EDUCA JURIS ASESORÍA LEGAL EDUCACIONAL SPA con nombre reservado

C.A. de Concepción Concepción, a treinta de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, por sí y, en representación legal según se acredita de la empresa Educa Juris Asesoria Legal Educacional SpA, sociedad comercial privada del giro de su denominación social, interponiendo recurso de protección en contra de doña Claudia Elena Pradenas Sanhueza, abogada, fundado en el acto ilegal y arbitrario, consistente en el cambio de clave de acceso a los dos correos electrónicos Institucionales de dicha empresa, denominados: correo reservado y correo reservado, hecho ocurrido el pasado día 28 de agosto del corriente año 2020, impidiendo con dicha conducta el acceso a la información del recurrente de autos y la comunicación efectiva por dicho medio con sus clientes personales y los clientes de Educa Juris SpA, apropiándose asimismo de modo ilegal y arbitrario toda la información privada de los clientes de la empresa, violando con ello la obligación de confidencialidad expresamente convenida en los contratos de Asesoría Jurídica suscritos con los mismos, además de permitir con ello el uso y utilización sin facultad legal alguna de dicha información y utilizando además para todo ello el nombre y Logo de la empresa de mi propiedad denominada EDUCA JURIS ASESORIA LEGAL EDUCACIONAL SpA RUT RUT reservado, ello en correos electrónicos y en diversas redes sociales como Linkedin y Facebook, en las cuales la misma persona se atribuye la calidad de fundadora de la misma.

En cuanto a los hechos, señala que la empresa “EDUCA JURIS ASESORÍA LEGAL EDUCACIONAL SpA” o “EDUCA JURIS SpA” o “EDUCA JURIS ASESORÍAS YCOBRANZAS SpA”, constituida con fecha 20 de Noviembre de 2017, cuyo giro principal es la prestación de servicios de asesoría Jurídica a dueños y entidades sostenedoras de establecimientos educacionales, especialmente en algunas áreas específicas de la normativa especial que regula dichas materias y el servicio de cobranzas del copago adeudado por apoderados de establecimientos educacionales, siendo el compareciente su único socio, representante legal y dueño exclusivo.

La relación con los clientes es formalizada por medio del correspondiente Contrato de Asesoría Jurídica que en su cláusula octava contempla un deber de confidencialidad convenido con dichos clientes, en virtud del cual el profesional abogado asume la obligación de guardar estricta reserva, así como sus dependientes, respecto de toda la información privada del cliente que con motivo de la asesoría jurídica contratada llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizar la misma para un fin distinto del objeto especifico del contrato respectivo.

Señala el recurrente que desde el inicio trabajó con la abogada Claudia Elena Pradenas Sanhueza, como con otros colegas y profesionales varios. En ese trabajo conjunto la recurrida, dado el hecho que manejaba habitualmente diversas redes sociales para efectos de ventas y atención de clientes, creó a nuestra solicitud, efectuada de buena fe, dos casillas de correo electrónico en la plataforma GMAIL, de propiedad de la empresa GOOGLE, llamadas correo reservado y correo reservado. Asimismo, creó una página de Facebook con el nombre y logo de la empresa Educa Juris y efectuó el trámite de inscripción del dominio del logo de la misma, todo ello, como se indicó, a nuestra solicitud, por cuanto se trata de medios esenciales para la comunicación de cualquier empresa con sus clientes. Dado el carácter esencial que tiene el correo electrónico indicado, es el caso que en el mismo se almacenan todas las comunicaciones e información privada y sensible de los clientes e información financiera de los socios para la compra y venta de infraestructura educacional regulada en la Ley 20.845, siendo de especial importancia a este respecto la información privada de cientos de deudores, pagos y procesos de cobranza judicial y extrajudicial de apoderados de 6 colegios importantes de la ciudad de Concepción, los cuales representan una matrícula de aproximadamente 6.000 alumnos, ello por cuanto dichos correos electrónicos ya citados son los únicos que se ha utilizado durante estos años de trabajo.

Informa el recurrente que, durante el año 2019, la recurrida se retiró de la oficina de Educa Juris para asociarse con otra colega en una oficina profesional ubicada en domicilio reservado de la ciudad de Concepción. Ante dicho cambio se convino con la recurrida, en diciembre de dicho año 2019, suscribir un acuerdo para concluir los servicios ya iniciados correspondientes a aproximadamente 6 clientes, a quienes seguirían atendiendo en conjunto, asumiendo ésta la obligación de ceder el uso exclusivo de las claves de acceso para el uso de los correos electrónicos institucionales y ceder la inscripción del dominio de Educa Juris.cl que la recurrida inscribió a su nombre, por la razón indicada.

No obstante el tiempo transcurrido y que de hecho siguen atendiendo a los clientes acordados, la recurrida hasta la fecha, no obstante múltiples peticiones, nunca remitió el texto de la propuesta de acuerdo indicada. Tanto es así que, como consta en correo electrónico que adjunto, con fecha 12 mayo de 2020 se recibió correo electrónico de la empresa Tchile.com limitada datacenter, con una “Orden de Renovación” del dominio: Educajuris.cl por un valor de $17.850 por renovación de la titularidad de dicho dominio por el lapso de un año, entre el mes de junio del año 2020 y junio del año 2021, constando en el texto del mismo, que dicho correo fue remitido a: nombre reservado, correo reservado, correo electrónico institucional que era parte de los acuerdos indicados, que nunca remitió, contestando la misma recurrida en correo que también adjunto de fecha 13 de mayo a las 18:36 pm que “En los próximos días enviare la transacción, Incluiré también el dominio de T Chile. Por ahora hare el pago. Después me reembolsas”.

Resultan relevantes los correos antes citados por cuanto en los mismos consta inequívocamente que la recurrida reconoce expresamente que, al mes de mayo de 2020, aún no ha remitido el acuerdo convenido, en el cual además reconoce que uno de los acuerdos a que debe referirse dicha transacción se refiere a ceder la titularidad del dominio de internet: educajuris.cl registrado ante la empresa Tchile, comprometiéndose dicha persona a enviar la propuesta en los días próximos y a pagar mientras tanto el costo de la renovación de dicho dominio para, posteriormente, solicitar el reembolso de dicho valor, una vez transferido el mismo.

Señala el recurrente que el 28 de agosto del 2020, con la finalidad de aumentar la capacidad de carga de documentos, informé dirigido a más de 100 clientes de Educa Juris, la creación de un segundo correo institucional denominado correo reservado, indicando expresamente que el mismo seguiría funcionado conjuntamente con el anterior y con la única finalidad de mejorar la comunicación con los clientes.

La clave de dicho correo fue modificada por la recurrida y, además, según algunos clientes estaban recibiendo un correo electrónico firmado por la abogada Claudia Pradenas Sanhueza, obrando a nombre de Educa Juris, imputando la supuesta suplantación de cuenta de correo, dando a entender la creación fraudulenta del correo electrónico correo reservado antes citado, solicitando que los clientes omitan y prescindan de los correos electrónicos remitidos previamente por el recurrente de autos y señala que el único medio de comunicación de los clientes de Educa Juris sería, en su concepto, el correo electrónico del cual ella dispone únicamente de la clave de acceso, arrogándose la representación de la empresa Educa Juris, intentando que todos los clientes de dicha empresa se comuniquen por el correo institucional que ella maneja exclusivamente y al cual le ha impedido por vías de hecho el acceso al recurrente de autos y a cualquier otro tercero, apropiación del nombre de dicha empresa que no deja a lugar a dudas cuando se observa el logo y el nombre de la misma dispuesto en su pie de firma, lo cual significa no solo apropiarse sin derecho alguno, de un modo ilegal y arbitrario, del nombre y del logo o marca de dicha institución sino que, apropiarse ilegítimamente de toda la información privada de los clientes y de todas las creaciones intelectuales consistentes en asesorías específicas, demandas civiles y laborales, contratos colectivos e individuales de trabajo, querellas criminales, tasaciones, planos, procesos de cobranza judicial y extrajudicial, etc, todos activos incorporales que constituyen la esencia del patrimonio de una empresa de Servicios de Asesoría Jurídica como los expuestos y de propiedad incorporal también del recurrente de autos, información que por esta vía de hecho puede ser utilizada con fines comerciales o de cualquier otra naturaleza por la recurrida o por terceros, violando la obligación de confidencialidad convenida con nuestros clientes en los respectivos contratos de asesoría jurídica y, por último, injuriando al recurrente falsamente ante sus clientes como supuesto autor de la creación de una correo electrónico fraudulento, con el consiguiente perjuicio y menoscabo que ello supone.

Agrega el recurrente que la imagen del perfil de la red social de carácter laboral denominada Linkedin.com, orientada a la búsqueda de contactos y asesorías profesionales y contactos de empleos, en la cual la recurrida abogada Claudia Pradenas Sanhueza se presenta ante terceros como “abogada fundadora de educajuris asesoría educacional judicial”, señalando expresamente que trabaja en dicha empresa dedicada al asesoramiento jurídico de sostenedores de establecimientos educacionales desde febrero 2016 hasta la actualidad, por cuatro años y ocho meses.

El recurrente estima vulneradas la garantía del artículo 19 Nº24 de la Carta Magna, en relación a los atributos esenciales de la empresa “Educa Juris Asesoría legal Educacional SpA”, en cuanto se le priva del uso de su nombre o marca, lo que equivale a privarlo de las facultades esenciales del dominio, no siendo la recurrida socia de la misma, ni titular de ninguna acción ni empleada de la misma y, en definitiva, no teniendo título o derecho alguno que la faculte para atribuirse el uso del nombre o la representación de ella ante terceros, violando con ello flagrantemente las facultades esenciales que el derecho de dominio otorga a su titular respecto de la misma empresa y todos sus atributos y patrimonio.

Igualmente estima que la conducta desarrollada por la recurrida infringe la garantía constitucional de protección de la vida privada e inviolabilidad de dichas comunicaciones Consagradas en los art 19 N°4 y 5 de la Constitución Política del Estado, así como el deber ético legal y contractual de secreto profesional de los abogados, las garantías del debido proceso y la no discriminación, consagradas en los artículos 19 N°3 Y N°7 de la Constitución Política del Estado.

Concluye pidiendo se acoja el recurso y volver a la situación previa al 28 de agosto de 2020, en cuanto permitir el acceso conjunto del recurrente y su secretaria, respecto de los correos Institucionales denominados correo reservado y correo reservado., debiendo informar el cumplimiento en breve plazo y pudiendo la recurrida utilizar dichos correos institucionales, solo respecto de los clientes respecto de los cuales existe acuerdo para terminar la tramitación de sus causas pendientes; notificar a la recurrida que se encuentra impedida de utilizar el nombre, razón social, logo o marca de la Empresa EDUCA JURIS ASESORIA LEGAL EDUCACIONAL SpA RUT RUT reservado, en cualquier forma de comunicación, correo electrónico, contrato, red social o relación comercial con clientes o terceros en general, sujeta a las sanciones legales respectivas en caso de incumplimiento; ordenar a la recurrida la modificación de su perfil escrito en la red profesional denominada LINKEDIN.COM, debiendo dejar claramente establecido en el nuevo texto, que dicha persona no forma parte de la empresa Educa Juris Asesoría Legal Educacional SpA desde el año 2019, debiendo informar el cumplimiento dentro de breve plazo; ordenar a la recurrida el cierre de la Pagina de Facebook denominada Educa Juris o cualquier otra similar en cualquier Plataforma o Red social, por no ser socia de dicha empresa, debiendo informar el cumplimiento en breve plazo; notificar a la recurrida que se encuentra prohibido el uso por su parte, o de terceros con los cuales ésta labore, la utilización de los formatos o modelos de contratos de asesoría jurídica, demandas civiles, laborales, querellas criminales, contratos de cualquier tipo, Planos, Tasaciones, procesos de cobranza judicial y extrajudicial y cualquier otro documento, información o creación intelectual similar pertenecientes a la empresa Educa Juris o al Abogado recurrente de autos , bajo las sanciones legales de rigor.

Comparece Carlos Concha Jara, abogado, por su representada Claudia Pradenas Sanhueza, abogada, señalando que recurrida y recurrente se conocen personalmente el día 5 de enero de 2016. Luego comenzaron una relación sentimental y de convivencia que duró 3 años y 4 meses, aproximadamente, terminando el 31 de mayo de 2019.

A la época el recurrente trabajaba en la Seremi de Educación de la Región del Bio Bio, ocupando el cargo de “Coordinador Regional de la Unidad de Apoyo a Sostenedores” (UAS), unidad creada para atender los requerimientos y consultas de Sostenedores de Establecimientos Educacionales relacionados con la implementación de la Reforma Educacional y la entrada en vigencia de la Ley 20.845 de inclusión escolar, que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. La recurrida inició la actividad de captar clientes que tuviesen la calidad de Sostenedores de Colegios Particulares Subvencionados de la Región el Bio Bío, asistiendo a charlas que impartía el Ministerio de Educación para orientar a los Sostenedores en la materia. En dicha época, comenzó a entrevistarse con representantes legales de sociedades educacionales que administraban establecimientos educacionales particulares subvencionados, los cuales recibían aportes del Estado para financiar su actividad y que, a contar de la entrada en vigencia de la Ley 20.845, debían cambiar su estructura jurídica comercial para pasar a constituir personas jurídicas educacionales sin fines de Lucro.

Con el objeto de presentar la asesoría especializada en temas relacionado con la normativa educacional, surgió por parte de la recurrente la necesidad de crear el nombre o una marca para esta nueva actividad, que tuviese un concepto relacionado con la asesoría jurídica en materia educacional que tuviese un vínculo directo con la actividad comercial comenzada. Fue así que comenzó proceso de creación intelectual para actuar ante los clientes de este segmento específico, relacionados con la actividad educacional, creando el nombre de fantasía “EDUCA JURIS” Asesoría Legal Educacional, siendo el primer acto objetivo de creación de la marca “Educa Juris” ocurrió el día 11 de Febrero del año 2016 con la creación de la casilla electrónica correo reservado, la cual fue creada 13:01 horas, según lo indica el respectivo correo enviado por la plataforma de correos electrónicos GMAIL.

Señala la parte recurrida, que su actividad se centró en establecimiento educacionales de la Región del Bio Bio, contactando a los representantes legales de las sociedades educacionales, con quienes concertaba una reunión para explicar los servicios ofrecidos, valor de los servicios, forma de pago, tiempos de tramitación, etc.. La contratación de los servicios por parte de los sostenedores, se plasmaba finalmente en un contrato con los términos pactados, el cual era enviado a través de la casilla electrónica al cliente, con una firma simple de la recurrida al final del contrato, el cual se indicaba que debía ser devuelto con la firma escaneada en la última hoja o, en otros casos, enviando la aceptación de los términos del contrato como respuesta a la casilla electrónica correo reservado. Hasta finales del mes de junio del año 2016, esta actividad jurídica fue realizada por la recurrida en forma individual, desarrollando funciones con diversos clientes, suscribiéndose contratos, recibiéndose pagos y emitiéndose las correspondientes boletas de honorarios.

En el mes de Junio del año 2016, luego de la renuncia del recurrente a su cargo en el Ministerio de Educación, con el objeto de realizar la misma actividad que la recurrida venía ejecutando desde el mes de Enero de 2016, la recurrida comienza a trabajar en forma conjunta con el recurrente bajo el amparo de la marca “Educa Juris” (ya creada por ella en el mes de Febrero de 2016), para ofrecer los mismos servicios de asesoría jurídico- educacional, dirigida al mismo segmento, esto es, a los Sostenedores de Establecimientos Educacionales. A partir de dicha época, comienzan a desarrollar la actividad comercial bajo la figura interna de una sociedad de hecho, en la cual sólo ellos dos tenían participación, lo cual se mantuvo de la misma forma hasta el mes de noviembre de 2019.

Esta sociedad de hecho ocupando el nombre “Educa Juris” en las Propuestas u Ofertas de Servicios, usando como medio de comunicación la casilla electrónica creada por la recurrida (correo reservado) para relacionarse con los clientes, con funcionarios de instituciones afines (Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación, etc.), con funcionarios de notarías, de Conservador de Bienes Raíces, de Municipalidades, etc., en el cual fue incorporado en el pie de firma el nombre del recurrente para suscribir la mensajería electrónica. Así también, la recurrida aporta los contratos que estaban vigentes y en plena ejecución, a la sociedad de hecho que ambos formaron a contar del mes de junio del 2016. Para llevar a cabo la puesta en marcha de la página web, fue necesario comprar un nombre en la web, lo cual se hizo a través de NIC Chile, en la cual la recurrida solicitó la inscripción de nombre de dominio “educajuris.cl” lo cual se ejecutó el día 01 de junio de 2016. Acto seguido, con fecha 02 de junio de 2016, la recurrida procedió a contratar los servicios de hosting en la plataforma TChile.com, para alojar la página web de www.educajuris.cl. Con fecha 25 de noviembre de 2016, la recurrida procede a solicitar el registro de marca de “Educa Juris” ante Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INAPI, solicitando de ésta la protección de su marca y del logo creado con el nombre de Educa Juris en la Clase 45: ICPA. Servicios jurídicos.

La parte recurrida describe a continuación un régimen compartido entre ella y el recurrente en cuanto a administración, capital, recursos, gastos, pagos, tributación y repartición de ganancias y pérdidas en el desarrollo de su actividad, figurando ambos como mandatarios de los clientes contratados, desarrollando su actividad profesional en la oficina arrendada para tal efecto en domicilio reservado.

Relata luego desavenencias profesionales entre las partes que fueron incrementándose hasta llegar a un punto de quiebre, llegando al acuerdo de que seguirían tramitando conjuntamente contratos con clientes de Educa Juris, cuya ejecución comenzó mientras estuvo vigente la sociedad de hecho, razón por la cual el recurrente envía el día 13 de noviembre de 2019 un mail a la recurrida, indicando los clientes y gestiones pendientes, la cual fue complementada por un correo de fecha 26 de noviembre de 2019, en la cual ésta le hace presente cuales son las tramitaciones judiciales y extrajudiciales que seguirían tramitando en forma conjunta, aunque en los hechos la recurrida afirma que ella se hizo cargo de esos temas, mantenido la comunicación con los clientes.

Respecto de la actividad personal del recurrente concerniente a la constitución de la aludida empresa Educa Juris Asesoría Legal Educacional SpA, ésta fue creada por el recurrente, en forma separada de la actividad de la recurrida, para fines muy diversos a los planteados en el recurso, específicamente por la prestación de servicios de Cobranza de pagos de arancel adeudado por apoderados de la COEMCO o Corporación Educacional Masónica De Concepción. Dicha gestión en la cual inicialmente ambos tenían participación en la distribución del monto de la cobranza, en porcentajes de 50% para cada uno, fue llevada a cabo por la recurrida, quien creó las fórmulas de cobranza en planillas Excel para simplificar el proceso de cobranza, así como fue la autora de los documentos de respaldo que daban cuenta del pago. Asimismo, tenía la comunicación directa con la administración de la Corporación para resolver dudas y situaciones especiales de pago de apoderados, encargándose de la rendición de ingresos mensuales, del depósito de cheques en el banco y de toda la actividad relacionada, conocimientos y documentación que luego delegó en parte a la secretaria para que ella continuara con el proceso y llevara el orden de los pagos. Dicha persona jurídica no tuvo ninguna relevancia en el desarrollo de la misma, ya que ningún contrato de asesoría legal fue celebrado por Educa Juris Asesoría Legal Educacional SpA con los clientes sostenedores de los colegios particulares subvencionados, que fueron atendidos en forma conjunta mientras estuvo vigente la sociedad de hecho existente entre el recurrente y la recurrida.

Agrega la parte recurrida que el recurrente el recurrente procedió en forma unilateral, sin autorización, en forma oculta, premeditada y de mala fe, a cambiar la contraseña del correo electrónico correo reservado, situación que fue notificada por la plataforma Gmail mediante un mensaje de texto en el celular personal de la recurrida, así como por correos electrónicos que daban cuenta del cambio del correo de recuperación que hasta la fecha era el mail personal de la recurrida: correo reservado por el de correo reservado, el mail personal del recurrente. Asimismo, el recurrente procedió a cambiar el número de teléfono asociado a la cuenta, colocando su número personal, para efectos de recibir mensajería para validar inicios de sesión. Dicha acción tenía como finalidad provocarle un perjuicio directo, de manera de privarla de toda la información asociada a los contratos vigentes que estaban en proceso de ejecución y a toda la actividad intelectual desplegada por dicha profesional, durante 3 años y 10 meses contenida en el mail aludido, al cual se le dio acceso al recurrente y a la secretaria de la oficina para su revisión y uso.

El cambio de la clave de acceso al correo compartido realizado en forma unilateral por parte del recurrente, fue ejecutado con el claro y expreso ánimo de defraudar a la recurrida y dejarla fuera de todos los contratos que se estaban ejecutando, además de perjudicarla económicamente, al pretender incorporar a su patrimonio exclusivo todas las gestiones realizadas por ella en casi 2 años, respecto de las cuales el recurrido pretendía desconocer y llevarse para su beneficio el pago de ellas una vez que finalizaran las gestiones contratadas. La situación anterior fue revertida por la recurrida, quien accedió minutos después desde su computador personal, considerado para la plataforma como “de confianza” a través del reconocimiento de la dirección IP del mismo, desconociendo las acciones notificadas que fueron ejecutadas por el recurrente, accediendo desde los avisos que llegaron a sus correos personales en las que le notificaron los cambios de contraseña, de la casilla de correo electrónico para la recuperación y del número de celular para la validación, todas acciones perpetradas por el recurrente, consignado sus propios datos personales. Dados los niveles de seguridad de la plataforma y el actuar oportuno por parte de la recurrida, pudo cambiar otra vez la contraseña y recuperó el acceso a su correo electrónico, creando una nueva contraseña para acceder al e-mail correo reservado, así como también para el ingreso al e-mail correo reservado .

Relata luego infructuosos intentos de solucionar vía transacción el conflicto entre las partes, agregando incumplimiento en el reparto de utilidades conforme lo tenían convenido y describiendo a continuación un bloqueo de comunicaciones del recurrente respecto de la recurrida.

Finalmente indica la parte recurrida que el 28 de agosto de 2020, tomó conocimiento de un mail enviado desde una casilla electrónica denominada correo reservado dirigido a un número indeterminado de personas, el cual se titula “aviso de cambio de correo electrónico de Educa Juris”, en el cual se informa la creación de la nueva dirección de correo y solicita que agreguen la dirección a su lista de contactos. Asimismo, indica expresamente “para no perder información este mail se va a seguir utilizando conjuntamente con el anterior de educa juris, mientras se traspasa toda la información y nuestros clientes comiencen a usar todo el nuevo correo”, texto del cual la recurrente colige que el correo fue creado con la inequívoca finalidad de que no tuviese acceso a la comunicación con los clientes que mantienen contratos vigentes con los profesionales, excluyéndola de la ejecución de los mismos.

En cuanto a la admisibilidad de recurso la parte recurrente sostiene que es extemporáneo, por cuanto el recurrente ha pretendido fijar dicha época al día 28 de agosto del año 2020, con el objeto de encuadrarse dentro del término, habida cuenta la fecha de interposición del recurso 27 de septiembre del 2020, señalando en reiteradas ocasiones, en su texto, que en dicha época se produjo el acto “arbitrario o ilegal” imputado, consistente en “cambio de contraseña” de casillas correo reservado y correo reservado. Sin embargo, del propio texto del recurso, queda de manifiesto que el 28 de agosto del año 2020, quien realizó un acto objetivo, fue el propio recurrente al crear una segunda cuenta para comunicarse con los clientes, con el claro propósito de dejar a doña Claudia Pradenas Sanhueza en la imposibilidad de seguir ejecutando los contratos de asesoría. El cambio de clave se intentó realizar por el recurrente, de mala fe, con fecha 31 de diciembre del año 2019, fecha desde el cual se debería computar el plazo para la interposición del recurso.

En otro orden de materias, la parte recurrente que el asunto es una derivación de controversias entre las partes, que deban resolverse en un juicio de lato conocimiento, la acción constitucional de protección no puede prosperar, tesis en cuyo sustento formula extensas elucubraciones En cuanto a las garantías constitucionales denunciadas como infringidas y al obrar arbitrario o ilegal de la recurrida, esta niega su vulneración basalmente aseverando a existencia de una sociedad de hecho entre las partes lo cual se acredita de las mismas circunstancias que formaron su relato pretérito, unido a la titularidad que la recurrida ostenta de las casillas de correo electrónico correo reservado y correo reservado, respecto de las cuales ninguna relación tiene la sociedad recurrente EDUCA JURIS ASESORIA LEGAL EDUCACIONAL SpA.

Concluye la recurrida pidiendo el rechazo con costas del recurso incoado en su contra.

Informa nombre reservado Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, señalando que la sociedad EDUCA JURIS ASESORIA LEGAL EDUCACIONAL SpA RUT RUT reservadotiene domicilio en domicilio reservado, su correo electrónico informado es correo reservado y su único socio y representante legal es nombre reservado RUT RUT reservado.

Informa nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Educación de la región del Biobío, señalando que nombre reservado RUT RUT reservado, ejerció el cargo de Coordinador Responsable Regional de la Unidad de Apoyo a Sostenedores (UAS), hasta el 01.06.2016 e indica las funciones que desempeñaba según su contrato a honorarios.

Informa Tecnologiachile.com Limitada respecto del servicio hosting educajuris.cl, señalando que su titular del nombre reservado, RUT: RUT reservado, correo de contacto correo reservado, dirección domicilio reservado. Hace mención que el dominio educajuris.cl se encuentra registrado en NIC Chile (empresa que vende los dominios .cl) a nombre de Claudia Elena Pradenas Sanhueza, el cual tiene fecha de creación el 01 de junio del año 2016 y con fecha de vigencia hasta el 01 de junio de 2021.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA ALEGADA EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO.

Primero: Que la recurrida sostiene que el recurrente pretende fijar la época de inicio del cómputo del plazo para interposición del recurso de marras, el día 28 de agosto del año 2020, en circunstancias que el acto que invoca como arbitrario o ilegal, es el cambio de contraseña en las casillas correo reservado y correo reservado, por parte de la recurrida, hecho que acaeció claramente con antelación a esa fecha, la cual en realidad corresponde a la creación por parte del propio recurrente, de una segunda cuenta para comunicarse con los clientes.

Segundo: Que si bien la afirmación temporal pretérita es efectiva, lo cierto es que lo denunciando en el libelo pretensor, abarca una serie de actos concatenados indisolublemente entre sí conforme se desprende de las versiones fácticas de ambas partes, característica que será esencial en cuanto a lo que se resolverá respecto del fondo, razón por la cual resulta improcedente fragmentarlos al tiempo de evaluar su pertinencia temporal del presente recurso conforme pretende la recurrida, razón por la cual su requerimiento de extemporaneidad será desestimado.

EN CUANTO AL FONDO.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario - o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Cuarto: Que en la especie resulta fácil percibir la existencia de dos relatos, en los cuales las partes, si bien coinciden en un número no menor de elementos fácticos – aunque en otros no -, discrepan diametralmente en la calificación jurídica que hacen de los mismos, así como en la intencionalidad con que ellos fueron realizados, atribuyéndose cada uno de ellos buena fe y aún bonhomía conductual e imputando malicia, cuando no dolo. a la otra.

Quinto: Que, en el antedicho orden de ideas, recurrente y recurrida están contestes, entre otras cosas, en cuanto a la labor que como abogados especializados desplegaban en materia educacional, al lugar dónde tenían sus oficinas, al tipo de contrato que celebraban con terceros, el hecho de emplear determinados correos electrónicos que individualizan, a fin de comunicarse e interactuar con sus clientes, en el hecho de haber cesado en su actividad común con excepción de algunos clientes específicos que mantuvieron en conjunto, y, finalmente, en no contar con un acuerdo que regule los derechos y obligaciones que a cada uno asiste, tras el término de sus actividad conjunta - cualquiera sea la calificación jurídica de la misma -, producto de los severos conflictos que los enfrentan.

Sexto: Que sólo hasta aquí dura la armonía.

En efecto, el recurrente don nombre reservado afirma que la sociedad, también recurrente, Educa Juris Asesoría Legal Educacional Spa, de la cual él es único socio y fundador, es la única autorizada para utilizar los correos correo reservado y correo reservado, así como la marca y logo “Educa Juris”, los cuales, si bien formalmente aparecen como de dominio de la recurrida, en realidad, ella carece de todo derecho a los mismos, pues sólo los generó a su requerimiento, dado que revestía el carácter de “dependiente” de la sociedad referida.

Por lo anterior, afirma, al negarse ésta a cederlas o, al menos, a entregarle las claves de acceso respectivas, incurre en un acto arbitrario e ilegal que causa perjuicio a los recurrentes, al dificultar y aún impedir la comunicación con sus clientes, atribuyéndose la representación de la empresa “Educa Juris” y usando la marca y logo de la misma, no habiendo, finalmente, cumplido con su compromiso de suscribir un acuerdo para concluir sus relaciones profesionales y formalizar el traspaso de nombre, marca y correos referidos.

Séptimo: Que, en las antípodas, doña Claudia Elena Pradenas Sanhueza, sostiene que fue ella quien comenzó la actividad profesional de asesoría jurídica-educacional en forma individual en enero del año 2016, incorporándose el recurrente a la misma en el mes de junio del mismo año, siendo la creadora tanto del nombre de fantasía “Educa Juris” como de la casilla electrónica correo reservado. Agrega que la actividad conjunta profesional de las partes, se dio en el marco de una sociedad de hecho, con el objeto de prestar servicios de asesoría jurídica-educacional, que ninguna participación tiene en el despliegue de este giro la sociedad Educa Juris Asesoría Legal Educacional Spa y que no existe participación profesional de otros abogados.

Finalmente, la recurrida reivindica para sí el dominio de las casillas de correo electrónicas correo reservado y correo reservado, así como de la marca o nombre de fantasía “Educa Juris”, sosteniendo ser parte contratante, con derechos y obligaciones, de contratos de asesorías jurídico-educacionales, suscritos en ejercicio de la referida sociedad de hecho con el recurrente, con diversos clientes, algunos terminados, otros en completa vigencia y ejecución.

Octavo: Que las consecuencias para los efectos del presente recurso, de la atrabiliaria relación que se ha resumido, fluyen natural e ineludiblemente.

Recurrente y recurrida se enfrenta desde visiones jurídicas antagónicas, el primero sosteniendo una integración vertical (dependencia) y la segunda horizontal (sociedad de hecho), como marco de desarrollo de la asesoría jurídica especializada que brindaron durante más de tres años a sus clientes y, reclaman como propios, activos comerciales concernientes a la labor desplegada, constituidos por una marca, correos, logo y posiciones contractuales, atribuyéndose recíprocamente deslealtades, imputaciones falsas y un obrar de mala fe.

Noveno: Que, entonces, sólo resta constatar que la discusión y calificación jurídica de la relación existente entre las partes, así como la definición dominical de los bienes disputados, debe ser resuelta en un juicio declarativo, dotados de las etapas y herramientas propias y necesarias para el desarrollo de un debate jurídico de tal naturaleza, y no la vía adoptada por el recurrente.

En efecto las pretensiones invocadas no pueden ser consideradas por estos Sentenciadores, por cuanto el derecho invocado no resulta ser claro ni indubitado a la presente fecha, no constituyendo el procedimiento de cautela de garantías constitucionales, la vía apropiada para establecer la existencia del mismo, por escapar tal declaración a las finalidades y objetivos propios de la acción protección.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección, SE RECHAZA, SIN COSTAS, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, y Educa Juris Asesoria Legal Educacional SpA, en contra de doña Claudia Elena Pradenas Sanhueza.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Carlos Álvarez Cid.

No firma el Ministro señor Camilo Álvarez Órdenes, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

Rol N°16.599-2020.-