nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
- Fecha
- 16 de diciembre de 2019
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 16317-2019, sentencia de 16 de diciembre de 2019
Resumen
Se rechaza la protección contra la Universidad de Concepción por la retención de devoluciones de impuestos: la actuación se ampara en el DS N° 297 y el recurrente es deudor del Fondo Solidario; además, respecto de la retención de 2018 la acción fue interpuesta fuera de plazo.
Texto íntegro
Concepción, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.
Vistos:
En folio 111980 comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, y recurre de protección en contra de la Universidad de Concepción, representada por su rector, don nombre reservado, por haber dispuesto en forma arbitraria e ilegal la retención de su devolución de impuestos de la operación renta año 2018 y 2019 y verse impedido de percibirlas; solicita se acoja el recurso y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho ordenando a la recurrida que reintegre los fondos retenidos que corresponden a la devolución de impuestos de la operación renta año tributario año 2018 y 2019, con costas Señala que el 27 de julio de 2019 (sic), revisó la página web del Servicio de Impuestos Internos, se percató que la Tesorería General de la República había efectuado la retención a su devolución de impuestos por la suma de $ 384.111 y $ 79.892 respectivamente. Indica que los administradores del Fondo Solidario de Crédito Universitario, no pueden seguir con el procedimiento de retención a la devolución de impuestos, sin antes haber notificado al deudor respectivo y, en la especie, no fue notificado legalmente y a la recurrida le constaba su domicilio, pues fue estudiante en esa institución.
Sostiene que hay un actuar arbitrario e ilegal por parte de la recurrida, porque el año 2018 y 2019, ha continuado con el procedimiento establecido en el Decreto 297 del año 2009 del Ministerio de Educación, sobre retención de impuestos que en estricto rigor (sic), no debió haber continuado.
Agrega que existe un juicio ejecutivo en su contra, donde la recurrida pretendía el cobro del pagaré que garantizaba el crédito universitario, causa rol C-1059-2014 seguido ante el 1° Juzgado Civil de Concepción, en la que opuso excepción de prescripción, la que fue acogida en virtud de sentencia definitiva de 28 de marzo de 2019, que se encuentra firme o ejecutoriada.
En folio 135844, don nombre reservado, abogado, por la Universidad de Concepción, solicita el rechazo del recurso, con costas.
Señala que no existe acto ilegal o arbitrario de su representada, ya que el actuar del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Concepción ha sido en conformidad a la ley y en el caso del recurrente se dan los requisitos para proceder a la retención de su devolución de impuesto a la renta de los años 2018 y 2019.
Agrega que la deuda existe y está vigente. En la causa "Universidad de Concepción con nombre reservado” del Primer Juzgado Civil de Concepción, rol 1059-2014, se acogió excepción de prescripción extintiva respecto de la acción proveniente del pagaré del recurrente. Las otras acciones que emanan del contrato de prestación de servicios educacionales se encuentran vigentes.
En cuanto a la exigencia reglamentaria de envío de la carta certificada, ello se cumplió, además se incluyó al recurrente dentro de un aviso que se publicó en un diario de circulación nacional que es otra manera de notificación establecida en el Decreto Supremo N° 297. Afirma que no hay garantías constitucionales agraviadas, según detalla.
Se trajeron los autos en relación.
Con lo relacionado y considerando:
1°.- Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, en lo pertinente, dispone: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en la artículo 19, números”, entre otros, 2° y 24 podrá ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta adopte “de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”. En lo concerniente al recurso deducido y conforme a lo expuesto por el recurrente, la Carta Fundamental asegura a todas las personas, en su artículo 19 en su N° 2 “La igualdad ante la ley” y en su N° 24: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.
2°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en dicha norma, constituye una acción constitucional de urgencia, autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Así, resulta requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas de las situaciones o efectos indicados, afectando a una o más de las garantías protegidas por el constituyente.
3°.- Que son hechos no controvertidos, los siguientes: a) el recurrente efectuó su declaración de impuesto a la renta correspondiente a los períodos 2018 y 2019; b) la Tesorería General de la República retuvo al recurrente en dichos años -de su devolución anual de impuestos- las sumas de $384.111 y 79.892.- respectivamente, por concepto de deuda del Fondo Solidario de Crédito Universitario; y c) la Universidad de Concepción, en la que aquél fue estudiante, proporcionó información a la Tesorería General de la República para los efectos de dicha retención.
4°.- Que el recurrente estima que es un acto arbitrario e ilegal, el que la Universidad de Concepción, durante los años 2018 y 2019, ha continuado con el procedimiento de retención de devolución de impuestos, toda vez que no ha sido notificado en la forma dispuesta por el artículo 3° del DS N° 297/2009 del Ministerio de Educación. Esta casa de estudios, en tanto, sostiene que la retención se ha efectuado en conformidad a las normas que regulan la materia y que envió cartas al recurrente en enero de 2018 y 2019 a la dirección postal que indica y, además, le incluyó en un aviso que se publicó en un diario de circulación nacional.
5°.- Que el Decreto Supremo N° 297 del Ministerio de Educación de 7 de agosto de 2009, que “Aprueba reglamento que fija procedimiento para retención de la devolución de impuesto a la renta por parte de la Tesorería General de la República”, en su artículo 3° dispone que para todos los efectos, las notificaciones a los deudores, se realizarán: 1.- En caso de constar el domicilio del deudor respectivo, mediante carta certificada; y 2.- en caso de no constar o no existir domicilio conocido del deudor, por medio de un aviso publicado en un diario de circulación nacional.
El artículo 5° del mismo decreto, dispone que “Los Administradores deberán notificar a los deudores respectivos que serán sujetos de retención de impuestos por las deudas vencidas e impagas del crédito solidario universitario”. Añade la norma en su inciso segundo: “Los Administradores no podrán continuar adelante con el procedimiento establecido en este Reglamento mientras no hayan dado cumplimiento cabal a lo dispuesto en el inciso anterior”.
6°.- Que con el mérito de la copia de la carta enviada al recurrente, el 3 de enero del año en curso, “certificada N° 11671” a su domicilio (folio 184349), el certificado de la Empresa de Correos de Chile y la copia de la “Nómina notificación certificada deudores FSCU-UDEC TGR 2019” (folio 21589), es posible inferir que la Universidad de Concepción, envió dicha misiva al recurrente; pues aun cuando éste señala que “no fui notificado”, a renglón seguido expresa que en dicha universidad, “hay registro de cuál era mi domicilio” y la casa de estudios, precisamente, ha expuesto que remitió esa carta al domicilio que indica, constando así en la misma un domicilio del deudor, como exige el artículo 3° antes referido.
A más de lo anterior, se ha aportado copia de la carta enviada al recurrente el 8 de enero de 2018, de las cartas enviadas por el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Concepción al Ministerio de Educación en que se informa acerca del proceso de retención de impuestos de los años 2018 y 2019 y, además, copias de los certificados de conformidad N° 06/1350 de 24 de abril de 2018 y N°06/1742 de 11 de abril de 2019, emanados del Jefe de Educación Superior de dicho ministerio, en los que consta que los administradores del indicado fondo “han presentado satisfactoriamente las nóminas que dan cumplimiento a lo dispuesto por la normativa vigente en relación al proceso” 2018 y 2019. Las copias de tales nóminas y en las que figura el recurrente, también fueron aportadas en autos (folio 184349).
7°.- Que ante la falta de algún elemento de refutación, ha de concluirse entonces que la Universidad de Concepción envió al recurrente las cartas antes referidas y que, en consecuencia, éste fue notificado en la forma que dispone el artículo 3° del DS N° 297; por lo que no hay reproche alguno que formular a dicha universidad acerca del proceso de comunicación al deudor del hecho que se informaría a Tesorería General de la República, el monto adeudado del crédito solidario universitario para los efectos de retener su monto de su devolución anual de impuestos a la renta. Retención que se practicó, según lo informado por la Tesorería Regional de la República, por la suma de $379.556, en mayo de 2018, y por $78.789 en junio de 2019 (folio 143062).
Sin perjuicio de lo anterior, acerca de la retención practicada en mayo de 2018, es manifiesto que la acción se ha interpuesto fuera del plazo fatal de treinta días corridos que establece el auto acordado respectivo; puesto que no obstante el recurrente señala que el “27 de julio de 2019” (sic) se percató de la retención antes señalada al revisar la página web del Servicio de Impuestos Internos, es lo cierto que esa fecha corresponde al 26 de junio del presente año, pues el libelo se interpuso el 26 de julio 2019 (folio 111980) y consta que el día 26 de dicho junio y no el 27 de julio de 2019, el recurrente ingresó a dicha página, a más de otras tantas oportunidades durante los años 2016, 2017 2018 y 2019 según se lee en el informe del mismo servicio (folio 208146).
8°.- Que, en todo caso, la actuación de la Universidad de Concepción, además, no puede ser calificada de arbitraria ni ilegal; pues ella se encuentra fundada en la calidad de deudor del recurrente -hecho no controvertido formal y expresamente por éste y, en todo caso, comprobado con los documentos antes indicados- del Fondo Solidario de Crédito Universitario; ni ilegal, porque la actuación de la recurrida halla amparo en las normas antes citadas; sin que entonces pueda estimarse que el recurrente haya visto amenazada algunas de las garantías constitucionales que invoca, por lo que su acción no puede prosperar.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales; se rechaza la acción de protección interpuesta en folio 111980 por don nombre reservado en contra de la Universidad de Concepción, con costas.
Regístrese, comuníquese y archívese.
Redactó Camilo Álvarez Órdenes, ministro titular No firma el ministro suplente señor Waldemar Koch Salazar, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado su suplencia.
Rol protección 16317-2019.-