueba el Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas”. Dicho cuerpo legal, en su artículo N° 4 (que establece las guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación a los Grupos de Patologías que se señalan), y en particular, en su numeral II, se refiere a las Patologías Mentales, (tipo de patologías que padece justamente don nombre reservado).

Concluye que la COMPIN R.M., al decidir aprobar o rechazar una nombre reservado se ha enmarcado en los parámetros objetivos que dispone la ley y las normativas vigentes, con el fin de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su rol terapéutico y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Informó Romina Andrea Ugalde Rañileo, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solicitando se declare a la presente acción de protección como improcedente, por cuanto, la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una nombre reservado que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

Explica que las licencias médicas son para incapacidades laborales temporales y para incapacidades laborales permanentes están las pensiones por invalidez. Tratándose de las licencias médicas, lo esencial para su autorización es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Indica que el Sr. nombre reservado concurrió ante la SUSESO el 26 de febrero de 2024, reclamando por cuanto la COMPIN Región Metropolitana, confirmó el rechazo de la nombre reservado° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 15 de diciembre de 2023, por reposo no justificado. Al respecto mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-37004-2024 de 07 de marzo de 2024, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió: “Que, esta Superintendencia sometió el recurso deducido a estudio de antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito en la nombre reservado reclamada no se encontraba justificado, por cuanto la parte reclamante no acompaña informe amplio y fundado de psiquiatra, con descripción del tratamiento prescrito, evolución clínica, alto grado de compromiso funcional, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo. Que, la persona interesada tampoco acompaña informe de psicólogo (a) que dé cuenta acerca del número de sesiones efectuadas y detalle de las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes de ejecutar. Que, la ausencia de tales elementos clínicos no permiten a nuestros especialistas formarse convicción sobre la procedencia de extender el reposo por sobre los 190 días previamente autorizados por la Contraloría Médica de la COMPIN reclamada”.

Posteriormente, el 26 de marzo de 2024, concurrió en una nueva oportunidad ante la SUSESO, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-S-37004-2024 de 7 de marzo de 2024 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN Región Metropolitana, en orden de mantener el rechazo de la nombre reservado° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 30 de noviembre de 2023, por reposo no justificado. Además, reclama por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas por un total de 45 días, bajo la misma causal de rechazo. Al respecto mediante Resolución Exenta N° R-01-S-73550-2024 de 07 de mayo de 2024, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió: “Que, el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 190 días por el mismo cuadro clínico. En efecto, los certificados médicos tenidos a la vista no refieren sintomatología de gravedad ni grado de compromiso funcional, detalle del plan de tratamiento y ajustes realizados ni pronóstico; que permitan comprender el rol terapéutico del reposo reclamado. Asimismo, no aporta informe de psiquiatra tratante que indique medidas psicoterapéuticas pendientes, plan de intervención, pronóstico ni plan de reintegro laboral; así como tampoco aporta informe de psicoterapia amplio y fundado que dé cuenta del número de sesiones realizadas y detalle de las medidas psicoterapéuticas ejecutadas y pendientes de ejecutar”.

Manifiesta que los dictámenes impugnados por el recurrente, están respaldados por los antecedentes que figuran en el expediente administrativo el que no solo incluye las resoluciones impugnadas, sino también una serie de antecedentes que respaldan la conclusión de rechazo de las licencias.

Añade que su representada realizó un análisis exhaustivo y objetivo del caso en cuestión, resolviendo con todos los antecedentes tenidos a la vista, los cuales fueron ponderados con aplicación estricta de los mismos parámetros y procedimientos establecidos para resolver este caso en relación al resto de las situaciones que se resuelven ante esta Institución Fiscalizadora, utilizando sustentos facticos, clínicos y jurídicos, lo que permitió arribar a la conclusión que el reposo médico prescrito por la nombre reservado objeto del recurso era injustificado.

Por último, señala que su representada se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de sus competencias, y tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, de la igualdad ante la ley, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por la Carta Fundamental. Solicita, por tanto, el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, en un primer orden de ideas, cabe hacer notar que no lleva la razón la Superintendencia recurrida al sostener la improcedencia de la acción conservativa enderezada (por las razones sintetizadas en lo expositivo de este fallo), dado que no se trata aquí específicamente de la protección del derecho que se garantiza en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sino que de los demás que más arriba fueron también indicados.

TERCERO: Que, ahora bien, en lo concerniente a la discusión de fondo, ha de tenerse en cuenta que la SUSESO es un órgano de la Administración del Estado, y, por lo mismo, le son aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de Administración del Estado. Luego, toda decisión que adopte poniendo fin a un procedimiento, debe cumplir con las exigencias del artículo 41 de la referida ley, en orden a que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada...”. A su vez, el inciso segundo del artículo 11 de la citada ley establece que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, privando de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”.

Por su parte, el artículo 16 del Decreto. Supremo N° 3, de 28 de mayo de 1984, del Ministerio de Salud -Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional- si bien faculta a la SUSESO para acoger o rechazar las reclamaciones contra resoluciones de la COMPIN, el ejercicio de esa facultad le exige que al resolver o pronunciase sobre el asunto respectivo, la respectiva decisión debe contener “…los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida...”.

CUARTO: Que en la situación de autos, cabe precisar que la SUSESO confirmó el rechazo de las licencias médicas de que se trata, desestimando específicamente la reconsideración administrativa formulada por el recurrente con fecha 26 de marzo de 2024, en contra de la Resolución Exenta N° R-01-S-37004-2024 de 7 de marzo de 2024, mediante el cual ese mismo órgano había confirmado lo resuelto por la COMPIN Región Metropolitana, en cuanto a mantener el rechazo de la nombre reservado° RUT reservado, y, además, el mismo actor reclamó respecto de la Resolución de dicha COMPIN confirmatoria del rechazo de las licencias médicas N° s RUT reservado y RUT reservado, y en relación a todo ello se pronunció, entonces, la Resolución Exenta N° R-01-S-73550-2024, de 7 de mayo de 2024, por la cual la mencionada Superintendencia resolvió literalmente lo siguiente:

“Que, el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 190 días por el mismo cuadro clínico. En efecto, los certificados médicos tenidos a la vista no refieren sintomatología de gravedad ni grado de compromiso funcional, detalle del plan de tratamiento y ajustes realizados ni pronóstico; que permitan comprender el rol terapéutico del reposo reclamado. Asimismo, no aporta informe de psiquiatra tratante que indique medidas psicoterapéuticas pendientes, plan de intervención, pronóstico ni plan de reintegro laboral; así como tampoco aporta informe de psicoterapia amplio y fundado que dé cuenta del número de sesiones realizadas y detalle de las medidas psicoterapéuticas ejecutadas y pendientes de ejecutar”(sic).

En relación a esto, sin embargo, no debe dejarse de lado que los médicos tratantes de la recurrente y que extendieron las licencias, tienen una opinión contraria a la de la COMPIN, luego ratificada por la SUSESO, y es por ello que otorgaron los tiempos acotados para lograr la recuperación laboral del paciente.

En el escenario predicho, de esta manera, no resulta posible –ni directa ni indirectamente- sostener con criterios de seriedad, idoneidad y suficiencia lo afirmado por la recurrida, puesto que los profesionales tratantes ha atendido por un lapso bastante prolongado al actor de las patologías que le afectan, pudiendo colegirse razonablemente de ello, mediante un criterio de normalidad, que conocen a cabalidad las características y particularidades de su enfermedad.

Por otra parte, llama la atención que las tres licencias de que se trata, fueron extendidas a propósito de atenciones prodigadas al actor en el Consultorio Víctor Manuel Fernández de esta ciudad, vale decir, en un servicio público y otorgadas por médicos dependientes de este establecimiento asistencial. Luego, si este establecimiento designa médicos sin especialidad para la atención de un paciente con patología psiquiátrica, no resulta comprensible que otro órgano de la Administración objete ahora que los profesionales que atendieron al paciente y le otorgaron los respectivos reposos no cuenten con una determinada especialidad médica. En otras palabras, tenemos, por un lado, que el Estado estima admisible, suficiente y correcta una atención en los términos en que se brindó, empero, y a renglón seguido, el mismo Estado estima ahora que esa misma atención es inidónea para determinar un reposo al paciente previamente atendido.

Obviamente, huelgan comentarios acerca de lo recién expresado.

Ahora, y precisamente considerando estas particulares circunstancias, los basamentos indicados por la SUSESO reclamada pasan lisa y llanamente a quedar desprovistos de sustento, y, por ende, la fundamentación consecuente, por mucho que se argumente al punto, no viene sino a trasuntarse en una de carácter “aparente”.

QUINTO: Que en lo concerniente a la necesaria exigencia de fundamentación, la Excma. Corte Suprema ha razonado (causa rol N° 25.347-2021): “Que, en ese orden de ideas, cabe destacar que, esta Corte ha sostenido de manera reiterada, que la motivación de los actos administrativos no busca cubrir una mera formalidad, sino que constituye un elemento esencial que permite el control judicial de los actos de la Administración activa, al punto que éstos podrían anularse en el evento de carecer de motivación o si esta es insuficiente.”; y se añadió que: “En un Estado Constitucional de Derecho, el deber de fundamentación de los actos de la Administración no solo funciona como garantía de certeza jurídica para los interesados, sino que extiende sus efectos de cara a la ciudadanía, en plena armonía con los principios de publicidad y transparencia consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, precepto que –no resulta ocioso recordarlo- está inserto en el Capítulo I “De las Bases de la Institucionalidad”. Especialmente interesa, en la motivación, la exposición de las razones de la adecuación del acto a la finalidad pública que lo justifica y, en los casos del ejercicio de una potestad discrecional, las circunstancias que aconsejaron la opción por una solución concreta entre todas las legalmente posibles (CS Roles N° 12.430-2019, 29.796-2019 y 153-2020).”.

SEXTO: Que, en relación con lo que se viene expresando, debe tenerse en cuenta que el mismo Reglamento aludido, en su artículo 21, establece que para el mejor acierto de las decisiones que se adopten, los organismos allí reseñados se hallan facultados para practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas (letra a).

Conforme a esto, y considerando lo más arriba explicitado, lo lógico y razonable era que, a lo menos, la SUSESO recurrida, cumpliendo en este caso su labor revisora, hubiere obrado acorde al recién mencionado precepto.

Sin embargo, nada de ello acaeció, resultando aquí impresentable basarse, además, en meras guías referenciales de reposo médico y de reintegro laboral, porque no pasan de ser simplemente “referencias”, que, en tanto tales, pueden ser revertidas interviniendo de por medio opiniones profesionales divergentes, cuyo fue el caso de la recurrente.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, y en las particulares condiciones descritas, el actuar específico de la SUSESO deviene en ilegal, por la ausencia de una real fundabilidad de su resolución, y, además, en arbitrario, en la medida que, pudiendo hacerlo, tal como el caso del actor lo ameritaba, no dispuso la utilización de la aludida herramienta regulada en el artículo 21 del citado Reglamento para los efectos de resolver la reconsideración que fuera incoada.

Y este actuar ilegal y arbitrario, vulnera, sin duda, el derecho de propiedad del recurrente, garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto el rechazo de las licencias médicas señaladas importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por motivos de enfermedad.

OCTAVO: Que, de esta manera, la protección impetrada habrá de ser concedida, empero ella se otorgará solamente en cuanto a ordenar la realización de nuevos exámenes, a partir de los cuales -y en su mérito- la Superintendencia recurrida proceda a resolver la reconsideración administrativa que fuera enderezada en contra de su resolución por medio de la cual confirmó la decisión previa de la COMPIN, en la que se denegó el pago de las licencias médicas materia del recurso, como se pasará a indicar.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza las alegación de improcedencia formulada por la Superintendencia de Seguridad Social, y II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en cuanto se deja sin efecto la aludida Resolución Exenta N° R-01-S-73550-2024, de 7 de mayo de 2024, dictada por dicha Superintendencia y mediante la cual, por una parte, se rechazó la reconsideración interpuesta por el recurrente con fecha 26 de marzo de 2024, en contra de la Resolución Exenta N° R-01-S-37004-2024 de 7 de marzo de 2024, por la cual ese mismo órgano había confirmado lo resuelto por la COMPIN Región Metropolitana, en cuanto a mantener el rechazo de la nombre reservado° RUT reservado, y, por otra, se confirmó lo resuelto por esta COMPIN en cuanto al rechazo de las licencias médicas N° s RUT reservado y RUT reservado, y se ordena que la Superintendencia recurrida deberá disponer, como fuere procedente dentro del ámbito de sus facultades y en el plazo de diez hábiles administrativos, contados desde que este fallo quede ejecutoriado, la práctica de los exámenes médicos presenciales que sean necesarios para establecer el real estado de salud del recurrente, luego de lo cual, dicho órgano procederá a resolver -y en su mérito- la reconsideración concerniente a la primera licencia anotada y la reclamación relativa a las dos restantes.

La mencionada SUSESO deberá informar oportunamente a esta Corte acerca del cumplimiento de lo ordenado en este fallo.

Sin perjuicio de lo anterior, cúmplase, en su oportunidad, con lo establecido en el numeral 14 del mencionado Auto Acordado.

Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción del ministro titular César Gerardo Panés Ramírez.

Rol N° 16.848-2024 – Protección.-