COSAF COMERCIAL S.A con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS VIII DR

C.A. de Concepción xsr Concepción, a veintidós de junio de dos mil veintiuno.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte 1661-2021 comparece recurriendo de protección el abogado Germán Alejandro Ruiz De La Maza, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en Concepción, en representación de la sociedad COSAF Comercial S.A., rol único tributario 96.577.730- K, giro almacenista, de su mismo domicilio para estos efectos.

Dirige la acción constitucional en contra del Servicio de Impuestos Internos, VIII Dirección Regional de Concepción, rol único tributario N°60.803.500-1, representado por su Director Regional don Cristian Alberto Gómez Castillo, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Los actos que denuncian ilegales y arbitrarios y que sirven de fundamento al recurso, lo constituyen el Oficio Ord. N°74, de 24 de marzo del 2021, y la Resolución Exenta N°14, de 8 de abril del 2021, emanados del Servicio de Impuestos Internos VIII Dirección Regional de Concepción, en que por la última resolvió un recurso de resguardo en contra del primer oficio ordinario, modificando la superficie de terreno y con ello el avalúo sólo a partir de enero de 2021, debiendo haberlo hecho al menos desde el 1 de enero del 2010, o desde la fecha de los planos aprobados por la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante.

Explica que la sociedad COSAF Comercial S.A., es dueña del terreno ubicado en la comuna de Penco, sector denominado Playa Negra sin número, Rol de contribuciones N° 32-6, según reinscripción de fojas 351 N° 303 del año 2004, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Penco, que tiene los siguientes deslindes: Norte, mar y bahía de Concepción. Sur, con una línea recta, perpendicular al eje de la línea de ferrocarril, que nace en el kilómetro 116,3 y se prolonga hasta el río Andalién. Oriente, terrenos de la Compañía Sud Americana de Fosfatos S.S, Población Playa Negra y línea del ferrocarril. Poniente, río Andalién. Siendo de antigua data (inscripción precedente de 1991 en el Registro de Propiedad de Concepción), el título señalado consignaba por error una superficie aproximada de 34 hectáreas. Lo anterior se debe a que los títulos de dominio no definían longitudes o medidas en los deslindes, citando en consecuencia una superficie aproximada, consistente en 34 hectáreas aproximadamente, lo cual no concordaba ni concuerda con la realidad física y jurídica del predio.

Añade que el posterior levantamiento topográfico del predio, sustentado en los actos administrativos emanados de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, determinó una superficie predial de: 270,711,08 metros cuadrados (27,07 Hás), contemplando las líneas fijadas por esa Dirección de la línea de la playa en la desembocadura del río Andalién, el deslinde poniente del predio.

Como se dijo, conforme a sus títulos, el predio limita por el NORTE con el mar y bahía de Concepción, y por el PONIENTE, con el río Andalién.

En el año 2009, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, de acuerdo con las atribuciones que le confiere el artículo 1° N°23 del Reglamento sobre Concesiones Marítimas, fijó la línea de la playa en la Desembocadura del río Andalién y en el sector del Muelle de Penco, mediante los siguientes instrumentos administrativos:

1.- D.G.T.M y M.M. Ord. 12.200/11 VRS. De fecha 16.03.2009- Fija línea de playa en Sector Muelle de Penco, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, VIII Región. (Plano Dirinmar-9/2009), y 2.- D.G.T.M y M.M. Ord. 12.200/44 VRS. De fecha 24.09.2009- Fija línea de playa en la Desembocadura del Río Andalién, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, VIII Región. (Plano Dirinmar-33/2009).

Atendido lo anterior, y con el mérito de los antecedentes sobre “línea de la playa” determinados en el año 2009, COSAF COMERCIAL S.A. inició el trámite de rectificación de deslindes, de acuerdo a la Ley 20.703 ante la Dirección de Obras de la Municipalidad de Penco, dando origen al expediente N°277/2020. La Dirección acogió la petición mediante Resolución N°222, de 8 de septiembre de 2020, para el predio ubicado en la comuna de Penco, sector denominado Playa Negra, Rol de Avalúo 32-6, modificando el perfil y superficie pedida por COSAF, y determinó una nueva superficie de 270.711,08 metros cuadrados, reduciendo la superficie señalada en el título en 69.288.92 metros cuadrados. El fundamento de la rectificación fue la diferencia de la superficie física real del predio en relación a la consignada en el título y plano archivados en el Conservador de Bienes Raíces. Y el fundamento de la reducción de superficie ha sido la nueva línea de alta marea en la Desembocadura del Río Andalién, fijada por la D.G.T.M. y M.M. en el año 2009.

Conseguido lo anterior, se propusieron solicitar la reducción del avalúo ante el Servicio de Impuestos Internos. El 1 de marzo del 2021 ingresó una solicitud de modificación de superficie de terreno y de avalúo ante la Dirección Regional Biobío del Servicio de Impuestos Internos, incorporando el formulario F2118 y el escrito de fundamentos.

Dicha solicitud fue respondida mediante Oficio Ordinario N°74, de 24 de marzo del 2021, el que resolvió: 1.- Que accedió́ a la modificación de la superficie del terreno, pero 2.- Que la modificación del avalúo o contribuciones regirá desde el 1 de enero del 2021.

Atendida la manifiesta ilegalidad de la segunda decisión, presentó con fecha 31 de marzo de 2021 un Recurso de Resguardo, formulando derechamente la petición que la vigencia debe ser, al menos, desde el 1 de enero del 2010, esto es, rigiendo desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que ocurrió́ el hecho que determinó la modificación, en la especie, variación de la línea de la alta marea de la Desembocadura del río Andalién. Dicho hecho fue determinado por la naturaleza y fue constatado y certificado por la autoridad Marítima el 16 de marzo del 2009 y 24 de septiembre del 2009.

El recurso de resguardo fue desestimado mediante Resolución Exenta N°14, de 8 de abril de 2021, la cual insiste en la vigencia ya señalada anteriormente y explicita con mayor detalle los argumentos para el rechazo de la solicitud y la fecha de vigencia de la modificación de avalúo.

Estima el letrado recurrente que lo resuelto en el oficio Ord. N° 74 y, posteriormente, resolviendo el recurso de resguardo, en Resolución Exenta N°14, es ilegal y vulnera abiertamente las garantías constitucionales de los numerales 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución política de la República.

El Oficio N° 74, si bien es cierto accede a modificar la superficie del terreno, lo hace, sin embargo, con vigencia 1 de enero del 2021, fundando el Servicio su decisión en el artículo 13 de la Ley 17.235, que señala que las modificaciones de avalúos o de contribuciones regirán desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que ocurra el hecho que determine la modificación, o en caso de no poderse precisar la fecha de ocurrencia del hecho, desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que el Servicio constate la causal respectiva. Según el oficio 74, en la especie el hecho que determina la modificación de la superficie de terreno y su correspondiente avalúo fiscal, es la Resolución N°222, de 8 de septiembre del 2020, de la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Penco, que resolvió modificar deslindes y fijar la superficie predial a 270.711,08 m2, de la propiedad Rol de Avalúo N° 32-6 de la comuna de Penco.

Pero resulta, dice el abogado recurrente, que en inciso segundo del citado artículo 13 prescribe que “Las modificaciones de avalúos a que se refieren las letras a), b), c) y f), del artículo 10, regirán desde la misma fecha en que estuvo vigente el avalúo que contenía el error o la omisión.” A su turno, las causales de modificación de los avalúos o contribuciones de los bienes raíces agrícolas y no agrícolas por parte del Servicio de Impuestos Internos, están contempladas taxativamente en el artículo 10, y además en al artículo 12 para los bienes raíces no agrícolas. No hay otra causal.

De manera que es relevante determinar cuál es la causal que justifica la modificación de avalúo y contribuciones en el caso del inmueble de propiedad de COSAF Comercial S.A.

No son aplicables al caso las causales de las letras a), c), d), e), f) ni g) del artículo 10, ya que: no ha existido error de transcripción o de copia al pasar el avalúo de un registro o fallo al rol (letra a); ni tampoco hay error de clasificación del predio (c); ni cambio de destinación del inmueble (d); ni la ocurrencia de un siniestro que haya disminuido su valor (e); ni se ha omitido bienes en la tasación (f); ni ha existido error u omisión en el otorgamiento de exenciones (g).

Tampoco se puede fundar la modificación en el artículo 12, ya que no concurren los supuestos de dicha norma.

En consecuencia, la modificación de avalúo aceptada por el Servicio de Impuestos Internos sólo puede tener fundamento en la causal de la letra b) del artículo 10, cual es “errores de cálculo, entendiéndose por tales los que pudieren cometerse en las operaciones aritméticas practicadas para determinar tanto la superficie del inmueble, como su avalúo, o su reajuste” y por aplicación del artículo 13 inciso 2°, la modificación regirá desde la misma fecha en que estuvo vigente el avalúo que contenía el error o la omisión.

En el caso de COSAF Comercial S.A., la modificación debía regir desde la fecha en que ha quedado constatada por la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante la fijación de la línea de la más alta marea, puesto que existe certeza jurídica y material de la errada superficie que antes se había atribuido al predio. Dado que la Dirección General señalada lo constató y aprobó los planos en marzo y septiembre de 2009, la petición de modificación de avalúo la planteó a contar del 1 de enero de 2010. Recalca que en la Resolución N°222 de la DOM, sólo se limita a reconocer un hecho ya constatado y certificado anteriormente por otra autoridad, la única con competencia en la materia; simplemente ha reafirmado el error de cálculo de la superficie, ya constatado y certificado anteriormente por otra autoridad.

Estima que carece del más mínimo razonamiento lógico y jurídico interpretar el artículo 13 de la Ley 17.235, tomando como base o “el hecho” la Resolución N°222 de 8 de septiembre del 2020, pues los instrumentos que fehacientemente determinaron o reconocieron la variación del deslinde fueron las D.G.T.M y M.M. Ord. 12.200/11 VRS y D.G.T.M y M.M. Ord. 12.200/44.

Denuncia vulneradas las garantías constitucionales del artículo 19 N°24 de la Constitución Política en relación con el artículo 8 bis N°3 del Código Tributario, esto es, se vulnera el derecho de propiedad, privando a Cosaf Comercial S.A. de la posibilidad de solicitar la devolución completa de contribuciones pagadas en exceso fundada en la modificación del avalúo y contribuciones (su derecho a solicitarlo nace muerto). También se vulnera el artículo 19 N°22 de la Constitución Política en relación con el artículo 8 bis N°3 del Código Tributario, toda vez que se discrimina arbitrariamente a Cosaf Comercial S.A. en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, al privarla de la posibilidad de solicitar la devolución completa de contribuciones pagadas en exceso.

Pide que se acoja este recurso, con costas, y se declaren ilegales y arbitrarios el Oficio N°74/2021 y la Resolución Exenta N°14/2021 y restablezca el imperio del derecho, disponiendo que el Servicio de Impuestos Internos modifique la superficie del terreno materia de autos y por consiguiente modifique también el avalúo y contribuciones del inmueble rol 32-6, con vigencia, al menos, desde el 1 de enero del 2010, o desde la fecha de los planos aprobados por la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante.

Acompañó al recurso copia de los siguientes documentos: 1.- Resolución N°222, de 8 de septiembre del 2020, de la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Penco; 2.- Memoria explicativa de don nombre reservado; 3.- Plano escala 1:2.000 sobre modificación de deslindes Res. 222 de 8 de sept 2020; 4.- Ord. 12.200/11 VRS. De fecha 16.03.2009- Fija línea de playa en Sector Muelle de Penco, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, VIII Región junto con su Plano Dirinmar-9/2009; 5.- Ord. 12.200/44 VRS. De fecha 24.09.2009- Fija línea de playa en la Desembocadura del Río Andalién, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, VIII Región junto con su Plano Dirinmar-33/2009; 6.- Título de dominio 2004; 7.- Certificado de avalúo detallado de la propiedad 32-6; 8.- Título de dominio año 2004, CBR de Penco, rectificado enero 2021; 9.- Escritura pública de mandato judicial y administrativo otorgado al suscrito por Cosaf Comercial S.A., de 5 de noviembre del 2020, ante Verónica Salazar nombre reservado, abogado, Notario Público de Santiago, Suplente de la nombre reservado°37 de doña nombre reservado; 10.- Oficio Ord. N° 74 de fecha 24 de marzo 2021, de Jefe Depto. Avaluaciones Dirección Regional SII Concepción; 11.- Resolución Exenta N°14, de 8 de abril del 2021, del Servicio de Impuestos Internos.

Informó el recurrido Servicio de Impuestos Internos, VIII Dirección Regional de Concepción, por medio de nombre reservado, su Director Regional, pidiendo el rechazo del recurso, por improcedente; porque no existe actuación ilegal ni arbitraria de parte del Servicio y porque no se han vulnerado las garantías constitucionales.

Primero que todo, alega la improcedencia de este recurso de protección, por no ser la vía idónea para conocer el asunto propuesto, contemplándose en nuestro ordenamiento jurídico una serie de procedimientos y recursos a que los particulares pueden acudir cuando la finalidad perseguida sea distinta de la protección urgente de derechos constitucionales indubitados. Estos recursos son tanto de orden administrativo, como jurisdiccional, sin perjuicio de los recursos administrativos existentes, como el de resguardo que usó la empresa recurrente.

En el orden jurisdiccional, existen al menos dos recursos para reclamar de los actos individualizados, contenidos en el Código del ramo. Uno está contemplado en el párrafo 1°, del Título III (De los Procedimientos Especiales), del Libro III (De la competencia para conocer de los asuntos contenciosos tributarios, de los procedimientos y de la prescripción), del Código Tributario, que establece el procedimiento de reclamo de los avalúos de bienes raíces. Cualquier error en la determinación de la superficie del terreno, para efectos del Impuesto Territorial, deberá impugnarse por esta vía.

Por su parte, la vía idónea para reclamar en contra de la Resolución Exenta N°14, de fecha 8 de abril de 2021, es el reclamo tributario interpuesto en el procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos.

Seguidamente dice el informante que el recurso también merece ser rechazado ante la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos. Y explica que en materia de Impuesto Territorial, el artículo 1 de la Ley N°17.235 establece que se aplicará sobre el avalúo de los bienes raíces un impuesto; y el artículo 29 del mismo cuerpo legal, indica que le corresponderá́ al Servicio de Impuestos Internos la aplicación de esta Ley; para esto, se le entregan facultades específicas para la tasación de los inmuebles, la confección de los roles de avalúos y la emisión del rol anual de contribuciones, entre otras. De manera que es una obligación o mandato legal el que el Servicio mantenga el catastro de los inmuebles, así como los roles de avalúo de éstos actualizados, entendiendo que lo están cuando ellos se ajustan a lo que ocurre en la realidad. En el caso de autos, el antecedente considerado por el Servicio, que determinó la modificación de la superficie del rol de avalúo N°32-6, de la comuna de Penco, es la Resolución de Modificación de Deslindes N°222, de fecha 08.09.2020, dictada en conformidad con lo dispuesto en la Ley N°20.703, por la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Penco. Modificación que tuvo su inicio con una presentación de la recurrente de autos ante dicha repartición, de fecha 7 de agosto de 2020, mediante la que solicitó la respectiva aprobación de los planos y demás antecedentes debidamente suscritos por el propietario y arquitectos correspondientes del referido inmueble. Es por estos motivos que debe tenerse en consideración que el plano adjuntado por la contribuyente, como fundamento de su petición, debe necesariamente ser aprobado por la respectiva Dirección de Obras Municipales.

En ese contexto, una vez dictada la Resolución de Modificación de Deslindes N°222, de fecha 8 de septiembre de 2020, por la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Penco, se aprobó la modificación del perfil y superficie del predio ubicado en camino a Playa Negra sin número, rol de avalúo N°32-6, de dicha comuna, reduciendo la superficie del terreno en 69.288,92 m2, resultando una nueva superficie predial de 270.711,08 m2. La información relativa a esta modificación fue remitida al Conservador de Bienes Raíces de Penco para su inscripción y anotación, al margen de la inscripción de dominio respectiva.

Agrega que es errada la interpretación de Cosaf Comercial S.A., relativa a que la Resolución N°222 se limitaría a “reconocer” un hecho determinando en el año 2009 por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. Esto debido a que lo que ella hace es aprobar la modificación de deslindes en conformidad a la Ley N°20.703, para el predio previamente individualizado.

En lo que respecta a la fecha desde la cual debe comenzar a regir la modificación, dice que el inciso primero del artículo 13 de la Ley sobre Impuesto Territorial dispone: “Las modificaciones de avalúos o contribuciones regirán desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que ocurra el hecho que determine la modificación, o en caso de no poderse precisar la fecha de la ocurrencia del hecho, desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que el Servicio constate la causal respectiva.” El Servicio recién tuvo conocimiento de lo resuelto por la Dirección de Obras Municipales, en el segundo semestre del año 2020. Así las cosas, la modificación de la superficie para efectos del Impuesto Territorial entró a regir a partir del 1 de enero de 2021, año siguiente a aquel en que ocurrió́ el hecho que determinó la modificación, que en este caso corresponde a la Resolución N° 222 citada. En consecuencia, no existe actuación u omisión arbitraria o ilegal por parte de este Servicio, el que en todo momento ha actuado de conformidad con la legislación vigente.

Informó la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, mediante nombre reservado, su Director. Dijo que conforme a las atribuciones establecidas en el Reglamento sobre Concesiones Marítimas, esa dirección general fijó mediante las resoluciones DGTM Y MM Ord 12200/11 Vrs, de 16 de marzo de 2009, y DGTM Y MM ORD 12200/ 44 Vrs, de 26 de septiembre de 2009, las líneas de la playa en el sector correspondiente a la desembocadura del Río Andalién, comuna de Penco, Región del Biobío.

Acompañó a su informe copia de las resoluciones D.G.T.M y M.M. Ord. 12.200/11 VRS y D.G.T.M y M.M. Ord. 12.200/44 VRS, ambas del año 2009, y también planos digitales en DWG.

Finalmente informó la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Penco, a través de nombre reservado, su Director. Acompañó a su informe copias de 1.- Resolución de Modificación de deslindes N° 222, de fecha 8 de septiembre de 2020 (Res.222/2020), que aprueba la modificación de deslindes de la propiedad ubicada en Playa Negra sin número, Rol de Avalúo Fiscal N° 32-6. Este acto que define un nuevo perfil del terreno (según planimetría aprobada en el mismo), resultando una disminución de superficie es 69,288,92 m2. Es decir de 340.000 m2 a 270.711,08 m2; 2.- de lámina AU 01 de 01. Planimetría aprobada complementaria a Res. 222/2020; 3.- de la memoria explicativa, complementaria a la resolución 222/2020; 4.- de Certificado de Avalúo Fiscal Detallado, de fecha 29 de julio de 2020, vigente al momento de tramitar la Solicitud de Aprobación de Modificación de Deslindes respectiva.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la acción cautelar, a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, como ya se dijo, la recurrente COSAF Comercial S.A. denuncia ilegales y arbitrarios tanto el Oficio Ord. N°74, como la Resolución Exenta N°14, de 24 de marzo y 8 de abril del 2021 respectivamente, ambos del recurrido Servicio de Impuestos Internos VIII Dirección Regional de Concepción, en que por la última se resolvió un recurso de resguardo interpuesto en contra del Ord. N°74, modificando la superficie de terreno y con ello el avalúo y contribuciones sólo a partir de enero de 2021, debiendo haberlo hecho, a juicio del recurrente, al menos desde el 1 de enero del 2010, o desde la fecha de los planos aprobados por la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante. El terreno en cuestión es propiedad de la sociedad Cosaf Comercial S.A. y está ubicado en la comuna de Penco, sector denominado Playa Negra, Rol de Avalúo 32-6, cuyos deslindes la actora pidió se rectificaren al alero de la ley 20.703, ante la Dirección de Obras de la Municipalidad de Penco, que finalmente acogió la petición mediante Resolución N°222, de 8 de septiembre de 2020. El recurrido Servicio de Impuestos Internos VIII Dirección Regional modificó la superficie de terreno y el avalúo y contribuciones, pero sólo a partir de enero de 2021, haciendo, según la recurrente, una errónea interpretación del artículo 13 de la ley 17.235, sobre impuesto territorial, que establece desde cuándo regirán las modificaciones de los avalúos o de contribuciones, a saber, y en lo que interesa, “desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que ocurra el hecho que determine la modificación”, entendiendo el Servicio, que ese hecho aconteció el 8 de septiembre de 2020, con la dictación de la Resolución N°222, de modificación de deslindes, de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Penco, en circunstancias que ese hecho se verificó antes, según dice la recurrente, en marzo y septiembre del año 2009, por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, con la fijación de la línea de la más alta marea, de playa en la Desembocadura del Río Andalién. La Dirección de Obras Municipales, en cambio, no constató ningún hecho; sólo reconoció uno ya determinado y certificado anteriormente por otra autoridad (la DGTM y MM), la única con competencia en la materia.

El servicio recurrido, por su parte, se ha excepcionado diciendo, primero, que no es este recurso de protección la vía para resolver el asunto, habida cuenta que el Código Tributario franquea a la sociedad recurrente recursos jurisdiccionales para protestar, como ser el contemplado en el párrafo 1° del Título III del Libro III del Código Tributario, que establece el procedimiento de reclamo de los avalúos de bienes raíces. Cualquier error en la determinación de la superficie del terreno, para efectos del Impuesto Territorial, deberá impugnarse por esta vía. Por su parte, la vía idónea para reclamar en contra de la Resolución Exenta N°14 es el reclamo tributario interpuesto en el procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos. Enseguida, el recurrido ha postulado la inexistencia de acto ilegal y/o arbitrario de su parte, comoquiera que resolvió la petición de la recurrente haciendo una correcta lectura del artículo 13 de la ley 17.235, sobre impuestos territorial, que establece desde cuándo regirán las modificaciones de los avalúos o de contribuciones.

TERCERO: Que como se expuso en el motivo primero precedente, la naturaleza cautelar del recurso torna evidente que el medio idóneo para resolver la controversia en autos no es el deducido, pues dado su carácter, no constituye una instancia para declarar derechos. En efecto, existiendo en el ordenamiento jurídico un procedimiento de reclamo ante el órgano respectivo, concretamente el reclamo de los avalúos de bienes raíces, ello escapa de esta sede, dada su vocación de protección de aquellos derechos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, de modo que no cabe sino rechazar el recurso, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la recurrente.

CUARTO: Que, a mayor abundamiento, sin perder de vista que estamos en sede de protección en que lo que ha de dirimirse es la concurrencia o no de ilegalidad y/o arbitrariedad en la actuación del recurrido Servicio de Impuestos Internos, lo cierto es que no se avizora ninguno de esos presupuestos en las actuaciones reclamadas del Servicio, los que tienen sustento legal; hay una interpretación razonable de la ley y los antecedentes de hecho que obran en la causa justifican esa interpretación.

En efecto, las actuaciones de la autoridad marítima, que de acuerdo a la recurrente son el hecho en que se funda el cambio de avalúo solicitado y decretado por el Servicio, sólo se refieren a una situación genérica, como es la fijación de la línea de más alta marea en la zona de la desembocadura del Río Andalién y no en particular a la modificación de los deslindes del predio propiedad de la recurrente, lo que solo se consigue con la resolución dictada por la DOM de la I. Municipalidad de Penco, n°222 de 08 de septiembre de 2020. Pues bien, el Servicio recurrido, para fijar el avalúo de los predios, lo que determina el correspondiente impuesto territorial, debe estarse a los deslindes particulares de cada predio. En el caso de autos, los deslindes del predio de propiedad de la recurrente sólo se modifican a partir de la resolución ya aludida de la DOM, en la fecha señalada; de ahí que el Servicio modifica el avalúo del predio y lo hace aplicando correctamente el artículo 13 de la ley 17.235, sobre impuesto territorial, que fija desde cuándo regirán las modificaciones de los avalúos.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que:

SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Germán Alejandro Ruiz De La Maza, en representación de la sociedad COSAF Comercial S.A., en contra del Servicio de Impuestos Internos, VIII Dirección Regional de Concepción.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina.

N°Protección-1661-2021.