nombre reservado CONTRA DIRECTOR TESORERO REGIONAL DE CONCEPCION (X)

Foja: 34 Treinta y cuatro Concepción, cuatro de diciembre de dos mil trece.

VISTO:

A fojas 5 comparece Yuri Guiñez Garrido, abogado, con domicilio en domicilio reservado, Santiago a nombre de nombre reservado, empresario, y de Sociedad Ríos y Farías Limitada, ambos para estos efectos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Director Tesorero Regional de Concepción don nombre reservado o quien haga sus veces, en base a lo que expone.

Señala que la Tesorería Regional de Concepción, inició el cobro ejecutivo de contribuciones de bienes raíces en los autos administrativos expediente 10056-2013, RUT/ROL 188-00474-009, caratulados "Fisco con nombre reservado", en contra de doña nombre reservado por los giros que detalla respecto a los impuestos territoriales; que en esos antecedentes consta que la señora nombre reservado, desde abril del año 2012 no es propietaria del inmueble ubicado en domicilio reservado, toda vez que permutó dicha propiedad a su representada Sociedad Ríos y Farías Ltda.; y que en dicho proceso sus representados no ha sido parte ni fueron emplazados.- Agrega, que atendido a que cualquier notificación de giros, diligencia, actuación procesal o apremio afinado en estos autos era y es nulo y de ningún valor, porque no se ha emplazado con arreglo a derecho a quien es el verdadero deudor del impuesto, se solicitó la nulidad del procedimiento, solicitud que se acogió por resolución de fecha 9 de mayo del presente, por la Tesorería Regional de Concepción que concluyó que los giros que se adjuntaron en sede administrativa carecen de toda ejecutoriedad, y se resolvió que se debía dirigir la acción en contra de la Sociedad Ríos y Farías Limitada, despachándose mandamiento de ejecución y embargo.

Indica que, sin embargo en todo el tiempo intermedio, comenzaron a correr multas e intereses, que estima que no debe pagar por provenir de giros mal emitidos; que en este caso existe un vicio de procedimiento que emana del Fisco, por lo que los giros de los folios respectivos son nulos y de ningún valor, y no corresponde al contribuyente cancelar las multas e intereses devengados en el tiempo intermedio de tales giros impositivos que fueron erróneamente notificados a otra persona; que existiendo nulidad de derecho público, no pueden sanearse ni siquiera para ser su representada perseguida para el cobro de intereses y multas. Agrega que por lo anterior, su parte en sede administrativa dedujo en forma, decaimiento y/o invalidación de los efectos de los actos administrativo declarado nulos, en orden que contempla reajustes y multas de retraso por hechos que son imputables a la misma Autoridad; que con fecha 6 de agosto mediante resolución N°253-2013, emitida por el Tesorero Regional de Concepción, se denegó el retiro o invalidación de los giros que contemplan multas y reajustes por atraso, y es esa la resolución contra la cual se recurre, la que le fue notificada por carta certificada con fecha 23 de septiembre del presente.

Estima que procede que se inicie un nuevo procedimiento sin giros que adolezcan de vicios de nulidad de derecho público, para que a lo menos su parte pueda deducir las excepciones, alegaciones y defensas; y que si la Administración aceptó su error, no se entiende el por qué se cobran los intereses y reajustes, que como es obvio, no son imputables al actual propietario del inmueble.

Que, el fundamento de retiro de los actos administrativos de los giros impositivos singularizados e impugnados en sede administrativa, tiene su fuente y potestad primera en el mismo Organismo que los dictó, en los principios de conveniencia y oportunidad; que la invalidación de un acto viciado de ilegitimidad responde a la observancia del principio de legalidad contemplado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y 2° de la Ley Orgánica Constitucional N°18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado; que los artículos 8 y 9o de la misma Ley, contemplan la posibilidad que los órganos de la Administración dejen sin efecto los actos que vulneran el orden jurídico, por la vía de acoger los recursos de reposición y jerárquico, conforme al principio de eficiencia y al control de la legalidad de las actuaciones. Señala doctrina en apoyo a sus pretensiones.

Estima vulneradas las garantías constitucionales del derecho de propiedad, igualdad ante la ley, la libertad de informar amparadas en el artículo 19 de la carta Fundamental, en sus numerales N°24, 2 y 12, respectivamente.

Pide tener por interpuesto recurso de protección en contra de las personas singularizadas y que se deje sin efecto la resolución de fecha 6 de agosto del 2013, dictando la que corresponda en derecho; y que la Tesorería Regional de Concepción proceda a invalidar, retirar, declarar su decaimiento en su caso inexistente "el acto (s) administrativo" (s) de los giros a virtud del cual se aplican reajustes e intereses que no son imputables a su representada, en razón, que quedo esclarecido el hecho indubitable que se notificó giros de contribuciones a quien no era titular del inmueble; que el organismo Fiscalizador del Fisco dicte los actos administrativos nuevos sobre los giros impositivos retrotrayéndose a la época de cobro, dejándose sin efecto en todas sus partes los reajustes e intereses que no son completamente inoponibles y que en su reemplazo se dicte el acto administrativo o nuevos giros con arreglo a derecho; y que se inicie un nuevo procedimiento de cobro de impuestos.

A fojas 26 don nombre reservado, Director Regional Tesorero (S) de Concepción, domiciliado en domicilio reservado, informa el recurso solicitando su rechazo, en mérito de las consideraciones de hecho y de derecho que expone.

Señala que, con fecha 30 de abril de 2012, Sociedad Ríos y Farías Limitada adquirió el dominio del inmueble amparado bajo el rol de avalúo N° 474-9 de Concepción; que conforme al artículo 76 del Código Tributario, los Notarios tienen la obligación de comunicar al Servicio de Impuestos Internos todos los contratos otorgados ante ellos que se refieran a la transferencia de bienes, hipotecas y otros asuntos, comunicaciones que serán enviadas a más tardar el 1° de marzo de cada año, para que el Servicio actualice sus catastros en lo relativo a los roles de avalúo de los inmuebles y sus actuales dueños; que en el caso de autos, el contrato de venta y su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Concepción, se verificaron durante los meses de marzo y abril de 2012, respectivamente, por lo que el SII no pudo actualizar la información "al instante", toda vez que la ley establece un plazo "razonable" para tomar conocimiento de una transferencia de dominio.

Agrega que el giro y/o liquidación del impuesto territorial, son actuaciones que por ley competen exclusivamente al SII y no al Servicio de Tesorerías, y evidentemente, en estas circunstancias, el S.I.I. no pudo girar y/o liquidar el impuesto territorial correspondiente a las cuotas 2°, 3° y 4° del año 2012 a la Sociedad Ríos y Farías Limitada, ya que quien "a esa época" figuraba en sus catastros como propietario del inmueble respectivo, era doña nombre reservado.

Indica que, según el artículo 168 del Código Tributario al Servicio de Tesorerías le corresponde ejercer la acción de cobro de los impuestos adeudados; que para ejercitar dicha acción, el Servicio de Tesorerías dispone de la misma la información que posee el SII; que en base a lo anterior, el 25 de marzo de 2013 se ejerció en contra de doña nombre reservado la acción de cobro en el expediente administrativo Rol N° 10.056-2013, por la deuda de impuesto territorial, que grava al rol de avalúo N° 474-9 de Concepción, por las cuotas 2ª, 3ª y 4ª del año 2012, atendido que a esa fecha (marzo de 2013) el SII aun no actualizaba su base de datos; que dentro de los plazos establecidos en el referido artículo 76 y durante el año 2013, el SII recién actualizó su información respecto al propietario del inmueble en comento; y que el recurrente a partir del 30 de abril de 2012, podría haber aportado al SII la documentación necesaria para que dicho bien figurara inmediatamente a su nombre, lo que no hizo y éste esperó a que los procesos de actualización del SII terminaran (año 2013) para alegar desconocimiento de su obligación de pagar el impuesto territorial y pretender no pagar los reajustes e intereses legales.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la obligación de pagar impuesto territorial y devengo de intereses y reajustes legales, refiere que conforme al artículo 46 de la ley de 17.235, es una obligación real o propter rem, esto es, aquellas que incumben al propietario o al poseedor de una cosa por el solo hecho de serlo; que por lo mismo, el deudor se determina atendiendo a la persona que es propietario o poseedor de la cosa, y la obligación se traspasa al sucesor particular en forma automática, sin que sea necesaria ninguna estipulación especial o declaración de hacerse cargo de la obligación; que en estas circunstancias, siendo la Sociedad Ríos y Farías Ltda., propietaria del inmueble rol N° 474-9 de Concepción, a partir del 30 de abril de 2012, adeuda intereses y reajustes por los giros de impuesto territorial devengados a partir de la fecha de vencimiento de las respectivas cuotas, según lo dispone el artículo 53 del Código Tributario; y que lo anterior, no tiene relación con que en el expediente rol n° 10.056-2013, se enmiende la ejecución mediante la anulación de la notificación del hecho de encontrarse en mora y el requerimiento de pago efectuados a la anterior propietaria, toda vez que lo que se dejó sin efecto es "única y exclusivamente" la acción de cobro de Tesorería y no el giro o liquidación del impuesto territorial, lo que compete exclusivamente al S.I.I., y en consecuencia los intereses y reajustes se devengan desde los vencimientos legales respectivos y no se pueden anular, descargar o dejar sin efectos.

A continuación, alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que la resolución pronunciada por el Sr. Juez nombre reservado y Director Tesorero Regional de Concepción, con fecha 6 de Agosto de 2013, fue notificada al recurrente por carta certificada enviada por Correos de Chile el 3 de septiembre de 2013, en conformidad al inciso quinto del artículo 11 del Código Tributario, por lo que se entiende que los plazos empiezan a correr tres días después del envío, esto es, a partir del día 6 de Septiembre de 2013; que entre la fecha en que el recurrente tomo conocimiento del supuesto hecho arbitrario e ilegal, esto es, el 6 de septiembre de 2013, y la fecha en que aquél interpuso esta acción, han transcurrido más de 30 días hábiles, por lo que el recurso de protección es extemporáneo.

Expone que el recurrente no puede alegar desconocimiento de su obligación de pagar impuesto territorial atendido que cuando adquirió el dominio del inmueble, tanto en la escritura pública de compraventa como en la inscripción de dominio respectiva, se consignó el número de rol de avalúo del bien que adquiría, y que además, éste se encontraba sin deudas pendientes; y que tampoco puede desconocer que la ley le impone la obligación de pagar el impuesto territorial por su calidad de dueño (art. 46 de la ley 17.235 sobre Impuesto Territorial), y que se le aplican intereses y reajustes en caso de mora (art. 53 del Código Tributario).

En conclusión, el Servicio de Tesorerías y su actuación en particular, como Tesorero Regional y Juez nombre reservado, se han limitado a cumplir con el mandato legal expreso de efectuar el cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias morosas, según lo disponen los artículos 168 y siguientes del Código Tributario; el D.F.L. N° 1/1994 de Hacienda, sobre Estatuto Orgánico de Tesorerías, y el artículo 35 del D.L. N° 1263 sobre Administración Financiera del Estado, por lo que mal puede calificarse de arbitraria o ilegal su conducta, por lo que pide tener por informado este recurso, rechazándolo en todas sus partes, declarándolo improcedente o inadmisible, en consideración a todo lo antes expuesto.

A fojas 30 se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero. Que para resolver el presente recurso, en primer lugar, debe dejarse establecido que el recurso de protección es un medio eficaz para prestar inmediato amparo al afectado cuando garantías o derechos primordiales, enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política, estén o puedan estar restringidos, amenazados o coartados por actos voluntarios ilegales o arbitrarios, ya sea que provengan de una autoridad o de particulares.

Que, además, conforme lo establece el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, dicho recurso debe interponerse ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro el plazo fatal de treinta días contados desde la ejecución del acto o de la ocurrencia de la omisión o, desde que se haya tenido noticias o conocimiento ciertos de los mismos, según la naturaleza de ellos.

Segundo. Que mediante la presente acción de protección se pretende que esta Corte deje sin efecto la Resolución de fecha 6 de Agosto de 2013, dictada en el expediente administrativo rol N°10056-2013, que no dio lugar a dejar sin efecto el cobro de intereses y reajustes respecto de los giros de impuesto territorial correspondiente a la propiedad enrolada bajo el N°474-9, de Concepción, por no haber sido su representada emplazada en dichos autos, dictando la que corresponda en derecho; y que la Tesorería Regional de Concepción proceda a invalidar, retirar, declarar el decaimiento de los giros en virtud del cual se aplican reajustes e intereses que no son imputables a su mandante, debiendo dictar nuevos giros impositivos retrotrayéndose a la época de cobro, dejándose sin efecto en todas sus partes los reajustes e intereses que no son completamente inoponibles, y que se inicie un nuevo procedimiento de cobro de impuestos.

Tercero. Que la recurrida Tesorería General de la República, en primer término ha alegado la extemporaneidad del recurso por haberse excedido en su presentación el plazo de 30 días que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula su tramitación.

Cuarto. Que para resolver la pretendida alegación de extemporaneidad, es necesario dejar establecidos los siguientes hechos: a) Que la recurrida solicitó el decaimiento, retiro e invalidación y/o nulidad de derecho público ante el Servicio de Tesorería de Concepción, solicitando la nulidad de derecho público de los reajustes e intereses devengados en el tiempo intermedio, fundado en haberse dirigido la acción en contra del anterior propietario y no haber sido emplazado en los autos administrativos rol N°10056-2013; b) que dicha solicitud fue resuelta por el Tesorero Regional de Concepción, no dando lugar a ella, con fecha 6 de agosto de 2013; c) que consta de la copia autorizada del expediente administrativo rol N°10056-2013, tenida a la vista, que dicha resolución fue notificada mediante carta certificada enviada al domicilio del recurrente con fecha 2 de septiembre de 2013; y d) que conforme al inciso quinto del artículo 11 del Código Tributario, en las notificaciones por carta certificada, los plazos empezarán a correr tres días después de su envío.

Quinto. Que como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema reiteradamente, el plazo fatal para recurrir de protección de 30 días corridos, debe ser objetivo para que exista certeza jurídica en cuanto a las fechas pertinentes que deben considerarse, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes su determinación ni pueda ser prolongado artificialmente por el interesado, debiendo computarse precisamente desde la fecha de ocurrencia del acto u omisión o desde que se tuvo conocimiento o noticia de los mismos.

Sexto. Que en la situación específica de autos, se advierte con claridad que la resolución impugnada es la de fecha 6 de agosto de 2013, de la cual el recurrente tomó conocimiento el 6 de septiembre de 2013, sin que éste haya acompañado a estos antecedentes documentación alguna que acredite que fue notificado en una fecha posterior.

Séptimo. Que el libelo de protección, agregado a fojas 5, aparece interpuesto en la Secretaría de esta Corte el 23 de octubre de 2013, con lo cual se ha excedido el plazo de 30 días que contempla para dicho efecto el N° 1 del Auto Acordado antes citado.

Octavo. Que de acuerdo a las reflexiones anteriores, el recurso de protección intentado en estos autos resulta ser extemporáneo, lo que conduce a su rechazo, sin que se estime procedente pronunciarse sobre las alegaciones de fondo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA, por extemporánea, la acción de protección deducida en lo principal de fojas 5 por don nombre reservado, a nombre de nombre reservado, empresario, y de Sociedad Ríos y Farías Limitada, sin costas.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. María Elvira Verdugo Podlech.

Rol N° 16387-2013 Recurso de Protección.

Sra. nombre reservado

Sra. nombre reservado

Sra. nombre reservado POR LA SEXTA SALA integrada por las MINISTRAS Sra. María Elvira Verdugo Podlech, Sra. Matilde Esquerré Pavón y Ministra Interina Sra. Valentina Salvo Oviedo.

Gonzalo Díaz González Secretario En Concepción, a cuatro de diciembre de dos mil trece, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.

Gonzalo Díaz González Secretario