nombre reservado con A.F.P. PLANVITAL S.A.

Concepción, veinte de noviembre de dos mil veinte.

Vistos:

Compareció en este proceso Rol N° 16.071-2020 el abogado nombre reservado, domiciliado, domicilio reservado, domiciliada en domicilio reservado, e interpuso acción de protección de garantías constitucionales en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PLANVITAL S.A. (en adelante “la AFP”), representada por su Gerente General, nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expone, en síntesis, que se encuentra afiliado a AFP PLANVITAL S.A., y que en su calidad de trabajador independiente ha efectuado cotizaciones obligatorias en su Cuenta de Capitalización Individual en la referida AFP, a través de la retención de impuestos que, anualmente, efectúa el Servicio de Impuestos Internos, de conformidad con lo estatuido en la Ley N°21.133.

Dice que es por ello que al momento de promulgarse la Ley N°21.248, que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual, mantenía un ahorro total en su cuenta de capitalización individual de $813.676, de acuerdo con la información que era posible observar a través del sitio web de la recurrida.

Agrega que para ejercer derecho que le confiere la citada Ley N°21.248, el 30 de julio de 2020, ingresó al sitio web de la AFP recurrida a fin de informarse sobre el monto ahorrado hasta esa fecha en su Cuenta de Capitalización Individual. En dicha oportunidad, el sitio web de la recurrida le informaba un ahorro total en su Cuenta de Capitalización Individual de $813.676.

Añade que el 30 de julio último procedió a efectuar dicha solicitud de retiro de fondos, por un 100% de los fondos acumulados en su Cuenta de Capitalización Individual. De esta solicitud, se envió un comprobante a su casilla de correo electrónico, cuya copia acompaña a esta presentación. Posteriormente, el 11 de agosto pasado, la recurrida le envió un correo electrónico, confirmando que su solicitud de retiro del 100% de los fondos había sido aprobada, y que el pago respectivo sería efectuado a más tardar el día 13 de agosto.

Sin embargo ello no ocurrió, pues la recurrida sólo efectuó un pago por la cantidad de $388.297, restando un saldo de $425.379 ahorrados en su Cuenta de Capitalización Individual.

Indica que en las oportunidades que señala, requirió el pago, recibiendo respuesta el día 4 de septiembre, la que únicamente se limitó a señalar “Buenos días, le informo que su 10%, está pagado en Banco de Chile”. No estando conforme con esta insuficiente y errada respuesta, envió nueva comunicación el mismo día 4 de septiembre, de la que no ha obtenido respuesta.

Arguye que la conducta de la recurrida es manifiestamente ilegal, por cuanto, en infracción al texto legal expreso, se ha negado a efectuar el pago del monto total de los fondos acumulados en la Cuenta de Capitalización Individual del recurrente. En efecto, la Ley N°21.248 no ha efectuado distinciones de ninguna especie en relación con las diversas partidas que componen la Cuenta de Capitalización Individual, al establecer que “el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta”, de lo que se sigue que a la recurrida solo cabe cumplir con la entrega de la totalidad de los fondos que en dicha cuenta se encuentren al momento de la solicitud.

Agrega que la conducta de la recurrida es arbitraria e ilegal, pues existen fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, disponibles para retiro en conformidad al “Retiro del 10%”, por la suma de $377.434.

Dice que la conducta arbitraria e ilegal de la recurrida vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por las razones que señala en su recurso.

Concluye solicitando que se acoja esta acción constitucional y se ordene a la recurrida efectuar la entrega al recurrente, en el más breve plazo, la totalidad de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, de acuerdo con el valor que estos tenían al día 13 de agosto de 2020, fecha en que debieron ser pagados, con costas, todo ello sin perjuicio de las demás medidas que esta Corte determine en uso de sus facultades constitucionales para restablecer el imperio del derecho.

Informó nombre reservado, por la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., solicitando el rechazo del de este recurso, señalando, en síntesis, que la acción cautelar deducida en autos en contra de su representada excede el ámbito del recurso de protección, no siendo susceptible de discutirse en esta sede, pues el objeto de esta acción cautelar es amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende el recurrente de autos. En efecto, no resulta admisible por medio de esta acción cautelar, resolver materias de fondo que constituyan una discusión de lato conocimiento.

Añade que el 30 de julio del año en curso, el recurrente realizó una solicitud de retiro del 10% de sus fondos previsionales. Posteriormente, PlanVital realizó dos pagos al recurrente. El primero de ellos el día 13 de agosto del año en curso por $388.297, y el segundo, el 28 de septiembre del año en curso por $198.573, en ambos casos en la cuenta bancaria informada por el afiliado para estos efectos, tal como se aprecia de la lectura de los antecedentes que acompaña en el primer otrosí de su presentación.

Precisa que no todo el saldo informado era susceptible de retiro, toda vez que existen derechos sobre ese saldo que se encuentran constituidos en favor de las Compañías de Seguros de Vida por concepto de pago de primas asociadas al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia ( en adelante “el SIS”). Explica que el SIS se encuentra regulado en los artículos 54 y siguientes del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, y forma parte de la seguridad social a que tienen acceso los trabajadores que reúnen ciertos requisitos. Para el caso concreto, la Ley N° 21.113 establece que los trabajadores independientes que obtengan rentas gravadas por el artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (honorarios) están obligados a cotizar entre otras prestaciones, para el financiamiento del SIS. Los montos de cotización del SIS transferidos por la Tesorería General de la República, asignados a cada mes, se abonan en la cuenta individual de cotizaciones obligatorias del trabajador independiente, por lo que mientras no se rebajen para ser pagados a las respectivas compañías de seguros adjudicatarias de la licitación del SIS, forman parte del saldo de dicha cuenta, aunque tienen un fin predefinido, que es pagar el seguro que cubre los riesgos de invalidez y muerte.

Explica que el destino de estos fondos tiene una regulación tal, que su destino inclusive está afecto a normas de prelación para los casos que el capital del trabajador no sea suficiente para financiar la totalidad de las prestaciones, donde en virtud del artículo 92 G del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, el SIS goza de primera categoría.

Expresa que la referida Ley N°21.248, incluye a los trabajadores independientes, situación que no afecta su derecho a acceso a la seguridad social, ni los excluye de percibir los derechos y obligaciones contenidos en la Ley 21.113, situación que obliga a concluir que parte del saldo que se encuentra en la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatoria está afecta a un destino predeterminado, cuya fuente se encuentra en la ley y que, por lo tanto, no forma parte del saldo objeto de ser retirado conforme a la Ley N° 21.248.

En consecuencia, dice, la diferencia producida tiene su origen en lo anterior y corresponde a la diferencia entre el saldo total y la cotización adicional para el financiamiento del SIS.

Explica luego que estas materias están abordadas por la Superintendencia de Pensiones (en adelante “la SP”), a través de sus oficios ordinarios. Así, el Oficio Ordinario N°13.609 de 27 de julio de 2020, mediante el cual la SP, instruyó a las Administradoras de Fondos de Pensiones sobre las medidas para informar e implementar el retiro de fondos desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o la cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario, dispuso, en lo pertinente: “16. Otras consideraciones. i) Respecto de pagos en curso de cuotas mortuorias y honorarios por asesoría previsional, obligaciones contraídas con anterioridad a la solicitud de retiro, deberán descontarse los montos respectivos del saldo de la cuenta obligatoria, para la determinación del monto máximo del retiro.

Mismo criterio deberá seguirse respecto de otros pagos ya comprometidos con anterioridad al retiro, como por ejemplo, el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia de los independientes.”.

Dice que posteriormente, la SP mediante Oficio Ordinario N°16490 de 24 de agosto de 2020, dirigido a la Cámara de Diputados, a las Administradoras de Fondos de Pensiones, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social y a la Subsecretaría del Trabajo, sobre “Retiro excepcional de la cuenta de capitalización individual autorizado por la reforma constitucional para el caso de trabajadores independientes que mantienen en la referida cuenta individual el monto para el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia” , dispuso, en lo pertinente: “5. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 del D.L. N° 3.500, la cuenta de capitalización individual de cada afiliado está conformada por las cotizaciones obligatorias que se descuentan de su remuneración o renta imponible, según se trate de trabajadores dependientes o independientes, en un porcentaje equivalente al 10% de las mismas, y cuyo fin es el financiamiento de las pensiones a que tenga derecho. Por lo anterior, al autorizar la Ley N° 21.248, el retiro de hasta el 10 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, se está refiriendo al saldo conformado por la referida cotización y no a aquellos montos provenientes de la cotización destinada al pago del seguro de invalidez y sobrevivencia, que si bien se abona a la cuenta de capitalización individual del afiliado, no forma parte de sus fondos destinados a pensión, pues tienen un objeto específico también regulado por ley, esto es, financiar dicho seguro, debiendo ser rebajado de aquélla en la oportunidad que corresponda.”.

6. Por lo anteriormente expuesto, se dispuso mediante el Oficio Ordinario N° 13.609, consignado en el número 4 de los antecedentes, que para determinar el saldo disponible de la cuenta obligatoria para efectos de solicitar el retiro de fondos del 10%, conforme a lo dispuesto en la reforma constitucional, se debe excluir del saldo de la cuenta, los montos de cotización destinadas al financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia pendientes de pago a las compañías de seguro adjudicatarias de la licitación del SIS. Lo anterior, producto de que tales montos si bien permanecen en la cuenta individual mientras no sean pagados, se deben pagar a las Compañías de Seguros con el fin de garantizar que se otorgue cobertura para el trabajador independiente respecto de los riesgos de invalidez y sobrevivencia. De no pagarse la prima a las aseguradoras, el afiliado independiente y sus beneficiarios quedarían sin pensiones de invalidez y sobrevivencia o con montos muy reducidos.”.

En otro acápite, la SP instruyó “8.Por lo antes expuesto, se instruyó a las AFP no considerar aquella parte del saldo de la cuenta individual que está destinada al pago del seguro de invalidez y sobrevivencia, como parte del saldo susceptible de ser retirado por los afiliados en virtud de la reforma constitucional. Cabe destacar que en la legislación vigente, el pago del SIS tiene la primera prioridad dentro del pago de cotizaciones previsionales, debido a su importancia de cubrir al trabajador y sus familiares de los riesgos de invalidez y fallecimiento. Esta cotización para el SIS ingresa a la cuenta del afiliado en la AFP en la que cotiza y sólo se puede utilizar con la finalidad anterior. Por esta razón, los recursos que van a pagar el SIS no forman parte del saldo de cotizaciones obligatorias depositadas en las cuentas individuales que tiene el trabajador en la AFP y que son susceptibles de retiro de fondos.

La exclusión del monto destinado al SIS del cálculo del saldo de la cuenta de capitalización individual susceptible de ser retirado por un independiente, técnica y jurídicamente no es un descuento por parte de las administradoras de fondos de pensiones, como lo prohíbe la ley N° 21.248, de modo que se concluye que los afiliados independientes que han accedido al retiro de fondos desde su cuenta de capitalización individual, han recibido un pago íntegro del monto que tenían derecho a retirar de los fondos acumulados en dicha cuenta.”.

Informó la Superintendencia de Pensiones, señalando, en síntesis, que el monto destinado a cubrir el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) no se encuentra sujeto a devolución del retiro del 10%, debido a que su objetivo es dar cobertura al afiliado para pagarle pensión en caso de Invalidez, o Sobrevivencia y pagarle pensión a su familia en caso de fallecimiento. Asimismo, para el caso de los afiliados independientes el SIS deben pagarlo los propios afiliados y se paga en conjunto con la cotización obligatoria, por lo tanto, los trabajadores independientes (como es el caso del actor) que paguen sus cotizaciones previsionales anualmente, de acuerdo al cálculo que realiza el Servicio de Impuestos Internos (SII) durante la Operación Renta y que luego son enteradas por la Tesorería General de la República (TGR) con cargo a las retenciones, quedarán cubiertos por el SIS a partir del mes de mayo del año en que se efectúe el pago.

Expresa que conforme a lo anterior, al recurrente, en su calidad de trabajador independiente, se le realizó el pago de sus Fondos de Pensiones, descontando lo que corresponde al SIS (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia) y la comisión de la Administradora. Cabe agregar, que la comisión de la Administradora fue descontada, dado que a la fecha de la operación, las AFP aun no contaban con la instrucción del Oficio Ordinario N° 16.491 de esta Superintendencia de 24 de agosto de 2020, relativo a la situación de trabajadores independientes, el cual fue ratificado en el Oficio N° 18.852 de fecha 14 de septiembre de 2020, pues una vez recibida estas instrucción emitida por dicha Superintendencia respecto a los trabajadores independientes las AFP procedieron a la devolución de las comisiones, tal como sucedió respecto del monto de $198.573, depositado al señor nombre reservado.

Precisa que la retención inicial de una parte de los Fondos del actor por parte de AFP Planvital S.A., tuvo lugar como consecuencia de que el afiliado detenta la calidad de trabajador independiente, con menos de 35 UF en su cuenta de capitalización individual, al momento en que realizó su solicitud de retiro del 10%, efectivamente, la página web de la AFP le mostró como saldo total en su cuenta lo que correspondía a su cotización, más el SIS, más la comisión; sin embargo, al momento de realizar el pago la AFP sólo cargó el 10% sobre la cotización sin considerar las comisiones, lo que posteriormente fue rectificado al depositar al afiliado un monto de $198.573.

Dice que en consecuencia, la Superintendencia constató que A.F.P. Planvital S.A., finalmente realizó un segundo depósito al afiliado por un monto de $198.573, dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por este Organismo Fiscalizador.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, es decir, que sea producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto;

2°) Que, el actor funda su acción en el hecho que la recurrida cometió un acto ilegal y arbitrario al retener y no hacerle entrega del total de sus fondos previsionales, no obstante haber transcurrido el plazo máximo legal establecido por la Ley 21.248, esto es de 10 días hábiles desde autorizado el retiro por parte de la institución, limitándose a hacerle el pago de una parcialidad de ellos, argumentando la recurrida que el monto destinado a cubrir el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) no se encuentra sujeto a devolución del retiro del 10%, debido a que su objetivo es dar cobertura al afiliado para pagarle pensión en caso de invalidez, o sobrevivencia y pagarle pensión a su familia en caso de fallecimiento;

3°) Que, por su parte, la recurrida al informar el recurso, señaló que no todo el saldo informado era susceptible de retiro, toda vez que existen derechos sobre ese saldo que se encuentran constituidos en favor de las Compañías de Seguros de Vida por concepto de pago de primas asociadas al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia ( en adelante “el SIS”). Explica que el SIS se encuentra regulado en los artículos 54 y siguientes del Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y forma parte de la seguridad social a que tienen acceso los trabajadores que reúnen ciertos requisitos. Para el caso concreto, la Ley N° 21.113 establece que los trabajadores independientes que obtengan rentas gravadas por el artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (honorarios) están obligados a cotizar, entre otras prestaciones, lo necesario para el financiamiento del SIS. Agrega que los montos de cotización del SIS transferidos por la Tesorería General de la República, asignados a cada mes, se abonan en la cuenta individual de cotizaciones obligatorias del trabajador independiente, por lo que mientras no se rebajen para ser pagados a las respectivas compañías de seguros adjudicatarias de la licitación del SIS, forman parte del saldo de dicha cuenta, aunque tienen un fin predefinido, que es pagar el seguro que cubre los riesgos de invalidez y muerte;

4°) Que antes que todo, debe decirse que la acción cautelar deducida en autos excede el ámbito del recurso de protección, no siendo susceptible de discutirse en esta sede, pues el objeto de esta acción cautelar es amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende el recurrente de autos. En efecto, no resulta admisible por medio de esta acción cautelar, resolver materias de fondo que constituyan una discusión de lato conocimiento;

5°) Que sin perjuicio de ello, cabe señalar que el artículo único de la Ley N° 21.248 establece, en lo pertinente que “Excepcionalmente, y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, autorízase a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley Nº 3.500, de 1980, de forma voluntaria y por única vez, a retirar hasta el 10 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento. En el evento de que el 10 por ciento de los fondos acumulados sea inferior a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta…”.

Como puede apreciarse, de lo transcrito precedentemente y del resto del texto del artículo único, siempre se habla de “los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias”. Es decir, se incluye a los trabajadores independientes, situación que no afecta su derecho a acceso a la seguridad social ni los excluye de percibir los derechos y obligaciones contenidos en la Ley 21.113, lo que necesariamente obliga a concluir que parte del saldo que se encuentra en la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatoria está afecta a un destino predeterminado, que es el ya señalado precedentemente, cuya fuente se encuentra en la ley y que, por lo tanto, no forma parte del saldo objeto de ser retirado conforme a la Ley N° 21.248, razón por la cual no puede estimarse ilegal la conducta de la recurrida;

6°) Que no sólo no es ilegal el proceder de la AFP, sino que tampoco es arbitrario, pues el tema en discusión ha sido abordado por la Superintendencia de Pensiones al menos a través de dos oficios ordinarios, los que han sido transcritos a las Administradoras de Fondos de Pensiones, entre ellas a la recurrida.

En efecto, el Oficio Ordinario N°13.609 de 27 de julio de 2020, mediante el cual la SP, instruyó a las Administradoras de Fondos de Pensiones sobre las medidas para informar e implementar el retiro de fondos desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o la cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario, dispuso, en lo perrtinente:“16. Otras consideraciones: i) Respecto de pagos en curso de cuotas mortuorias y honorarios por asesoría previsional, obligaciones contraídas con anterioridad a la solicitud de retiro, deberán descontarse los montos respectivos del saldo de la cuenta obligatoria, para la determinación del monto máximo del retiro.

Mismo criterio deberá seguirse respecto de otros pagos ya comprometidos con anterioridad al retiro, como por ejemplo, el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia de los independientes.”.

Del mismo modo, mediante Oficio Ordinario N°16490 de 24 de agosto de 2020, dirigido a la Cámara de Diputados, a las Administradoras de Fondos de Pensiones, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social y a la Subsecretaría del Trabajo, sobre “Retiro excepcional de la cuenta de capitalización individual autorizado por la reforma constitucional para el caso de trabajadores independientes que mantienen en la referida cuenta individual el monto para el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia”, la referida Superintendencia dispuso, en lo pertinente: “2. Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 86 de la ley N° 20.255 sobre Reforma Previsional, publicada en el Diario Oficial el 17 de marzo de 2008, introdujo modificaciones al D.L. N° 3.500, de 1980, sobre la obligación de cotizar de los trabajadores independientes, disposiciones legales que comenzaron a regir el año 2012, aunque estableciendo la opción de eximirse de la obligación de cotizar por los años 2012, 2013 y 2014, adquiriendo el carácter de obligatoria sin excepciones a contar del año 2015. Luego, producto de las modificaciones introducidas por la ley N° 20.894, publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2016, se postergó la obligatoriedad de cotizar hasta el año 2018, manteniendo la opción de eximirse hasta el año 2017.”

En relación a lo anterior, una de las modificaciones introducidas por la ley N° 20.255 al D.L. N° 3.500, de 1980, fue la incorporación del artículo 92 E, con el siguiente texto: “Artículo 92 E.- Para los efectos del seguro de invalidez y sobrevivencia, el trabajador independiente que hubiese efectuado sus cotizaciones obligatorias conforme al artículo siguiente, por una renta imponible anual de un monto igual o superior al equivalente a siete ingresos mínimos mensuales, tendrá una cobertura anual de ese seguro desde el día 1 de mayo del año en que pagó las cotizaciones hasta el día 30 de abril del año siguiente a dicho pago. En el caso que dicha renta imponible sea de un monto inferior al antes indicado, el independiente que cotice según esta modalidad, estará cubierto por el mencionado seguro en el número de meses que resulte de multiplicar 12 por la razón entre el número de cotizaciones equivalentes a ingresos mínimos mensuales y siete, contados desde el 1 de mayo del año en que pagó las cotizaciones. En todo caso, sea cual fuere el monto de la cotización enterada, el trabajador siempre estará cubierto en el mes de mayo del año en que efectúe el pago. Mediante una norma de carácter general la Superintendencia de Pensiones regulará la forma de realizar el mencionado cálculo.”.

Como puede advertirse de lo transcrito precedentemente, en dichas disposiciones legales se estableció que el pago de las cotizaciones destinadas al financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia le otorga al trabajador independiente una cobertura anual de ese seguro, la cual se extiende desde el mes de mayo del año en que se paga la cotización hasta el mes de abril del año siguiente al pago. Dicha cobertura anual está condicionada a que la renta imponible anual sea de un monto igual o superior al equivalente a siete ingresos mínimos mensuales (ingreso mínimo mensual vigente al 31 de diciembre del año en que se percibieron las rentas). En el caso que la renta imponible anual no cumpla la citada condición, la cobertura del seguro se determina de manera proporcional resultando que la cobertura abarque desde 1 a 11 meses.

Posteriormente, el 24 de agosto de 2020, la SP mediante Oficio Ordinario N°16491, dirigido a los Gerentes Generales de las Administradoras de Fondos de Pensiones, la mencionada Superintendencia contestó algunas consultas efectuadas por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones relativas a la cotización destinada al financiamiento del SIS y de la Administradora, generada en la operación renta 2020, y en lo pertinente al caso de estos autos, dispuso: “…el monto determinado para el financiamiento del SIS por el Servicio de Impuestos Internos, es el monto que debe pagarse a las Compañías de Seguros que cubrirán los riesgos de invalidez y muerte de los trabajadores independientes, no siendo posible que aquellos sean considerados en el monto susceptible de retiro a que se refiere la ley N°21.248….”.

7°) Que, en consecuencia, conforme a todo lo anterior, resulta evidente que los fondos destinados al pago del SIS, no forman parte de las cotizaciones depositadas en las cuentas individuales que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual.

Así las cosas, desde un principio el legislador dispuso que el pago de la cotización destinada al financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia, proporciona a los trabajadores a honorarios obligados a cotizar, una cobertura futura de ese seguro respecto de la oportunidad en que se realiza el pago de aquella;

8°) Que en lo que dice relación con la suma de $ 198.573 que se le depositó con posterioridad al recurrente, la Superintendencia informó que la comisión de la Administradora fue descontada, dado que a la fecha de la operación, las AFP aun no contaban con la instrucción del Oficio Ordinario N° 16.491 de esta Superintendencia de 24 de agosto de 2020, relativo a la situación de trabajadores independientes, el cual fue ratificado en el Oficio N° 18.852 de 14 de septiembre de 2020, pues una vez recibida estas instrucción emitida por dicha Superintendencia respecto a los trabajadores independientes las AFP procedieron a la devolución de las comisiones, tal como sucedió respecto del monto de $198.573, depositado al señor nombre reservado;

9°) Que, no existiendo una conducta arbitraria ni ilegal por parte de la recurrida, esta acción constitucional no puede prosperar, siendo innecesario entonces entrar al análisis de la garantía constitucional que se indica como conculcada.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PLANVITAL S.A.

Regístrese en la forma que corresponda y archívese virtualmente, en su oportunidad.

Redacción del ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

No firma el ministro señor Carlos Aldana Fuentes, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con dedicación exclusiva en tramitación de causas de DDHH.

Rol Nº 16.071-2020. Protección.-